Huérfanos de patria

La opinión de…

Miguel R. Vanegas S.

Quizás porque sobre la dirigencia deportiva se ha festinado la injusta generalización de que toda es execrable, el tema del Comité Olímpico de Panamá (COP) es subalterno y no vale la pena dedicarle tiempo ni esfuerzos. Así, con una supina ignorancia del tema, se dice que hay dos comités olímpicos, cuando la Carta Olímpica no lo permite; que el Comité Olímpico Internacional (COI) “reconoce” a la junta directiva del COP, cuando la Carta no lo establece. Esta es clara al indicar que los directivos se eligen de acuerdo el respectivo estatuto.

Ello sería anecdótico si no fuera porque el caso del COP deja ver un grave atentado contra el estado de derecho, la fe pública y el deber constitucional de las autoridades gubernamentales de respetar y hacer respetar las leyes y los fallos judiciales del país.

Las cuatro últimas directivas del COP “reconocidas” por el COI han sido anuladas por el Órgano Judicial, dada su ilegalidad al violar el estatuto vigente. La última, presidida por Miguel Sanchiz, no solo fue anulada sino que la reforma del estatuto que le sirvió de base, también fue anulada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al declarar ilegal el Resuelto del Ministerio de Gobierno y Justicia que la aprobó.

Los trámites delictivos para inscribir esta directiva en el Registro Público surten un proceso penal que Miguel Sanchiz y otros llamados a juicio por esa felonía eluden con triquiñuelas procesales para dilatar su comparecencia a la audiencia de fondo. Resalta en esto la inescrupulosa falta de ética de la posición equívoca asumida por las autoridades.

Sin embargo, hemos observado cómo algunas autoridades del Gobierno se asocian, sin ningún recato ni justificación plausible, a los ilegales directivos para agradar al presidente de la Organización Deportiva Panamericana, cuyo discernimiento está determinado por su animadversión al suscrito y la protección de sus cómplices locales. Han asumido como legítima la arbitrariedad del fementido “reconocimiento” del COI a Sanchiz y confesado su intento por violentar los fallos judiciales para reinscribirlo en el Registro Público. Nada más ofensivo e inaudito.

Por ello, quienes en buena lid obtuvimos el dictamen favorable en los tribunales de justicia, somos objeto de presiones y amenazas para que renunciemos a favor de los usurpadores, a pesar de nuestra disposición de no aspirar a ningún cargo en una elección conforme a la ley.

Así, un grupo de panameños, directivos legítimos de una asociación constituida de conformidad con las leyes nacionales cuyos derechos y garantías deben ser protegidos y defendidos por las autoridades encargadas de ello, son “huérfanos de patria” al quedar en la indefensión por la omisión oficial con el agravante de que para algunos despistados este atentado contra la institucionalidad está bien porque hay que complacer al señor Mario Vásquez Raña para tener la sede de los Bolivarianos de 2013.

En los juegos hay dos formas de llevar la bandera nacional:   Enarbolándola firme y orgullosamente o doblegándola y arrastrándola ignominiosamente en manos de delincuentes.

*

<> Este artículo se publicó el 24  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Anuncios