Infierno municipal

La opinión de…

 

Eduardo Segovia

Si alguien me preguntara ¿cuál considera usted que es la institución pública peor administrada?, contestaría, sin lugar a dudas, que el Municipio de Panamá.

En los últimos meses he tenido que visitar sus lúgubres aéreas y pocilgas, como las oficinas municipales del Mercado Público y el Edificio Hatillo, por la necesidad de realizar trámites vehiculares y el pago de una multa, impuesta de manera arbitraria.

El área de atención en El Hatillo es una galera mal iluminada, mal climatizada y mal señalizada, a la que acuden diariamente cientos de panameños para ser torturados, gratuitamente, por contribuir con sus obligaciones municipales. Un lugar en donde se llevan a cabo decenas de procesos, pero que en lugar de contar con un sistema electrónico de toma de cupón, por orden de llegada y motivo de consulta, tiene un sistema arcaico.

El usuario debe buscar a la persona encargada de dar boletos, explicarle el motivo de la visita y, luego, tratar de escuchar cuando la llamen. Todo esto, en un ambiente desordenado, con individuos deseosos de salir corriendo. Así, cuando el funcionario llama, desde su escritorio detrás del monitor de la computadora, si el contribuyente logra escuchar su llamado, pronto se dará cuenta de que su paso por el purgatorio apenas empieza, porque le informarán que necesita más fotocopias o algún otro documento. Esos requisitos para hacer determinado trámite no se comunican mediante letreros por ningún lugar. Al final, quien acude a hacer su diligencia termina formando una tercera fila para, por fin, pagar, si es que el sistema no está caído.

El paso por el Juzgado Ejecutor es otra experiencia propia de un realismo mágico. Invitado a participar en una diligencia judicial, por efecto de una multa, y tras esperar de pie una hora, fui atendido con la rapidez necesaria para verificar mis datos de contribuyente y escuchar el monto de mi sanción.

A diferencia de las multas impuestas por funcionarios del tránsito, que tienen escrito su fundamento legal, el formato de multa municipal no contiene su fundamento legal. Se me aplicó una sanción por haber estacionado mi vehículo en “área verde”, pero nadie en el municipio, luego de rotar por las cuatro torres del Edifico Hatillo, supo explicarme o decirme dónde está definido área verde de competencia municipal.

Estaba estacionado en un área enfrente de mi casa, que cada vez que llueve se inunda, fuera de la calle y fuera de la acera de transeúntes, en la que todos los vecinos del barrio residencial en donde vivo acostumbramos estacionarnos, desde hace más de 25 años. Incluso, un funcionario se rió en mi cara por buscar el fundamento legal de tal acción, sencillamente era así, porque “es así”.

Acudí a la Defensoría del Pueblo, en donde tras una gestión realizada por sus abogados me informaron que, a partir de enero, empezará a regir una nueva norma sobre áreas verdes, y que me impusieron una multa preventiva para que no lo vuelva hacer una vez entre a regir el decreto municipal. Creo que estoy ante la primera multa impuesta con carácter prepago en Panamá.

 

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<> Este artículo se publicó el  24  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Malls o repúblicas

La opinión del Administrador de Empresas….

AVELINO BULTRÓN A.
nino26880@gmail.com

La actividad comercial ha dado muestras de dinamismo y cambios de acuerdo a las necesidades que se van presentando; los centros comerciales en su momento fueron los puntos estratégicos para las compras, hoy en día los malls abarcan un gran número de comercios brindando instalaciones techadas, con aire acondicionado, estacionamientos y seguridad.

Los malls, a pesar de estas facilidades, también mantienen otras prácticas no conocidas por la población, por ejemplo: los comercios deben abrir todos los días, no importa si son días nacionales, definen hasta a qué hora abrir, pues, mandan una nota por comercio estipulando hasta qué hora se abre al público. Hay días en que para muchos comercios abrir en días nacionales es pérdida, pues, pagar planilla de un día nacional, con los insumos agregados no es rentable; pero si el comercio no abre o cierra antes de la hora establecida, el mall multa al comercio.

