Reflexiones democráticas

La opinión de…

 

Carlos Eduardo Rubio

Es preocupante el resultado de las últimas mediciones hechas a los panameños sobre su credibilidad en el sistema democrático. Hace un par de años, Panamá era solamente superado por Costa Rica como el país que más creía y valoraba la democracia como el mejor sistema de gobierno, tal cual son los pensamientos de Churchill, Sartori, Gandhi, Calvani, Maritain y Lincoln, por mencionar algunos.

Pero la cosa ha cambiado, especialmente luego de conocer las estadísticas según las cuales menos de un tercio de los panameños confía en la democracia. Parece improrrogable hacer las siguientes reflexiones, con el ánimo de volver darle esperanza a nuestro pueblo panameño, que sin democracia, sin ética y sin economía social de mercado no habrá prosperidad ni desarrollo en nuestro país, y nos estancaremos en el tercer mundo.

La primera pregunta será, ¿por qué la decepción? ¿Será por los tránsfugas o por los politiqueros? ¿Por las promesas incumplidas? ¿Por la demagogia? ¿Por los políticos empíricos sin ningún tipo de formación política o ideológica? ¿O por la equivocada percepción de que ganar las elecciones es ganar la lotería?

La democracia no crece silvestre, al contrario, es fortalecida con la participación de todos, en que en igualdad de condiciones participemos por medio de las vías democráticas en la construcción del bien común. Calvani fue sabio al relatarnos que la democracia debe ser perfeccionada donde esté consolidada, y debe ser consolidada donde esté implementada. Ya es hora de eliminar los métodos autoritarios, los irrespetos al estado de derecho. Ya llegó el momento de consolidar nuestro sistema y seguir las tendencias modernas sobre la democracia; todos los politólogos y grandes pensadores han dictaminado que la democracia como un sistema de votos y elecciones es cosa del pasado, y que lo anterior debe ser complementado con un sistema de pesos y contrapesos, en el que la toma de decisiones no se deje al libre albedrío de una sola persona.

Con ética y civismo, respeto a la palabra y a las leyes, aunado a profundos e inquebrantables principios democráticos, será la única manera de llegar al primer mundo y, por ende, a la calidad de vida digna que merecen todos los panameños. Necesitamos, seriedad, profesionalismo, voluntad y mucha responsabilidad para que logremos la transformación. Consolidemos la democracia, pero ya.

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<> Este artículo se publicó el 15 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El legado de la democracia cristiana

La opinión de…

Carlos Eduardo Rubio

El 22 de noviembre próximo se cumplen 50 años de la fundación del Partido Demócrata Cristiano en Panamá, inscripción que fue realizada en 1960 por un grupo de universitarios, profesionales jóvenes, dirigentes gremiales, trabajadores y campesinos identificados con la ideología social cristiana (www.partidopopular.org.pa).

Hay dos percepciones distintas de valorar a los partidos políticos en nuestro país. La primera, que considero equivocada, está en apreciarlos conforme al número de inscritos o votos aportados, y la segunda, valorarlos en las propuestas, planes, programas, principios ideológicos, y logros, lo cual es el fin de los partidos de cuadros.

En sus primeros años, la Democracia Cristiana, desde la oposición, en sus propuestas al país para las elecciones de 1968 fueron los primeros en proponer “la panameñización del Canal”. Propuesta novedosa al país, ya que con anterioridad se hablaba de eliminar la Zona del Canal o eliminar las bases militares. Lo anterior fue concretado con los tratados Torrijos Carter en 1977, materializado y perfeccionado con la efectiva entrega del Canal en 1999, propuesta consistente en –y la historia le dio la razón a los democristianos– que los panameños podemos administrar eficientemente el Canal de Panamá.

Bajo la oposición política, y bajo el liderazgo de Ricardo Arias Calderón, fue el PDC el beligerante partido (entre otros partidos y agrupaciones) que luchó y finalmente logró establecer la democracia sin fraudes, entiéndase del sistema político con elecciones legítimas, sumado al respeto al estado de derecho, los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa; características todas vulneradas durante la época de la dictadura.

Luego en gobierno, la Democracia Cristiana propuso la subordinación de los militares al poder civil, con el fin de garantizar la seguridad de nuestro país, sin que el encargado de la misma fuera una amenaza al orden social y la Constitución política.

