La diplomacia es un asunto serio

La opinión de…

 

Elvira Elena Barrios Icaza

La política exterior de nuestra nación la define el Presidente de la República y se ejecuta a través del ministro de Relaciones Exteriores, pero la diplomacia, serio asunto, es ejercida por los diplomáticos. No puede ser de otra manera.

El diplomático es aquella persona que envía el Estado para llevar a cabo su representación y, por tanto, la representación de sus nacionales. La diplomacia debe ser ejercida con inteligencia y mucho, mucho tacto, que debería ser el equivalente a buena educación, lo que a su vez debería traducirse en conocimiento, buenas costumbres, cortesía y urbanidad.

El diplomático ideal es el funcionario de carrera diplomática y consular, porque tiene la invaluable ventaja de formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que accedió a su cargo por estricta preparación profesional y rígido concurso.

Es, bajo todo punto de vista, improbable pretender que todo el personal de las embajadas y consulados de nuestro país lo conforme solo personal de carrera diplomática y consular.

Es improbable, porque tenemos alrededor de 42 embajadas y 50 consulados en el mundo y contamos, al día de hoy, con 62 funcionarios de carrera diplomática y consular. Lo que sí debería ser, es que el personal de nombramiento político enviado a laborar en las embajadas y consulados de nuestro país, vaya meticulosamente preparado para evitar en lo posible las lamentables actuaciones llevadas a cabo por improvisados diplomáticos.

Los diplomáticos que llegan a sus cargos por nombramientos políticos pueden provenir de otras carreras o ámbitos, pero siempre teniendo en cuenta que la actuación de los diplomáticos de un país confirma la cultura de la Nación. Los Estados perciben a través del cuerpo diplomático de un país su cultura. Por tanto, en base a eso, debería estar constituido el personal de una misión diplomática. Convendría estructurar una lista básica de méritos que tendría que tener la persona que sin ser diplomático de carrera, aspire a ser nombrado en un cargo diplomático político.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como una de sus principales misiones la profesionalización del servicio exterior panameño, por tanto, debería ser de estricto cumplimiento el hecho de que en todas las embajadas y consulados de nuestro país estuviera asignado al menos un diplomático de carrera diplomática y consular, situación que no se da hoy día, ya que el mismo ofrecería sin duda la invaluable ventaja de su preparación profesional y sobre todo su experiencia al desempeño exitoso de la misión.

Esto se lograría estructurando el personal profesional por medio de llamados a concursos científicamente programados para lograr cubrir en el tiempo la necesidad de funcionarios de carrera y en esa forma lograr los objetivos de profundizar el efectivo y necesario acercamiento entre nuestro país y las naciones del mundo que es, en suma, la razón de ser de este asunto serio llamado diplomacia.

 

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Este artículo se publicó el 17  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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El principio de irretroactividad de los tratados internacionales y el AIIF

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La opinión del Abogado…

Elías Solís González 

(solisgon@cwpanama.net)

A raíz de la celebración del Acuerdo para la Cooperación Fiscal y el Intercambio de Información en Materia de Impuestos (AIIF), suscrito entre la República de Panamá y Estados Unidos de América (EUA), se ha señalado que el tratado desconoce principios básicos del derecho internacional, porque contempla una cláusula de aplicación retroactiva, debido a que permite a las partes contratantes solicitar y obtener información fiscal relativa a los tres años anteriores a la firma del tratado. Así, erróneamente y sin fundamentos, se ha indicado que el AIIF viola el principio de irretroactividad de los tratados internacional y se ha descalificado a los responsables de nuestra política exterior.

Al respecto, debemos indicar que el principio de irretroactividad de los tratados internacionales no es inmutable o absoluto. El artículo 28 de la Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados, dispone que “las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”.

Como se observa, la Convención consagra como principio fundamental la irretroactividad de los tratados, sin embargo, con meridiana claridad advierte que una intensión diferente expresada en el tratado o que conste de otro modo (por ejemplo: una enmienda o un protocolo adicional), permite su aplicación retroactiva. Sin duda, la excepción artículo 28 se sustenta en la autonomía de la voluntad y en la soberanía de los Estados, atributos que les permite contraer toda clase de obligaciones internacionales lícitas, incluyendo darle efectos retroactivos al tratado que suscriben.

