Cómo gastar el dinero ajeno

La opinión de…

Roberto Christian Cerrud Rodríguez

Existen dos maneras de gastar el dinero ajeno: gastando el dinero de los demás en nosotros mismos o gastando el dinero de los demás en terceras personas.

En el primer caso, como cuando alguien nos invita a un almuerzo profesional, exigimos lo mejor sin preocuparnos por el precio. En el segundo, que es lo que hace el Gobierno todos los días con sus contrataciones, los políticos ni se preocupan por la plata que gastan, ni por la calidad de los productos que adquieren.

Saco esto a colación porque recientemente investigué acerca del presupuesto de la Nación y me llevé una desagradable sorpresa al ver la cantidad de dinero que el Gobierno nos sacará del bolsillo a todos los ciudadanos panameños, con el objetivo de financiar los faraónicos proyectos de la actual administración; si hay algún lector que todavía no lo sepa, el presupuesto para 2011 es un 26% más elevado que el presupuesto de 2010, es de $13,000,000,000 (sí, leyó bien, un 13 seguido de nueve ceros) en gasto público, para un país que, según el censo de 2010, tienen apenas 3 millones 322 mil 576 almas.   Basándonos en esas cifras, para conseguir ese dinero el Gobierno ha debido sacar de su bolsillo alrededor de 3 mil 912 dólares en impuestos a cada hombre, mujer y niño panameño.

Por supuesto, que en realidad hay quienes pagan más impuestos, en proporción, que el resto de la ciudadanía y esos “quienes” son generalmente los profesionales de la clase media, pero el punto que quiero hacer en estas breves líneas no es la perversidad del bizantino sistema tributario panameño, sino la desmesura de la que hace gala el actual gobierno al momento de gastar dinero ajeno.

Ahora que vimos en total cuánta plata nos expolia el Gobierno con sus impuestos, veamos en qué se va a gastar el erario. Como me preocupo por el bienestar de mis lectores, le recomiendo que tome asiento, porque corre el riesgo de sufrir un desmayo:   al Ministerio de la Presidencia, para llevar a cabo su etérea función de “coordinar todas actividades estatales que se realizan a nivel del sector público e informar a la ciudadanía sobre la gestión gubernamental” le fue asignado un presupuesto de $774,672,500 (es decir, a cada uno de los panameños nos sacaron $233.15 de nuestro bolsillo para que nos intercepten nuestras conversaciones telefónicas, nuestros emails y hasta los chats que mandamos por BlackBerry). Al Ministerio de Educación se le asignó un presupuesto de $1,143,644,300 (de cada uno de nuestros bolsillos, $344.20 anuales para financiar uno de los peores sistemas educativos del hemisferio).

Al Ministerio de Salud le fueron asignados $1,078,562,900 (es decir, a usted, respetado lector y a mí nos expolian $324.62 anuales, a pesar de que la evidencia indica que entre mayor sea el gasto gubernamental en este rubro, peor es la calidad de la atención médica recibida –invito a quien desee leer el artículo original que visite el Facebook del Círculo Bastiat para que encuentre el link al mismo).

Creo que con los ejemplos anteriores he dado un argumento convincente sobre la monstruosidad en la que se ha convertido el Ejecutivo. Ahora démosle una rápida ojeada al Órgano Judicial: en el presupuesto de 2011 se le asignó una partida de $83,553,900 (eso viene a representar un pago anual de $25.15 por panameño).

Es decir, que al encargado de salvaguardarnos en contra de los abusos del Gobierno, de dictar sentencias en contra de los irresponsables que no saben cumplir un contrato, de juzgar severamente a los asesinos y narcoterroristas que quieren someter a nuestra bella patria a sus designios, cada ciudadano le paga anualmente solo el 10.8% de lo que nos vemos obligados a pagarle al Ministerio de la Presidencia, para que este último compre equipos para interceptar los chats de BlackBerry. Siendo así las cosas, estimado lector, lo dejo para que medite.

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<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Socialismo y liberalismo

La opinión de…

Roberto Christian Cerrud Rodríguez

Los socialistas suelen decir, encontrando muy poca oposición, que su sistema político-económico es el único sistema moral que existe, puesto que tiene como meta la total igualdad de los individuos que conviven en una sociedad.

