La invasión militar norteamericana de 1989

La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA….

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO
gandasegui@hotmail.com

El escándalo de WikiLeaks ha sacado a la luz pública el control que tiene EEUU sobre los medios de comunicación en casi todos los países del mundo. En los cables desvelados por WikiLeaks, los embajadores norteamericanos y sus empleados informaban a Washington, como niños traviesos, que los países en que están son gobernados por ignorantes, corruptos y, a veces, hasta por asesinos. Las cadenas de televisión y los diarios encadenados a Washington interpretan la información de WikiLeaks en forma tergiversada, pretendiendo que son opiniones de gobiernos y sus altos funcionarios.

Lo más interesante es que el mensajero, el dueño de WikiLeaks, está siendo perseguido por las agencias de EEUU, con el único fin de demostrarle al mundo que nadie puede ‘meterse’ con sus muchachos. En Suecia le inventaron un caso de acoso sexual (según algunas fuentes las ‘víctimas’ eran cubanas de Miami). En EEUU varios fiscales de Estados han levantado casos de ‘terrorismo’ contra Julian Assange.

Sobre Panamá, los diarios que están procesando las filtraciones de WikiLeaks todavía no han soltado toda la información que tienen de los cables enviados por sus diplomáticos a Washington. Ya se sabe que no ofrecerán algo nuevo. Solo sabremos, con los números correspondientes a cada informe, que los rumores y las pistas falsas que se crearon a lo largo de las últimas dos décadas son producto de la Embajada de EEUU.

Sería interesante conocer los cables enviados por la embajadora norteamericana que a principios de 2009 hizo que Juan C. Varela abandonara su candidatura a la Presidencia para abrirle el camino al actual mandatario, Ricardo Martinelli. Aún más interesante, ¿qué dicen los cables fechados a fines de 2010 sobre la ofensiva de Martinelli para buscar la reelección? Casi todo el mundo sabe que él no es el candidato a presidente de la República de Panamá que favorece EEUU. ¿Porqué están tan apresurados los diplomáticos de Washington?

La abierta ingerencia de Washington en los asuntos políticos de Panamá no es algo nuevo. Han impuesto gobernantes e, incluso, han invadido el país en varias ocasiones. El deber de todos los panameños es conocer esta historia y evitar que se repita.

El problema que tienen algunos panameños (una minoría con mucho poder) es comprender que nuestro país es una República, con su propia Constitución Política y leyes que deben respetarse.

Los panameños conocen la historia de la invasión militar norteamericana de 1989 y se sienten muy resentidos. Rechazan la arrogancia del invasor y la hipocresía de sus aliados internos.

El pueblo panameño, sin embargo, reconoce que en estos momentos no está en condiciones de retribuir a quienes se apoderaron de las instituciones gubernamentales después de la invasión. A pesar de ello, el pueblo está consciente de que llegará el momento propicio para recuperar la ‘hegemonía perdida’ (como diría Hernán Porras) e iniciar la construcción de una sociedad mucho más inclusiva que elimine la pobreza y la injusticia social en Panamá.

Los medios de comunicación social panameños han sido muy tímidos en su tratamiento de la invasión militar norteamericana y sus consecuencias. Los gobiernos de los últimos 20 años (1990-2010) se muestran temerosos ante EEUU de pronunciarse sobre los acontecimientos. Prueba de ello, todavía no se conoce una cifra oficial de los muertos que causó la invasión militar norteamericana. La juventud entiende que no fueron los panameños que invadieron a EEUU en 1989. La juventud entiende también que no fueron los estudiantes que agredieron a la tropa norteamericana acantonada en la antigua Zona del Canal el 9 de Enero de 1964.

Hay una conciencia nacional. Está muy presente en cada panameño. A veces un poco más profundo, a veces algo superficial. Es propio de toda sociedad moderna donde sus miembros se identifican con la nación. Nos educa la familia, la escuela y la comunidad. Nos informan los medios de comunicación. Para disciplinarnos, el Estado y el gobierno nos ofrecen un conjunto de símbolos que debemos respetar. El proceso termina fortaleciendo la conciencia nacional. Al extremo que muchos dan su vida por defender los símbolos, como los jóvenes de la gesta del 9 de Enero. La invasión militar norteamericana del 20 de Diciembre de 1989 abrió una herida profunda en la conciencia nacional que todavía no se ha cicatrizado.