Por otra parte, en el plano nacional, tampoco existe incompatibilidad entre el AIIF y el derecho interno, porque Panamá es signataria de la Convención de Viena de 1969 y el artículo 4 de la Constitución Política indica que la República acata las normas de Derecho Internacional. Además, la aplicación retroactiva de la Ley también está permitida excepcionalmente por el 46 constitucional.

Por tanto, la obligación que dimana del artículo 11 del AIIF, en el sentido que tendrá efectos para solicitudes que se hagan en o a partir de la fecha de su entrada en vigor, con respecto a asuntos que correspondan a períodos fiscales que comiencen en o a partir de tres años anteriores a la firma del acuerdo, aún cuando entraña una cláusula retroactiva, no es incompatible con el derecho internacional convencional ni con el derecho interno. Afirmar lo contrario implica un desconocimiento del derecho internacional.

En consecuencia, ambas partes quedarán sujetas a la obligación consignada en el artículo 11 del AIIF, en concordancia con el artículo 28 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (aprobada por Panamá, mediante Ley 17 de 31 de octubre de 1979).

<>Artículo publicado el  28 de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los documentos secretos de Washington

La opinión de….


MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO
gandasegui@hotmail.com

El gobierno del presidente Barack Obama en EEUU se siente vulnerable frente a la revelación de más de 250 mil documentos de sus archivos secretos que comenzaron a publicarse a fines de noviembre. Los documentos revelan tanto las conspiraciones contra los enemigos de Washington como los engaños cometidos contra sus supuestos aliados.

Algunos investigadores están buscando las conexiones entre el colapso del campo socialista, el tráfico de drogas dirigido por EEUU y la ‘guerra contra el terrorismo’.   Al desaparecer la supuesta amenaza comunista de Moscú,   EEUU tuvo que crear un enemigo nuevo que tomó una década para definirse —entre 1990 y 2000.   La creación de la imagen terrorista de la cultura islámica y la invasión de Irak y Afganistán forman parte de una de los capítulos más confusos de la política exterior de EEUU.

El coordinador del grupo llamado WikiLeaks, Julian Assange, quien logró infiltrarse en la red creada por el Pentágono para la distribución de documentos secretos del gobierno, ha sido amenazado por las autoridades de EEUU. Incluso, los suecos han solicitado a la Interpol su arresto, por supuesto acoso de dos mujeres de ese país.   A pesar de todo, los documentos descifrados fueron recibidos por medios de comunicación europeos y de otras regiones.   En EEUU el New York Times comenzó a publicar una selección de los documentos, censurando los más comprometedores.

En el caso de Panamá, se destacan los informes secretos enviados por la Embajada de EEUU a Washington antes de la invasión militar que derrocó al general Manuel A. Noriega en 1989. El 20 de diciembre de ese año, EEUU juramentó al presidente Guillermo Endara en una base militar norteamericana, quien después nombró un gabinete y comenzó a gobernar.

En Panamá se desconocen los arreglos post-invasión entre EEUU y los nuevos gobernantes panameños. Las contradicciones que surgieron entre Panamá y EEUU, así como entre los propios gobernantes panameños, que se distanciaron, son una historia que no se ha dado a conocer.   La invasión, que causó muchas muertes, nunca ha sido objeto de una investigación a fondo por parte de Panamá. Incluso, no existe una cifra oficial de los panameños que murieron como causa de la invasión militar norteamericana.

EEUU secuestró la totalidad de los archivos de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) y sus antecesoras: La Guardia Nacional (1953-1983) y la Policía Nacional (1936-1953).   Según investigaciones realizadas por instituciones de varios países, los archivos de las FDP se encuentran en un depósito de en el Sur del estado de Florida, bajo la custodia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU.

En un despacho de la Embajada de EEUU del 13 de diciembre de 1989, clasificada como secreta, y numerada de la sección 01 de 05 Panamá 08545, se describe la situación política de Panamá y los planes del general Noriega para seguir resistiendo el embargo económico de EEUU.   Se refiere a las esperanzas que tiene la oposición al gobierno militar de que se produzca un golpe de Estado.

