Autodescalificación presidencial

La opinión de…

 

Roberto Arosemena Jaén

Históricamente, somos un estado presidencialista.   Es un invento estadounidense con más de 234 años de efectividad. Ese invento expresa el dicto aristotélico “que mande uno”.   Es la conclusión de su metafísica, o el esfuerzo enorme de explicarse el funcionamiento del mundo como algo ordenado y no caótico.

No obstante, en Panamá el presidencialismo está en crisis.   Es algo caótico. Todo lo caótico produce una crisis humana. Toda crisis se resuelve cuando la causa perturbadora desaparece. La crisis de la crisis de gobernabilidad es que todos saben que la causa debe desaparecer, pero nadie sabe ni cuándo ni cómo.

El presidencialismo panameño se ha descalificado intempestivamente desde que el gobierno del Cambio ganó las elecciones.   El jefe del Cambio ha sabido hacer suyo lo que establece la Constitución.   “El presidente de la República es responsable por sí mismo del “orden público”, del “nombramiento de los ministros” y de la “coordinación de la administración pública”.   Si los servicios públicos están deteriorándose el único responsable es el señor Presidente de la República.

Recientemente, Ricardo Martinelli ha ratificado que él es el que manda y seguirá mandando: “hasta junio del 2014. La soga de la crisis, el mismo se la ha colocado en el cuello.

No hay, fuera de Ricardo Martinelli, ningún causante de la crisis. Es decir que un esquema que se diseñó para el buen gobierno, tanto al nivel pragmático de Estados Unidos como al nivel filosófico de los clásicos griegos, hoy expresa la deriva de servicios públicos ingobernables y deteriorados.   Si la Presidencia no funciona en un régimen presidencialista, la nación se paraliza y la autodesestabilización crece exponencialmente.

Esta situación de crisis la ha denunciado con valentía cierto sector de la sociedad civil. La diferencia entre la denuncia de que el señor Martinelli se está haciendo dueño del aparato del Estado y de los Órganos del Estado y mi denuncia del fracaso del sistema presidencialista en Panamá es que la sociedad civil piensa que el problema es el “estilo autoritario” –Mauro Zúñiga lo califica de “fascista”, mientras que este artículo afirma que el problema es el presidencialismo.

El porrismo y el chiarismo, Torrijos-Noriega, Pérez Balladares y ahora, Ricardo Martinelli Berrocal manifiestan la perversión del presidencialismo panameño. Tanto la Constitución liberal como la actual torrijista reformada hacen de los poderes públicos “marionetas del poder ejecutivo”.   Se puede decir que nada ha hecho Martinelli que antes no hizo Porras o Pérez Balladares.   Ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia ni los diputados ni el presupuesto nacional han sido tan supeditados a Martinelli como lo fueron en los días de Porras y Pérez Balladares.

Somos un estado sometido al presidencialismo que se hace sentir caóticamente cuando nos toca un presidente fuerte o una fuerza pública presidencialista.   La ciudadanía es débil porque no existe un aparato estatal en manos de servidores públicos de carrera con capacidad e idoneidad moral e intelectual ni partidos políticos coherentes y fieles a unos determinados principios.

Tampoco existe una sociedad civil con una empresa privada nacional interesada en el funcionamiento democrático del Estado.   Por el contrario, el sector privado transnacional se complace en regalías, tráfico de influencia y lucha para no ser fiscalizada ni rendir cuenta de las inversiones megamillonarias que se le encomiendan. Tampoco se tienen gremios y sindicatos autosuficientes frente al Gobierno y a los empleadores. No se genera conocimiento desde las universidades ni se proporciona a la sociedad ni al estado profesionales decentes, revestidos de ciencia, creatividad y sentido ético y cívico.

Frente a estas carencias políticas y culturales la crisis del presidencialismo es un pretexto de quítate tú porque vengo yo. Las expectativas ciudadanas se precipitan en la indiferencia, el oportunismo y en la espera mágica de que las presiones de Estados Unidos y la Banca Mundial se harán sentir poco a poco. Además, aparece el fantasma y la ilusión del caudillo por venir.