Argumentan que el mismo se fundamenta sobre la solidaridad y el amor, lo que se contradice en el instante en que comenzamos a conocer la vida de los enfermos mentales que sirvieron como apóstoles de esta falsa religión: el Che, ejemplo perfecto de la degeneración mental a la que puede llevar creerse las patrañas del socialismo, pregonaba que el odio era imprescindible para transformar a seres humanos en “frías máquinas de matar”; y qué decir de Stalin, cuya sed de sangre era tan grande que lo llevó a matar a millones, ya fuera ejecutándolos, o haciéndolos perecer de hambre, como lo hizo con el pueblo ucraniano.

Habiendo visto rápidamente a los héroes del socialismo, propongo que examinemos de igual forma a uno de los paraísos donde el “nuevo hombre socialista” puede prosperar: Cuba. Esta bella isla, un par de siglos atrás, durante la época colonial española, tuvo algunas de las ciudades más ricas del continente americano; eran, incluso, más ricas que las 13 colonias que conocemos hoy con el nombre colectivo de Estados Unidos.

Hoy, es, por designio de Fidel Castro, uno de los países más pobres de América, en donde la prostitución es rampante, en donde sobrevivir depende de saberse “resolver” y atreverse a contradecir al gobierno te puede costar tu vida.   Sí, por sus obras los conocemos, y los paraísos que nos proponen solo existen para ellos, para los miembros del partido, que viven como amos en un país de esclavos, de tal manera que parece que el socialismo no es más que un intento mal disimulado de revivir el feudalismo.

Ahora bien, si el socialismo no es más que una mentira repetida por canallas envidiosos que buscan enriquecerse a costillas del prójimo, o por enfermos mentales que necesitan una excusa para intentar saciar su sed de sangre y destrucción, ¿qué alternativa ideológica existe para los jóvenes panameños?

La alternativa se encuentra en una ideología que les diga que ellos, por su propia naturaleza humana, tienen derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad.   Que mediante el estudio, el trabajo y el emprendimiento, pueden llegar tan lejos como sus capacidades se lo permitan, si viven en una sociedad libre. Que podrán disfrutar plenamente de los frutos de su esfuerzo individual y de su trabajo, puesto que, como seres humanos libres, gozan del derecho a la propiedad.

Que su vida no depende de los caprichos del burócrata de turno, puesto que su derecho a la propiedad, es decir, su derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo, le da el poder de conservar su propia existencia, ser dueño de su propia vida.

Entonces, ¿cómo se protegen estos derechos, que forman parte de nuestra naturaleza humana, de aquellos que desean despojarnos de aquello que legítimamente nos pertenece?

Mediante un modo de gobierno que ha venido evolucionando a través de los siglos, desde que la plebe romana le exigió al Senado leyes escritas, para que no tener que estar sometidos al arbitrio de jueces patricios; es lo que hoy en día conocemos como estado de derecho, o imperio de la ley, que consiste, principalmente, en tener un Órgano Judicial independiente, honesto y transparente, que dicte sus sentencias de acuerdo a la justicia y a la ley.

La ideología que propone todo esto es el liberalismo. Si estás interesado en conocer más sobre la misma, únete a nuestro grupo en Facebook, Círculo Bastiat, portal del capítulo juvenil de la Fundación Libertad.

http://www.fundacionlibertad.org.pa

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Este artículo se publicó el 19 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

En rechazo a la zanahoria

La opinión de…..


Roberto Christian Cerrud Rodríguez


Desde hace varios días circula por los medios la noticia de que el gobierno central, con el aval de la alcaldía capitalina, pretende impulsar un decreto que regule el horario durante el cual podrán permanecer abiertos los locales comerciales que se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas, lo que han intentado justificar, principalmente, con una razón tan absurda como lo es el decir que si la gente deja de libar hasta entrada la madrugada disminuirá la criminalidad –esto hace necesario recordar a las eminentísimas autoridades centrales y municipales que poco tiempo atrás hubo un tiroteo en la cinta costera a plena luz del día.

Quién sabe, tal vez este lamentable suceso pudo haberse evitado prohibiéndoles a los restaurantes de la ciudad capital servir a sus comensales bebidas alcohólicas durante el almuerzo.