Todos tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo en la construcción de la nación panameña, fortalecer la decisión de cada joven para estudiar y convertirse en mujeres y hombres productivos. Debemos tener buenas relaciones con todos los países del mundo de manera respetuosa e, incluso, promover la integración regional. Evitar que en el futuro nuestras propias debilidades permitan que la arrogancia de una potencia nos vuelva a invadir y cause más muertes y destrucción como en 1989.

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<> Este artículo se publicó 16  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Una contraloría que no controla, no fiscaliza y no frena los actos irregulares

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM  ASVAT
easvat@elsiglo.com

Dentro del juego de los pesos y contrapesos que rigen en un gobierno de tipo presidencialista, la función de la Contraloría General de la República es un pilar importante para frenar la ilicitud y la corrupción.

 

La Constitución Nacional de la República inclusive le ha dejado a la Asamblea Nacional de Diputados la responsabilidad de escoger quien debe dirigir dicha institución del Estado. Las razones son entendibles.

 

Una contraloría debe ser independiente de los designios y arbitrios del Órgano Ejecutivo, especialmente del Presidente de la República. De esa manera se puede fiscalizar y frenar la corrupción y las irregularidades propias de funcionarios que no reconocen o pretenden obviar el principio de que en derecho público solo pueden hacer aquello que le permite la ley. Cualquier extralimitación o omisión es objeto de sanciones administrativas y penales.

 

Pero en este tema el actual gobierno ha roto todo los parámetros. Quien ocupa dicho cargo público fue empleada del Presidente en sus actividades privadas. Ejercía funciones en una de sus empresas con subordinación jurídica y dependencia económica. Lo ejerció por muchos años. Frente a esa realidad su nombramiento en tan importante posición, donde en ocasiones debe enfrentarse o diferir de las opiniones del Presidente y sus allegados, resulta una ilusión infantil.   Además lo ha demostrado. Todo cambia para no cambiar. No ha objetado las contrataciones directas, tampoco ha producido resultados cónsonos con las denuncias de irregularidades y corrupción.

 

El escandaloso caso del FIS duerme el sueño de los justos.   Y si investigara en lo que ahora se denomina PAN estoy seguro que encontrará bellezas.

 

Me comentaba un legislador oficialista, hace poco, que la Asamblea mantienen un noviazgo interesado con el Ejecutivo porque lo que le ha proveído este gobierno a los diputados es superior a lo que el gobierno de Mireya y Torrijos ofrecieron en conjunto.

 

Así las cosas nada parece incomodar a la Asamblea de Diputados, y es más explica el marcado interés de los diputados de la oposición por cambiar de bando. Pero hay cosas peores. La designada en la Contraloría General de la República tiene a un hijo nombrado en el Consulado de Panamá en Buenos Aires, Argentina. No hay nada que explicar aquí pues quien vigila y fiscaliza tienen intereses comunes con el ente que ejecuta el presupuesto nacional.

 

Todo esto indica que para creer en milagros es condición necesaria ser religioso, muy distinto es el caso de los políticos. Creer en ellos debe estar condicionado a la fidelidad, a la ley y la voluntad política de cumplir.

 

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<> Artículo publicado el 15  de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

“El reino de la politiquería, desentenderse”

La opinión del Licenciado en Administración Pública…

Carlos López 

Por fingir que no se entiende una cosa, afecta el erario público, y que muchas veces son cientos de miles de balboas. Lo paga el politiquero y/o el partido político. Ya que llegar hacer un profesional y especialmente servidor público lo inicial que se requiere es respetar los símbolos patrios.

La práctica que se ejerce en la Administración Pública por ignorancia inexcusable a abierto un nuevo camino de cambio, en vez de la destitución , ahora es la renuncia. Ya que las malversaciones, desfalco, cohecho, u otra inmoralidad en la Administración Pública deben ser sancionadas o continuamos con el relajo.   Sin embargo, el hecho de dimitir no inhibe la responsabilidad de las acciones de irregularidades.

Ahora, le toca al pueblo observar las reglas de las probabilidades que aplica la Contraloría General de la República, para no perder su galardón antes de padrino.

Ahora, la madrina también se le puede olvidar la aplicación del Decreto No. 214-DGA de 8 de octubre de 1999 por la cual se emiten las normas de control interno gubernamental para la República de Panamá. (G. O. 23,946 ) en donde debe ser considerados las funciones claves de autorización que se concentra en una sola persona.