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Este artículo se publicó el 22  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mentiras históricas

La opinión de…

Roberto Arosemena Jaén

La historia como ciencia es la verdad de los hechos sucedidos. Todo hecho es interpretado y de allí la necesidad de la ciencia de la interpretación, la hermenéutica. No puede hacerse historia sin un análisis interpretativo exhaustivo de los hechos investigados y escritos como históricos.

Las historias nacionales fallan por su contenido ideológico y propagandístico.   Es el caso de las historias de larga duración, en el caso de Belisario Porras, de mediana duración, en el caso de Omar Torrijos Herrera o de breve duración, en el caso de Ricardo Martinelli. Hacer la historia –lo que dichos personajes sintieron, pensaron, dijeron e hicieron– es una tarea ardua.

Los historiógrafos de Porras, los seguidores del viejo Omar y los alabarderos y críticos del hombre del cambio tienen que esforzarse por lograr no una narración creíble o verosímil sino válida, objetiva, subjetiva e intersubjetivamente.

Son los tres criterios de validez de las ciencias naturales, sociales y humanas –la historia está sometida a estos criterios–. La validez más que adecuación es actualización de la realidad conocida, comunicada y afirmada.   Los criterios de validación tienen que ver con la materia u objeto de estudio, con la corrección normativa de las acciones compartidas y debatidas y con la autenticidad o compromiso interno entre lo que se piensa, se dice y se hace.

He introducido el enfoque temporal de larga, mediana y corta duración y los he superpuesto al quehacer histórico de Porras, Torrijos y Martinelli.   El lector va a incluir la percepción personal y cultural que tenga sobre estos personajes, es decir, va a contraponer a la historia, el imaginario que ha venido construyendo –generalmente que se le ha construido– en torno a Porras, Torrijos y Martinelli. Por eso la lectura histórica es compleja, de múltiples interpretaciones, fácilmente descalificable y, lo más lamentable, irrelevante para conocer la realidad sucedida y el buen o mal desempeño de cada uno de esos actores –o víctimas– de su destino histórico.

Si los datos y los hechos, entre el desembarco de Porras en 1900 y el juzgamiento moral por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 1905, hacen concluir que Porras era un joven temerario, irresponsable e incluso traidor a la patria panameña y que debió haber sido condenado a muerte, en 1905, son verdades históricas, ¿cómo queda el imaginario de caudillo liberal traicionado y patriota opuesto a la venta de Panamá en 1903?   Se dirá que la trayectoria de Porras apreciada y aplaudida es la de 1912 a 1924 y que todo lo anterior son infundios de los conservadores duros penonomeños y del núcleo fuerte de Acción Comunal que trastocó los acontecimientos, en la década de 1931 a 1941.

El caso de Torrijos es patético, su irrelevante participación en el golpe del 11 de octubre, la sustitución oportunista de Boris Martínez, el asesinato de más de 50 opositores, entre 1968 y 1972, la ingenuidad de aplaudir el día de la Lealtad de Noriega y, finalmente, las negociaciones canaleras que mantienen la traición contra la nación panameña de los Tratados Mallarino–Bidlack y Hay Bunau–Varilla, insertos anacrónicamente en el Tratado de Neutralidad y Funcionamiento del Canal, se han transformado en epopeya del líder revolucionario. La reacción del PRD dirá que es una infamia contra el torrijismo, una manera de añorar a la desplazada oligarquía.

Martinelli es el caso reciente.   Sus ocurrencias, su desparpajo, su manejo de la fuerza y el dinero es la necesidad histórica del eterno retorno de la demagogia utilitarista de los Porras y los Torrijos.   El imaginario del cambio hace del Presidente el hombre fuerte y el conductor insustituible. ¡Que sigan criticando, dice su experto asesor, si todo va bien y los carnavales, también!

Estas mentiras históricas tienen que deshacerse culturalmente con ciencia, con rectitud normativa a nivel político y con autenticidad moral a nivel personal. De no hacerse, la próxima historia será escrita por los seguidores del cambio.