Desde el Legislativo, en estos 50 años, fueron los parlamentarios y diputados miembros de la estrella verde quienes crearon, propusieron, o modificaron leyes importantes, realidad hoy; todas con finalidad de consolidar la democracia e implementar la justicia social, como lo son: la ley de carrera administrativa, de los discapacitados, de la paternidad responsable, de la galleta y el vaso de leche, de los derechos de los pacientes, de las adolescentes embarazadas, de la pensión de viudez, de violencia intrafamiliar, de adopciones, de seguridad social para amas de casa, de sociedades de responsabilidad limitada, y de juicios internacionales, entre otras, destacándose la ley de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

Hoy, desde la oposición política, el PDC, actualmente Partido Popular, tiene el rol de fiscalizar el cumplimiento, consolidación y perfeccionamiento de la democracia, que se encuentra en peligro por la concentración de poder y el presidencialismo salvaje, además de la falta de valores y principios en la sociedad.

Después de más de una década, nos presentaremos con candidato presidencial propio, en la figura del líder y presidente del partido, Milton Henríquez.   Finalmente, a largo plazo, los populares de la estrella verde entraremos a la historia como el grupo de hombres y mujeres que logramos un Panamá de primer mundo.

<>Artículo publicado el 8  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

50 años de Democracia Cristiana panameña

La opinión del Secretario General Encargado del PP…

Carlos Eduardo Rubio

El 22 de noviembre próximo se cumplen 50 años de la fundación del Partido Demócrata Cristiano en Panamá, inscripción que fue realizada en 1960 por un grupo de universitarios, profesionales jóvenes, dirigentes gremiales, trabajadores y campesinos identificados con la ideología social cristiana (www.partidopopular.org.pa).
Existen dos percepciones distintas de valorar los partidos políticos en nuestro país. La primera, que considero equivocada, está en apreciarlos conforme a su número de inscritos, o votos aportados, y la segunda, valorarlos en las propuestas, planes, programas, principios ideológicos, y logros, lo cual es el fin de los partido de cuadros.

En sus primeros años, la Democracia Cristiana, desde la oposición, en sus propuestas al país para las elecciones de 1968, son los primeros en proponer “la panameñización del canal”,   propuesta novedosa al país, ya que con anterioridad se hablaba de eliminar la Zona del Canal o eliminar las bases militares.   Lo anterior fue concretado con los tratados Torrijos – Carter en 1977, materializado y perfeccionado con la efectiva entrega del canal en 1999, propuesta consistente en -y la historia le dio la razón a los Democristianos- que los panameños podemos administrar eficientemente El Canal de Panamá.

Bajo la oposición política, y bajo el liderazgo de Ricardo Arias Calderón, es el PDC el beligerante partido, entre otros partidos y agrupaciones, que lucha y finalmente logra establecer la Democracia sin Fraudes, entiéndase del sistema político con elecciones legítimas, sumado al respeto al estado de derecho, derechos humanos, libertad de expresión y prensa; características todas vulneradas durante la época de la dictadura.

Luego en Gobierno, la Democracia Cristiana propone la subordinación de los militares al poder civil, con el fin de garantizar la seguridad de nuestro país, sin que el encargado de la misma sea una amenaza al orden social y la constitución política.

Desde el legislativo, en estos 50 años, fueron parlamentarios y diputados miembros de la estrella verde quienes crearon, propusieron, o modificaron leyes importantes, realidad hoy, todas con finalidad de consolidar la democracia e implementar la justicia social, como lo son: Ley de Carrera Administrativa, de los Discapacitados, de la Paternidad Responsable, de la Galleta y el Vaso de Leche, de los Derechos de los Pacientes , de las Adolescentes Embarazadas, de Pensión de Viudez, de Violencia Intrafamiliar, de Adopciones, de Seguridad Social para Amas de Casa, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Juicios Internacionales, entre otras, destacándose la Ley de Transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

Hoy, desde la oposición política, el PDC, hoy Partido Popular tiene el rol de fiscalizar el cumplimiento, consolidación y perfeccionamiento de la Democracia, quien se encuentra en peligro por la concentración de poder y el presidencialismo salvaje, además de la falta de valores y principios en la sociedad. Después de más de una década, nos presentaremos con candidato presidencial propio, en la figura del líder y Presidente del Partido, Milton Henríquez. Finalmente, a largo plazo, los populares de la estrella verde entraremos a la Historia como aquellos panameños que propusieron, y lograron, llevar a Panamá al Primer mundo.

<>Artículo publicado el 5 de septiembre de 2010 en el diario  El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Separación de poderes, ¿mito o realidad?

La opinión de…..

