Acuerdo inconsulto e improcedente

La opinión de…

 


RAFAEL CARLES
lifeblends@cableonda.net

Como ciudadano de la comuna capitalina y empresario que quiere lo mejor para Panamá, rechazo el Acuerdo que nos quiere imponer el Alcalde y su banda de asesores legalistas. El Acuerdo es inconsulto e improcedente porque fue anunciado de manera unilateral y arbitraria sin que la Alcaldía de Panamá hubiese presentado una rendición de cuentas a los residentes y contribuyentes de la ciudad capital.

Por tal razón, los empresarios se oponen y rechazan estos gravámenes que el alcalde pretende imponer sin siquiera haber probado eficiencia y efectividad en hacer un buen uso de los recursos que actualmente recibe.

Históricamente, la Tesorería Municipal presentaba a los interesados y afectados un proyecto de aumento tributario antes de ser llevado al Consejo Municipal, para poder así presentar ideas y ofrecer aportes al documento. Por eso planteamos enérgicamente nuestra posición de solicitar la derogación inmediata del Acuerdo hasta que el mismo sea discutido y analizado responsablemente. Sabemos que por lo inconsulto e improcedente del mismo, este Acuerdo ha encontrado el rechazo unísono de todos los gremios del sector privado del país, así como también del Ejecutivo y el resto del Gobierno Central.

En particular, nos preocupa temas como los conceptos de contribuyente y agentes de retención, además de que se introduce la figura de la declaración mensual de impuestos. También aflora la figura de alícuotas, sin tomar en cuenta si hay pérdidas o ganancias. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, por ejemplo, considera que este Acuerdo inconsulto e improcedente introducirá aumentos excesivos al sector privado capitalino, afectando a sectores económicos que realizan importantes aportes tanto al fisco nacional como a la Alcaldía de Panamá. Incluso, su Centro de Estudios Económicos (CEECAM) realizó un estudio pormenorizado del nuevo esquema de impuestos, encontrando un idéntico parecido al extinto CAIR.

Igualmente, el aumento que se hace a distintos sectores económicos es desmedido, llegando a representar en algunos casos hasta más del 3,000 por ciento, lo que pudiese llevar a muchas empresas a considerar cambios drásticos en sus operaciones, además de emigrar a otro distrito o peor aún de reducir personal.

Insistimos que se trata de un impuesto inconsulto e improcedente, del tipo de cascada que finalmente afecta a los consumidores, dado que le se le aplica a productos que actualmente no pagan impuestos.

En otras palabras, es un nuevo patinazo del alcalde por querer recaudar sin conocer de antemano los efectos y consecuencias de sus acciones. Las modificaciones presentadas en el Acuerdo demuestran que existen errores en la base sobre la que se formularon las alícuotas, reflejo de que no es una propuesta seria ni sustentable para los efectos de recaudación.

A los empresarios se nos invitó para que acudiéramos antes de abril a realizar el ‘Pronto Pago’ y así evitar el gravamen producto del nuevo Acuerdo. Es decir, corran que si no los agarra Bosco. Señores, en estos asuntos hay que ser más serios y responsables.

Otra preocupación es la creación de un fondo de inversión y asistencia social, donde supuestamente se beneficiarán las 21 Juntas Comunales de un fondo de US$4.7 millones, e igualmente se establece un aumento en las Asesorías al Municipio del 66%; es decir, US$ 1.4 millones más que el año anterior.

Con este esfuerzo el Alcalde ha perdido hasta su buen sentido de humor, y ya raya en lo malcriado. En su última comparecencia ante los empresarios, irrespetuosamente se retiró sin responder los cuestionamientos del sector privado. Lo que sí buscábamos era que él, nuestro alcalde que devenga un salario de nuestros impuestos, explique en qué pensaba cuando se le ocurrió semejante exabrupto. Si se hubiera mantenido en el recinto y contestado nuestras dudas, no hubiera tenido la necesidad de entablar la exorbitante campaña publicitaria que él y su banda de legalistas han concebido para atacar a la empresa privada, dando así un claro ejemplo de su capacidad de despilfarro y un mal manejo de los fondos de los contribuyentes.

Y sobre su frase de que no dará marcha atrás, le recuerdo que al último que tuvo la osadía de decir tal estupidez, hoy se encuentra postrado entre barras y sin saber a dónde ir. Mucho cuidado que cuando las autoridades, sean quienes sean, hacen las cosas por terquedad, siempre terminan igual: solos y olvidados.