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<> Este artículo se publicó el 1 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Verdad histórica

La opinión de…

 

Roberto Arosemena Jaén

La historia son los hechos que sucedieron y que tienen significado en el presente que se vive y se proyectan al mañana. La filosofía de la historia se orienta más a criticar lo sucedido y a buscar un hilo conductor de lo que debe suceder con base a lo sucedido.

La historia, cada vez más, es una ciencia y en esa medida, la filosofía se podrá ajustar más a la realidad investigada. Una cosa es la historia y otra cosa la historia digna de ser contada, la narrativa histórica o la historia interpretada.

Una filosofía que hace filosofía desde una mentira histórica “indigna de ser narrada” tendrá que aceptar que sus conclusiones son producto de la imaginación, antes que del conocimiento de la realidad.

La crítica histórica ha concluido que las “filosofías de la historia” sin un esfuerzo hermenéutico son cuentos, fantasías y constructos ideológicos para encubrir la realidad, agudizar las crisis políticas que se enfrentan y ofrecer salidas caprichosas y autoritarias.

Un hecho tan lamentable como la Segunda Guerra Mundial se está interpretando como una patología propia de la ciudadanía liberal que se empezó a definir desde la lucha contra el despotismo laico o religioso. Atento, malas interpretaciones ocasionan catástrofes humanitarias.

En este caso se apunta a la “hipocrítica” de lo político y a la hipercrítica de lo moral. La solución natural era “ la moral al poder”. El poder sometido a la moral del gobernante. La solución fue sencilla pero totalmente fantasiosa. La soberanía del déspota pasaría a la soberanía del pueblo o de la nación, como sociedad política y culturalmente organizada.

Y surgieron los totalitarismos del siglo XX y el Consejo de Seguridad de las potencias nucleares. La falacia era la del “buen salvaje”, “el malestar de la cultura” y la dialéctica entre poder, sexo y verdad. El realismo de la dictadura del buen revolucionario para construir la humanidad de los derechos humanos o la sociedad universal comunista era la mentira histórica de la acción humana basada en la moral, la cultura y la educación. Jesús había solucionado el problema con menos filosofía: “Al César lo que es del César” a la esperanza, al amor y a la verdad insobornable (Dios) lo que le pertenece”.

El problema de la historia y de una filosofía no ideologizada es terriblemente complejo. Hay que partir del hecho que han demostrado los sociólogos clásicos: el hombre se mueve por valores y por intereses. De allí la importancia de la ética o de los principios universales de la conducta humana, al menos a nivel procedimental de una democracia constitucional de derecho.

En el caso nuestro, Panamá tiene su historia y como tal tiene que ser investigada. Pero no como observador de lo que sucede como hacen los extranjeros, sino como participante de los que padecen los acontecimientos y los hechos históricos. Esta metodología de participante se da en un contexto de diálogo, comunicación y debate permanente. Panamá es un país histórico y con historia propia que ha venido estructurando desde hace siglos. Los pueblos originarios con más tiempo a sus espaldas son tan panameños como los generados desde ellos.

¿Qué diferencia hay entre un antecesor con más de 500 años y un antecesor de 1964 que tiene medio siglo de haberse comprometido con la constitución de una patria libre, soberana y sin bases militares y con los testigos mudos de la invasión de 1989?   ¿Tiene el habitante del pasado más identidad nacional que el del presente y el del futuro?   O la nación no es más bien un diálogo entre generaciones, entre contemporáneos, antecesores y sucesores. ¿Puede hacerse historia sin expectativas de futuro permaneciendo solo en la experiencia del pasado?

La historia sucedida tiene que ser escrita y debatida para que la memoria y el recuerdo renueven el presente no como algo acabado sino como un conocimiento crítico de lo que es y pudo no haber sido y un proyecto o compromiso de lo que sucederá porque queremos que suceda o porque estamos destinados a sufrirlo.

