El acuerdo minero Martinelli—Lee

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La opinión del Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado al CELA

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MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO –

gandasegui@hotmail.com

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El acuerdo minero (2011) entre los presidentes Ricardo Martinelli y Lee Myung—Bak (de Corea del Sur) tiene similitudes con el Tratado del Canal Hay—Bunau Varilla (1903). En primer lugar, la concesión minera de Panamá a favor de Corea, acordada por los ejecutivos, debe ser aprobada por la Asamblea de Diputados. En segundo lugar, los diputados tienen que cederle a Corea parte de la soberanía panameña, prohibido expresamente por la Constitución Política. El proyecto de ley minero, actualmente debatiéndose en la Asamblea, permitiría que una bandera extranjera se izara soberana en una parte de nuestro territorio. Además, tiene otros dos problemas que han sido denunciados por los panameños sin que el gobierno quiera escuchar: El proyecto permite la depredación de la naturaleza y no contempla el desarrollo social y económico del país.

El proyecto de ley minero refleja la tendencia antinacional de los últimos gobiernos, llevada a su extremo por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ignora la importancia del concepto de soberanía que fue defendida por todas las generaciones de panameños en el siglo XX. Entrega los instrumentos legales a gobiernos extranjeros para que exploten los recursos del país sin retribución alguna. Destruye el ambiente panameño, poniendo en peligro el Canal de Panamá y todas las actividades económicas del país.

La contradicción constitucional estriba en que ‘la propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual’. El proyecto ignora el artículo 290 de la Constitución que dice:  ‘Ningún gobierno extranjero podrá adquirir dominio sobre parte del territorio nacional’, definido ‘dominio’ como ‘la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas’.

Panamá inauguró el siglo XX concediendo la ruta de tránsito a EE.UU. para que construyera el Canal de Panamá. Ahora a principios del siglo XXI, el gobierno pretende cederle el subsuelo del territorio nacional al gobierno de Corea del Sur.

Además, el artículo 20 reescribe el texto constitucional y asegura que ‘los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas’ (Artículo 257). El abogado Harley Mitchel plantea que ‘la ley solo puede reglamentar ‘las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal’, no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas. El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países’.

Desde el punto de vista económico, el proyecto de ley le entrega directamente a concesionarios extranjeros las riquezas del país. Según el médico Alessandro Ganci, las empresas que operan en el país proyectan una producción anual equivalente a 2,300 millones de dólares a partir de 2016. (Una producción anual de 255 mil toneladas de cobre, 90 mil onzas de oro y 1.5 millones de onzas de plata). Panamá recibirá solo un 4% en regalías; es decir, 92 millones de dólares al año. Chile recibe el 14% en regalías de las empresas cupríferas que explotan a cielo abierto las minas en el desierto de ese país. Los países del llamado primer mundo reciben el 50% o más por concesiones de este tipo.

El proyecto de ley pone en peligro el ambiente al modificar reglamentos y ordenamientos institucionales para favorecer a las empresas mineras. Por un lado, transfiere las responsabilidades ambientales de la ANAM a la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias. Por el otro, el proyecto ordena a la ANAM a realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. Además, impide que las instancias gubernamentales puedan suspender las actividades de las mineras que no cumplen con sus responsabilidades ambientales.

El proyecto también promoverá la corrupción entre los funcionarios públicos, colocados en posiciones de mando, quienes puedan enriquecerse en forma contraria a las leyes. Según la Alianza Ciudadana, ‘el proyecto deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras’.

Este artículo se publicó el 11 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La remilitarización en Panamá

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La opinión del Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado al CELA…

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MARCO A. GANDÁSEGUI
gandasegui@hotmail.com

 

En 2010 y 2011 EEUU está gastando más de 20 millones de dólares en el acondicionamiento de 9 bases ‘aéreo-navales’ sobre las costas de Panamá. La suma no incluye entrenamiento militar para un número desconocido de agentes de la Policía Nacional. En este marco, el gobierno panameño denunció el 13 de enero de 2011 que había encontrado un campamento abandonado con equipo sofisticado cerca de Bahía Piñas (provincia del Darién), en el Pacífico, cerca de la frontera con Colombia. Los aparatos de seguridad panameños lo relacionaron con la organización guerrilla colombiana FARC. En esa misma área, sin embargo, EEUU está invirtiendo 4 millones de dólares en la construcción de barracas con fines militares y un muelle para naves con capacidad de interceptar barcos en alta mar.

EEUU, según el Tratado del Canal Torrijos-Carter, evacuó su última base militar de Panamá el 31 de diciembre de 1999. A pesar de ello, el Departamento de Defensa de EEUU ha firmado, desde esa fecha en 1999, 715 contratos con empresas norteamericanas que desarrollen actividades en Panamá. Con el último acuerdo de asistencia militar entre ambos países, firmado en 2009, la mayoría de los contratos del Departamento de Defensa son para la construcción de ‘bases aéreo-navales’ sobre las dos costas de Panamá. El presidente Ricardo Martinelli, el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, y la embajada de EEUU han informado poco sobre las 9 bases ‘aereo-navales’ que se están construyendo. A pesar de las denuncias y protestas, el silencio del gobierno es hermético.

Según información del Departamento de Defensa de EEUU, en su año fiscal 2011, se invertirán casi 16 millones de dólares en 6 bases militares en Panamá. En 2010 el Departamento de Defensa invirtió 6 millones de dólares en otras tres bases.

A fines del año pasado el Departamento de Defensa firmó un contrato por un total de 4 millones de dólares para construir barracas militares y un muelle con capacidad militar en ‘Puerto’ Piña. El lugar donde se efectuará (o ya se está efectuando) la inversión para las barracas militares coincide con el área donde el gobierno panameño denunció la existencia de un campamento de las FARC.

Las barracas que construirá EEUU tienen, según el contrato, capacidad para desarrollar operaciones ‘contra-narcóticos’. Esta iniciativa de EEUU, en particular, bajo la coordinación del Comando Sur, incluye 6 bases. Además de ‘Puerto’ Piña, se construirán centros de operaciones militares en La Palma y Punto Coco. En Meteti, Yaviza y Rambala ya se hicieron importantes avances en 2010.

Según los contratos, la empresa J&J Maintenance, con sede en Texas, va a construir un ‘CN (Counternarcotics) Ops Center/Barracks’ y un muelle en Punta Coco, que estará listo antes de octubre de 2011. Otro contrato proyecta construir un ‘CN Pier Renovation and Jet Docks’ en La Palma, para terminar en agosto de 2011. Por otro lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU construirá tres bases aéreo-navales adicionales, en Isla Grande, Obaldía y El Porvenir. Los centros militares deben estar terminados entre julio y septiembre de 2011.   En cada una de estas instalaciones se invertirá un total de 3.5 millones de dólares. EEUU contempla invertir en Isla Grande, Obaldía, El Porvenir y ‘Puerto’ Piña, un total de 15.5 millones de dólares en 2011.