 

Este artículo se publicó el 25 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,

¿Por qué?

La opinión del Honorable Diputado…

José Blandón Figueroa

Es la pregunta que me han hecho mucho en las últimas semanas.   ¿Por qué estás asumiendo el desgaste de ayudar a una administración municipal que tiene bajísimos niveles de aceptación popular? ¿Por qué has asumido la vocería de una reforma impositiva a nivel municipal que se ha granjeado tan poderosos enemigos?

Tengo cuatro períodos consecutivos de ser miembro de la Asamblea Nacional, en representación de uno de los cuatro circuitos que componen el distrito de Panamá.   Durante casi todo ese tiempo, he participado de la Comisión de Gobierno, que tenía dentro de sus temas el de la descentralización.

A lo largo de los años, he podido asistir a eventos fuera del país sobre los gobiernos locales y percatarme del alto grado de centralismo que impera en Panamá. Durante este tiempo, he llegado a convencerme de que el próximo paso en la consolidación de la institucionalidad democrática en Panamá es la descentralización municipal.

Con frustración y envidia, de la buena, uno ve lo que se hace en Medellín, Bogotá, Guayaquil, Tegucigalpa y otras ciudades de nuestra América Latina.    Contrastar esas realidades con lo que ha sucedido en nuestra ciudad capital en los últimos 10 años es decepcionante.   Basta con decir que de 2000 a 2010,   solo se construyó un parvulario y ni una sola instalación deportiva de importancia en todo el distrito capital. Cuando acepté ayudar al alcalde Vallarino, revisamos en equipo la situación y uno de los temas ineludibles era, sin lugar a dudas, el tema impositivo.

El Municipio necesita de más recursos para inversión. Eso se logra haciendo más eficiente el gasto y aumentando las recaudaciones. Para aumentar las recaudaciones, no necesariamente se requiere subir los impuestos, puesto que se puede mejorar la fiscalización y aumentar los contribuyentes, “capturando” a muchas empresas que operan en la ciudad de Panamá, pero no se han registrado en la Tesorería Municipal. Sin embargo, analizando el impuesto por actividad económica, que desde el 2006 se paga en función de la facturación anual de las empresas, el equipo técnico del Municipio sugirió modificaciones al cálculo de este impuesto para hacerlo más equitativo.

¿Dónde reside la oposición a los cambios aprobados en diciembre del año pasado?   El 85% de las empresas contribuyentes pagarán en abril lo mismo o menos de lo que pagan hoy en enero. ¿Por qué entonces la oposición de la Cámara de Comercio y el Conep?   Porque las tablas vigentes desde el 2006 establecen topes máximos, lo que provoca que una empresa de venta al por menor que factura 6 millones anuales pague lo mismo que otra que factura 120 millones al año, esto es, mil balboas mensuales.

A usted, amigo lector, ¿le parece que eso es justo?    ¿Que yo facture 20 veces más que tú, pero pague lo mismo al Municipio?    Entendemos que pasar de pagar mil balboas al mes a pagar 10 mil balboas al mes es un salto grande, pero lo que está pagando es el mismo porcentaje que todos los demás.   ¿Dónde está el punto de equilibrio?   ¿Cuánto quieren pagar las grandes empresas? ¿Quieren un tope mensual de 2 mil, 3 mil ó 5 mil mensual? ¿Cuánto consideran que es justo pagar para que la ciudad tenga mejores parques, aceras, instalaciones deportivas y más espacios públicos para los ciudadanos?

En definitiva, ¿por qué estoy en esto? Porque considero que la posición es la correcta y porque creo que esta ciudad se merece un mejor destino. Porque creo que si nuestra democracia desea crecer y fortalecerse debe tener gobiernos municipales fuertes, con recursos para invertir en obras. Porque pienso que humildemente puedo aportar mi experiencia y mi trayectoria a lograr que podamos construir una mejor ciudad, especialmente para los panameños más humildes y aquellos que viven en las afueras de la ciudad donde la presencia institucional de la Alcaldía es nula o casi inexistente.

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Este artículo se publicó el 28  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Aprovechemos la ocasión

La opinión del Diplomático….

GUILLERMO TATIS GRIMALDO
gtatisg@gmail.com

Dice la vieja frase que de la improvisación solo quedan chambonadas; pero lo cierto es que casi siempre, lo que empieza mal inevitablemente termina mal.