La historia no es maestra, ni manipuladora del pasado ni del futuro, es solo un conocimiento verdadero que nos advierte de lo que vendrá sino nos decidimos a construir el futuro. No caigamos en el triunfalismo. La historia como conocimiento es solo una oportunidad para actuar ética y políticamente en el mes de la patria y en los meses venideros.

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<> Este artículo se publicó el 17 de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/arosemena-jaen-roberto/

El jefe presidente

La opinión de…

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Roberto Arosemena Jaén

Ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones.  Un cambio sin rumbo. Una meta fija:  Gobernar, mantenerse en el poder y proyectarse a seguir gobernando. Esta meta será efectiva bajo el supuesto de que el cambio está entreteniendo a la mayoría, asegurándole el trabajo y creando expectativas a futuro. De allí la propaganda grosera de que “too va bien”.

El diario vivir es una realidad que descubre el engaño y lo reduce a mentiras. Los uniformados del cambio no tuvieron dificultad en sacar la única Ley 30, o las seis leyes de la fraccionada maldita ley, del sombrero de la Asamblea Nacional.   Esa manera mágica de desprestigiar a la Asamblea ha reducido y borrado toda la ilusión del partido panameñista de adecentarla con la falsedad de las reformas éticas y morales.    Diputados siervos son incapaces de restablecer la credibilidad de un organismo incapacitado.

La promesa central del cambio, cuya implementación había diseñado el gobierno de Martín Torrijos, con el Transmóvil, llegará con el trineo de Santa a fin de año.    Utilizar el dolor de 18 víctimas del transporte público para quitarle el mantón de luto a una unidad del Metro Bus es un signo de irrespeto a los familiares de los usuarios del bus “trampa de muerte” por complacencia de las autoridades de seguridad.   Se podría decir que la Presidencia carece de pudor público.

El arreglo de Changuinola entre el Gobierno y la comunidad en rebeldía ha desconocido el problema indígena de las autoridades ngäbe buglés, que se expresó en medio de la represión gubernamental. La respuesta fue movilizar al Tribunal Electoral, al Ministerio de Gobierno y Justicia el pasado 24 para elegir una multitud de representantes ngäbe en contra de la voluntad generalizada.    El principio antiguo y perverso de sometimiento “divide y vencerás” se aplicó en las montañas coloradas del oeste panameño.   “Si lo hizo el PRD por qué no lo puede hacer el Cambio”, es la justicia maquiavélica del cambio.

La población no ha terminado de entender a Martinelli Berrocal y ya los medios nos asustan con los próximos presidenciables.    El contraste es impresionante.   El liderazgo del jefe desborda a los potenciales presidentes. Además, la campaña publicitaria de que las cosas van bien es inconteniblemente engañosa.    El partido del jefe se engorda con sus leales opositores y a lo mejor los partidos de la alianza desaparecen en el unipartidismo de las venideras elecciones.     Como si esto fuese poco, el jefe decide eliminar los millones de subsidio electoral.   El argumento es válido: el que “pone la plata es el dueño del baile”. Pocos dirán que la astucia del jefe es debilitar financieramente al partido para mantener su condición de principal contribuyente. De paso consigue el dinero para los pensionados.

Se sabe que la imagen del gobierno es nula y que la única imagen aceptable es la del jefe. Se puede aventurar que el jefe no es tan poderoso como lo afirman sus asesores y lo creen sus incondicionales, ni tan errática como lo querían sus adversarios. Lo significativo del momento político actual es que el gobierno superó su primera crisis de gobernabilidad. Como activo ciudadano queda la sacudida que se le dio al jefe de Policía, al ministro de Seguridad y a la ministra de Trabajo. Las instituciones se debilitaron, el Presidente se fortaleció a nivel personal pero al mismo tiempo quedó como el blanco único de la crítica futura.

La sociedad empieza a discurrir sobre la incertidumbre de un gobierno que pende o está colgado de la imagen volátil de un líder de apenas un año de ejercicio de poder público y con insuficiente experiencia pública.   La vulnerabilidad del cambio se ha hecho más irreversible dado el desprestigio de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional que actuaron como convidados de piedra ante la crisis de la Ley 30.