EEUU también construirá tres escuelas y un centro de salud por un total de 946 mil dólares en áreas rurales de Panamá. Las llamadas ‘acciones humanitarias’ militares de EEUU pretenden justificar los objetivos bélicos. Además de las bases aéreo navales en construcción, EEUU continúa realizando ‘pruebas tropicales’ con fines militares en Panamá.. Según revelaciones de los contratos existentes, desde principios de la década pasada, el Departamento de Defensa tiene acuerdos con dos empresas. Por un lado, con Kvaerner Process Services que recibió 12 millones de dólares para realizar ‘pruebas tropicales’ y ‘otros servicios de apoyo administrativo’. Con Trax International, asociado con Yuma Proving Ground, (Arizona, EEUU) se han suscrito contratos por una suma de por lo menos 18 millones de dólares.

En Panamá los militares norteamericanos realizaron pruebas documentadas sobre soldados puertorriqueños y de otras nacionalidades a mediados del siglo XX para conocer su resistencia a cierto tipo de armamentos y químicos. En la actualidad, algunos diarios de la localidad han publicado avisos reclutando personal para trabajar en ‘pruebas tropicales’ no especificadas. El Departamento de Defensa de EEUU también ha contratado a J&J Maintenance (de Texas) para reparar y actualizar varios polígonos de tiro en el país. Un acuerdo firmado con la empresa le proporciona medio millón de dólares para mejorar los polígonos (‘Upgrade Ranges’) en el primer semestre de 2011.

 

Este artículo se publicó el 27 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Otra ‘metida de pata’ presidencial

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La opinión del Profesor de la Universidad de Panamá e Investigador asociado al CELA…

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MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO –
gandasegui@hotmail.com

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El pueblo panameño está movilizado en contra de las reformas al Código minero, aprobadas por la Asamblea de Diputados y sancionadas por el presidente Ricardo Martinelli. La legislación introduce elementos de inseguridad jurídica, que ponen en peligro la estabilidad económica del país y, además, las relaciones de Panamá con otros países.

Para justificar su enorme ‘metida de pata’, el gobierno del presidente Martinelli dio a conocer un comunicado asegurando que no explotaría —bajo circunstancia alguna— los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado, en la Comarca Ngäbe-Buglé. Pero el comunicado fue publicado de manera parcial. La versión que fue publicada en los diferentes medios no incluía la parte final del comunicado. La línea que no fue publicada dice que el gobierno procedería a conceder los derechos de explotación a empresas interesadas (gobiernos extranjeros, etc.) si se ‘lo piden las autoridades comarcales’.

¿Quiénes son las autoridades comarcales? Son las instancias creadas por el mismo gobierno del presidente Martinelli, según decreto ejecutivo N° 537 de 2010. En otras palabras, cuando el gobierno del presidente Martinelli decide hacer la concesión de explotación minera a los empresarios extranjeros interesados, convoca a las ‘autoridades comarcales’ nombradas por él mismo para proceder.

Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular el siguiente comunicado:

‘El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngäbe Buglé —atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes— de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas’. Solo 20 minutos después hizo circular el mismo comunicado, pero le agregaba la siguiente línea: ‘Salvo que lo pidan las autoridades comarcales’.

Así se descifraba el espíritu ‘democrático’ de los gobernantes. El Gobierno de Martinelli aprobó el año pasado el Decreto Ejecutivo 537, que le otorga injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la comarca Ngäbe Buglé. Lo anterior es el resultado de las modificaciones realizadas por el presidente Martinelli y el entonces ministro de Gobierno y Justicia, José R. Mulino, a la carta orgánica de la comarca creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999.

La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo No. 537, publicado en Gaceta Oficial el 4 de junio de 2010. La modificación establece que los llamados ‘encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales’ serán parte del congreso general; mientras que los ‘encuentros locales de autoridades gubernamentales’ serán parte del congreso local de la comarca. El concepto de ‘autoridades gubernamentales’ tiene preocupados a los dirigentes de las comunidades indígenas, porque en el decreto original los dos organismos citados solo eran conformados por autoridades comarcales.

En base a este Decreto se celebraron elecciones espurias que dieron como resultado los delegados, que a su vez designarán a las autoridades en mención en un futuro Congreso organizado por el Gobierno. Esas autoridades progubernamentales y espurias le pedirían la explotación de Cerro Colorado. La participación en esos comicios no llegó ni al 10 por ciento, según los magistrados del Tribunal Electoral.

El pueblo Ngäbe Buglé no reconoce estos delegados y se prepara para celebrar su propio Congreso en el mes de marzo posiblemente, en base a sus costumbres y tradiciones. Un dirigente ngäbe buglé, recordando las palabras de Martinelli en campaña —’Si no cumplo que me guinden del palo más alto’— dijo que en la Comarca le espera ese palo.

La explotación de los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado es un antiguo proyecto. En la década de 1970 el gobierno del general Omar Torrijos negoció con empresas extranjeras interesadas en su explotación. Al igual que en aquella época, el precio del cobre en el marcado mundial se encontraba muy elevado y su explotación aseguraba rápidos dividendos.

En la actualidad, sin embargo, la sociedad panameña, y muy especialmente el pueblo ngäbe buglé que vive en la Comarca donde se encuentra Cerro Colorado, están mejor organizados e informados sobre los estragos que haría la explotación minera a cielo abierto.

Se calcula que toda el área de Cerro Colorado tendría que ser desalojado por los efectos de la actividad minera. Por otro lado, según lo acuerdos previstos con las empresas explotadoras, estas se llevarían del país más del 90 por ciento de los beneficios monetarios de las riquezas extraídas del subsuelo.

Al final, Panamá quedaría con un inmenso hoyo, con todo su entorno destruido, sin comunidades y más empobrecido por la falta de planificación.

 

Este artículo se publicó el  17  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Quién es el Presidente Ricardo Martinelli?

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La opinión de…

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MARCOS A. GANDÁSEGUI–

gandasegui@hotmail.com

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El Presidente Ricardo Martinelli, representa un fenómeno político original, que sintetiza todo lo viejo. Algunos lo llamarían una expresión transitoria.   Su estrella podría mantenerse sobre el horizonte hasta que dure la presente crisis política panameña.   Crisis que se manifiesta en el sentido clásico:   Lo viejo se resiste a desaparecer y no deja que lo nuevo haga su aparición.   Es común que identifiquen ideológicamente a Martinelli y sus seguidores como conservadores. Es decir, ligados a los sectores tradicionales de los terratenientes (urbanos y rurales) y a la iglesia católica. Martinelli ha demostrado con hechos que no comulga con esas ideas conservadoras.