Así ha terminado la idea de cambios al impuesto de circulación vehicular en la ciudad de Panamá, en una propuesta deficiente por decir lo menos. Primero, porque el proyecto fue lanzado sin un estudio ni soporte técnico para establecer el nuevo impuesto; segundo, porque se ideó sin consultas y sin tener en cuenta los demás municipios del país; y tercero porque su concepción se basó más en la necesidad de balancear apresuradamente –más bien desesperadamente- las arcas municipales, sintomáticamente maltrechas y acentuadas por la pérdida de los ingresos que recibía por el impuesto de basura, que la de hacer una razonada y consecuente reforma al régimen tributario municipal.

Para lograr corregir el entuerto, los creadores de la infortunada propuesta, deben obligatoriamente someterla al estudio de los que conocen la materia y al debate de la opinión pública, porque pretender antojadizamente aplicarle un impuesto de placa o de circulación -al valor del registro del vehículo, como se ha hecho- no deja de ser otra cosa que un disparate, porque un bien como el automóvil se deprecia desde el momento que sale de la vitrina de ventas en un 15%, y así progresivamente en pocos años su valor técnico es cero. De suerte que no resulta coherente utilizar solo aquél elemento como variable de cálculo.

Hay mecanismos modernos en otros países para tasar y calcular el impuesto de rodamiento o circulación, que tienen que ver con parámetros científicos y cuya base de cálculo combinado es la cilindrada para determinar dimensiones o bien la envergadura del vehículo, y el año de éste para establecer su valor presente (real) para los de uso particular. Los de uso comercial se hacen con otros factores para su cálculo, además de la cilindrada y el año; se tiene en cuenta, su capacidad de carga, números de ejes y la clasificación operativa de vehículo (panel, taxis, buses, pick-up, volquetes, camiones, etcétera).

La razón de estos parámetros son muy sencillos, y de allí el nombre de ‘impuesto de rodamiento’ por cuanto no ruedan el mismo tiempo en su vida útil un vehículo de uso particular que uno destinado al servicio publico, como tampoco desgasta ni daña igual el pavimento de las vías públicas nacionales o locales un auto compacto Cherry QQ que una Hommer, en cuantos a los particulares, ni un liviano y versátil panel Damas que una articulada tractomula, en los comerciales.

Aprovechemos la ocasión, y con la ayuda de la Autoridad del Tránsito resolvamos los temas pendientes referente a placas, registros de matrícula y sus tributaciones, unificando la reforma de los impuestos de rodamiento o como se los quiera llamar, con una moderna y apropiada tabla de cálculos para el cobro del impuesto, y que éste sea obligatorio para todos los municipios del país, como la discrecionalidad del contribuyente para inscribir o trasladar su vehículo donde lo desee, y sin trabas.

Además es urgente aplicar un poco más de seriedad en la confección, contenido y expedición de las placas para vehículos.   Éstas –la lata- no tienen por qué hacerlas nuevas cada año, y menos cobrarlas si no las hacen ni entregan, eso resulta un cobro abusivo e ilegal, y un gasto innecesario para el contribuyente.   En fin, la placa que se destruya, se pierda o se torne ilegible que se ordene su reposición y confección por la autoridad competente en el establecimiento autorizado para ello. Pertinente sería acabar con las exoneraciones para una clase de funcionarios y esa diversidad de placas que hoy exhiben, diputados, periodistas, tesoreros municipales, alcaldes, representantes de corregimiento, y reducirlas a particulares, comerciales, oficiales y de servicio diplomático (esta última solo en atención a los acuerdos internacionales) y así terminaríamos con el deshonroso placer de los fueros y privilegios que cabalgan en el país.

Por ende es necesario, definir un diseño serio y permanente para las placas, sus colores distintivos según su clasificación de uso y contenido descriptivo de la misma, y generar una fórmula que permita establecer un número único de por vida para cada automóvil matriculado en el país.

Con la numeración actual de seis dígitos solo da para que se emitan hasta un millón de placas o unidades de ella, pero si combinamos (como en otros países), tres letras y tres números nos daría más de 22 millones de unidades, es decir tendríamos una disponibilidad numérica astronómica de placas por generaciones, una cifra casi infinita en términos reales para el tema que nos ocupa.

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<> Este artículo se publicó el  22 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Incongruencias e improvisaciones municipales

La opinión de la Jurista y Ex Diputada de la República….