Propuestas como esta son las que me hacen pensar que la actual administración, en lugar de preocuparse por desarrollar una política coherente, no hace más que improvisar sobre la marcha, sin preocuparse por tomar en cuenta la ley de las consecuencias imprevistas, que establece que la intervención en un sistema complejo inevitablemente tendrá consecuencias no anticipadas y, generalmente, no deseadas.

Analizando un poco sobre el tema, resulta fácil prever que, de entrar en vigor, dicho decreto puede llegar a tener múltiples resultados negativos, algunos tan perjudiciales que pueden ir en contra de las intenciones mismas que lo han inspirado. Procedo a desarrollar este punto en las siguientes líneas.

Las principales objeciones que tengo en contra de dicho decreto son que no va a ser efectivo en disminuir la criminalidad, que atenta contra la libertad de personas adultas racionales, absolutamente capaces de discriminar entre lo que es correcto y lo que no lo es, y que va a perjudicar el desarrollo y crecimiento de la industria turística y de entretenimiento nocturno en Panamá.

¿Por qué no va a ser efectivo en disminuir la criminalidad? Porque un simple decreto no va a alterar las costumbres de los que salen a festejar hasta que amanezca; al prohibirle a los bares y discotecas legalmente establecidos satisfacer del todo dicha demanda, se incentiva el surgimiento de un mercado negro de locales clandestinos, que competirán de manera desleal en contra de los centros que cumplen con la norma y que, además, contribuyen con impuestos al fisco, algo que este gobierno, más que los anteriores, debe saber apreciar.

¿Por qué atenta contra la libertad de las personas? Porque el Gobierno no tiene la potestad de decirle a nadie qué puede o no hacer con su tiempo, con tal de que no lesione los derechos ajenos. Si lo que prefiere una parte de la población es salir en la noche a festejar e ingerir alcohol en una discoteca hasta que amanezca, ¿por qué ha de prohibírselo el Gobierno?

Si argumentan que hay quienes conducen bajo la influencia del alcohol, pues que los gobiernos central y local usen los impuestos que nos cobran –recientemente aumentados– y que les paguen a la Policía de Tránsito para que castigue, individualmente, a esos irresponsables que ponen en peligro la vida propia y la ajena.

¿Por qué va a perjudicar el desarrollo de la industria turística y del entretenimiento? Porque muchos turistas vienen a Panamá a apreciar su vida nocturna, que es muy variada y animada, y durante su visita gastan muchísimo dinero, lo que le permite a esta industria mantenerse en continuo crecimiento y a ofrecerles a muchos panameños la oportunidad de acceder a un empleo. Al limitar arbitrariamente su horario de operación, se estaría limitando el tiempo disponible para que estos visitantes gasten su dinero en nuestro país, lo que es desventajoso para los dueños de estos locales, que dejan de percibir ganancias, y para el Gobierno, que disminuye su recolección de impuestos.

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Este artículo se publicó el  26  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La falsa solidaridad

La opinión de….

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Roberto Christian Cerrud Rodríguez


Mucho se ha escuchado hablar, en los últimos meses, sobre la supuesta solidaridad en la que se basa la actual administración para intentar justificar el enorme gasto que representan los múltiples programas de asistencia social, de corte paternalista y populista, que están siendo ejecutados con dinero de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.

Debo aclarar que no existe tal solidaridad. Es imposible que un programa financiado con impuestos (que son contribuciones obligatorias impuestas por el poder coercitivo del Estado) sea cualquier cosa, excepto una redistribución arbitraria de nuestros recursos.

La solidaridad es, ciertamente, un valor moral admirable, cuando es ejercida por individuos o agrupaciones de individuos libremente constituidas, que apoyan a individuos o causas, libremente elegidos para recibir tal apoyo, que, a su vez, puede ser extrapatrimonial (es decir, que carece de valor económico), o patrimonial (que posee valor económico).

La voluntad, entendida como la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue, forma la esencia misma de los valores; nadie diría que alguien a quien se le obliga a no decir mentiras es honesto, o que a alguien a quien se le obligue a llegar a tiempo a sus citas es puntual. Simplemente fueron obligados (por la fuerza o bajo amenaza de uso de la fuerza) a seguir con un curso de acción que fue determinado por otros individuos. Aquello que no se realiza por voluntad propia carece de valor moral.