Otros asocian a los actuales gobernantes con ideas fascistas. Quienes levantan las banderas fascistas se identifican con ideas nacionalistas en el marco de una alianza populista que subordina a las masas urbanas al liderazgo de los grandes capitalistas. Este tipo de alianza suele ser encarnada por un líder ‘carismático’.    Martinelli rechaza toda identidad nacional y no pretende cooptar a los sectores populares. Al contrario, su ideología es anti-nacional y no pretende darle dirección alguna a los sectores populares.

Otros ven a Martinelli en el campo neoliberal, política impuesta por EEUU entre 1983-2008. La ley ‘Chorizo’, derogada a fines de 2010, pretendía acabar con la capacidad negociadora de los trabajadores. El proyecto de ley minera actualmente ante la Asamblea de Diputados pone fin al estado de derecho en el país. También aumentó el impuesto al consumo (ITBMS) en un 40 por ciento.

El aumento impositivo ha multiplicado los ingresos del fisco. Esta política le parece sospechosa a los millonarios panameños y a EEUU.    Entre los cables secretos enviados por la embajada norteamericana a Washington se destaca uno que acusaba a Martinelli de no cumplir con los principios neoliberales al pretender cobrarle impuestos a los ricos. En realidad, Martinelli no encaja en lo que el Banco Mundial llamaría neoliberal.

Hay quienes señalan que la política económica de Martinelli es de ‘des-posesión’:   Le quita el empleo a los trabajadores,    las oportunidades de inversión a los pequeños empresarios y la tierra a los productores rurales.

Martinelli, entonces, no es conservador, tampoco es fascista, ni neoliberal. Entonces, ¿qué es el presidente de la República y hacia dónde conduce el país?    Martinelli es la expresión extrema de una política fracasada que se instauró en el país hace 20 años después de la invasión militar norteamericana de 1989. En aquella época, sin mediar un estudio de la realidad panameña, se impusieron las privatizaciones, la desregulación y la flexibilización de la fuerza de trabajo. El objetivo inmediato de estas políticas neoliberales –al igual que en el resto del mundo– era transferir parte importante de las riquezas acumuladas por los sectores populares (los salarios y bienes de los trabajadores) a la clase capitalista.

Las estadísticas lo demuestran claramente. Mientras que en 1990 el 65 por ciento de la distribución de la riqueza producida por los panameños terminaba en los hogares de medio millón de trabajadores, en 2009 estas familias sólo recibían el 40 por ciento. En cambio, mientras que en 1990 el 35 por ciento de la riqueza nacional quedaba en los hogares de 20 mil familias acaudaladas, en 2009 había aumentado al 60 por ciento.

Las estadísticas presentadas en números fríos, sin embargo, no nos dicen lo que realmente ocurre en nuestras comunidades. Mientras que la extrema pobreza prácticamente no existía en Panamá, ahora el 20 por ciento de los hogares panameños vive en ese estado de miseria. En total, casi el 50 por ciento de los hogares panameños viven en lo que el Banco Mundial llama la pobreza. (El 40 por ciento de los trabajadores panameños son informales. Es decir, trabajan sin contrato y/o sin seguridad social).

El gobierno del presidente Martinelli no entiende lo que representan estas cifras. Los neoliberales decían que a mayor pobreza, producto de sus políticas, había que aumentar los programas ‘focalizados’ para distribuir caridad a las comunidades más golpeadas. El Banco Mundial creó la ‘Red de Oportunidades’ durante la administración de Martín Torrijos y con Martinelli ha generado la ‘Beca Universal’ y los ‘100 para 70’.

Un país, sin embargo, no puede sobrevivir con estas políticas absurdas, depredadoras y especulativas. El neoliberalismo tuvo éxito en empobrecer a los sectores populares y a las capas medias, mientras enriquecía a los más ricos.   Esa política hizo crisis a escala mundial y pronto hará igual en Panamá. Martinelli preside sobre un régimen transitorio. La pregunta es ¿cuándo cederá lo viejo a las nuevas fuerzas sociales que todavía no emergen? ¿Quién es el sujeto (grupo social) nuevo que dirigirá ese proceso de reconstrucción?

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Este artículo se publicó el  3  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde quedaron los derechos humanos en Panamá?

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La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA…

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MARCO A. GANDÁSEGUI –
gandasegui@hotmail.com

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Han muerto cuatro adolescentes y siguen otros tres en peligro, como consecuencia de las quemaduras recibidas en el Centro de Cumplimiento Juvenil del Ministerio de Gobierno y Justicia.  El Centro tiene, en la actualidad, 145 niños entre 14 y 17 años de edad detenidos en un local con capacidad para sólo 70 procesados.

Los niños son privados de libertad por ser sorprendidos en actos delictivos. El Centro de Cumplimiento sólo tiene tres custodios. Para complementar los custodios, el Ministerio de Seguridad envía agentes de Policía que no tienen formación para hacer el trabajo correspondiente. Todo indica que las muertes fueron causadas por el trato inhumano y, además, incompetente de estos últimos.

En el pabellón que fue quemado habían 50 detenidos. Según se informó, 7 niños quemados fueron enviados al hospital donde ya han muerto cuatro. Otro número desconocido de niños recibieron atención médica por los perdigones y golpes recibidos durante el incendio del Centro de Cumplimiento. Los restantes fueron enviados a unos sótanos que existen especialmente para castigar a los detenidos.   Cuando la Defensoría del Pueblo fue a entrevistar a los sobrevivientes, la Policía Nacional le negó la entrada a la delegación.

Según el Partido Alternativa Popular (PAP), como consecuencia ‘de las muertes ocurridas en el Centro de Cumplimiento de Menores tanto el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, como el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, deben ser separados de sus cargos y sometidos a una investigación exhaustiva por su responsabilidad en esta tragedia’. El PAP recuerda que ‘hace apenas seis meses, en Changuinola, Bocas del Toro, murieron dos obreros víctimas de disparos de perdigones y otras cuatro personas por los efectos de los gases lacrimógenos’, producto de la irresponsabilidad de la Policía Nacional.

A fines del año pasado, la ministra de gobierno y Justicia, Roxana Méndez, viajó a Ginebra para asegurarle a las Naciones Unidas que no se cometerían más abusos a los derechos humanos de los panameños.   Todo parece que las promesas quedaron en el papel.   El gobierno nacional continuará abusando de su poder. ¿Qué pasará cuando las víctimas de la violencia gubernamental no sean hijos del pueblo, adolescentes, estudiantes, trabajadores o campesinos? ¿Alcanzará en algún momento el brazo represivo del Ministerio de Seguridad a los hijos de las capas medias o de las familias ricas de Panamá?

El gobierno no ha asumido las consecuencias de lo acontecido. Según la Alianza Ciudadana, ‘los adolescentes privados de libertad están en condiciones insalubres, sin acceso a la luz del día, comen en el piso y en el mismo lugar donde hacen sus necesidades fisiológicas, delante de todos. Los programas de resocialización son inexistentes, por lo que predomina la ociosidad’.