MIREYA  LASSO
mireyalasso@yahoo.com

Dieciocho meses de experiencia dirigiendo el gobierno del distrito capital debería ser tiempo suficiente para completar la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios encargados de la administración distrital.   Después de una primera etapa de fricciones políticas internas y con ejecutivos del gobierno nacional, pareció que se había encontrado una fórmula esperanzadora que alcanzaría la paz y haría factible la actividad alcaldicia.

Se nombraron personas presumiblemente muy capacitadas en reemplazo de los asistentes originales del Alcalde, se designó un consejero especial ad honorem para asesorar sus acciones y se nombró una nueva Tesorera Municipal para ordenar una deficiente administración fiscal.

Pero ahora las autoridades municipales nos han sorprendido con medidas tributarias a todas luces incongruentes e improvisadas.

Por mucho tiempo hemos escuchado quejas del Alcalde por verse obligado a subsidiar el presupuesto deficitario de la DIMAUD. Recientemente declaró que le había entregado B/. 9 millones y dijo que ‘no le voy a meter un centavo más, no voy a sacar más dinero que necesito para veredas y otros proyectos, y seguir botando la plata’.

Ahora, para alivio del Tesoro Municipal con la creación de una autoridad nacional para recoger la basura, no habrá necesidad de ‘botar esa plata’ ni cubrir el déficit.

A pesar de ese remedio, surge la sorpresiva medida de un aumento de impuestos.   Ningún impuesto es bienvenido; menos, si su destino no se justifica cabalmente. Lo vivimos en la Asamblea Nacional en el 2004.

La abrupta medida, campantemente aprobada, no fue explicada como correspondería; ha sido improvisada, es peligrosa y resultará deficiente en muchos aspectos. Lo comprueba el hecho de que sus creadores se vieron obligados a posponer su implementación por falta de consultas adecuadas y por errores técnicos del propio sistema aprobado.

Las cifras no encajan y el destino de la plata no es claro.   El presupuesto municipal pasado fue B/.66.9 millones pero, según protestó el Alcalde, de ahí tuvo que aportarle B/.9.0 millones a la DIMAUD.   Este año el presupuesto municipal sería B/.92.0 millones, sin la planilla y gastos de la DIMAUD y sin tener que desembolsarle B/.9.0 millones nuevamente.   Nos explican que los B/.22 millones adicionales -¿más el ahorro de B/.9.0 millones?- son para ‘obras sociales y obras comunitarias,’ incluyendo B/5.0 millones repartidos entre los veintiún representantes de corregimiento, a razón de B/.225,000.00 cada uno.

Aumento y destino carecen de sensatez.   Por el lado del gasto, parece incongruente que el 90% del presupuesto municipal del 2010, sirviera para una frondosa burocracia y gastos administrativos, al tiempo que se destinen B/.3.5 millones en el 2011 para remunerar ‘asesores’ cuyas misteriosas funciones no se han explicado, sobre todo con el antecedente del millón de balboas destinado a gastos superfluos como el cultivo de una imagen personal y dudosos planes de seguridad para la ciudad capital.

Las medidas tomadas por las autoridades municipales demuestran el craso error de escoger irreflexivamente el sendero más fácil. Resulta siempre más cómodo decretar aumentos de impuestos que esforzarse por mejorar la recaudación de los existentes y también reducir gastos administrativos innecesarios.

No nos han demostrado esfuerzos serios en esos sentidos y nadie ha brindado una explicación digna de los contribuyentes capitalinos.   Por el contrario, la explicación dada para justificar el aumento de tributos se ha basado en argumentos trillados, muy etéreos, poco específicos: ‘justicia tributaria,’ ‘obras sociales,’ ‘obras comunitarias.’ ¿Específicamente cuáles?

No olvidemos que todos los tributos -quiérase o no- los paga el pueblo y que la recaudación proyectada de un nuevo impuesto, como el de placas de automóviles, puede resultar ilusoria si los propietarios libremente optan por migrar a un municipio menos oneroso.

Mientras la comunidad observó con cierto optimismo el relevo en la Tesorería Municipal, que pareció presagiar un énfasis en mejorar el cobro de los impuestos existentes, nos sorprenden con una medida tan improvisada, que obligó a su posposición.

Apropiado sería que los funcionarios que tuvieron semejante iniciativa muestren mejor ingenio y creatividad, revisando también los renglones de gastos para ajustarlos al tamaño y naturaleza de las genuinas funciones municipales.

