Ley y voluntad

La opinión del Abogado….

LUIS G. ZÚÑIGA ARAÚZ

Nadie puede negar que vivimos en una sociedad legalista. Todos nuestros problemas pretendemos resolverlos promulgando leyes. Creemos que la ley, por ser ley, es la mágica receta para salir de los males que nos agobian. Si encontramos problemas, por ejemplo, en el tema del transporte público, corremos a crear una ley para resolver el conflicto. Sin embargo, pronto advertimos que siguen vivos los problemas y, lo que es peor, se agravan. Entonces nos apuramos a dictar otra ley que reforma o adiciona la anterior. Pretendemos resolver los problemas sin salir de ese círculo legal vicioso.

La ley por sí misma no resuelve los problemas sociales. Los problemas y los conflictos, que muchas veces son motivo de protestas, solo se resuelven cuando los llamados a cumplir con la ley poseen la voluntad de velar por su aplicación, de suerte que la ley se convierta en un auténtico instrumento de solución. No es la ley un fin, sino un medio. Podemos contar con la mejor legislación sobre un tema determinado, pero subsistirán los conflictos mientras que aquellos que tengan que aplicarla carezcan de la voluntad para hacerlo.

Veamos dos ejemplos. Desde hace mucho tiempo hemos oído hablar de la mora judicial y del hacinamiento en las cárceles. Es un problema que viene agravándose día a día. Para solucionarlo se han aplicado varías recetas legales.

En 1991, se dictó la Ley No. 3, que incorporaba a la legislación procesal penal todo un inventario de medidas cautelares distintas a la detención preventiva. Esta ley señala que la detención preventiva es una medida cautelar que se debe aplicar como último recurso, cuando las especiales exigencias de la investigación o las condiciones particulares del sindicado la justifiquen. La Corte Suprema ha puntualizado, a manera de aclaración, que no es obligatoria la aplicación de la detención preventiva ni aún en delitos graves como el homicidio doloso. No obstante, los fiscales y jueces cotidianamente hacen añicos el mandato de estas disposiciones y aplican a su antojo la detención preventiva.

Por iniciativa de la Corte Suprema, se dictó la Ley 1, de 3 de enero de 1995, por la cual se incorpora al proceso penal la audiencia preliminar, el proceso abreviado y otras instituciones.   Estas figuras venían a sustituir el proceso penal ordinario vigente desde abril de 1987. Sus promotores anidaban la confianza que se trataba de un instrumento legal útil para solucionar los dos problemas: el hacinamiento y la lentitud de los procesos. A quince años de vigencia de la Ley, la situación se ha agravado. Se ha agravado no porque la Ley es mala, sino porque los fiscales y los jueces no han tenido la voluntad de aplicarla como la propia Ley señala.

Esas dos leyes, por sí mismas, no resolvieron los problemas que tenían que resolver o mitigar. Tal inoperancia no se debe a que sean malas leyes, se debe a que no ha existido la voluntad real de aplicarla por parte de los operadores de justicia.

Por eso sigue el hacinamiento y la mora judicial. Entonces alguien dijo que la causa de esos males era el mismo sistema inquisitorio vigente hoy. Se dispuso la nueva receta: Cambiar el sistema por el acusatorio. Siguen convencidos que la fiebre está en la sábana y no en el enfermo. Si no tenemos la voluntad de aplicar la ley como la propia ley dispone, aquí podrán instrumentarse los súper sistemas más eficientes del mundo, pero se agravarán los problemas.

Cualquiera reforma en el sistema de justicia penal exige, primero, un íntimo cambio radical de conducta en los funcionarios, cambio de conciencia de los jueces y fiscales y, segundo, voluntad absoluta de respetar la ley. Muchos dolores de cabeza nos hubieran ahorrado si cada uno de ellos depone esa actitud inquisidora, que muchos expresan públicamente y se esfuerzan por convertirse en funcionarios garantistas, verdaderamente cumplidores del ordenamiento legal. Ese cambio deben hacerlo desde hoy, porque sería un verdadero milagro que esos jueces y fiscales se acuesten siendo implacables inquisidores y al día siguiente se despierten siendo funcionarios respetuosos de los principios y las virtudes del sistema acusatorio. Sería una conversión tan milagrosa, opino, que de seguro haría desfallecer hasta al mismísimo Papa.