El hecho de que se haya aumentado los impuestos a todos los ciudadanos, utilizando como justificación que eran necesarios para ejecutar estos programas paternalistas “solidarios”, es un gravísimo error que todos los panameños tendremos que pagar; que se haya dicho que los artículos “que consume el pueblo” no van a ser gravados con la nueva tasa es una perversa inexactitud; primero, porque el pueblo somos todos los ciudadanos de esta Nación, sin distinción de raza, sexo, orientación política o poder adquisitivo; segundo, porque resulta poco serio (y hasta un poco insultante) decir que el Gobierno tiene la omnisciencia necesaria para asegurar que conoce la totalidad de los bienes y servicios consumidos por los ciudadanos con menor poder adquisitivo; tercero, porque le hace más difícil, a los mismos ciudadanos que, supuestamente, desea ayudar, el poder mejorar su condición de vida mediante su trabajo honesto y su esfuerzo personal, dado que al aumentar los impuestos, se encarecen los precios de las cosas.

Para colmo, de la manera en que han sido diseñados estos programas gubernamentales, no se solucionará ningún problema a largo plazo, debido a que se están diluyendo los escasos recursos que tiene el Gobierno en un incomprensible afán de universalización: en lugar de darle unos famélicos subsidios a casi un millón de estudiantes, ¿Por qué mejor no se enfocaron en darles subsidios educativos comprensivos y totales (alimentación, alojamiento, matrícula, uniformes, útiles escolares y libros) a la población que realmente lo necesita? De la misma manera, el programa de subsidios a los adultos mayores de 70 años sería absolutamente loable, si los miembros del Ejecutivo lo financiaran con su patrimonio personal; el hacerlo con fondos públicos no solo carece de mérito alguno, sino que es un sinsentido económico, porque esos fondos pudieron haber sido invertidos en subsidios educativos focalizados, que al mejorar el nivel educativo de los individuos en situación de pobreza, ayudaría a disminuir drásticamente este mal en el transcurso de las siguientes generaciones.

La presente administración gubernamental vendió en campaña una imagen de cambio. Lo que no sabe ahora la Nación es qué tipo de cambio compró: si un cambio a la chilena, que garantiza crecimiento y desarrollo, junto con reducción de la pobreza, o un cambio al estilo argentino, con más Estado, más impuestos, menos empresas y menos trabajo.

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Este artículo se publicó  el  29 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La República y el respeto a las instituciones

La opinión de……

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Roberto Christian Cerrud Rodríguez

La República liberal moderna, concebida principalmente por la Revolución Americana como una estructura de gobierno limitado, consistente en una división deliberada del poder del Estado en los órganos Ejecutivo (Presidente y Gabinete), Legislativo (Asamblea Nacional) y Judicial (Corte Suprema de Justicia), fue diseñada de este modo para garantizar que este leviatán respetase y defendiese los derechos individuales de los miembros de la sociedad que decidió constituirlo, convirtiéndose en su servidor y no en su amo.

Dos fueron las claves fundamentales que permitieron a los revolucionarios americanos crear una República evitando casi completamente los baños de sangre que siempre han caracterizado a las revoluciones: la primera fue la Declaración de Independencia de 1776, que estableció que los fines de un gobierno legítimo son defender los derechos individuales (entre ellos, los famosos derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad) y que un pueblo tiene el derecho y el deber de librarse de un gobierno que no cumpla, o que atente contra, sus fines legítimos.

La segunda clave del éxito del sistema republicano ideado casi de novo por los americanos fue la Constitución de 1787, que estableció los métodos mediante el cual el gobierno iba a cumplir con sus fines. Mediante esta Constitución, infinitamente más exitosa que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa (basta recordar que la Revolución Francesa se identifica más con el Terror de Robespierre y con su caída y transformación en el Imperio Napoleónico, que con el respeto a los derechos y a la libertad de los franceses), se estableció un gobierno federal limitado, con un poder fragmentado, puesto que los revolucionarios americanos reconocieron que la función es producto de la forma; es decir, que el respeto y defensa de los derechos individuales dependía más de la forma que le dieran a sus instituciones, que de la simple enumeración de los derechos que el Estado debía proteger. De esta manera, los federalistas concibieron a la Constitución como un límite bien definido al poder gubernamental.