Según el gobierno, ‘la Policía envía a sus peores unidades a los Centros de Custodia y Cumplimiento de Menores’.

La Alianza Ciudadana también informó que después del incidente, cerca de 40 niños ‘fueron enviados a la celda de máxima seguridad del Centro de Custodia. La ‘máxima’, como la llaman, son celdas oscuras, donde se duerme en el piso, lo que está prohibido por las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos’.

El PAP señala que ‘Panamá enfrenta un reto que debe abordar con valentía y decisión.   El gobierno actual se ha declarado enemigo de los derechos humanos, considera que la vida de los jóvenes y trabajadores no son su responsabilidad y violenta todos los principios de respeto a las leyes. Las más altas autoridades tienen que rendir cuentas ante el país’.

Según la edición de La Estrella de Panamá, del 9 de julio de 2009, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, declaró que ‘he dado la instrucción de que el que se está evadiendo le disparen, tan sencillo como eso’.   El ministro añadió que es a partir de ‘un absurdo de la ley que los custodios tienen temor a disparar, le he dado una instrucción y voy a poner mi pecho también’, expresó.

Las declaraciones inusuales del ministro Raúl Mulino fueron hechas en compañía del director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, cuando visitaban las cárceles La Joya y La Joyita.   Según el PAP ‘el ministro Mulino y el director Pérez tienen que ser reemplazados con otras personas que den garantías de su apego a la Ley y al respeto de los derechos humanos de los panameños’.

La Conferencia Episcopal panameña fue tajante al señalar que ‘la fuerza pública y los estamentos de seguridad no pueden olvidar que deben ser garantes de la vida y honra de todos los ciudadanos panameños, aun a riesgo de la propia…’

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<>Este artículo se publicó el 20 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La crisis del agua y la planificación

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La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA….

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MARCO  A.  GANDÁSEGUI –
gandesegui@hotmail.com

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Hace varias semanas los panameños residentes de la ciudad de Panamá y sus alrededores no tienen agua para satisfacer sus necesidades básicas. Desde el 8 de diciembre de 2010, fecha en que un frente climatológico procedente del norte sorprendió a la región con lluvias torrenciales, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), está improvisando para resolver su desgreño administrativo. Por un lado, ha dejado de distribuir agua a gran parte de la ciudad capital. Por el otro, produce agua impotable que no pueden beber los habitantes del área metropolitana de la urbe capitalina.

El gobierno nacional ha culpado a la ‘naturaleza’ por el desastre urbano. Alega que las lluvias han ‘enturbiado’ las aguas del lago Alajuela, que provee a la ciudad del líquido precioso.   La excusa no tiene sustento alguno en la medida en que hay que tomar en cuenta que el istmo de Panamá recibe fuertes cantidades de lluvia todos los años y que los distintos gobiernos fomentan la deforestación de las cuencas de los ríos.

La causa del desastre administrativo es la falta de planificación por parte de las autoridades electas por el pueblo.   Cuando el IDAAN ‘descubrió’ que no podía controlar la situación creada por el alto nivel de sedimentación en su planta potabilizadora, debido a la falla de piezas claves, comenzó a buscar una solución.   Lo primero que hizo fue emitir un comunicado señalando que las piezas no le habían llegado a tiempo.   Después le pidió las piezas a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al gobierno de Costa Rica.   Solicitó algunos días de ‘paciencia’ por parte de la población para resolver la falta de distribución de agua en la metrópolis panameña, lo que hace más de un mes no logra.

Hay un gran parecido entre lo que pasa en el IDAAN y lo que acontece a nivel del gobierno nacional.   El presidente Ricardo Martinelli plantea que el país ‘está abierto a los negocios’.    Todo es medido con la vara empresarial.   Si la iniciativa arroja una ganancia entonces debe emprenderse inmediatamente.    No importa cuales puedan ser las consecuencias para el país o para la población. Si la actividad no es rentable, entonces es abandonada (no recibe mantenimiento) y las autoridades gubernamentales se desentienden.

Los gobiernos de turno – y el actual no es una excepción – nunca han entendido que para hacer lo que el presidente Martinelli llama ‘negocios’, un país necesita una infraestructura sólida que incluye una distribución de agua potable, la recolección sistemática de la basura, vías de circulación, transporte público y energía eléctrica. Igualmente, tiene que tener una población educada y servicios de salud   ‘igual para todos’ para que la población pueda acudir sana y sin interrupciones a sus trabajos.

Las políticas neoliberales de las dos últimas décadas han tirado por la borda toda noción de planificación. Apurados por acumular riqueza basada en la especulación financiera, inmobiliaria y comercial los políticos han construido ‘castillos de arena’ que la marea ya se está llevando.

La semana pasada, apenas, el gobierno nacional le dio a los ex – productores de arroz del país, que protestaban por el abandono del sector, un porcentaje de las cuotas de importación de ese producto fundamental en la dieta panameña. Medida demagógica que convierte a todos los panameños en perdedores. Gobernantes y oposición partidista celebran ‘el crecimiento económico’ del país cuando saben que tal incremento es sólo fruto de su afiebrada imaginación.

Según cifras oficiales, hace dos décadas los sectores productivos del país están estancados y todo indica que han comenzado a decrecer.

Lo que crece es la expansión del crédito financiero. Hay una pequeña minoría de panameños y extranjeros que especulan con la expansión del crédito y compran bienes raíces, viviendas, carros, paseos y mercancías de toda clase.    El desenfreno, producto de la especulación y no de la producción, es la causa de la crisis del agua. Crisis que fue antecedida por el problema de la recolección de la basura, aún sin solución. La especulación abanicada por el gobierno también es la causa de la crisis del transporte, de la falta de vías de comunicación tanto en la ciudad como en el interior y el colapso de los dos puentes que cruzan el Canal de Panamá.

La única solución al problema del agua en la ciudad de Panamá es la planificación a mediano y largo plazos. Así se hizo durante gran parte del siglo XX. ¿Por qué abandonaron la planificación los malos políticos neoliberales hace 25 años?

 

 

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<> Este artículo se publicó el 13  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El gobierno empresarial y las reformas

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La opinión de….

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MARCO  A.  GANDÁSEGUI –
gandasegui@hotmail.com
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Miembros del gabinete del presidente Ricardo Martinelli insisten que trabajan para un gobierno empresarial. El mandatario lo planteó antes de llegar al solio presidencial en 2009 y también en varios escenarios internacionales y podios nacionales después de ser ungido en su actual puesto. Recientemente, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, señaló que su lealtad hacia el presidente de la República pasaba por su compromiso de estar trabajando para un gobierno empresarial. La misma ministra fue la que anunció, a fines del año pasado, la intención del Ejecutivo de proponer reformas a la Constitución Política.