Me pregunto entonces, ¿el mall, multa por respetar un día nacional e incluso por el comerciante cuidarse de no tener perdidas?   En la gran mayoría de los comercios trabajan personas que en un 90% viven en zonas o áreas de riesgo, de los cuales cerca del 75% son mujeres que en su gran mayoría son madres solteras; si esta fuerza laboral labora jornadas desgastantes por los decretos comerciales de un mall o plaza comercial, entonces, ¿qué tiempo se le dedica a la familia?, me imagino que en los días nacionales o pleno mes de diciembre los accionistas de estos epicentros comerciales están con su familia en casas de playa o vacacionando en algún lugar del globo; entonces las familias (hijos), quién los cuida, vigila o aconseja, pues, dificulto que puedan contratar una nana para tales fines.

En muchos países de Europa, pese a las inestabilidades propias de la economía, se mantienen sólidos, pero son cónsonos entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Recuerdo que una gerente de una empresa en la que laboraba, me dijo que en Alemania, los comercios abren hasta las siete de la noche, pues es importante que la familia en su conjunto comparta.

En nuestro país pueden aducir que es para darle facilidades a los potenciales compradores nacionales o extranjeros; pero me pregunto: ¿no se puede educar a dichos compradores o clientes? Los parámetros laborales y comerciales en nuestros país al parecer se basan en producción y rentabilidad total, descuidando el rol importante que tiene que tener la integración familiar en calidad de tiempo y actividades.

Hombre y mujeres están viendo a sus hijos crecer cuando dan el dinero para comprar ropa o zapatos, o cuando simplemente los ven de madrugada, se los están formando los vecinos, los amigos del colegio, los programas de TV (con capos incluidos), el Internet y, si tienen algo de suerte, los abuelos que deben ser para complementar la formación.

El Estado debe poner atención a estas cosas, es importante que el desarrollo y crecimiento comercial siga dándose, pero no con pequeñas repúblicas dentro del territorio nacional; además de regularse esto, ayudaría a la población en general a no dejar todo para última hora, programarse y por supuesto a que la clase obrera honre los más importante: La familia.

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<> Este artículo se publicó el 11 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Desacato aplicado

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA   –
cherrera255@hotmail.com

El renombrado desacato siempre lo vemos en la práctica sobre la pensión alimenticia, pero, como vamos a conocer, es amplia su aplicación en otros menesteres.

El interdicto posesorio de perturbación es lo mismo que el desacato a las autoridades cuando algo ordenan. Existe en la perturbación de bienes, que no es más que la intrusión de una o varias personas sobre bienes en tenencias posesorias. Así quien previamente se encuentra en posesión del bien y lo debe probar al demandar ante la autoridad correspondiente a los que amenacen la tranquilidad de la que goza el afectado, en función del artículo 1358 del Código Judicial.

Lo mismo debe ocurrir dentro de la demanda sobre los hechos en los que fundamenta la inquietud y los perjuicios que puedan ocasionar tales disturbios. Esto se extiende a los que se beneficien de la maniobra. Con las suficientes pruebas presentadas el juez puede intimar al perturbador para que se abstenga de continuar con los actos y advertir que puede incurrir en desacato, además de la indemnización a favor del demandante los daños y perjuicios que acarreé los que persistan en la actuación. El juez puede utilizar la Fuerza Pública para contener la invasión.

Se pueden ordenar las demoliciones sobre mejoras que existan en la propiedad ocupada por parte de los intrusos. Esto se puede convertir en todo un proceso, si el demandado solicita la revocatoria del auto dictado dentro de los cinco días siguientes a la notificación.   Si es negado se concede la apelación en efecto devolutivo, pero de la revocatoria se apela en el efecto suspensivo.

En una sucesión testada si alguien advierte la tenencia del testamento, pero que se abstiene de presentarlo, el juez lo conminará con multas sucesivas hasta que lo presente y en el último caso, puede ser sancionado por desacato y además se obliga a pagar los daños y perjuicios que ocasione la retención indebida del testamento. (1941).