Pero todas estas precauciones hubieran sido en vano si no hubiera existido un gran respeto por las nuevas instituciones que ellos crearon; todo su sistema era nuevo, todo era reciente, así que no se puede argumentar que su lealtad hacia las instituciones republicanas se debía, de manera directa, al respeto a las tradiciones de sus ancestros; más bien, ésta se debía a la certeza de que la República que habían instaurado era lo único que los podía proteger en contra de la tiranía de la que recién habían escapado, lo único que les permitiría vivir como hombres libres en un mundo en que lo común era ser súbdito y no ciudadano.

Esta importantísima lección, el respeto a la Constitución y a la institucionalidad, que nos dieron los revolucionarios americanos hace 224 años, es la que los panameños tenemos 107 años de estar ignorando.

Nuestros gobernantes, en mayor o menor medida, han debilitado progresivamente, en nombre de la eficacia, el respeto a las instituciones que deben garantizar nuestra libertad, haciendo de nuestra Constitución poco más que un malgasto de papel y tinta.

La actual administración ha exacerbado esta tendencia y, de hecho, ha ido de manera frontal en contra de las instituciones establecidas en nuestra Constitución, concentrando de manera sumamente preocupante poderes que, por nuestra libertad y seguridad personal, debieran estar separados.

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Artículo publicado el 15  de febrero de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Focalización y política social

La opinión de……

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Roberto Christian Cerrud Rodríguez


En Panamá es común escuchar lemas que, al mejor estilo populista y demagógico de “Salud igual para Todos”, o “Meduca para toda la vida”, son utilizados como propaganda para la política social gubernamental, que, con una enfermiza insistencia en la pésima idea de la universalización, provoca que los escasos recursos con los que cuenta el gobierno (aquí vale la pena recordar que el Estado, que nada produce, sólo obtiene recursos gracias al expolio que representan los impuestos) se vean diluidos, lo que tiene como consecuencia, a corto plazo, que la calidad de dichos servicios alcance mayor profundidad que un batiscafo y, a largo plazo, provoca que el gobierno, para evitar el colapso del monstruo gigantesco que representa toda la burocracia necesaria en estos sistemas de cobertura universal, aumente los impuestos, lo que resulta en que las empresas, para mantener sus márgenes de ganancia, tengan que despedir personal y disminuir el ritmo de las nuevas contrataciones.

Debido a lo expuesto, es necesario que cualquier gobierno que se proponga administrar responsablemente la cosa pública y que en verdad desee corregir los defectos estructurales que impiden que nuestro bello país alcance el desarrollo, se concentre en conseguir que los recursos que se malgastan sosteniendo sistemas hipertrofiados, que en la gran mayoría de los casos no benefician a aquellos que en realidad están urgidos de asistencia social, sean redirigidos a proyectos de política social focalizada, que, en la experiencia de algunos de nuestros vecinos, como Chile, han demostrado ser la herramienta adecuada para ayudar a que ese sector de nuestros ciudadanos que se encuentra sumido en la más abyecta miseria pueda, de manera progresiva, ir mejorando su condición de vida y romper el círculo vicioso de la pobreza.

Sin embargo, en toda política social hay que tener claro como presupuesto doctrinal que la relación entre el Estado y la empresa privada debe regirse siempre por la relación de subsidiariedad; es decir, que el Estado no debe suplantar la iniciativa y la responsabilidad que los individuos y los grupos sociales son capaces de asumir en sus respectivos campos, sino que debe favorecerlos activamente.

La política social focalizada, que ya se ha visto funcionar en otros países, no es ninguna una utopía, al contrario del bienestar universal, ilimitado y sin esfuerzo que prometen aquellos que, de manera contraria a la realidad, sostienen, como lo hace la mil veces fracasada teoría marxista, que el Estado es omnipotente y que puede solucionar todos los problemas del hombre, lo cual es totalmente falso, siendo, quien lo proponga, un hipócrita sediento de poder.

Dentro de los deberes del Estado moderno se encuentran el facilitar la acción individual y privada, acatar el rule of law, y dirigir su asistencia sólo a aquellos miembros de la sociedad que no dispongan en lo absoluto de medios para valerse por sí mismos, como es el caso de los ciudadanos que viven en extrema pobreza, tanto en el interior del país, como en los barrios marginales de la ciudad capital.