 

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<> Este artículo se publicó el  12  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Infierno municipal

La opinión de…

 

Eduardo Segovia

Si alguien me preguntara ¿cuál considera usted que es la institución pública peor administrada?, contestaría, sin lugar a dudas, que el Municipio de Panamá.

En los últimos meses he tenido que visitar sus lúgubres aéreas y pocilgas, como las oficinas municipales del Mercado Público y el Edificio Hatillo, por la necesidad de realizar trámites vehiculares y el pago de una multa, impuesta de manera arbitraria.

El área de atención en El Hatillo es una galera mal iluminada, mal climatizada y mal señalizada, a la que acuden diariamente cientos de panameños para ser torturados, gratuitamente, por contribuir con sus obligaciones municipales. Un lugar en donde se llevan a cabo decenas de procesos, pero que en lugar de contar con un sistema electrónico de toma de cupón, por orden de llegada y motivo de consulta, tiene un sistema arcaico.

El usuario debe buscar a la persona encargada de dar boletos, explicarle el motivo de la visita y, luego, tratar de escuchar cuando la llamen. Todo esto, en un ambiente desordenado, con individuos deseosos de salir corriendo. Así, cuando el funcionario llama, desde su escritorio detrás del monitor de la computadora, si el contribuyente logra escuchar su llamado, pronto se dará cuenta de que su paso por el purgatorio apenas empieza, porque le informarán que necesita más fotocopias o algún otro documento. Esos requisitos para hacer determinado trámite no se comunican mediante letreros por ningún lugar. Al final, quien acude a hacer su diligencia termina formando una tercera fila para, por fin, pagar, si es que el sistema no está caído.

El paso por el Juzgado Ejecutor es otra experiencia propia de un realismo mágico. Invitado a participar en una diligencia judicial, por efecto de una multa, y tras esperar de pie una hora, fui atendido con la rapidez necesaria para verificar mis datos de contribuyente y escuchar el monto de mi sanción.

A diferencia de las multas impuestas por funcionarios del tránsito, que tienen escrito su fundamento legal, el formato de multa municipal no contiene su fundamento legal. Se me aplicó una sanción por haber estacionado mi vehículo en “área verde”, pero nadie en el municipio, luego de rotar por las cuatro torres del Edifico Hatillo, supo explicarme o decirme dónde está definido área verde de competencia municipal.

Estaba estacionado en un área enfrente de mi casa, que cada vez que llueve se inunda, fuera de la calle y fuera de la acera de transeúntes, en la que todos los vecinos del barrio residencial en donde vivo acostumbramos estacionarnos, desde hace más de 25 años. Incluso, un funcionario se rió en mi cara por buscar el fundamento legal de tal acción, sencillamente era así, porque “es así”.

Acudí a la Defensoría del Pueblo, en donde tras una gestión realizada por sus abogados me informaron que, a partir de enero, empezará a regir una nueva norma sobre áreas verdes, y que me impusieron una multa preventiva para que no lo vuelva hacer una vez entre a regir el decreto municipal. Creo que estoy ante la primera multa impuesta con carácter prepago en Panamá.

 

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<> Este artículo se publicó el  24  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El electorado puede pagar un precio muy alto

La opinión de…

Christi Escalante 

Las decisiones del electorado panameño se pueden pagar muy caro y pueden traer –en algunos casos – consecuencias nefastas e improductivas para el país, este es el caso en la Alcaldía de Panamá.Es lamentable y desalentador el panorama que se perfila en la Alcaldía, y peor aún lo que hemos de esperar para los próximos 3 años y meses restantes de gestión del nuevo Alcalde de la ciudad capital. Hemos sido nosotros, los ciudadanos electores, parte responsable de esta situación, la cual se perpetúa por cinco años más, considerando que la gestión anterior transcendió, sin pena ni gloria, para nuestra urbe capitalina.

 

No dudo de las buenas intenciones del señor Alcalde, pero no solo bastan las buenas intenciones para ocupar este tipo de cargos, hace falta larga experiencia, trayectoria y capacidad, situación de la cual también es responsable su propio partido político que lo postuló con esta carencia.

Ha pasado ya más de 1 año de gestión y seguimos con el mismo problema que afecta y agobia de manera importante a la ciudad: La acumulación de basura … si no ha podido a la fecha solucionar este problema, ¿podrá solucionar temas de mayor magnitud?