Las reformas obviamente tienen un tinte empresarial. Según el gobierno, las reformas quieren acortar a cinco años el período de espera para la reelección del presidente. También se quieren modificar algunos artículos relacionados con el sistema judicial y ciertos aspectos fiscales. Para adornar la propuesta el Ejecutivo ha introducido dos iniciativas muy originales. Por un lado, incorporar a la Constitución el programa que beneficia con un pago de 100 dólares a las personas con 70 años de edad o más que no cuentan con beneficio social alguno (‘los cien para los 70’). Por el otro, elevar a la categoría constitucional el programa denominado ‘beca universal’, que consiste en darles a los padres de estudiantes con índice de 3 un emolumento mensual de 20 dólares.

La propuesta ha creado un ambiente adverso en la población panameña, especialmente entre los sectores que sospechan que la intención verdadera del presidente Martinelli es aprobar una reforma que le permita aspirar a la reelección inmediata. La Asamblea de Diputados tendrá que debatir la propuesta de reforma en el período legislativo recién inaugurado. Si es aprobada por ese poder del Estado, la reforma tendría que ser llevada a un referéndum donde el pueblo votaría a favor o en contra.

Actualmente, el gobierno tiene una mayoría en la Asamblea formada por la llamada ‘Alianza para el cambio’ que está formada por el partido Cambio Democrático de Martinelli y el Partido Panameñista del vicepresidente Juan C. Varela. Los dos partidos y otros menores tienen casi 50 votos de un total de 71. Los panameñistas, sin embargo, se muestran contrarios a cualquier cambio constitucional que implique una reforma al articulado que se refiere a la reelección presidencial.

La Embajada de E.E.U.U que intervino directamente en 2009 para asegurar el triunfo electoral de Martinelli, ha tomado su distancia en el asunto. Según los mensajes secretos de los diplomáticos norteamericanos, publicados en El País, de Madrid, y en el New York Times, las relaciones de Washington con Martinelli han perdido el lustre que tenían hace año y medio. E.E.U.U se inclina por lo que llama una ‘democracia con alternabilidad’ similar a la que practican en su país.

El gobierno de Martinelli dio a conocer su plan de reformas constitucionales en medio de dos escándalos políticos y varias ‘metidas de pata’. Además, el gabinete del presidente mantiene una guerra permanente con la clase trabajadora, la clase media y los ambientalistas. Entre los escándalos políticos se destaca la renuncia del procurador general quien tuvo que enfrentar la liberación de supuestos narcotraficantes por parte de una red de funcionarios corruptos. También, Martinelli tiene que enfrentar las declaraciones de la embajadora de E.E.U.U, filtradas por Wilkileaks, que lo acusa de bravucón y acosador.

Lo que más preocupa a los panameños es que el presidente Martinelli siempre opta por irse de paseo cuando la casa está en desarreglo. Esta semana decidió ir a ver un juego de fútbol americano en el sur de E.E.U.U cuando sus planes de modernización del transporte urbano (Metro-Bus) están siendo criticados por los usuarios. Igualmente, cuando el área metropolitana de la ciudad de Panamá está prácticamente ahogada en la basura que no recoge el sistema de aseo colapsado. Decidió ausentarse el día después de que la ciudad de Panamá sufrió una interrupción total de la distribución de agua potable. Los tres servicios estratégicos – transporte urbano, aseo y agua potable – cuentan con los fondos públicos de sobra para que funcionen como corresponde. Simplemente, no están en las prioridades del gobierno. Al igual que la educación, la salud y la vivienda, el gobierno del presidente Martinelli se ha desentendido de estas áreas fundamentales para el desarrollo del país. También han quedado relegados de la agenda gubernamental los sectores productivos de la economía como la industria y el sector agropecuario.

Por estas razones los ministros del presidente Martinelli se consideran parte de un gobierno empresarial. Su objetivo estratégico es generar ganancias para un selecto grupo de empresarios, a cualquier costo, sin importar que el país continúe descendiendo por un espiral donde la pobreza y el crimen organizado se apoderen de nuestras instituciones.

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<> Este artículo se publicó el 6  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

2010: turbulencia global sin solución

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La opinión de….

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MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO –
gandasegui@hotmail.com

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El año 2010 culmina con una nota agria para Panamá en el escenario mundial. El presidente Ricardo Martinelli apareció en todos los titulares internacionales por culpa de su apetito político desmedido, revelado por los cables secretos enviados por la Embajada de EEUU desde la capital panameña. Lo que era vox populi en los medios locales se trasladó por unas horas a los medios globales.

La arrogancia, el tráfico y la corrupción no retendrán por mucho tiempo la atención del mundo. En cambio, la turbulencia económica que remece el sistema capitalista, sin aparente solución, los movimientos sociales de protesta, la derrota del presidente Barak Obama en noviembre, la emergencia de nuevas potencias globales, la creciente crisis ambiental, el empobrecimiento creciente de los trabajadores a escala mundial y la cuestión de género son problemas que sacudieron el planeta en 2010 y prometen continuar presentes en el próximo año.

Obama desilusionó a los pueblos del mundo —y no solo al suyo— por su falta de imaginación para gobernar al país más poderoso del mundo. El pueblo norteamericano no respaldó a Obama en las elecciones parciales de 2010 y perdió la mayoría en el Congreso.

La economía de EEUU tuvo por tercer año consecutivo una tasa de crecimiento negativa, que arrastró a sus principales socios —sobre todo Europa— por el mismo camino. La única excepción fue China, que mantiene un ritmo de crecimiento económico del 10 por ciento anual. Los socios proveedores de materias primas al gigante asiático —como son la mayoría de los países de América del Sur— han evitado caer en el espiral norteamericano. La ‘reprimarización’ de las economías latinoamericanas, sin embargo, no constituyen garantía para el desarrollo de la región.

El caso de China también es impredecible. Está apostando a que la economía de EEUU no se desplome antes de 2025. Para esa fecha considera que estaría en condiciones de absorber las pérdidas de EEUU. En la actualidad, EEUU le debe a China más de 950 mil millones de dólares y sigue exportando sus plantas industriales a los grandes centros urbanos que crecen como hongos en aquel país.

La turbulencia de la economía capitalista ha agudizado la crisis ambiental. El Tratado de Kyoto es historia y la reciente reunión en Cancún ni mereció comentarios en los diarios. Los países más industrializados se han comprometido a controlar sus desmanes, pero sin dar garantías. En el caso de América Latina la especulación en torno a los metales y a la energía, desató en 2010 una carrera para acabar con los últimos reductos protegidos por la naturaleza.

El sector social más golpeado por la prolongada crisis económica ha sido la clase de los trabajadores. En EEUU, el 10 por ciento de los trabajadores está sin empleo, en España la cifra alcanza el 20 por ciento y en América Latina ha crecido la informalidad y el ‘trabajo precario’ a cifras antes no imaginadas. En el caso de Panamá, supera el 40 por ciento. A escala mundial la situación es alarmante en áreas como África, vastas extensiones de Asia y algunos países europeos donde las economías han colapsado y los trabajadores no encuentran solución alguna.