En los procesos ejecutivos de acuerdo con el artículo 1623 del Código Judicial. Se apercibe al deudor para que comparezca dentro de dos días al notificarse del auto ejecutivo. Paga o denuncia bienes y si no lo hace será sancionado como desacato y si miente sobre las informaciones, da lugar al proceso penal mediante copia de la actuación al agente del Ministerio Público.

Otra de estas curiosidades la encontramos dentro de los procesos penales al momento de surtir la indagatoria. Tal y como lo prescribe el artículo 2103, los defensores y querellantes son convidados de piedra al evento, porque no pueden intervenir ‘más que para cuidar que se cumplan formalmente las garantías que le confiere la ley’, por tanto, no se pueden dirigir al declarante, interrogarlo o sugerir cómo debe rendirse la diligencia.

La violación de esta norma constituye desacato. ‘Terminada la indagatoria y firmada en la forma indicada en el Artículo anterior, se consignarán a continuación las objeciones que, al contenido de la misma, quisiera formularle el defensor o el querellante’.

El artículo 2570 del Código Judicial se refiere al Pleno de la Corte y su vigila por el cumplimiento de la sentencia y además el deber de conocer de las quejas que se presenten por desacato al cumplimiento del fallo aludido y aplicar las sanciones correspondientes, de conformidad con el procedimiento establecido en este Código para el caso.

El artículo 2632 de nuestro Código de Procedimiento prescribe, que sí se presenta y admite un Amparo: ‘Los funcionarios que se nieguen a cumplir la orden de suspensión o que se nieguen a acatar y cumplir la decisión del tribunal, en el caso de que la orden materia de la demanda de amparo sea revocada, serán sancionados por desacato con multa de veinticinco balboas (B/.25.00) a quinientos balboas (B/.500.00), que la impondrá el tribunal o juez de la causa’.

Aquí tenemos que la imposición por desacato es contra los funcionarios remisos de menor jerarquía. Lo mismo ocurre con el Hábeas Corpus, como lo anuncia el artículo 2595 de la misma excerta legal, en la que ordena acatar el mandamiento, la norma comentada especifica: ‘Una vez presente la autoridad o funcionario rebelde, el juez lo conminará para que rinda el informe’ en el acto y de modo verbal. ‘Si se resistiere a ello, el juez competente ordenará su prisión por todo el tiempo que persista en su desacato’.

El artículo 2612 también del mismo cuerpo legal y sobre el tema del Hábeas Corpus, establece los siguiente: ‘Con el fin de asegurar el cumplimiento de los deberes exigidos en este Capítulo’, se imponen multas sucesivas de cincuenta balboas o prisión de cinco a cincuenta días, sin perjuicio de exigir la responsabilidad por desobediencia o desacato. Sin dudas el desacato es útil, aunque de contexto inquisitivo.

 

<> Este artículo se publicó el 21 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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En desacato

La opinión del Abogado y Docente Universitario en Derecho Procesal Penal….

CARLOS  AUGUSTO  HERRERA
cherrera255@hotmail.com

En  la entrega anterior conversamos sobre el desacato, una figura que definimos de acuerdo a la información abordada, como una desobediencia a la autoridad.   Como notamos, tiene una estructura como un acto de irrespeto que provoca el particular al funcionario investido de autoridad y que se extiende a todas las decisiones que tome ante determinada cuestión y que se incumpla por la persona contra la cual se dispone.

En esta interesante monserga jurídica quedamos anteriormente en los comentarios sobre el artículo 1936 de nuestro Código Judicial, el cual establece la acción a través de la querella para reclamar el incumplimiento de una obligación con el agregado de la prueba sumaria, con especial atención si el asunto es sobre reclamo del pago de alimentos.   Se dice que este despacho debe tener preferencia sobre cualquier otro asunto.   Y se entiende por la vital necesitad de los dependientes lo que debe extenderse hasta los que nada tienen. Todos estamos de acuerdo con la sagrada obligación que los padres deben dispensarle a los hijos y del común abandono que existe de algunos apáticos padres cuya actuación frente a sus hijos demuestra una advertida indolencia.

