Infierno municipal

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La opinión de…

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Eduardo Segovia

Si alguien me preguntara ¿cuál considera usted que es la institución pública peor administrada?, contestaría, sin lugar a dudas, que el Municipio de Panamá.

En los últimos meses he tenido que visitar sus lúgubres aéreas y pocilgas, como las oficinas municipales del Mercado Público y el Edificio Hatillo, por la necesidad de realizar trámites vehiculares y el pago de una multa, impuesta de manera arbitraria.

El área de atención en El Hatillo es una galera mal iluminada, mal climatizada y mal señalizada, a la que acuden diariamente cientos de panameños para ser torturados, gratuitamente, por contribuir con sus obligaciones municipales. Un lugar en donde se llevan a cabo decenas de procesos, pero que en lugar de contar con un sistema electrónico de toma de cupón, por orden de llegada y motivo de consulta, tiene un sistema arcaico.

El usuario debe buscar a la persona encargada de dar boletos, explicarle el motivo de la visita y, luego, tratar de escuchar cuando la llamen. Todo esto, en un ambiente desordenado, con individuos deseosos de salir corriendo. Así, cuando el funcionario llama, desde su escritorio detrás del monitor de la computadora, si el contribuyente logra escuchar su llamado, pronto se dará cuenta de que su paso por el purgatorio apenas empieza, porque le informarán que necesita más fotocopias o algún otro documento. Esos requisitos para hacer determinado trámite no se comunican mediante letreros por ningún lugar. Al final, quien acude a hacer su diligencia termina formando una tercera fila para, por fin, pagar, si es que el sistema no está caído.

El paso por el Juzgado Ejecutor es otra experiencia propia de un realismo mágico. Invitado a participar en una diligencia judicial, por efecto de una multa, y tras esperar de pie una hora, fui atendido con la rapidez necesaria para verificar mis datos de contribuyente y escuchar el monto de mi sanción.

A diferencia de las multas impuestas por funcionarios del tránsito, que tienen escrito su fundamento legal, el formato de multa municipal no contiene su fundamento legal. Se me aplicó una sanción por haber estacionado mi vehículo en “área verde”, pero nadie en el municipio, luego de rotar por las cuatro torres del Edifico Hatillo, supo explicarme o decirme dónde está definido área verde de competencia municipal.

Estaba estacionado en un área enfrente de mi casa, que cada vez que llueve se inunda, fuera de la calle y fuera de la acera de transeúntes, en la que todos los vecinos del barrio residencial en donde vivo acostumbramos estacionarnos, desde hace más de 25 años. Incluso, un funcionario se rió en mi cara por buscar el fundamento legal de tal acción, sencillamente era así, porque “es así”.

Acudí a la Defensoría del Pueblo, en donde tras una gestión realizada por sus abogados me informaron que, a partir de enero, empezará a regir una nueva norma sobre áreas verdes, y que me impusieron una multa preventiva para que no lo vuelva hacer una vez entre a regir el decreto municipal. Creo que estoy ante la primera multa impuesta con carácter prepago en Panamá.

 

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<> Este artículo se publicó el  24  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.