La elección de un candidato a una posición, ya sea en el ámbito privado o público, no debe hacerse basado en el amiguismo o en el pago de favores, debe realizarse considerando la preparación académica, experiencia, valores morales, culturales y religiosos. Estos elementos permitirán la obtención de mejores resultados a nivel de las autoridades que ocupen importantes puestos públicos.

Además de no poder con el problema de la basura, ahora parece que se encamina a la tercerización de los servicios (mantenimiento de parques, gestión de cobros de impuestos), que se supone debe prestar el Municipio de Panamá. En este sentido, es bochornoso e indignante lo que pretende pagar la Alcaldía de Panamá a la empresa TX Panamá S.A. Tenemos que estar alerta a esta situación.

No era este gobierno, el cual durante su rol de oposición al gobierno anterior, criticó enérgicamente las contrataciones directas? Desafortunadamente, nos está tocando por el momento vivir y aguantar un poco de “Más de lo Mismo”.

El desempeño del Alcalde ha sido por el momento de preocupación, pues parece (y ojalá me equivoque) que la ciudad capital, no logrará tampoco beneficiarse de proyectos importantes en los próximos cinco años.

Al momento de ejercer el sufragio debemos analizar y evaluar detenidamente al candidato en todos los aspectos, considerando sus cualidades humanas y profesionales, pues de ello dependerá que el país se pueda beneficiar como se lo merece.

Amanecerá y veremos, la esperanza es lo último que se pierde!

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<> Este artículo se publicó el 26  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Mas artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/escalante-christianne/

La grave situación de Bosco

La opinión del Empresario….

JUAN RAMÓN MORALES


Cuando Bosco Vallarino se encargó de la Alcaldía del Municipio más importante del Istmo debió solicitar un áudito de todas las actividades de esa importante comuna. No sé si lo hizo. Lo cierto es que una vez conocidos los problemas de por ejemplo: Que el Departamento de Aseo no contaba con los camiones de recolección de basura en la cantidad necesaria; que no contaba con un taller que fuera taller para una reparación oportuna de los equipos; que tampoco contaba con un departamento de piezas con adecuado inventario, que le permitiera las reparaciones con eficiencia y; por último, lo más grave, que los ingresos de la tasa de aseo estaban por debajo en un 90%, lo que hacía más improbable toda posibilidad de eficiencia en tan delicada actividad de la recolección de la basura.

Después de haberse percatado de tan caótica situación Vallarino debió lanzar un SOS, con gritos de desesperación de inmediato al Ejecutivo, toda vez que estaba de por medio la salud del pueblo panameño.   Aquí es en donde surge su responsabilidad, al no haber actuado con la inmediatez que debió, ya por inexperiencia o incapacidad, pues le faltaban los medios para resolver un problema que venía de muchos años de desastre e incapacidad.

En lo tocante al Gobierno Nacional, como responsable de todos los destinos nacionales, conocedor de la grave situación de la basura, debió acercarse al alcalde y ofrecer todos los recursos que después se le dio, para enfrentar ese grave problema, sin esperar como esperaron, que el problema alcanzara grados de gravedad absoluta.

El comportamiento del Gobierno Nacional dejó mucho que desear, pareciera que este es partidario de la salida del alcalde, permitiendo que las más bajas pasiones se adueñaran del terrible problema, con ribetes políticos de muy baja ralea, como parece que ocurrió predominando una actitud mezquina de las altas instancias gubernamentales.

No conozco a Bosco Vallarino, pero todo indica que perdió el apoyo del Ejecutivo, incluyendo al vicepresidente y presidente del partido al que pertenece Vallarino. El comportamiento de Juan Carlos Varela le puede costar muy caro frente a la membresía del Partido Panameñista, como se está viendo, y podría dar al traste con una eventual candidatura presidencial como ya lo ha manifestado el propio presidente de la República. Juan Carlos sin partido es como un conductor que no tiene carro.

Lo cierto es que Vallarino debe cambiar el rumbo de sus funciones públicas, le quedan cuatro años y puede enderezar el rumbo de sus hechos, no hacerlo tiene un único significado. Catapultar su carrera pública. Hoy carga el pesado fardo de un inicio luctuoso.

Lo que sí es cierto es que los resultados a la vista tienen una sola conclusión, lo abandonó el Ejecutivo por un lado y él no ha sabido conducir la nave de la comuna capitalina. Le faltó en gran medida capacidad administrativa, olfato, malicia y por qué no decirlo, inteligencia. Así son las cosas.

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Este artículo fue publicado el  19 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.