La única parte que está censurada por los encargados de archivar la información se refiere a los nombres de los principales asesores civiles con que contaba Noriega en esa época. Los únicos nombres que aparecen mencionados son los miembros de su Estado Mayor. Todo indica que la Embajada tenía instrucciones de ganarse a estos oficiales.   Los documentos se refieren al intento de golpe del 3 de octubre de 1989 como una muestra de debilidad por parte de Noriega. Los agentes norteamericanos no asumen responsabilidad alguna, pero tampoco ven el frustrado golpe del mayor Giroldi y sus compañeros de armas como algo ajeno. Sobre este incidente, el periodista del Washington Post, Robert Woodward, informó en su libro Los comandantes, con lujo de detalles, cómo los hilos eran manejados desde las oficinas del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Colin Powell, en coordinación directa con el presidente George Bush (padre). La decisión última para abandonar a Giroldi a su suerte dentro del Cuartel Central, ubicado en El Chorrillo, fue tomada en la Casa Blanca.

Muchos de los documentos dados a conocer por WikiLeaks son relativamente recientes. La mayoría se refiere a la forma de percibir el mundo por parte de los diplomáticos enviados por EEUU a trabajar en el mundo. Los informes diplomáticos insinúan que los líderes africanos son ignorantes, los políticos árabes son corruptos y los europeos irresponsables.   La documentación descubierta revela una falta de formación política entre los diplomáticos desplegados por Washington. Sus informes reflejan prejuicios adquiridos en los clubes de los suburbios de las ciudades norteamericanas, más que conocimientos adquiridos sobre el terreno.

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<> Este artículo se publicó el 2  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Wikileaks panameño

La opinión del Periodista y Docente Universitario….

 

DEMETRIO  OLACIREGUI Q.
d_olaciregui@hotmail.com

La referencia a Panamá es del 13 de diciembre de 1989. El cable redactado por John Bushnell, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, describía la situación interna.   La conclusión era que las sanciones económicas y las presiones internacionales no estaban dando resultado, porque Manuel Noriega era un maestro de la supervivencia.   El cable sugería que Noriega no dejaría el poder voluntariamente y que la única forma de sacarlo era mediante un exitoso golpe militar o una acción encubierta por parte de Washington.   Siete días más tarde se produjo la invasión militar estadounidense y Noriega fue apresado.

Ese informe es solo uno de los más de 250,000 cables convertidos desde el domingo en un festín de secretos a través de la página digital Wikileaks y cinco medios escritos de Estados Unidos y Europa.

Los documentos ponen al descubierto secretos sucios y aspectos de la personalidad de líderes mundiales, sus íntimas facetas humanas, su carácter, aficiones y vicios. Destacan, entre otros, que el primer ministro italiano Silvio Berlusconi —ídolo del presidente Ricardo Martinelli— ‘aparece demasiado cansado, porque va a dormir tarde’,    debido a sus ‘fiestas salvajes’. Los cables exponen que Berlusconi genera ‘desconfianza profunda’ en Washington, por la manera cómo ha hecho oscuros y lucrativos negocios petroleros a base de generosos sobornos.

Ninguno de los documentos es estrictamente clasificado. La mayoría es de los últimos tres años y de fechas tan recientes como febrero pasado. En lo inmediado han producido decepción y molestia entre gobiernos aliados de Washington, porque desnudan situaciones delicadas y comprometedoras de su política exterior. Pero no plantean un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Las filtraciones descubren, además, que entre los diplomáticos estadounidenses la línea del espionaje no está definida y se mezcla constantemente.

Wikileaks, que comenzó a divulgar información secreta desde el 2007, es producto de la era de Internet, que ha revolucionado el panorama mediático mundial.   Para contener a Wikileaks, el Pentágono ha puesto en escena un Comando del Espacio Cibernético a cargo de un general de cuatro estrellas, con sede en Fort Meade, Maryland.

Lo ocurrido con las filtraciones es una lección sobre el derecho de los ciudadanos a la información que los gobiernos quieren esconder. Ese mensaje llega claro a un país como Panamá, donde Martinelli, con medidas represivas contra los medios de comunicación independientes —cuyo compromiso no es proteger al gobierno, sino informar a los ciudadanos— trata de ocultar los asuntos públicos que revisten interés para el colectivo social.