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Este artículo fue publicado el  23 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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La vida privada del funcionario judicial

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La opinión del Abogado…..
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LUIS  G.  ZUÑIGA-ARAÚZ
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En el Preámbulo del Código de Ética aprobado recientemente por el Órgano Judicial, se dice que “…el elemento jurídico no puede estar divorciado o aislado del elemento moral, por consiguiente, el juez no puede ser concebido al margen o con independencia de reglas morales destinadas a gobernar también su conducta funcional y personal”.

Cada vez que el Ejecutivo debe escoger a las personas para que ocupen el cargo de magistrado de la Corte, se levanta un revuelo en torno a los títulos y ejecutorias de los aspirantes, pero tal vez adrede se olvida hacer un objetivo escrutinio a la conducta personal y a las reglas morales que guían la vida de los interesados.

Quizás por este olvido, doloso diría, llegan a esos cargos y a los cargos de procuradores, fiscales y jueces, individuos carentes de reglas morales, realidad que incide en su conducta funcional y personal.

El examen objetivo de la vida personal de los que ocupan o aspiran a ocupar cargos importantes en la administración de justicia, debe ser discusión pública y obligatoria, como sucede en otros países. Nuestra sociedad debe saber que fulano es doctor en Derecho, graduado en una prestigiosa universidad, que es un exitoso abogado, inteligente y capaz, pero también le interesa conocer si fulano está casado o se ha divorciado, si ha sido denunciado por violencia doméstica, si le es infiel a su esposa, si es mujeriego o jugador, si cumple con la pensión alimenticia de sus hijos, si paga seguro social a su empleada doméstica, si tiene deudas pendientes, si es malapaga , si paga impuestos o si es grosero con sus subalternos, etc.

La sociedad debe saber sobre la vivencia y trayectoria personal de los que ocupan o desean ocupar dichos cargos. No para que aflore el chisme, no por mera curiosidad, sino porque científicamente existe una relación estrecha entre su conducta “ íntima ” y las decisiones que debe asumir como funcionario de instrucción o juzgador.

En el ámbito de la honorabilidad no cabe la dicotomía.   El funcionario judicial no puede ser honorable en el ejercicio de sus funciones, en las decisiones que suscribe, si en su vida personal no practica esa regla moral.  Los que aplican la ley no solo deben parecer honorables, deben serlo más allá de toda duda. La majestad que da la toga no se pierde al salir del despacho ni se diluye su negra textura con las sombras de la noche.

El que es honorable e íntegro lo es siempre, en todos y cada uno de los actos de su vida, sin excepción alguna.

Pero no. Aquí creemos todo lo contrario. Creemos que nada importa si la que investiga es una traviesa divorciada o el juez es una tremendo travesti.   Nada importa si fulano, el doctor, es un depravado sexual o la fulana golpeaba a sus ancianos padres.  Nada importa si su conciencia anda llena de prejuicios y complejos sociales o raciales o sexuales, ni si sufre de alguna hipertrofia de los mecanismos caracterológicos.

Aquí solo son relevantes los títulos y las ejecutorias, requisitos formales, aducidos por los hipócritas, que muchas veces sirven para ocultar la ausencia de sólidas reglas morales.

Los funcionarios judiciales, contrario de las personas que ocupan otros cargos y ejercen otros oficios, tienen una misión cuasi divina: impartir justicia.   Esta sola facultad es suficiente para exigir que quienes la ejercen sean personas de notoria honorabilidad e integridad, es decir, que inspiren respeto absoluto e incuestionable confianza a la sociedad.

El único camino para comprobar fehacientemente que semejantes atributos sean ciertos, es entrando a su vida íntima, a la alcoba donde se desnuda el alma.

Sé que estas reflexiones pueden alterar el sosiego de aquellos que de día se disfrazan de impolutos y se advierten muy serios y diligentes y en las noches sueltan al viento sus debilidades, desviaciones y proclividades ocultas bajo la falda cara o el vestido elegante.