En vista de que el marco legal del Presupuesto General del Estado, que es una ley anual de presupuesto, le otorga a cada entidad sus recursos necesario para las acciones que adoptarán las Direcciones, cuya correcta administración no debería de existir las irregularidades.   Al menos que, la fiscalización de la Contraloría General le otorgue el beneplácito.

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<>Artículo publicado el  19  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Comunicación, imagen y asesores en la CGR

La opinión del Periodista…

DANIEL DE GRACIA M.

Que el presidente Ricardo Martinelli haya sido el primero en excusar la eliminación del Control Previo de la Contraloría General de la República (CGR) en algunos ministerios, no deja ninguna duda de quién realmente manda y ordena en la CGR, mientras que la señora contralora todavía no es consciente del cargo que ocupa y que su firma es la segunda más importante del país.

Comparar a nuestro país con Haití, es el argumento más ridículo y falso que he escuchado para sustentar la eliminación de la fiscalización de la CGR. Alguien debe recordarle al presidente que el Control Previo controla la corrupción con los fondos del Estado y la clase política de este país tiene una cola de paja interminable sobre corrupción con los dineros del pueblo.

Pero la pregunta es ¿porque la señora contralora prefiere evadir este y otros temas importantes que refieren el control o descontrol de los recursos del Estado? Todo indica que la señora contralora, como dice el panameño, ‘anda en otra onda’ y se ha limitado a informar con escuetos comunicados de prensa, a pesar de que tiene una ‘Asesora en Comunicación Externa e Imagen Organizacional’ con un contrato de 100000 dólares en este periodo, de acuerdo al Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.

El Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo ofrece algunas pistas de la ‘onda’ en que anda la señora contralora.

El trabajo de la contralora y su vaga forma de expresarse deja mucho que decir y es una vergüenza para la institución, pero tiene contratos con 10 asesores por un monto total de 2 millones 340 mil dólares para su periodo, repartidos en una media de 200000 dólares para cada asesor.

A parte de su ‘Asesora en Comunicación Externa’, tiene a una ‘Protocolo y Ceremonial en la Dirección Superior’, con un contrato de 100000 dólares, además de la directora de Comunicación Social con un salario de 2200 dólares, más 1500 dólares de gasto de representación.

Es decir, en comunicación e imagen, la contralora esta pésimamente asesorada con jugosos contratos con fondos públicos y no de la cadena de supermercados, lo que a mi juicio es un insultante y descarado desperdicio de los recursos de todos los panameños.

Lo anterior no suma el salario o el contrato de su principal asesor y mano derecha, un ‘abogado periodista’, que no aparece en el Nodo de Transparencia, pero es la persona que realmente ordena y toma las decisiones en la Dirección de Comunicación Social y las políticas de imagen e información de la CGR, y en su ausencia, lo hace su secretaria.

Cuando laboraba en la Dirección de Comunicación, este asesor reunió a todo el personal, incluyendo a la directora de Comunicación, para informar que todas las decisiones referentes a comunicación e información, de cualquiera naturaleza, serían tomadas por él o en su defecto, por su secretaria y todavía trabajan así.

En esa reunión, la directora de Comunicación Social no dijo siquiera ‘esta boca es mía’ y solo se limitó a escuchar como una funcionaria más y a inclinar su cabeza.

En la Dirección de Comunicación Social también desconocen por completo el ‘trabajo’ de las ‘asesoras’ de la señora contralora en materia de comunicación e imagen, puesto que el único responsable del tema en la CGR es el asesor ‘abogado y periodista’ más próximo a la contralora.

La situación en la CRG es más grave de lo que se percibe y se escribe. El desastre en la ejecución de los Censos Nacionales y el deplorable resultado, es el único impacto externo que ha proyectado el trabajo de la señora contralora ante la sociedad, pero si ella insiste en continuar en el cargo, por su incapacidad expresada, podría terminar acabando con el prestigio y la credibilidad que ha ganado la institución en la sociedad panameña en los últimos 20 años. ¡Vamos Bien!

<> Este artículo se publicó el 15 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Cuando los medios son tan importantes como los fines

La opinión de…

 

Carlos Gasnell Acuña

Este gobierno, en su vertiginosa carrera para cumplir con las promesas de campaña, las cuales difícilmente se van a poder realizar en un período de cinco años, ha decidido que además de que es permitido meter la pata, mas no la mano, también es mejor pedir perdón que pedir permiso.