Los secretos de las donaciones a la campaña electoral de Martinelli, la trama del caso Murcia Guzmán y su asociación con figuras que actualmente forman el gabinete ministerial, deben salir en algún momento a la luz.   Después de un año de estar detenido en México, por lavado de dinero producto del narcotráfico, en Panamá no se ha iniciado un proceso para investigar a Ramón Martinelli y descubrir sus socios locales.    También en ese caso, la presión oficial para silenciar los medios de comunicación en algún momento se resquebrajará.

Las acciones del gobierno, siempre dejan huellas. Recientes denuncias sobre las actividades del Servicio Nacional de Migración, el Registro Público y las notarías, consulados y embajadas, demuestran que el gobierno no puede escapar permanentemente al escrutinio ciudadano.

La falta de transparencia en contrataciones públicas, los permisos de operaciones de casinos y las compras directas en la Caja de Seguro Social y la mayoría de ministerios e instituciones estatales, forman parte de un hoyo negro que se traga los fondos públicos.

Un gobierno que juega con la institucionalidad del país, quiere cerrarle los ojos y taparle los oídos a la ciudadanía, para que no se entere de sus maniobras para saquear lo que considera el botín del Estado.   Como caricaturizó Hilde en Panamá América, a Martinelli le tiene sin cuidado la opinión de los panameños, y hace todo lo que está a su alcance para impedir que el ciudadano se asome a las entrañas de un gobierno que está dando señales alarmantes de corrupción.

Como la transparencia es la principal garantía contra la arbitrariedad en el comportamiento de los poderes públicos, los ciudadanos exigen una radiografía de los negociados desde el poder y el modo en que opera la corrupción oficial y sus intermediarios privados.

Hace falta, entonces, un Wikileaks panameño, que permita a los ciudadanos tener acceso a la información de los negocios que hacen Martinelli y su círculo íntimo, para que desde el poder no se asalte la riqueza nacional y se despoje también a la sociedad de la información que debe alimentarla en forma transparente.

 

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<> Este artículo se publicó el 2  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/olaciregui-q-demetrio/

Río San Juan, manzana de la discordia entre ticos y nicas

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La opinión del Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá…

Euclides E. Tapia C. 

Tres son los aspectos neurálgicos de la controversia. El primero, lo constituye el proceso de sedimentación acelerado que revela el río San Juan al punto de que más del 90% de su caudal se va hacia Costa Rica, por el río Colorado (300 mil metros cúbicos de agua) y menos del 10% se queda en Nicaragua a partir del punto donde se bifurca, que se denomina “El Delta”, territorio lleno de arena y sedimentos, que se orienta al Caribe, a través de cinco caños, creando una “bahía”, que más parece una frontera terrestre que fluvial.

Como se sabe, para enfrentar el problema Nicaragua procedió al dragado del río San Juan, provocando la reacción tica, que teme que ello perjudica su millonaria industria turística.   Es evidente, que con la limpieza se ampliará el afluente natural e histórico del San Juan, logrando fortalecer sus salidas, lo que figurativamente sería igual, que si en vez de una llave, (el río Colorado en Costa Rica), se abrieran dos o más simultáneamente, dividiendo el agua en todas las salidas posibles, lo que reduciría en menos de un 12%, el caudal que exclusivamente usufructúa Costa Rica, a expensas de las aguas del lago Nicaragua y del río San Juan.

El segundo, es la presencia de fuerzas militares nicaragüenses en una zona de 3 km conocida como Finca Aragón, en la que se depositaban los sedimentos resultado del dragado, en la punta superior de una “isla” fluvial, que los costarricense denominan Isla Calero. Contrario a tal tesis, Nicaragua aduce que tal punta, es un área, parte de lo que ella identifica como isla Harbour Head, que según los laudos de Alexander, es una sector demarcado como territorio nicaragüense, al cual se le debe restablecer el hito correspondiente.

El tercero, que se confunde con la delimitación de la frontera. En realidad ese trabajo fue resuelto, por el ingeniero estadounidense Edward Poter Alexander, quien hizo las mediciones necesarias para fijar los límites, en 1897 y 1898.   Por tanto, lo que está pendiente, no es la delimitación fronteriza, sino, el trabajo de posicionamiento de los hitos o mojones en los tramos de la frontera que en la actualidad, así lo exijan. Tales posiciones geográficas son hoy fácilmente localizables, por medio del Sistema Global de Posición mediante satélite (GPS).    Sin embargo, hasta la fecha Costa Rica se niega concluir (de 137 puntos identificados bilateralmente, solo ha querido certificar 17).

