Fiscalía General Electoral y reformas

.

La opinión de….

.

Rosalba Chin

Tras el anuncio de la instalación oficial de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que deberá discutir modificaciones al Código Electoral, se ha establecido la primera reunión para el 14 de enero de 2010.

La iniciativa de reformas electorales, desde 1992, deviene del Tribunal Electoral (TE) que participa como facilitador, crea y convoca a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, a fin de mejorar la normativa que rigió durante la elección general inmediatamente anterior. Actualmente, se encaminarán las nuevas propuestas con miras a los comicios del 4 de mayo de 2014.

Llamó mi atención leer en los periódicos que a la Fiscalía General Electoral (FGE), en esta ocasión, se le da derecho a voz, pero no a voto en la comisión. Al constatar en un boletín del TE esta situación, decidí dedicarle unas líneas al tema.

La Fiscalía General Electoral, por mandato constitucional, es una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral que tiene entre sus funciones: investigar delitos y contravenciones electorales, además, salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos.

En la actual comisión de reformas electorales se le dio derecho a voz y voto a cada uno de los seis partidos legalmente constituidos (seis votos), al Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales (cuatro votos) y al TE (vota en caso de empate, voto decisivo).

Esto implica que solamente la Fiscalía General Electoral fue equiparada a otros miembros, con derecho a voz, como el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, los partidos políticos en formación –reconocidos por el TE–, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, la Asociación de Parlamentarias y ex Parlamentarias de Panamá, el Frenadeso, el secretario o subsecretario de la comisión y quienes reciban cortesía de sala.

Hay que resaltar la labor mancomunada que institucionalmente ha llevado adelante, en 20 años de democracia junto al TE, la FGE como ente de investigación y emisor de opinión jurídica representando los intereses de la sociedad.

En anteriores comisiones, a la FGE sólo se le reconocía el derecho a voz, pero este era un terreno arado, sembrado y cosechado, es decir que la institución se ganó el reconocimiento de la sociedad, confirmado por los magistrados del TE en la anterior Comisión de Reformas Electorales de 2005, cuando se le incluyó como miembro con derecho a voz y voto (véase Boletín del Tribunal Electoral No. 2024 de 15/12/2005).

En ese entonces tenían derecho a voz y voto tanto el TE como los partidos políticos, los representantes de la sociedad civil, “El fiscal general electoral, quien podrá ser reemplazado por la secretaria general de la Fiscalía”, el secretario o subsecretario de la comisión.

Plausible es la incorporación de dos representantes más de la sociedad civil, con derecho a voz y voto, en esta comisión, pues creo que es importante para las democracias modernas mayores oportunidades de participación política, considerada en sí misma como un derecho fundamental; empero no podemos inferir lo mismo de la posición en la cual ha quedado la FGE, pues, como es concebido su actual aporte, únicamente con derecho a voz, sólo es consultiva y no decisoria. Según este esquema, sus opiniones y consideraciones no tendrían mayor intervención y eficacia en temas jurídicos, políticos y electorales que han sido su especialidad.

La Fiscalía General Electoral es la máxima autoridad investigativa del país en materia electoral y está llamada a actuar con objetividad, independencia y transparencia. Sin duda, debe gozar de la suficiente fuerza en el debate contentivo de la norma electoral, por ende, segura estoy de la participación activa y fructuosa que desempeñará en las reformas electorales, recalcando la conveniencia que merece mantener la influencia directa a través del voto en las decisiones de esa comisión.

Toca, pues, con base a un nuevo esfuerzo, volver a que se reconozca el derecho a voto de la institución que contribuye a garantizar el respeto del voto en la Nación.

Publicado el  23 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.