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<> Este artículo se publicó el 26  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/arosemena-jaen-roberto/

Universidad, 75 años

La opinión de…

Roberto Arosemena Jaén 

Durante el siglo XX, la educación superior se acreditaba desde la Universidad de Panamá.  Entre 2005 y 2006 el Estado establece una nueva ley orgánica para la Universidad y crea el Coneaupa, bajo la dirección del Ministerio de Educación (Meduca) para la acreditación de las universidades. El 5 de julio de 2010, mediante Decreto Ejecutivo, se obliga a todas las universidades a acreditar sus planes de estudio ante Coneaupa, en un término de seis meses. De no hacerlo, se podrán cerrar universidades y carreras no acreditadas. Es decir, un derecho a la insubsistencia de la UP.

¿Por qué el Meduca asume la evaluación y la acreditación del tercer nivel de educación superior? ¿Por qué la universidad acepta y contribuye a reducir su papel constitucional de garante de la educación superior? ¿A qué se debe la mutilación de una institución que surge como camino hacia la luz y repiten la consigna de “conciencia crítica de la nación”?

75 años de historia deben dar indicios para rescatar la “misión” de la universidad. 21 años de esta historia, nos presenta una universidad secuestrada por la Fuerza Pública. 32 años, bajo el control de Octavio Méndez Pereira (18) y Gustavo García de Paredes (14). Se puede concluir que la universidad apenas ha tenido dos décadas de vida académica. La política de fuerza y de personalidades autocráticas son las responsables, básicamente, de que la Universidad de Panamá tenga que acreditarse ante el Meduca en febrero de 2011.

El diseño del poder administrativo universitario es análogo al del presidente de la República. La autonomía de Méndez Pereira coincide con las prerrogativas del presidencialismo panameño. Las reelecciones periódicas de García de Paredes, con el apoyo del 95% del personal administrativo, correlacionan con el apoyo al partido político gobernante. Confundir democracia universitaria con una autocracia personalista es inexacto y abiertamente un disparate. No hay paridad entre personalismos autocráticos y comunidad universitaria democrática.

¿Se podría concluir que la Universidad de Panamá abortó por la inercia de un poder político continuo y por la excesiva permanencia de sus dos rectores insignias? ¿Fue la autonomía, vehículo real para fortalecer la libertad de cátedra, la excelencia académica y la investigación científica? ¿Son los profesionales de la primera casa de estudio, paradigma ético de la nación? A falta de esos paradigmas, ¿han sido los rectores magníficos ejemplos de ciudadanía para orientar una sociedad desorientada?

Actualmente, los poderes universitarios están deslumbrados por su tradición secular. El gobierno universitario está listo para la elección repetida de sus conductores como garantes de prerrogativas y posiciones. El futuro anticipa la misma política administrativa, desgastada en más de medio siglo. Así como Méndez Pereira se mantuvo rector negociando con el Ejecutivo y proclamando la autonomía como un medio de permanencia en el poder, el actual jefe de la colina maneja el proyecto de reelección ante la Asamblea Nacional.

A nadie debe sorprender que la universidad erre el blanco. La polémica estéril, con el ministro de Educación anterior, sobre quién formaría a los docentes de educación media –situación que se viene dando desde que Méndez Pereira decidió que lo haría la Universidad de Panamá– sigue sin resolverse.

En lugar de concentrar energías en la “investigación” y en la creación de un ministerio de ciencia y educación superior, en esta primera década del siglo XXI, los organismos de poder universitario se distraen en comités de disciplina y en formar grupos de apoyo para llevar adelante la ambición de administrar la universidad hasta 2025. El reto pendiente en este aniversario es hacer de la “U” la primera institución académica de docencia e investigación.

<> Artículo publicado el 22 de septiembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Guerra es guerra

La opinión de…

Roberto Arosemena Jaén

Los uniformados del cambio aprueban nueve leyes y la meten como un chorizo en la Ley 30. Lo sorprendente es la doctrina de seguridad que esconde dicha Ley en su artículo 27. La confianza y seguridad de los mandos altos –los que ordenan el uso de la fuerza (ministro y directores de Servicios de Policía)- está garantizada.   Al menos, mientras el Presidente mantenga el poder omnímodo.

