No podemos perder a Bernal

No podemos perder a Bernal

Rubén D. Córdoba Barría – Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

La noticia sobre la “posible expulsión de Bernal” me llevó de inmediato a la reflexión sobre la vieja, pero no por ello menos injusta y atropelladora persecución que padece el profesor Miguel Antonio Bernal en la Universidad de Panamá (UP), sólo por disentir de la actual administración.

Y es que, lastimosamente, los timoneles de la casa de Octavio Méndez Pereira han convertido el disenso, elemento consustancial a toda sociedad democrática, en una falta disciplinaria. Como ex alumno de la UP, auténtica universidad del pueblo panameño, hago un llamamiento a la sensatez a la “comisión disciplinaria”, al Consejo Académico y al propio rector Gustavo García de Paredes, quien como autoridad, merece todo nuestro respeto.

Han pasado ya cinco años desde que este “proceso disciplinario” fue suspendido a raíz de una advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el Prof. Bernal en su justo intento de defenderse dentro de un proceso abiertamente inquisitivo, con todo un aparato institucional alineado en su contra. Considero que las autoridades universitarias deben cerrar este capítulo y desistir de ese proceso disciplinario, permitiéndole a la universidad del pueblo salir de esta clase de diatribas y avanzar en su labor de educar a nuestra gente, formar profesionales idóneos y con conciencia social en todas las ramas del conocimiento y actualizar sus planes de estudios; en fin, dedicarse a las labores propias de la Universidad.

Algunas razones, a mi juicio, por las cuales Bernal no debe ser despojado de su cargo de profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UP son:

1. Cumple religiosamente con la asistencia a clases y calidad de la enseñanza; sólo recuerdo una ausencia por razón de un compromiso ineludible, anunciándolo con antelación a sus estudiantes.

2. Trata a sus estudiantes dentro de un marco de respeto y nunca ridiculiza ni avergüenza a ninguno de sus alumnos, a diferencia de algunos profesores que sí lo hacen, consciente o inconscientemente.

3. Está entre los profesores universitarios de mayor peso en la historia política panameña de las últimas tres décadas, poniendo en peligro su propia vida en la lucha por la democracia y los derechos humanos, lo cual demuestra una extrema coherencia entre lo que dice en sus clases y lo que hace en la práctica, dando en ese sentido, un buen ejemplo de lucha y de vida a sus alumnos.

4. Es un auténtico agitador de conciencias, logrando despertar o agudizar el pensamiento crítico en muchos de los que recibimos sus enseñanzas.

En fin, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y las futuras generaciones de estudiantes perderían mucho si Miguel Antonio Bernal es despojado de su cargo de profesor, y es que más que a un docente, perderíamos en esa instancia a un sembrador y cultivador de ideas, inquietudes y anhelos; en suma, un meritorio hijo del Istmo.

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Publicado el 23 de junio de 2009 en el diario El Panamá América a quien le damos todo el crédito que le corresponde.

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Cultura, instituciones y cambio constitucional

Cultura, instituciones y cambio constitucional

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Rubén Darío Córdoba Barría – Abogado

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Ante la baja calidad de la política y los políticos panameños (salvo raras excepciones), hay principalmente dos reacciones que uno escucha en la calle, ya sea en una de esas típicas conversaciones espontáneas o incluso al abordar un taxi (pues los taxistas saben de todo un poco), una es: “qué va, hermano, a este país no lo salva nadie, el problema somos nosotros mismos; pueden hacer todas las leyes que quieran, la enfermedad no está en la sábana sino en el enfermo; si el panameño no cambia de mentalidad, nada va a cambiar” (cultura). La otra reacción es: “Qué va hermano, aquí lo que se necesita es orden, el que roba que vaya preso, el funcionario que no sirve, que lo manden para su casa, etc.” (instituciones).

Esas posiciones son comprensibles, pero igual de incompletas para explicar el estado de la política criolla: efectivamente, se necesita un cambio en la cultura política panameña, pero también un cambio en las instituciones políticas.
El cambio cultural, si bien tiene un componente individual, sólo puede impulsarse socialmente mediante una sólida educación cívica a nivel primario y secundario, algo similar a lo que en España han dado en llamar “educación para la ciudadanía” y que tiene como objetivo “[…] favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. (Real Decreto 1631/2006).

Sin embargo, de poco sirve que haya buenos ciudadanos si las instituciones no funcionan bien, ya sea por la excesiva concentración de poderes del gobierno central, ya sea porque el Ejecutivo tiene penetrado todos los órganos del Estado, haciendo desaparecer “los balances y contrapesos” que todo régimen democrático necesita; o porque el clientelismo ha sustituido a la carrera administrativa; o bien, por la odiosa “politización” de tantas instituciones (Defensoría del Pueblo incluida) y así sucesivamente tantas otras deformaciones propias de la estructura constitucional panameña. He aquí, entonces, donde entra el tema del cambio constitucional.

Así las cosas, cualquiera ecuación de cambio debe incluir necesariamente la variable del cambio constitucional, y ese cambio sólo puede producirse de forma realmente democrática y participativa mediante una asamblea constituyente.

El momento del cambio constitucional llegará tarde o temprano; dependerá de nosotros estar a la altura de esa coyuntura que demandará la participación seria y responsable de todos los sectores de la sociedad panameña, despojados de todo dogmatismo y de concepciones cerradas o totalitarias de la sociedad; abiertos, en cambio, al pluralismo democrático.

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Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario El Panamá América