Estos funcionarios judiciales tienen sus vocingleros que alegando el derecho a la privacidad e invocando el derecho a la libertad, aducirán prontamente que cada cual hace con su cuerpo lo que quiere después de sus horas laborales y así defenderán sus obscenas reglas de su ambivalente conducta.

Lo cierto es que si la administración de justicia anda mal no se debe tanto a la ausencia de buenas leyes, ni al hecho de que los magistrados de la Corte los escoge el Ejecutivo.

Nadie se debe dar a engaños: las cosas caminan mal porque, salvo marcadas excepciones, en la vida personal de los funcionarios judiciales no coincide el ser con el parecer.

Ante esta realidad, debe surgir la propuesta de someter a los que están y a los que quieran estar al examen público de su vida íntima.

Seguro estoy de que los que son honorables no le tendrán temor a semejante escrutinio, ni necesitarán de la vocería de nadie. Estos son los funcionarios judiciales que requiere la administración de justicia y exige el país.

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Publicado en 27 de diciembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los abogados litigantes

La opinión del Abogado……
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LUIS  G.  ZUÑIGA-ARAÚZ
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Dedico este humilde escrito al ilustre abogado Alcibíades Cajar Molina, ejemplo del abogado litigante.

Los abogados litigantes debemos sortear los más terribles escollos en el ejercicio diario de la profesión. No me refiero a los que laboran para grandes firmas, pues a estos se les abren puertas y se les facilitan los trámites. Semejantes beneficios no lo gozan los litigantes de a pie, pues de sus humildes despachos no salen los magistrados ni los procuradores, y sus reclamos, por importantes que sean, nunca llegan a ser nota que interese a los medios.

Los litigantes enfrentamos al Ministerio Público, cuya concepción de la Ley ha sido siempre terrible e inquisidora. Antes de investigar el hecho, el fiscal dispone la detención. Si lo hicieron con los directores de la Caja de Seguro Social, ya se pueden imaginar lo que hacen diariamente con nuestros clientes.

Con el cliente detenido, el abogado debe entonces solicitar que se fije una Fianza de Excarcelación ante el juez competente. Cuando éste la fija, el fiscal apela. Como el tiburón que siempre mata, aunque no tenga hambre. Todo en el marco del calvario de los familiares del cliente por conseguir el dinero para obtener su libertad.   Esta aflicción, en los pueblos como el mío, la hace suya el abogado, la comparte como pariente dolido.

Enfrentamos a los defensores de oficio. Pagados por el Estado, los defensores de oficio no solo atienden casos de menores y familia, sino que también defienden a cualquiera ante la comisión de un delito, independientemente de que sea pobre o adinerado.

Los abogados litigantes, que pagamos impuestos, alquiler, secretaria, teléfono, electricidad, etc., no podemos competir con estos funcionarios públicos que prestan gratis el servicio.

Ante un caso de familia, por ejemplo, la Defensoría de Oficio le exige a su cliente un patrocinio legal gratuito. En las causas penales, no les exigen nada. Por eso muchas veces los defensores de oficio defienden a personas pudientes, que pueden ser nuestros potenciales clientes. Tanto es así, que en el 98% de las audiencias de homicidio, en Coclé y Veraguas, participa el defensor de oficio.

Así son las contradicciones de la Justicia: los contribuyentes pagan al fiscal para que persiga el delito, al defensor de oficio para que defienda al que cometió el delito y al juez para que lo sancione o absuelva. Solo que en este tema, al contribuyente se le llama Estado.

También nos enfrentamos al juez. Al juez que no es fiel al mandato de la Ley, pues falla alejado de ella. Al juez que no motiva sus fallos, que no los fundamenta en los hechos y las pruebas. Al juez que actúa con prejuicios o con miedo o con animadversión o, lo que es aún peor, con estas tres maldades en su alma.

Los abogados litigantes esperamos una decisión razonada, donde el juez demuestre conocimiento y capacidad, que sea el resultado de la justicia y la equidad, independientemente que sea favorable a nuestros intereses o no. Eso esperamos de los jueces. Para ello, nos esmeramos en nuestros escritos, citamos doctrina e invocamos jurisprudencia, y de vuelta casi siempre recibimos una resolución desmirriada, ayuna de análisis, alejada de los preceptos legales.