Los antiguos partidos socialistas o comunistas fueron neutralizados como consecuencia de la ‘guerra’ neoliberal desatada en los últimos 20 años. En América Latina, sin embargo, quedan algunos reductos.   En Cuba, el gobierno anunció este año que estudian nuevos ‘lineamientos’ dentro de su concepción socialista de sociedad. Los otros países del ALBA se pronunciaron en 2010 comprometidos con la ‘revolución socialista del siglo XXI’.

En 2010 la cuestión de género logró captar más atención, como resultado de las movilizaciones de las mujeres a nivel internacional. El desarrollo del capitalismo ha incorporado cada vez más mujeres a la fuerza de trabajo, así como a las filas de ocupaciones profesionales y técnicas. La creciente presencia de la mujer, en todas las áreas de actividad, generó en muchos países una reacción negativa. La violencia contra la mujer siguió incrementando a escala mundial, especialmente en los países más industrializados.

Los movimientos sociales en todos los países del mundo siguieron tomando fuerza, pero sin definir con claridad objetivos y sin constituir redes lo suficientemente fuertes para asumir aún un rol significativo en el escenario mundial. Esta situación, sin embargo, puede cambiar en cualquier momento en la medida en que existen todos los medios para establecer nexos entre los grupos que luchan por transformar sus sociedades. El escenario existe y solo falta el sujeto social con la capacidad para catalizar un movimiento global.

 

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<> Este artículo se publicó 30  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

2010: un balance de contradicciones

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La opinión del Profesor de la UP e Investigador asociado al CELA….

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MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO –
gandasegui@hotmail.com

Como la mayoría de los países con sistemas de mercado, Panamá se caracteriza por las contradicciones políticas y por los conflictos sociales. Además, por una falta de previsión en todo lo que se refiere a los usos de la riqueza económica nacional. Muchos observadores, en el caso de Panamá, sienten que el país se desliza por un sendero peligroso.

Las lluvias de fin de año causaron pérdidas de vida y destrucción de infraestructura sin justificación alguna. Mientras que uno de los puentes sobre el Canal de Panamá —el Centenario— fue inutilizado y otro (de las Américas) presenta fallas muy serias, el ministro del ramo anuncia que el gobierno quiere construir un tercer puente.

El sistema ferroviario urbano —Metro— anunciado tiene dificultades para despegar. El Metrobús, que complementaría el servicio ferroviario, parece que reemplazará el transporte colectivo de los diablos rojos. Cómo se va a hacer sigue siendo un misterio.

De todas las aberraciones que caracterizan las actuaciones del gobierno podemos hacer una selección de 10 que se destacan.

1. Las exportaciones disminuyeron y las importaciones aumentaron en 2010. Las políticas públicas siguen castigando al productor nacional, creando menos empleo y haciendo más dependiente la economía nacional. No hay seguridad alimentaria.

2. Las deserciones escolares aumentaron y las inversiones educativas disminuyeron en 2010. El empleo informal y el trabajo precario, que crean las políticas gubernamentales, está empobreciendo a la familia, obligando a los adolescentes a abandonar sus estudios y buscar ingresos. El gobierno promueve las pandillas y le crea condiciones favorables al crimen organizado.

3. Las inversiones inmobiliarias superaron los US$mil millones y las familias con vivienda disminuyeron en 2010. La inversión especulativa de nacionales y extranjeros en viviendas de alto costo siguió alimentando la ‘burbuja’ que pronto estallará. Al mismo tiempo, no se invierte en la construcción de ‘viviendas sociales’.

4. El transporte público empeoró y los gastos en sistemas inútiles aumentaron en 2010. El promedio de tiempo que le toma a una persona para llegar a su lugar de trabajo es de dos horas, creando un gasto innecesario que perjudica a la familia panameña y a la economía nacional. Mientras tanto, se siguen generando ‘sistemas’ que distribuyen fondos públicos a quienes se aprovechan de la gente.

5. Los gastos en deportes aumentaron y el número de atletas compitiendo disminuyó. El alcalde de las ciudad capital quiso poner a los niños a boxear, mientras que las escuelas no tienen programas deportivos y sus infraestructuras están en un estado de deterioro.

6. El acaparamiento de tierras urbanas aumentó y las inundaciones son cada vez más fatales. Los especuladores de tierras han convertido a la ciudad de Panamá en una bomba ambiental a punto de estallar. Los ríos han sido desviados para construir urbanizaciones, centros comerciales y carreteras, sin tomar en consideración los problemas de drenaje y salud ambiental.

7. Los impuestos aumentaron y los servicios públicos disminuyeron. Hay que hacer la salvedad: Los impuestos que deben pagar los pobres. En cambio, los ricos pagan menos impuestos. A cambio del aumento de impuestos, se interrumpió el servicio de recolección de basura, más de la mitad de la población metropolitana no tiene acceso a los servicios de agua potable o tiene un acceso deficiente, las vías urbanas se encuentran en un permanente caos (‘tranques’) y la Policía no controla el crimen organizado.

8. Los propietarios incrementaron sus ganancias y los trabajadores recibieron menos remuneraciones. Según estadísticas oficiales, por décimo año consecutivo, la suma de los salarios que se le pagan a los trabajadores panameños disminuyó, mientras que las ganancias de los propietarios aumentaron. Esta desproporción es el producto de la ‘flexibilización’ del trabajo y la ‘desregulación’ de la relación obrero patronal.

9. Los partidos recibieron mayores subvenciones y trabajaron menos en la Asamblea. El sistema de subvenciones públicos para el funcionamiento de los partidos políticos dejó de ser funcional hace más de 10 años. En vez de contribuir a la formación de políticos mejor preparados para legislar y ejecutar políticas públicas, las subvenciones son distribuidas entre los políticos para fines desconocidos oficialmente.

10. El presidente Martinelli viajó más y se supo menos de sus salidas al exterior. Los presidentes de la República han reemplazado a sus cuerpos diplomáticos en el exterior. El presidente Martinelli viajó un promedio de más de un viaje por mes. Solo suspendió su participación en el Mundial de Fútbol en África del Sur para reprimir a los trabajadores de las bananeras en Changuinola. Un total de cinco personas murieron como consecuencia de los disparos de perdigones y gas lacrimógeno.

 

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<> Este artículo se publicó 23  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La invasión militar norteamericana de 1989

La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA….

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MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO –
gandasegui@hotmail.com
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El escándalo de WikiLeaks ha sacado a la luz pública el control que tiene EEUU sobre los medios de comunicación en casi todos los países del mundo. En los cables desvelados por WikiLeaks, los embajadores norteamericanos y sus empleados informaban a Washington, como niños traviesos, que los países en que están son gobernados por ignorantes, corruptos y, a veces, hasta por asesinos. Las cadenas de televisión y los diarios encadenados a Washington interpretan la información de WikiLeaks en forma tergiversada, pretendiendo que son opiniones de gobiernos y sus altos funcionarios.