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Carlos Eduardo Rubio

La separación de poderes en un sistema presidencialista como el de Panamá es un baluarte para la democracia, pero no se está cumpliendo.

Los pensamientos de Rousseau y Montesquieu han quedado pisoteados, debido a la falta de cultura política en nuestro país y, también, gracias al aprovechamiento del excesivo poder por parte del líder del Ejecutivo, aunado al hecho de la práctica consuetudinaria del abuso conveniente de tener mayoría en la Asamblea Nacional.

Estos aprovechadores se excusan diciendo que los gobiernos anteriores lo han hecho, a pesar de que estoy convencido de que conocen el refrán que reza: “dos males no hacen un bien”.

Esta falta de una armónica colaboración y de la separación de poderes nos ha traído mala fama internacional, lo cual puede producir consecuencias desastrosas. El hecho de que se incumpla el artículo constitucional hace que en nuestra República no existan los pesos y contrapesos necesarios para fortalecer la democracia, logrando así una correcta fiscalización de las decisiones que provengan del Ejecutivo.

Muy por el contrario, el próximo presidente de la Asamblea Nacional, peligrosamente, declara que todo proyecto del Ejecutivo será aprobado por el primer Órgano del Estado.

¿Es esto democrático, serio, constitucional y respetuoso del estado de derecho?

Definitivamente que debemos hacer los correctivos pertinentes. Una posible solución sería realizar la elección de diputados en día distinto a la del presidente, lo cual admito requiere de un cambio cultural del electorado. También debemos analizar una reforma en la distribución de curules, a fin de eliminar el monopolio de los partidos grandes en los circuitos plurinominales, logrando así una distribución equitativa para todos los partidos y los candidatos independientes.

Hagamos un amplio debate, a fin de presentarle al país la conveniencia o inconveniencia del sistema parlamentario, además, para que los partidos políticos hagan un gran esfuerzo en la formación política de sus miembros y, en especial, de sus candidatos.

Esto es imperante, urgente y necesario, para entender que el Ejecutivo no puede hacer todo lo que le dé la gana, a pesar de que su mandato es unipersonal.

La Asamblea Nacional no puede aprobar lo que diga el Ejecutivo. La Constitución dice que su contralora es independiente, y ésta debe ser nombrada (no ratificada) por el órgano más democrático del país.

El poder de ratificación y el poder de elaboración del presupuesto tiene que ser a conciencia, no por un favor al presidente de turno.

Con las últimas declaraciones del próximo presidente de la Asamblea Nacional, pienso que una vez más el órgano deliberativo del país requiere de nuevas caras.

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Este artículo se publicó el 26 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

No a la pena de muerte

Una reflexión de….

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Carlos Eduardo Rubio

Este es el tema en boga, por parte de algunos políticos a fin de remediar la crisis de inseguridad y violencia en nuestro país. Mis convicciones y principios me obligan no solo a oponerme por las razones que expongo en este escrito, sino también a advertir que esto va en contra de las condiciones sociopolíticas y democráticas que ha tenido nuestro país desde la Constitución de 1946, aunado al hecho de que la actual Carta Magna lo prohíbe clara y taxativamente en su artículo 30.

En otras palabras, si los políticos creyentes en la pena de muerte como castigo a los delitos más graves quieren hacer realidad esta medida, tendrían que reformar la Constitución para que luego el Código Penal la adopte. A esto tenemos que añadir que Panamá es signatario de convenios internacionales que establecen que si el país eliminó la pena de muerte, o no la tenía, se compromete a no ponerla en su ordenamiento jurídico.

Como demócratas, todos sabemos que las garantías fundamentales (como el derecho a la vida) son indispensables para vivir en democracia. Sin garantías fundamentales no existe la democracia. Es más, los reales demócratas no toleramos la pena de muerte, aunque la mayoría así lo establezca, porque irrumpe los valores democráticos. En conclusión, una reforma a la Carta Magna, referéndum o Asamblea Constituyente, originaria o paralela, o cualquier consulta mediante plebiscito que desobedezca el más importante de los derechos humanos -la vida- sería contrario a la democracia e incluso estaría estableciendo, según estudiosos de las ciencias políticas, la tiranía de la mayoría.

Como cristiano, apoyo el derecho a la vida, tal como nos dice la encíclica Evangelium vitae: “los creyentes en Cristo deben, de modo particular, defender y promover este derecho (de la vida)”.