Los jueces, debo decirlo, actúan con una espada en el cuello: la “ relación ”. Al final de cada mes, sus superiores les exigen dar cuenta cuantitativa de su trabajo. Les preguntan cuántos expedientes entraron a su despacho y cuántos salieron.

Nunca le preguntan por la calidad de las resoluciones, sino por la cantidad. Esa “ relación ” fulminó la sana y recta administración de justicia, mató la calidad y dio paso a la mediocridad. Ante fallos irreflexivos queda perplejo al abogado litigante. Herido, diría, con daga roma, el abogado litigante se desangra queriendo explicarle al inconforme cliente lo inexplicable de la decisión judicial.

Algunos litigantes se arropan con el manto de la resignación. Guardan un prudencial silencio ante los desmanes de la administración de justicia. Piensan, quizás con razón, que de nada sirve adversar al fiscal o al juez, pues pueden quedar sujetos a la saña del funcionario errático.

Entonces, el abogado va colmando su conciencia con las piedras del rencor, y se convierte en un severo crítico en la intimidad de su alma, como el buen sacerdote que carga por el mundo con los pecados ajenos.

Los litigantes son, sin dudas, los mártires de este oficio, aunque muchos hayan muerto sin saberlo. Expertos en cuestiones de términos, dejan sus días hábiles, sus años, su vida entera colmada de angustias, en los estrados del tribunal y, al final, ya sin fuerza para seguir en la brega, se marchan en silencio, cargando sus códigos de diario uso, sus viejos libros, sus ilusiones de siempre, sus sueños incumplidos, orgullosos de haber ejercido la noble profesión de abogado.
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Publicado el 1 de diciembre en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Publicidad y Ministerio Público

La opinión del Abogado….

LUIS  GUILLERMO  ZUÑIGA-ARAÚZ
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Publicidad y Ministerio Público

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Una de las tareas del Ministerio Público es perseguir e investigar los delitos y descubrir los autores. Es una labor difícil, que se debe realizar con serenidad y prudencia, con vigor y sin temor, en el marco de la legalidad, que no es otro que aquel ceñido estrictamente al mandato de la Constitución y la Ley.

Cuando esa función de perseguir e investigar es subalterna de oscuras pasiones y eco de íntimas debilidades, los resultados de tan importante tarea se diluyen y el Ministerio Público termina por perder la poca credibilidad que por estos días aún le queda.

Un estudio de las actuaciones más resonantes del actual Ministerio Público indica que se ha convertido en una especie de agencia publicitaria, cuyo único objetivo es sublimizar la faraónica personalidad de sus jerarcas, al mismo tiempo que, con igual ímpetu, se desacredita a los sindicados y sus familias y se destruye sus vidas, honra y bienes. Y, como suele suceder, el calor de los reflectores acaba por derretir los finos cosméticos de las improvisadas actrices y de los malos actores.

El caso de los directores de la Caja de Seguro Social es un patético ejemplo. El Ministerio Público dispuso indagatorias, ordenó detenciones, disparó directo a la reputación de estos ciudadanos y todo envuelto en un publicitado bullicio de mercado, auspiciado por los jefes del propio Ministerio Público. Horas después, todas esas detenciones fueron revocadas por la Corte Suprema, pues no existían pruebas serias que los vincularan al hecho investigado.

Son muchas las personas fallecidas por envenenamiento, pero, de los 16 supuestos implicados, los investigadores del Ministerio Público solo tienen detenida a una persona que no demorará en ser liberada, por cuanto ya venció el término que la Ley le confiere al Ministerio Público para perfeccionar la investigación y esta, gracias a las deficiencias del propio Ministerio Público, aún no ha concluido.

El globo soplado por el Ministerio Público se desinfló mucho más rápido que lo que dura un pastelito en un recreo, pues lo que buscaban los jerarcas de esa Institución era actuar con publicidad y no con legalidad.