El juzgador debe operar con la sanción por esta insubordinación, apenas haya expirado el término para recurrir de parte del incumplido interesado, en consideración al tiempo oportuno para actuar en función del artículo 1937, en secuencia de la misma excerta legal que comentamos. Esta elaboración no pareciera inteligible si ya está planteado el proceso y la fijación de la pensión que el juzgador puede establecer la retribución provisional mientras se resulte la compensación definitiva, sin excluir las subvenciones prenatales.

 

Lo que ocurre es que si al obligado subsidiar se atrasa, se dicta la resolución que no se notifica personalmente, pero que el irresponsable dentro del término de su ejecutoria, puede solicitar reconsideración, lo que significa que lo resolverá la misma autoridad, de modo que los argumentos deben ser convincentes para que varíe lo dispuesto.

Esta resolución sobre el desacato es apelable en el efecto devolutivo, lo que significa, que se cumple con la obligación mientras el superior no varíe lo dispuesto, de acuerdo con el artículo 1938 de nuestro Código de Procedimiento.

Por supuesto que tratamos dos temas álgidos, la reclamación por los alimentos y el desacato ante el incumplimiento. Estos problemas duran mientras el menor sea mayor de edad y toda la vida en los casos de incapaces,   Aquí hay una constante lucha de altibajos o disconformidades dentro de procesos con prelación a la jurisdicción de familia, pero en algunos casos se manejan a prevención ante las autoridades administrativas.   Aquí no hay sentencia, más bien, se decide con autos que no transcurren a la calidad de firmes, lo que significa que siempre se pueden volver a analizar para aumentar o disminuir la cuantía y la permisión de tener al menor en las visitas al padre o madre en su condición de remisos.

Por ello las constantes audiencias obligan al juez a mantener la inmediación, a estar presente entre las partes como lo notamos en el artículo 493 del Código Judicial, en donde subyace la amenaza con desacato a toda persona que deje de asistir a una audiencia, si el juzgador los cita debidamente para buscar la concentración, validez o simplificación de los actos procesales o para aclarar asuntos controvertidos.

Hay desobediencia a la ley por parte de los abogados que ejerzan en cargos como funcionarios públicos y que sin el permiso de la ley, gestionen privadamente por medio de interpuesta persona, así como lo anuncia el artículo 621 de nuestro Código Judicial.

Con los testigos citados por primera vez que no se presenten a declarar o se ausenten sin justificación de su residencia a la hora y fecha señalada, los sancionan por desacato reiteradamente con multa de veinte balboas (B/.20.00) a cincuenta balboas (B/.50.00).   Todo esto bajo un proceso oral y sumarísimo que, según el artículo 932 de nuestro Código Judicial, se desarrolla de la siguiente manera; al citado lo notifican personalmente, le presentan los cargos de manera oral o escrita y le practican las pruebas con las que cuentan en el expediente y permite una vez enterado del asunto que el demandado haga los descargos de ley, entonces contará con dos días adicionales para emitir la resolución y sino lo hace es prueba de que le dio la razón al recurrente.

Esta resolución, que sanciona por desacato, se notifica por edicto y si se apela lo decidido se admite el recurso en el efecto suspensivo lo que paraliza lo dispuesto. Esta sustentación se hace ante el juez de primera instancia, y el superior debe resolver en dos días el recurso, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 22 de 29 de junio de 2005.

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<> Este artículo se publicó el 7 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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¿De qué sirve?

La opinión de…

 

 

Jaime Maduro

 

Últimamente, se han hecho dos anuncios por parte del gobierno que me han llamado la atención.   Uno de esos es que van a multar a las personas que tiren basura en las calles. Me parece una muy importante decisión. Ya es hora de que a los adultos se les castigue por su falta de responsabilidad y amor a su entorno, y a los niños de que se les enseñe, desde que entran a la escuela primaria, a tener responsabilidad ciudadana, para que algún día tengamos más ciudadanos responsables.