Como demócrata cristiano, mis principios me dicen que “nadie tiene derecho a decidir sobre la muerte anticipada de otra persona. Los miembros del partido de la estrella verde, de forma solidaria, nos unimos a todos los movimientos que propician la abolición de la pena de muerte en los países en donde existe”.

Finalmente, como abogado apoyo el establecimiento de la paz social, respeto el derecho al recurso de revisión penal, precisamente como última herramienta para rescatar a los condenados injustamente.   También, tal y como establece el Código Penal vigente, hay que velar por el cumplimiento en su artículo primero que confirma que este texto jurídico tiene como norte el respeto a la dignidad humana. ¿Hay dignidad sin vida?   De aplicar esta medida, de pena de muerte, ¿cómo revisaremos y lograremos retrotraer una sentencia injusta con pena de muerte?

Por supuesto que tenemos que hacer algo por la inseguridad creciente en nuestro país y, sin duda, tenemos que aplicar medidas ejemplarizantes a los delincuentes.   Es indiscutible que tenemos que tratar conforme a la ley de hacer valer los derechos de las víctimas, pero dudo que realmente la pena de muerte lo haga.

“Ojo por ojo y todos nos quedaremos ciegos”. Gandhi.

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Este artículo se publicó el  7  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una nueva era constitucional

La opinión del Jurista…..

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Carlos Eduardo Rubio

Existen múltiples razones para llamar a una Asamblea Constituyente paralela. La primera es por el ser método más legítimo y popular de reforma que daría luces a una Constitución similar a la de 1946, la más democrática de todas nuestras cartas fundamentales.

Segundo, la antigüedad de la actual carta, de 38 años, es equivalente a una generación política. La misma se realizó en tiempos de dictadura, sin democracia, ni libertad de expresión y, peor aun, sin partidos políticos.   Sus reformas han sido positivas, sin embargo, la misma contiene ripios jurídicos y problemas de hermenéutica legal, debido a su redacción.   Además, estamos en una situación histórica en donde el pueblo panameño se ha dado cuenta de que el presidencialismo salvaje no trae progreso al país ni mucho menos la descentralización de poder.

La separación de funciones (no poderes) es inexistente, contraviniendo los principios básicos de la democracia liberal, como un sistema de pesos y contrapesos, llamado equilibrio político.

Penosamente, en Panamá, debido a la falta de una cultura política y con la muerte de las ideologías, los gobernantes no conocen los reales principios democráticos, y ha sido una práctica que nuestro órgano más democrático, la Asamblea, esté subordinado a lo que diga el Presidente.   Es por esto que en otros países la elección de diputados se realiza un día distinto a la del Presidente.

Los partidos políticos requieren de reformación, de rescates de la ideología y de nuevas luchas. Todo esto debe ser parte de una nueva carta magna.

La coyuntura política de hoy hace un llamado de reflexión. Debemos volver a los tiempos, de los proyectos de Moscote, Alfaro y E. Chiari, sumado a los pensamientos de Moscote, Eusebio A. Morales y Justo Arosemena, los cuales fueron un ejemplo de patriotismo y grandes pensamientos para construir un nuevo país, donde se debata con libertad, donde realmente perfeccionemos, depuremos, y ampliemos la institucionalidad de nuestro sistema democrático.

Esta nueva patria, o nueva era constitucional, debe llevar a Panamá por el sendero del primer mundo y, reitero, indudablemente debe provenir de una Asamblea Constituyente conformada por 60 hombres y mujeres de prestancia, sapiencia, conocimientos históricos y formación de los principios políticos, democráticos y pluralistas, a fin de que la patria se destaque por sus garantías fundamentales, derechos sociales, institucionalidad y el respeto al estado de derecho. Amén de que los partidos políticos se pongan de acuerdo, aunque sea parcialmente, en el tipo de personas que van a postular.

Debemos empezar a debatir sobre el sistema republicano, el sistema parlamentario, la elección de los diputados y la distribución de curules en la Asamblea Nacional, de los magistrados de la Corte, de la contralora, de la posible elección de gobernadores, de la perfección de los Órganos del Estado y mejorar la redacción del texto.

Ya es hora de establecer, de igual forma, métodos judiciales que salvaguarden la carrera administrativa y la carrera judicial, entre otros temas.

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Publicado el 28 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La Constitución Nacional y Martinelli

La opinión del Jurista…..