La causa conocida como “ Divino Niño ” es otro ejemplo. El Ministerio Público se llenó la boca diciendo que había detenido al abogado Faruk Bhana y a otras personas supuestamente relacionadas con un blanqueo de capital.  En los medios de comunicación el Ministerio Público no escatimó esfuerzos en desprestigiar al colega y a su familia.  Hace unos días, al celebrarse la audiencia, Bhana fue liberado por el Órgano Judicial con una medida cautelar distinta a la detención preventiva, luego de dos largos años en la cárcel. Más les interesaba a los funcionarios del Ministerio Público publicitarse en los medios que actuar al amparo de la Ley.

Todos hemos sido testigos de la enorme publicidad que ha hecho el Ministerio Público con el tema de las “ celdas de lujo ”. Existen tres ciudadanos que el Ministerio Público desprestigió a diario y aspiró a que fueran condenados por una conducta que de por sí no es delictiva y eso lo saben los jefes del Ministerio Público.   En este caso, como en los otros, los agentes fiscales, quizás por órdenes superiores, han hecho el ridículo.   Si alguien es responsable de las “ celdas de lujo ” es el propio Ministerio Público, que tiene, por Ley, que visitar todos los meses las cárceles. Entonces, o se hacen los tontos o no cumplen con la Ley o las dos cosas, que es peor.

La causa seguida al capitán Tradd es otro ejemplo.  El Ministerio Público ha hecho lo imposible por perjudicar a este ciudadano, pese a que, primero, le imputaban el delito de tráfico de drogas y después, al no contar con pruebas en su contra, el de lavado de dinero.   Han destruido su reputación y la de su familia de una manera que denota una enfermiza venganza.

El Ministerio Público se ensañó contra Irma Ortiz, su familia y algunos funcionarios de la PTJ de Chiriquí. Le atribuyeron los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir y los vincularon con el de tráfico de drogas. Todos los días los jerarcas del Ministerio Público soltaron información en los medios, como granadas publicitarias. A Irma Ortiz la pintaron como una auténtica malvada, madrona de una mafia peor que la de Al Capone.  Los testigos que utilizó el Ministerio Público para perjudicar a estos ciudadanos se retractaron, pues, según dicen, fueron presionados para declarar lo que mal declararon. Como era de esperarse, fueron sobreseídos. ¿Quién va a reparar el nombre y el patrimonio de Ortiz y su familia, el nombre de los petejoteros y el de sus familias? En mi criterio muy particular, las cosas jamás fueron como lo sostuvo el Ministerio Público y presumo que existió un fondo mercantilista en todo este asunto, alejado de la legalidad.

El Ministerio Público se ha coronado campeón de la incompetencia en el resonado caso del inspector Brewster, quien, según se dice, murió envenenado.   Haciendo gala de su política de detener, publicitarse y, luego, investigar, dispuso de la suerte legal de los compañeros de trabajo del fallecido, privándolos de su libertad y destruyendo públicamente sus hojas de vida laboral y personal. Los jerarcas del Ministerio Público se reventaron los labios lanzando todo tipo de dardos venenosos contra los funcionarios detenidos. El Órgano Judicial se encargó de absolverlos por falta de pruebas y de decirle al Ministerio Público que en esta causa también estaba errado. Ciertamente, el Ministerio Público debe encontrar al verdadero culpable de esa muerte, a menos que termine haciéndonos creer que el mismo inspector se mató.

Ya han pasado meses desde que se supo del hurto del conjunto monumental Juegos de Antaño. Los jerarcas del Ministerio Público estaban como pez en el agua. Se vistieron con los mejores disfraces para verse bien en los medios y ocultar su incompetencia. Se empolvaron los rostros y se dedicaron a enlodar reputaciones y patrimonios. Para ellos, el prestigio ajeno es subalterno de sus propias debilidades.

En los ejemplos mencionados, como en muchos otros casos, el Ministerio Público ha seguido la línea de la publicidad, sin importarle con la honra de las personas. Como los niños que en un cumpleaños piden pastel, los jefes del Ministerio Público a diario quieren televisión y así lo gritan. Las cámaras y los micrófonos son para ellos, pienso, como una necesidad biológica.

Esa honra destruida, esas familias separadas, esos patrimonios arruinados, esos años de injusta prisión no hay quién los pague, pues nadie de los que hoy son jefes en esa Institución dará mañana la cara para responder penal y civilmente por los graves daños y perjuicios causados a estas personas y a sus parientes.