El problema que veo es que de qué sirve eso, si no hay autoridades que pongan las multas. El otro es que se multará a los conductores que incumplan el reglamento del tránsito, especialmente el de bloquear las intersecciones y evitar que fluya el tránsito lo que aliviaría en algo los tranques.

Pero otra vez… ¿de qué sirve si no hay quién multe?   En otros escritos he sugerido que se faculte a todos los policías, ya sean de tránsito o no, para que puedan poner multas a los conductores irresponsables y que los inspectores de tránsito se concentren más en atender las múltiples colisiones que se dan a diario y que causan enormes tranques.

Yo creo que es más importante utilizar los cuatro o seis policías que ponen en retenes, que de paso crean tranques, y que deberían estar en la calle multando a los irresponsables.

Los retenes, me parece, se deben hacer solo en casos de delincuentes que es importante detener y que se sospecha andan en un vehículo.

Pero la única solución es que estén en las calles. Un día en una intersección de las que más se trancan y otro día en otra. Pero que estén en las calles. Pintaron intersecciones con cruces amarillas para que los conductores respetaran la vía y de nada ha servido porque los conductores no le hacen caso.

Entre los que más incumplen las reglas del tránsito están los taxis. No todos, porque no se debe generalizar, pero muchos, en su afán por ahorrarse unos minutos, manejan irresponsablemente, frecuentemente provocando colisiones con otros vehículos, lo que les hace perder dos o tres horas esperando a un inspector del tránsito y con el posible agravante que el daño les impida seguir usando el vehículo. Hubo algún ahorro de tiempo, o una gran pérdida de ingresos. Los que manejan así no parecen tener mucha inteligencia, a mi manera de ver.

Por último, las placas. Es verdad que este año salieron tarde, pero, ¿por qué todavía hay cantidades de vehículos sin placa?   Y qué pasa con placas viejas? Yo veo carros con placas hasta del año 2006. ¿ Cómo es posible que todavía circulen? Con razón que la morosidad municipal es tan grande. Acción, señores de la Policía y del Municipio. Coordinen y multen a los que tiran basura y a los que incumplen las reglas de tránsito. ¡Ya es hora!

 

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<> Este artículo se publicó el 4  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Multa acertada

 

La opinión del Abogado y Comentarista…

 

Guillermo Márquez B. 

Pese a que se diga que es exagerada la cantidad de B/. 1.500.00 de multa que se le impondrá a los conductores de autos que manejen en estado de embriaguez y que eso no resolverá el problema, aplaudimos la medida.

Estamos cansados ya de los atropellos y muertes de inocentes peatones a manos de irresponsables sujetos que manejan o de transportistas comerciales que embriagados vuelcan sus unidades repletas de pasajeros y las muertes de ellos se hagan múltiples debido a exceso de velocidad y regatas.

A esos conductores hay que exigirles el pago en término perentorio previo al saque de circulación de la unidad manejada por ellos y advertirles del riesgo del secuestro y remate de los vehículos si no cancelan en término perentorio la totalidad de la multa y sin derecho a arreglo de pago.

Y de paso, aconsejamos a la gente joven que entre amigos salen a festejar, especialmente los fines de semana, a que se pongan de acuerdo y que se turnen en el manejo y que al que le corresponda hacerlo que sea bajo el compromiso de que no beberá ni una copa de licor de modo que no esté en juego durante la jornada de diversión la vida de ninguno de ellos.

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<>Artículo publicado el 28 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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‘Quid pro quo’

La opinión de la Comunicadora Social…

Berna Calvit 

De una lista de locuciones latinas con su significado en español, de la que me sirvo a veces, quid pro quo se me clavó en la retina. ¡Había encontrado una perla, magnífica para hacerme ilusiones, para jugar al “si pudiéramos”! El sentido de quid pro quo es “una cosa por otra”, o “toma y daca”; es decir, reciprocidad en el trato, que dicho a lo panameño sería: “De lo que traes, llevas”,  “Dame, que yo te doy”.