La obediencia debida, proscripta desde el juicio de Nüremberg, jamás excusa a quien da la orden superior. Los únicos que pueden alegar “cumplir orden superior” son los subalternos en el ejercicio de su cargo. Ahora, con la Ley 30, ministros y directores de Policía son irresponsables hasta que no termine el juicio penal en firme. Lo macabro de la Ley 30 es aceptar como moralmente bueno el uso injustificado de la fuerza letal o enceguecedora.

Lo injustificado está permitido legalmente, el exceso está aceptado y ni querellas ni lamentaciones podrán conducir a nadie a la cárcel ni a la pérdida de su puesto. Guerra es guerra; es el grito de los uniformados del cambio. Si el delincuente usa la fuerza y mata, el uniformado del cambio puede hacer más, ir más allá y disparar en exceso e injustificadamente, sin preocuparse del resultado.   Es la confianza de poder sacar un arma y usarla. Es lo que dijo un diputado panameñista, al ser aprobada la ley 30 de un manotazo.

Esta actitud de guerra es guerra se refuerza con la manera de sofocar la primera reacción creíble, políticamente, contra la Ley 30. Con esta actitud se conforma el “síndrome de la Ley 30” en base a la experiencia de las protestas de Bocas del Toro.

El Gobierno reconoce la culpa, reconoce el mal manejo de la situación, pide disculpas, proclama la necesidad de dar más información la próxima vez que cometa una trastada, ofrece comida, atención médica y hasta indemnizaciones a los que protestaron. Los uniformados del cambio llegan a dar indicio de su flexibilidad: por 90 días suspenden tres artículos y exigen obediencia al restante articulado.

Mientras tanto, siguen vanagloriándose de su irrespeto al sindicalismo en base a la falsa libertad individual del trabajador. El síndrome de la Ley 30 tira un velo de respetabilidad sobre el engendro de nueve cabezas.   Su interés soterrado es justificar lo injustificable: el uso abusivo de fuerza letal y enceguecedora. El mismo síndrome legitima el terrorismo, el narcotráfico y cualquier forma de conducta irracional y disparatada; ir más allá del ojo por ojo y de la muerte por muerte.  La esencia de la guerra preventiva.

El síndrome de la Ley 30 pone a circular el librito agotado de plata, palo y plomo. A un pueblo desvertebrado y vulnerable hay que llenarlo con brujos, demonios y pesadillas. Todavía hay 53 restos de los asesinados por el Estado panameño entre 1968 y 1989 sin identificar y ya empieza una nueva cuenta.   El monopolio de la violencia, que le dio el panameño bien intencionado al presidente Martinelli, se la dio en base a la Constitución que juró cumplir el 1 de julio del año pasado.

Ricardo Martinelli Berrocal se obligó a proteger nuestras vidas, bienes y honra. Él sabe o debe saber que Panamá no le extendió un cheque en blanco para gobernar a lo bruto ni con brutalidad.   Él, como primer magistrado de la nación, está limitado y restringido por el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Estas son las reglas del juego de una democracia y no el ejercicio de un poder ilimitado como pretende la Ley 30 con el uso injustificado del monopolio de la violencia.

El síndrome de la Ley 30 es el efecto maléfico que los uniformados del cambio se han apresurado a racionalizar para tranquilizar la conciencia del que juró cumplir con la Constitución y proteger la vida y honra de los panameños.   Martinelli debe saberlo: La responsabilidad penal, administrativa y civil, por la manera en que se sofocó la protesta de Bocas del Toro, recaen en su ministro de Seguridad y en los tres comisionados de las Fuerzas de Policía.

Él, como Presidente, y la Asamblea Nacional asumen la responsabilidad política de mantener el engendro de nueve cabezas. Es cierto que el soberano duerme. No se sabe hasta cuándo.