Lejos de la prudencia, la serenidad y el buen juicio el Ministerio Público apuesta exclusivamente por el desprestigio público de los supuestos implicados. Pide condena a la sociedad antes de solicitársela al juzgador, lo que es una muestra clarísima de debilidad e inmadurez.

El día que exista y se aplique una ley que obligue al Ministerio Público a resarcir económicamente a los sindicados que fueron sometidos al escarnio público por la lengua ligera de sus jerarcas y luego resultaron sobreseídos o inocentes, ese buen día las actrices y los actores se hundirán en un silencio de sepulcro y, si tenemos suerte, a lo mejor les alcanzará el tiempo para investigar con seriedad, como mandan la Constitución y la Ley.

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Publicado el 14 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Sobre la democracia

La opinión del abogado…..

LUIS G. ZUÑIGA-ARAÚZ
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Sobre la democracia

Si se examina con serenidad la historia de la democracia latinoamericana, desde las postrimerías de las luchas emancipadoras hasta nuestros días, se ha de constatar su deficiencia y fragilidad.

Deficiencia por cuanto la inmensa mayoría de la población subsiste en la pobreza y extrema pobreza. La democracia, como sistema, no ha podido resolver ni medianamente la larga lista de los graves problemas sociales.   Cuando se observan las cifras de histórica miseria, debemos preguntarnos si hemos entendido a cabalidad el concepto de democracia o si el sistema democrático que vivimos resuelve los problemas sociales.

Todo indica que hemos estado defendiendo una noción equivocada de democracia.  Se nos ha hecho creer que vivimos en democracia por la vigencia de una Carta Constitucional que habla de un Poder Público que emana del pueblo y que lo ejerce el Estado por medio del Órgano Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por la existencia de partidos políticos, por la emisión quinquenal del voto y la presencia de medios de comunicación social “ independientes ”.

Existe un sector minoritario, económicamente poderoso, que nos ha inculcado ese concepto de democracia, formal y excluyente, y la enseñanza ha calado de manera frustrante en grandes sectores sociales que ahora ven con justificado recelo las “ bondades ” del sistema.

La fragilidad de nuestras democracias solo puede ser comparada con el cristal de murano. Se pierde la cuenta las veces que al poder ha irrumpido un tirano inspirado en las más ridículas e inocuas excusas.  A cada rato surge un dictador enarbolando banderas de redención y nuestro pueblo, ávido de mejores días, lo abraza con esperanza.   Y ese pueblo cansado, abrumado por las promesas incumplidas, apoya la novedad aunque se le conculquen todos sus derechos y se limiten todas sus libertades.

La constante en la historia de la América india ha sido el permanente afán de podar la democracia y mantenerla a ras de tierra o debajo de ésta.

En esa tarea han participado todos sus enemigos, tanto los de izquierda, como los de derecha. El autoritarismo cercena los cimientos de la democracia, bien provenga de la izquierda radical o de la Compañía de Jesús. Es la negación misma de la voluntad popular.

Enquistados en el poder, los enemigos de la democracia se estiman indispensables e insustituibles. Ahí está, por ejemplo, Correa, el único, pero ahí también está Uribe, el otro único. Ambos defienden su democracia y por su democracia se enfrentan irreconciliablemente.

Razón tenía Montesquieu cuando exclamó “ Es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene autoridad es capaz de abusar de ella; irá cada vez más allá, hasta que encuentre una barrera ”. En la noche de nuestra patria grande, la destrucción de esa barrera se ha convertido en la tragedia de la democracia.

Defender, explicar y entender un sistema democrático amplio, incluyente, participativo, solidario, que resuelva los problemas diarios de nuestra población, es una tarea pendiente y urgente.   Los maestros no pueden ser aquellos que desde siempre han dictado una lección engañosa, donde la democracia es flor para pocos y espina para el resto.

Entendida como debe ser, se hace indispensable su fortalecimiento y profundización, e, igualmente, la construcción de las barreras, para hacerla inmune a la voluntad de los bandidos y al querer de los irremplazables.

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Publicado el 31 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.