Cuando no existe la mutua satisfacción, nace el descontento. Los gobiernos que nos castigan, que ignoran nuestras opiniones y necesidades, y nos limitan a ser espectadores inanes, convidados de piedra, crean descontento y frustración y de allí, inestabilidad, disturbios, confrontaciones. Desgraciadamente, en el juego político, quid pro quo solo está a la disposición de los que tienen en sus manos el tablero y las fichas. Y según parece, no existe la voluntad de soltarlas. Qué gustazo sería aplicar quid pro quo a los gobernantes, por sus faltas.

El gobierno actual merece sanción por ab ovo (desde el principio) actuar a contrario sensu (en sentido contrario) de lo prometido; por, a veces, actuar ad efesios (fuera de razón y de regla, disparatadamente); ab absurdo (por lo absurdo) de proyectos faraónicos, como el capricho de una torre “modelo supositorio” sobre la que podría decir, como el vate nicaragüense, Rubén Darío en el poema A Margarita Debayle: ¡Qué locura, qué capricho/ el Señor se va a enojar!

Recibirían multas por actuar ad efesios (fuera de razón y de regla, disparatadamente); multa mayúscula le caería al ministro de Seguridad Pública, mutado en Rambo criollo, por jalar las barbas de la guerrilla colombiana y poner en riesgo la neutralidad del país; al Presidente, por ser verbalmente descomedido, en su país y ¡peor!, en países ajenos; por ser gobierno alter idem (otra vez lo mismo) pese a lo prometido, sin cambios de fondo, pero ducho en teatralidad e histrionismo; por funcionarios que aures habent it non audiente (tienen oídos pero no oyen) como los que, pese a las advertencias, aprobaron la traumática ley “chorizo” que, de no ser derogada, seguirá siendo fuente de conflictos.

A la Corte Suprema de Justicia le caería multa tamaño paquidermo por, entre otras feas razones, “hacerse los suecos” con las demandas de inconstitucionalidad contra la enchorizada ley. Y habría multas colectivas para los funcionarios por convertirse en castas privilegiadas.

La publicidad gubernamental exagerada y engañosa, como la que se usa para vender detergentes y cremas antiarrugas sería sancionada.

El gobierno anuncia en la televisión, como realidad cercana, un bellísimo tren, modelo de primer mundo que tendremos ¡quién sabe!, dentro de 10, 15 años. La sección Economía (La Prensa 8/9/2010), dice que la estructura del Metro Bus está sin definirse;   el sistema depende de la construcción de la infraestructura, que incluye un carril exclusivo para los autobuses y nuevas paradas.

Ni siquiera tienen esto bien definido ¡y ya nos están montando en un tren de ensueño! Igual sucede cada vez que algún organismo internacional nos califica favorablemente. Un entendido en estos asuntos opina que “los gobiernos, incluyendo el actual, hacen sonar música de festejos que acompañan con juegos pirotécnicos, como si la calificación fuera producto de su acción económica y política, nada más incierto, por no decir falso”.

Disponer libremente de nuestro recurso más importante, nuestra posición geográfica, vinculada por un siglo al canal, es lo que ha permitido el desarrollo que nos gana buenas calificaciones, “no lo que el gobierno haga o deje de hacer. El mérito que se les puede atribuir es haber interferido lo menos posible”.

El bien intencionado programa “10 para los 70”, a pocos meses de iniciado está con el agua al cuello. “El ingreso de nuevos panameños al programa está en el limbo por el recorte al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social” (El Panamá América 7/9/2010). Resolver la pesada carga económica, mal calculada desde el principio, y cumplir con los ilusionados setentones que carecen de ingresos, es reto que debe resolver el gobierno.

¿De dónde saldrán los fondos? ¿De sacrificar megaproyectos que, por no ser urgentes, son sospechosos? Lo dudo. Para salvar el programa, ¿llevarían a la piedra del sacrificio lo más importante: educación, salud, seguridad ciudadana, y nuestro bolsillo?   Hoc volo, sic jubeo, sit ratione voluntas significa “Lo quiero, lo ordeno, que mi voluntad sea la razón”. Para lo que le resta al gobierno actual, y para nosotros, alea jacta est, la suerte está echada.

<> Artículo publicado el 13 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa   a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.