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Este artículo se publicó el 11 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El ‘cambio’ uniformado

La opinión de…

Roberto Arosemena Jaén 


La ley 30, rechazada pacíficamente por sectores populares, ha derivado en represiones físicas con una terrible secuela de resentimiento al gobierno del cambio.  El temor no es sufrir un dolor, es la espera de una pérdida insoportable, por ejemplo perder la vista o la libertad. La población panameña que disiente de la Ley 30 está paralizada por el temor.

Un Presidente de la República, que promete asistencia médica y hospitalaria a los afectados visualmente por la represión,  sin percatarse de su propia responsabilidad en los eventos que causaron el mal, es preocupante.   O es una persona que ignora lo que está sucediendo con su propia Policía,   o es un cínico que consciente de lo que hace actúa despreciando la verdad, la realidad y la justicia.

En 1986, cuando Noriega justifica la destitución del Presidente del fraude afirma que se debe a su incapacidad de garantizar la seguridad del Canal.

En aquella fecha, el Papo y sectores del PST, habían establecido acciones para denunciar los crímenes del torrijismo.

El secuestro de Mauro Zúñiga y la decapitación de Hugo Spadafora no habían logrado paralizar nuestras acciones no–violentas.    La seguridad del Canal era el gancho de Noriega para atraerse la simpatía del gobierno estadounidense.

Los uniformados del cambio, en esta ocasión, buscando apoyos “ganchos” para que el gobierno estadounidense no cuestione la “inmoralidad” de la Ley 30, recurre a la denuncia, entre otros del colega Juan Jované, de intentar paralizar el funcionamiento del Canal.

La vieja operación encubierta de los organismos de espionaje, autorizados por los Proyectos Ley de Seguridad del 2008, aprobados por Martín Torrijos.

A esto se añade, los trabajadores despedidos del proyecto que realiza el consorcio “Amigos por el Canal”.

El uso político del Canal y de la franja transoceánica de Panamá es un hecho recurrente desde que Estados Unidos y Nueva Granada firmaron el Tratado Mallarino–Bidlack en 1848, el Herrán–Hay de 1903 y el Torrijos–Carter de 1977.

Cualquier gobierno ilegítimo –en sentido político jurídico– que domina la sociedad panameña, usa el interés estadounidense para justificar sus medidas de represión y mal manejo de la realidad sociopolítica del istmo de Panamá.   La historia ayuda a entender, que los uniformados del cambio, han entrado en una crisis de legitimidad, análoga al momento en que Noriega hizo renunciar a Nicolás Ardito Barletta.

La dificultad de explicar los acontecimientos actuales es la rapidez como los plazos se acortan. A Noriega le costó años obtener la lealtad de la Fuerza Pública, al Presidente del cambio, días y semanas. Noriega se impuso a una sociedad fraccionada y militante desde 1983. El escalonamiento de las luchas gremiales de 1980 a 1985 recibió el apoyo empresarial y bancario después de la aventura de Delvalle al destituir a Noriega en 1987. A tal grado llegó la insurgencia pacífica de la sociedad panameña, que el Presidente de Estados Unidos, por virtud del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento del Canal, invade a Panamá en 1989.

Desde entonces, se han tenido dos gobiernos fuertes. El jefe del primero tiene problemas con la justicia penal, el segundo se empecina en mantener la Ley 30.

Hasta el momento se perfilan dos fuerzas que no admiten la plenitud de la Ley 30. El poder empresarial y de la Iglesia que llama a la negociación y a la cordura de las partes para resolver el problema y sectores del poder popular y gremial que han apelado a la huelga política.

El problema de nuestra democracia es el personalismo del poder político administrativo. Los uniformados del cambio han logrado mantener la alianza en torno al presidente.   No sabemos cuándo se fraccionará la alianza, lo que sí es importante es deponer las actitudes de confrontación física y de dominio de las mentes, mediante la amenaza de pérdida de la vista o de la libertad. Alto a la represión y al hostigamiento jurídico.   Debate y consenso nacional.

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Este artículo se publicó el 17 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.