Es a estos desamparados hacia los cuales debe estar dirigido todo el peso de la ayuda del Estado: por ejemplo, ofrecer educación de buena calidad, mediante escuelas gratuitas solamente para aquellos que, en realidad, carezcan de la posibilidad de pagar por ella.

No es ningún acto de altruismo ofrecer a los niños de nuestro país una educación con cobertura “universal”, pero con una calidad pésima debido a la dilución de recursos, pues precisamente son los más pobres, aquellos que no pueden acceder a otra educación aparte de la ofrecida por las escuelas públicas, los que terminan siendo los más perjudicados por este odioso error.

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Publicado  el   11  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Semblanza de una Latinoamérica dividida

La opinión de …..

Roberto Christian Cerrud Rodríguez

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Semblanza de una Latinoamérica dividida

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Conversando con mis compañeros liberales que, junto conmigo, asistieron al taller Sociedad Civil, Democracia y Desarrollo en Latinoamérica, realizado en la ciudad de Guatemala, tuve la oportunidad de conocer de primera mano la alegría y el orgullo que representa para los hondureños el haber destituido a un tirano en potencia, logrando así conservar su libertad y salvar su democracia; la incertidumbre que sienten los bolivianos ante el hecho de no poder protestar libremente contra el régimen totalitario indigenista que los malgobierna, sin ser tildados falsamente de racistas; el horror y la desesperación que sienten los venezolanos ante la tiranía de un déspota, que los condena a sobrevivir sufriendo todos los atropellos y persecuciones que sea posible imaginar; un dictador cuyas impertinencias, a pesar de hacernos reír a nosotros, que vivimos en esta tierra libre y pacífica, resultan profundamente dolorosas, por vergonzantes, para los ciudadanos de esta orgullosa, y una vez libre, república hermana.

Los hondureños, gente alegre y amable, no dejaron de mostrar su consternación ante una respuesta internacional francamente hipócrita, que les exige restituir al poder a un hombre que cometió el delito, tipificado en la Constitución, de traición a la Patria, al intentar modificar los artículos pétreos, perdiendo así, de manera automática, su cargo como Presidente constitucional de Honduras y sus derechos como ciudadano.

Los bolivianos, en cambio, están pasando por una lamentable y difícil situación. Este hermoso país andino está siendo empujado al borde de la guerra civil por la irresponsabilidad de un hombre sin educación que, con un discurso de supuesta reivindicación a los desposeídos, ha terminado destruyendo importantes industrias como la de las maquiladoras, que dependían, en gran medida, de las exportaciones a Estados Unidos, al seguir, como la marioneta que es, la línea que le dictan desde Caracas/La Habana. No satisfecho con endurecerles aún más la vida a los más pobres, ha fomentado en su país la división extrema entre los pueblos indígenas y la clase criolla, haciéndoles creer a los primeros que los segundos son sus enemigos, cuando lo cierto es que ambos grupos pertenecen a una sola nación cuyos verdaderos enemigos son la pobreza, la corrupción y la falta de educación.

Los venezolanos son el caso más triste de todos –no detectaron el problema a tiempo y ahora sufren el resultado de su complacencia–; debido a lo avanzado del “proceso revolucionario”, nuestros hermanos se encuentran viviendo en un mundo casi orwelliano, donde familias se autodestruyen debido a la polarización, en bandos opuestos, de sus propios miembros; donde se está cultivando una cultura de informantes, que al mejor estilo soviético premia a gente sin integridad ni dignidad, capaz de traicionar a sus propios amigos y familiares, con tal de obtener odiosos beneficios del gobierno; donde los padres ya no tienen derecho sobre sus hijos, porque estos pertenecen, cual ganado, al Estado chavista, que, dueño de todo, busca criar como esclavos a los descendientes de un pueblo que una vez fue libre.

Los panameños tenemos una gran responsabilidad en este convulso panorama, siendo justo y necesario apoyar decididamente a aquellos que luchan por la libertad y oponernos, con toda la fuerza de nuestra dignidad, a dictaduras totalitarias que predican una “igualdad especial”, donde algunos son más iguales que otros.

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Publicado el 28 de septiembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.