Ante el escenario planteado, considero inadecuado y hasta peligroso que Panamá esté a priori tomando partido en cuanto conflicto internacional aparece, (casos: árabe-israelí, Colombia-Venezuela y ahora Nicaragua–Costa Rica y luego tener la desfachatez de proponerse como mediador, sin ni siquiera diferenciar el rol de mediador, del de buen oficiador ); pues ello no solo pone en evidencia nuestro talón de Aquiles, es decir, lo vulnerable de la seguridad, protección y defensa del Canal y su cuenca hidrográfica, sino que además demuestra un excesivo nivel de politización de nuestra política exterior.

Para nadie es un secreto que la reacción panameña se explica porque Nicaragua es gobernada actualmente por una persona internacionalmente aborrecida, sin embargo ello no debe confundirse con que la cuestión del río San Juan distingue banderías políticas a lo interno de los países beligerantes. Recordemos que quienes recientemente se enfrentaron en la Haya, fueron dos gobiernos ideológicamente afines: el del presidente Enrique Bolaños en Nicaragua y el de Abel Pacheco en Costa Rica. En el diferendo actual, tanto el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), como el Cardenal Miguel Obando y Bravo, están apoyando al gobierno de turno, por lo que en caso de una ruptura, Panamá sería la perjudicada, toda vez, que es precisamente Nicaragua el único país, con el que gozamos de un superávit comercial.

No puedo concluir sin exteriorizar algunas dudas que la problemática me despierta. Uno, en la hipótesis de que la finca Aragón no se resulte ubicada geográficamente en territorio nicaragüense, como alude Nicaragua, ¿estaríamos acaso ante una calculada maniobra de Managua, dirigida a conminar a la comunidad internacional a que obligue de una vez por todas a Costa Rica a ejecutar los Laudos de Alexander, fijando los hitos fronterizos?

Dos, si Nicaragua accede a retirar las tropas del territorio en litigio…, ¿que garantiza que la OEA, obligue a Costa Rica a certificar y construir los hitos, que junto a la contraparte, identifico en la frontera y al revés, la situación siga igual que antes, perjudicando a Nicaragua?

Tres, en el evento de que los hitos fronterizos se logren establecer y resulte que efectivamente la finca Aragón se encuentre en territorio nicaragüense, ¿como quedaría parada la OEA?

Por último, con la aquiescencia de las partes…, ¿estarían los Estados Unidos dispuestos a servir de garantes, de que una vez se acuerde el retiro de simultáneo de fuerzas armadas o de seguridad, se inicie de inmediato el establecimiento de los hitos fronterizos?

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<>Artículo publicado en dos entregas:  el 19  y el 20 de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/tapia-c-euclides-e/

APEC, objetivo estratégico

La opinión del Abogado – Analista internacional…

Roberto Montañez

Panamá se enfrenta a la urgente necesidad de dirigir la mirada hacia la pujante región asiática, el área económica de mayor crecimiento en el mundo. La condición estratégica en la interconexión del comercio marítimo con el Occidente a través del Canal y la consolidación como centro de trasbordo de carga hemisférica, incentiva al país a participar de la iniciativa del Foro Económico de Asia del Pacífico, cuyos miembros son clientes privilegiados en el tránsito por el Canal y en el desarrollo económico del país.

En efecto, el Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC) con la dimensión de un mercado de 2 mil 500 millones de personas, que mueve alrededor de un 50% del comercio mundial, se ha constituido en un mecanismo de consulta y cooperación gubernamental en el que participan las economías de 21 países con costas en el Pacífico. Además, APEC es la única agrupación intergubernamental en el mundo que opera sobre la base de compromisos no vinculantes, cuyas decisiones son adoptadas por consenso y compromisos voluntarios.

Una mirada retrospectiva en las experiencias chilena, peruana, mexicana y tica, nos indica la importancia de ampliar nuestra percepción frente a este escenario asiático y planificar acciones de política exterior a largo y mediano plazo, a través de una agenda pragmática que materialice con racionalidad negociadora, luego de la moratoria, la aspiración panameña de participar en este foro comercial.