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Carlos Eduardo Rubio

El brillante y polémico político inglés, Winston Churchill, definía al estadista como aquel “que piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.”   El Dr. Arias Calderón nos distingue al estadista del político, entre otras razones, a que el estadista tiene que estar dispuesto, si fuera necesario, a pagar el más alto precio que ningún otro contribuyente a la sociedad política; es decir, tiene que estar dispuesto a sacrificar su propia aspiración a asumir la dirección más alta de dicha sociedad. Todo estadista, como propulsor de mejorar el funcionamiento del Estado, debe conocer la Constitución Nacional, hacerla respetar, y proponer cambios pertinentes a fin de tener un Estado funcional, moderno y a favor de los principios democráticos y las garantías fundamentales.

Veamos en qué se ha equivocado, el Señor Presidente:

1. Violentó el artículo 300 de la Constitución Nacional, en una acción innegablemente proveniente del Ejecutivo, modificando la Ley de Carrera Administrativa quebrantando el sistema de méritos y pensando en las próximas elecciones, tratando de reforzar los partidos políticos de gobierno, debilitando los de oposición. De igual manera, violenta, por omisión, el artículo 305 Constitucional, al desnaturalizar el espíritu de la Carrera Administrativa.

2. Violentó el artículo 201 Constitucional, al suspender el Sistema Penal Acusatorio, dando a Panamá el poco honroso título de tener un sistema de justicia punitiva contraria a lo que lee la Carta Magna, que reza que es: “Gratuita, expedita e ininterrumpida”, quizás con el objeto de facilitar la persecución política.

3. Violentó el artículo 279 Constitucional, que nos establece que la Contraloría es un organismo estatal independiente, al imponer como Contralora a una ex trabajadora de sus empresas personales, quizás desconociendo que es la Asamblea Nacional la que, autónomamente, debe nombrar a esta importante funcionaria, siguiendo las teorías políticas y democráticas de que el órgano parlamentario debe ser el contrapeso del Ejecutivo.

4. Violentó el artículo 233 Constitucional, que establece la descentralización municipal, al suspender, proveniente también por órdenes del Ejecutivo, la Ley de Descentralización Municipal.    Quizás, dicen algunos, esto se debe a que Martinelli no cree o en su defecto, no acepta, la Democracia como un sistema de pesos y contrapesos entre los órganos de Estado, y por el contrario, le motiva la concentración de poder.

5. Violentó el artículo 4 Constitucional, que nos dice que Panamá acata las normas de carácter internacional, con su salida “a la fuerza” del Parlacen.   Esto no es un debate si el Parlacen es bueno, malo o feo para el país.   Si no que se trata de un tratado internacional, cuya salida, según las normas de Derecho Internacional Público, tiene sus métodos, contrario a lo que hizo el Ejecutivo y Legislativo, y que nos daría –si cumpliéramos con la Constitución y la Ley- legitimidad en el futuro de poder reclamar ante tribunales el posible desconocimiento o irrespeto de Tratados en que Panamá forma parte.

6. Violentó el espíritu del artículo 2 Constitucional, que habla de la armónica colaboración de los poderes del Estado, al tener un control absoluto del Ejecutivo y Legislativo, controlar el Judicial y ahora buscar el del Ministerio Público, incluyendo a la Procuradora General.

7. Violentó el preámbulo de la Constitución, al igual que su artículo primero, olvidando principios democráticos al manifestar pública y privadamente que quiere destruir al opositor Partido Revolucionario Democrático, al fusionar partidos políticos de su propia alianza, irrespetando por omisión el pluralismo democrático, a lo cual une su intención de reformar la Carta Magna a su medida, al promover la reelección presidencial. Martinelli y su equipo ignora, convenientemente, que el rol fiscalizador de la oposición es esencial, que el bipartidismo a mi juicio es nefasto (salvo EE.UU.) y que la Constitución es para un país y no una persona.

El doctor Ebrahim Asvat, en reciente Bitácora del Diario El Siglo, fue claro. “Su estilo de administración es impulsivo y cuando los efectos no se producen a la velocidad de sus expectativas, nada lo detendrá en eludir la ley o extralimitarse en sus funciones. Martinelli es voluntad y acción. La razón y el Estado de Derecho juegan un papel marginal en la toma de decisiones”.

Pareciera que Martinelli quisiera hacer suyas las palabras imborrables de la historia pronunciada por Luis XIV, “L”État, c”est moi”, o el Estado soy yo.   Ahora sí es hora de un cambio, para darle paso a un estadista, contrario al político empírico, pero que crea en la razón, el Estado de Derecho, y añadiría yo, principios democráticos.

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Publicado el 29 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.