Lo más interesante es que el mensajero, el dueño de WikiLeaks, está siendo perseguido por las agencias de EEUU, con el único fin de demostrarle al mundo que nadie puede ‘meterse’ con sus muchachos. En Suecia le inventaron un caso de acoso sexual (según algunas fuentes las ‘víctimas’ eran cubanas de Miami). En EEUU varios fiscales de Estados han levantado casos de ‘terrorismo’ contra Julian Assange.

Sobre Panamá, los diarios que están procesando las filtraciones de WikiLeaks todavía no han soltado toda la información que tienen de los cables enviados por sus diplomáticos a Washington. Ya se sabe que no ofrecerán algo nuevo. Solo sabremos, con los números correspondientes a cada informe, que los rumores y las pistas falsas que se crearon a lo largo de las últimas dos décadas son producto de la Embajada de EEUU.

Sería interesante conocer los cables enviados por la embajadora norteamericana que a principios de 2009 hizo que Juan C. Varela abandonara su candidatura a la Presidencia para abrirle el camino al actual mandatario, Ricardo Martinelli. Aún más interesante, ¿qué dicen los cables fechados a fines de 2010 sobre la ofensiva de Martinelli para buscar la reelección? Casi todo el mundo sabe que él no es el candidato a presidente de la República de Panamá que favorece EEUU. ¿Porqué están tan apresurados los diplomáticos de Washington?

La abierta ingerencia de Washington en los asuntos políticos de Panamá no es algo nuevo. Han impuesto gobernantes e, incluso, han invadido el país en varias ocasiones. El deber de todos los panameños es conocer esta historia y evitar que se repita.

El problema que tienen algunos panameños (una minoría con mucho poder) es comprender que nuestro país es una República, con su propia Constitución Política y leyes que deben respetarse.

Los panameños conocen la historia de la invasión militar norteamericana de 1989 y se sienten muy resentidos. Rechazan la arrogancia del invasor y la hipocresía de sus aliados internos.

El pueblo panameño, sin embargo, reconoce que en estos momentos no está en condiciones de retribuir a quienes se apoderaron de las instituciones gubernamentales después de la invasión. A pesar de ello, el pueblo está consciente de que llegará el momento propicio para recuperar la ‘hegemonía perdida’ (como diría Hernán Porras) e iniciar la construcción de una sociedad mucho más inclusiva que elimine la pobreza y la injusticia social en Panamá.

Los medios de comunicación social panameños han sido muy tímidos en su tratamiento de la invasión militar norteamericana y sus consecuencias. Los gobiernos de los últimos 20 años (1990-2010) se muestran temerosos ante EEUU de pronunciarse sobre los acontecimientos. Prueba de ello, todavía no se conoce una cifra oficial de los muertos que causó la invasión militar norteamericana. La juventud entiende que no fueron los panameños que invadieron a EEUU en 1989. La juventud entiende también que no fueron los estudiantes que agredieron a la tropa norteamericana acantonada en la antigua Zona del Canal el 9 de Enero de 1964.

Hay una conciencia nacional. Está muy presente en cada panameño. A veces un poco más profundo, a veces algo superficial. Es propio de toda sociedad moderna donde sus miembros se identifican con la nación. Nos educa la familia, la escuela y la comunidad. Nos informan los medios de comunicación. Para disciplinarnos, el Estado y el gobierno nos ofrecen un conjunto de símbolos que debemos respetar. El proceso termina fortaleciendo la conciencia nacional. Al extremo que muchos dan su vida por defender los símbolos, como los jóvenes de la gesta del 9 de Enero. La invasión militar norteamericana del 20 de Diciembre de 1989 abrió una herida profunda en la conciencia nacional que todavía no se ha cicatrizado.

Todos tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo en la construcción de la nación panameña, fortalecer la decisión de cada joven para estudiar y convertirse en mujeres y hombres productivos. Debemos tener buenas relaciones con todos los países del mundo de manera respetuosa e, incluso, promover la integración regional. Evitar que en el futuro nuestras propias debilidades permitan que la arrogancia de una potencia nos vuelva a invadir y cause más muertes y destrucción como en 1989.

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<> Este artículo se publicó 16  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Hacia una política del perro y del gato

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La opinión del Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado al CELA….

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MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO –
gandasegui@hotmail.com
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Parece que el presidente Ricardo Martinelli prepara su estrategia para salir victorioso en las elecciones de 2014. Desde 2009 planea cómo conseguir una mayoría en los otros poderes del Estado: la Asamblea Nacional de Diputados y la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Corte le correspondió nombrar tres magistrados afectos a su persona poco después de asumir el mando. En el caso de la Asamblea le ha resultado algo más lento, pero no tan difícil.

En las elecciones de 2009, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), perdió la Presidencia, pero conservó la bancada más grande en la Asamblea. Un total de 26 curules de un total de 71. El Partido Panameñista, que ganó las elecciones en alianza con el presidente Martinelli, logró un total de 25 puestos en la Asamblea.

La sorpresa fue el Partido Cambio Democrático (CD) que obtuvo, junto con sus aliados menores, un total de 19 asientos. El éxito relativo fue gracias a la campaña millonaria del candidato victorioso Ricardo Martinelli. Con esta bancada, sin embargo, el CD no podía aspirar a desarrollar una política agresiva y autónoma. En 2009 y 2010 logró controlar la agenda legislativa con los votos de su aliado de fórmula, el Partido Panameñista. Todo indica que esta fórmula le resulta incómoda al presidente Martinelli.

Para corregir este problema político, entre 2009 y 2010, el Ejecutivo ‘secuestró’ tres diputados del Partido Panameñista. Para agregar a esta labor, y que impresiona aún más, se ‘llevó’ cinco diputados del PRD a sus toldas. En poco más de un año logró sumar a su bancada un total de ocho diputados. A fines de 2010 ya cuenta con 27. Es, actualmente, la bancada más grande en la Asamblea. El Partido Panameñista quedó con 22 y el PRD solo tiene 21 curules.

La guerra política declarada por el CD, sin embargo, está lejos de cantar victoria. Al contrario, el presidente Martinelli solo se sentirá satisfecho cuando logre amarrar una mayoría absoluta en la Asamblea. Es decir, cuando tenga 36 diputados (el 50% más uno) en su bancada. Para lograr este objetivo necesita arrear para su lado a nueve diputados más. Si entre 2009 y 2010 el CD logró quitarle a los otros partidos un total de ocho diputados, no hay por qué no creer que pueda restarles otros nueve legisladores en los próximos dos años (2011 y 2012).