Una visión estratégica impone la estrategia para ingresar al APEC, en momentos en que se promueve el comercio abierto y la cooperación pragmática entre las economías que lo integran. Es menester que los empresarios panameños conozcan las prácticas para hacer negocios con el Asia, respaldados por un esfuerzo conjunto entre gobierno, productores y exportadores. El sector privado podría participar en el Consejo Empresarial de Asia Pacífico (ABAC) con el propósito de generar confianza necesaria en negocios entre empresas panameñas y asiática, promoviendo ferias con las Cámaras de Comercio.

No se puede concentrar el capital diplomático en la aprobación del TLC con Estados Unidos, hay que voltear la mirada hacia otros escenarios. La dimensión del mercado asiático como las distancias geográficas y diferencias culturales ya no son excusas con la creciente competencia en la región de mercados emergentes.

Precisamos de una estrategia eficaz para no quedar rezagados frente a un conjunto de experiencias exitosas de algunos países de nuestro entorno vecinal como Costa Rica.

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<> Este artículo se publicó el 2  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/montanez-roberto/

¿Somos parte del conflicto colombiano?

La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

El ministro Mulino metió las cuatro. Y cuando pataleó para sacarlas se hundió de cuerpo entero. La gafada del titular de Seguridad es ya un hecho consumado; por tanto, no es útil ocuparse de sus enredos verbales. Lo que importa saber es que harán sus superiores, el presidente y el vicepresidente y canciller, para desactivar los negativos efectos de su “imprudente locuacidad”.

La Constitución (ver el numeral 9 del artículo 184) es meridianamente clara. Compete al presidente, con la colaboración del canciller, dirigir las relaciones exteriores. El presidente es el único que, por iniciativa propia, y sin necesidad de autorización previa, puede firmar tratados y convenios internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores y cualquier otro ministro, para poder hacerlo, deben ser investidos con los debidos poderes.

En el caso del conflicto colombiano, Panamá ha mantenido, con sensatez y como línea constante de su política exterior, que se trata de “un asunto eminentemente interno”. Cambiar esa posición no le corresponde al señor Mulino, bajo ningún pretexto.

En el presente gobierno los cruces de cables y la usurpación de competencias ajenas han sido nota distintiva. Por consiguiente, es válido asumir que el ministro de marras actuó desbocadamente. Pero como también es característico que algunas “patrullas supuestamente autónomas” no lo sean tanto, pues responden al propósito de “pulsar el ambiente”, para “dejarle margen de maniobra al presidente”, tampoco está fuera de la lógica pensar que, veladamente, estuviera siguiendo “una línea superior”.

Cualquiera sea el fundamento de la conducta del ministro de Seguridad, cosa que estoy cierto nunca se tomarán el trabajo de aclarar, lo importante y trascendental es saber que piensa hacer el señor Martinelli, ante las consecuencias que nos traerá la, hasta ahora, posición “veladamente oficial u oficiosa” del gobierno, pues no ha sido desmentida.

El gobierno se equivoca si sigue por el camino trazado por su ministro de Seguridad. La posición que nos corresponde asumir, para evitar las esporádicas incursiones de los irregulares colombianos, debe ser política y diplomática; nunca militar. El ejército colombiano lleva más de 40 años luchando contra las FARC y, para ello, ha contado con recursos prácticamente ilimitados y, con marcada frecuencia, se ha visto desbordado por las acciones de los insurgentes. Esa es una realidad que no se supera con bravatas trasnochadas o con declaraciones rimbombantes.

Panamá tiene derecho a mantener su integridad territorial y a defender su soberanía; eso es indiscutible. Pero la vía no es la que propone Mulino, autorizada o desautorizadamente.    En lugar de sumarnos a un conflicto, que no es nuestro; lo que corresponde es utilizar las vías políticas y diplomáticas, que serían más efectivas y, además, las responsables.

Antes que sumarnos a aventuras militares, que no de otra cosa se trata, y para las que no contamos con recursos, nuestras acciones deben estar encaminadas, en primer lugar, a exigirle a Colombia “que contenga el conflicto dentro de sus fronteras” y, en segundo lugar, a solicitar que los organismos internacionales, ONU y OEA, nos asistan para evitar la violación de nuestra integridad territorial.   Cosa que, por cierto, ocurriría si, so pretexto de que se trata de acciones conjuntas, autorizáramos al ejército colombiano a incursionar en nuestro territorio, para combatir a las FARC.

<> Artículo publicado el 14 de septiembre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.