Con una mayoría absoluta en la Asamblea, el CD no dependería de su actual aliado, el Partido Panameñista. A principios de 2009, ambos acordaron en la Embajada de EEUU que formarían un pacto electoral —con Martinelli a la cabeza— para presentarse en las elecciones de ese año. El acuerdo incluía un compromiso —con la embajadora de testigo— de que el Partido Panameñista encabezaría la alianza en las elecciones de 2014. Si el CD obtiene una mayoría absoluta en la Asamblea ese pacto puede considerarse letra muerta.

La agresividad del presidente Martinelli ha soltado muchas tuercas en las viejas máquinas electorales y mostrado las múltiples debilidades de los partidos tradicionales.   Los diputados ‘saltamontes’ no tienen lealtad alguna para con los partidos que en una época decían que eran ‘nacionalistas’ y ahora han demostrado ser neoliberales.   Las cúpulas de los partidos han perdido contacto con sus bases y las decisiones se toman en el marco de un directorio ampliado que maneja los hilos del poder utilizando el clientelismo. Los diputados electos, en su mayoría, no responden a sus partidos y menos a las bases. Son ‘cuadros’ sin ideología, pero con una gran ambición y que son fácilmente manipulados por quienes manejan los hilos del poder.

El escenario político puede complicarse si el presidente Martinelli pretende utilizar su poder político (más sus conexiones económicas) para alterar la correlación de fuerzas establecida en Panamá después de la invasión militar norteamericana en 1989.

La alternabilidad política entre las fracciones que controlan la economía del país era lo que perseguía la Embajada de EEUU en 2009. Si el CD amenaza ese equilibrio, pueden surgir muchas alternativas. Entre las mencionadas se destaca una opción popular encabezada por el Frenadeso y/o el Partido Alternativa Popular.

También puede darse una alianza entre el PRD y el Partido Panameñista para detener las pretensiones de Martinelli y su Partido CD en 2014. ¿Imposible? Solo un pacto de este tipo podría detener una ofensiva política de Martinelli en la Asamblea y, de paso, en la Corte Suprema de Justicia. Más aún, sería la única ‘llave’ capaz de levantar una fórmula para detener al actual mandatario en las elecciones generales de 2014.   ¿Como mezclar el agua y el aceite?   Mejor todavía, jugar al perro y al gato.

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<> Este artículo se publicó el 9  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los documentos secretos de Washington

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La opinión de….

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MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO –
gandasegui@hotmail.com

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El gobierno del presidente Barack Obama en EEUU se siente vulnerable frente a la revelación de más de 250 mil documentos de sus archivos secretos que comenzaron a publicarse a fines de noviembre. Los documentos revelan tanto las conspiraciones contra los enemigos de Washington como los engaños cometidos contra sus supuestos aliados.

Algunos investigadores están buscando las conexiones entre el colapso del campo socialista, el tráfico de drogas dirigido por EEUU y la ‘guerra contra el terrorismo’.   Al desaparecer la supuesta amenaza comunista de Moscú,   EEUU tuvo que crear un enemigo nuevo que tomó una década para definirse —entre 1990 y 2000.   La creación de la imagen terrorista de la cultura islámica y la invasión de Irak y Afganistán forman parte de una de los capítulos más confusos de la política exterior de EEUU.

El coordinador del grupo llamado WikiLeaks, Julian Assange, quien logró infiltrarse en la red creada por el Pentágono para la distribución de documentos secretos del gobierno, ha sido amenazado por las autoridades de EEUU. Incluso, los suecos han solicitado a la Interpol su arresto, por supuesto acoso de dos mujeres de ese país.   A pesar de todo, los documentos descifrados fueron recibidos por medios de comunicación europeos y de otras regiones.   En EEUU el New York Times comenzó a publicar una selección de los documentos, censurando los más comprometedores.

En el caso de Panamá, se destacan los informes secretos enviados por la Embajada de EEUU a Washington antes de la invasión militar que derrocó al general Manuel A. Noriega en 1989. El 20 de diciembre de ese año, EEUU juramentó al presidente Guillermo Endara en una base militar norteamericana, quien después nombró un gabinete y comenzó a gobernar.

En Panamá se desconocen los arreglos post-invasión entre EEUU y los nuevos gobernantes panameños. Las contradicciones que surgieron entre Panamá y EEUU, así como entre los propios gobernantes panameños, que se distanciaron, son una historia que no se ha dado a conocer.   La invasión, que causó muchas muertes, nunca ha sido objeto de una investigación a fondo por parte de Panamá. Incluso, no existe una cifra oficial de los panameños que murieron como causa de la invasión militar norteamericana.

EEUU secuestró la totalidad de los archivos de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) y sus antecesoras: La Guardia Nacional (1953-1983) y la Policía Nacional (1936-1953).   Según investigaciones realizadas por instituciones de varios países, los archivos de las FDP se encuentran en un depósito de en el Sur del estado de Florida, bajo la custodia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU.

En un despacho de la Embajada de EEUU del 13 de diciembre de 1989, clasificada como secreta, y numerada de la sección 01 de 05 Panamá 08545, se describe la situación política de Panamá y los planes del general Noriega para seguir resistiendo el embargo económico de EEUU.   Se refiere a las esperanzas que tiene la oposición al gobierno militar de que se produzca un golpe de Estado.

La única parte que está censurada por los encargados de archivar la información se refiere a los nombres de los principales asesores civiles con que contaba Noriega en esa época. Los únicos nombres que aparecen mencionados son los miembros de su Estado Mayor. Todo indica que la Embajada tenía instrucciones de ganarse a estos oficiales.   Los documentos se refieren al intento de golpe del 3 de octubre de 1989 como una muestra de debilidad por parte de Noriega. Los agentes norteamericanos no asumen responsabilidad alguna, pero tampoco ven el frustrado golpe del mayor Giroldi y sus compañeros de armas como algo ajeno. Sobre este incidente, el periodista del Washington Post, Robert Woodward, informó en su libro Los comandantes, con lujo de detalles, cómo los hilos eran manejados desde las oficinas del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Colin Powell, en coordinación directa con el presidente George Bush (padre). La decisión última para abandonar a Giroldi a su suerte dentro del Cuartel Central, ubicado en El Chorrillo, fue tomada en la Casa Blanca.

Muchos de los documentos dados a conocer por WikiLeaks son relativamente recientes. La mayoría se refiere a la forma de percibir el mundo por parte de los diplomáticos enviados por EEUU a trabajar en el mundo. Los informes diplomáticos insinúan que los líderes africanos son ignorantes, los políticos árabes son corruptos y los europeos irresponsables.   La documentación descubierta revela una falta de formación política entre los diplomáticos desplegados por Washington. Sus informes reflejan prejuicios adquiridos en los clubes de los suburbios de las ciudades norteamericanas, más que conocimientos adquiridos sobre el terreno.

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<> Este artículo se publicó el 2  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.