La eliminación del control previo de la Contraloría General, con el pretexto de que somos uno de los pocos países que mantiene este mecanismo de fiscalización, no es suficiente. (Existen países que tienen este control previo, pero no en manos de la Contraloría, sino del Tribunal de Cuentas, como ocurre en Uruguay).

En Colombia, la Constitución de 1991 eliminó el control previo, y en otros países de Latinoamérica lo han ido haciendo paulatinamente, pero habría que estudiar y analizar cómo le ha ido a estos países con la eliminación de este control y las medidas que adoptaron antes de eliminarlo.

Si se cambian las reglas del juego democrático es mucho más fácil cumplir promesas. Si en vez de licitaciones como ordena la Constitución y la ley, salvo excepciones puntuales, se generalizan las contrataciones directas, y en vez de permitir que se presenten recursos en dichas licitaciones, se elimina prácticamente esta posibilidad, y si en lugar de que existan controles previos, se eliminan discrecionalmente, para que todo se apruebe con rapidez, entonces los panameños tenemos el derecho a analizar si solamente nos importan los fines y resultados, o creemos que los medios también son fundamentales para que no parezca que lo que obstaculiza, aunque sea beneficioso para el interés público, hay que eliminarlo, cambiarlo o ignorarlo (como ha ido ocurriendo con la sociedad civil organizada).

El derecho a que se flexibilicen la fiscalización y los controles, las instituciones tienen que ganárselo demostrando que están preparadas. Eliminar el control previo en algunas instituciones como el Minsa, que adquirió ambulancias por contratación directa, sin una real justificación, contando con el tiempo necesario para realizar la licitación pública, y en el Meduca y en el MOP, las cuales no han demostrado gran fortaleza institucional, es como prestarle el carro a un adolescente que no ha demostrado mucha responsabilidad para que vaya a una fiesta, se emborrache y lo estrelle, causándole daños de difícil reparación.

Entendería mejor la apuesta de la Contraloría, si los departamentos de auditoría interna en las instituciones contaran con autonomía o respondieran a la Contraloría, pero todos sabemos que estos departamentos dependen de los ministros, administradores o gerentes de las instituciones, los cuales son los que realmente determinan a quién se le sigue o no una investigación, luego un hallazgo (entiéndase irregularidad).

Además, la Ley 66 de 2010, una de las leyes que sustituyó la Ley 30 de 2010, establece que el fiscal de cuentas podrá ser suspendido o removido de su cargo por la entidad nominadora (entiéndase el Ejecutivo) sin indicar las causas. La ley que creó la Fiscalía de Cuentas señalaba que dicho fiscal, solamente podría ser suspendido o removido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por delitos o faltas comprobadas cometidas en ejercicio de sus funciones.

Díganme si esto no es restarle independencia a un funcionario que ahora que decidieron ir eliminando paulatinamente el control previo, el cual ahora se extendió a la Caja de Ahorros y los Bingos Nacionales, debe ser uno de los garantes del control posterior de los agentes de manejo de fondos y bienes públicos.

Trastocar todo el sistema en beneficio del cumplimiento de promesas de campaña, tendrá secuelas negativas que pagaremos las futuras generaciones de panameños. La ley que descentralizaba el sector público, traspasándole competencias a los municipios fue suspendida el año pasado porque el Ejecutivo consideró “que estos no estaban preparados”, y aunque sabemos que hay otras motivaciones políticas, este argumento sí es aplicable a las instituciones del Estado, a las cuales no se le deben transferir facultades de autocontrol cuando no están preparadas para esta tarea, menos cuando las propias instituciones (como es el caso del MOP) lo han manifestado públicamente.

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<> Este artículo se publicó el 11  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Control Previo, como norma constitucional

La opinión de la Economista y Educadora….

 
LIZABETA  S.  DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Todo parece indicar que la decisión de la contralora Gioconda Torres de Bianchini, es eliminar el Control Previo. Tal decisión se evidencia mediante la recién emitida Resolución 898—DFG, de 25 de octubre de 2010, Gaceta Oficial número 26652—A, donde exceptúa a los Ministerios de Salud y Obras Públicas.

Esta decisión ha sido respaldada por el presidente Martinelli, quien argumentó favoreciendo la medida, al expresar que ‘El control previo es irrelevante, porque si se tienen funcionarios que son corruptos van a robar antes o después’.

De igual manera, los ex contralores Rubén Darío Carles, José Chen Barría y Alvin Weeden, documentados en su experiencia, han manifestado su posición a favor del Control Previo que lleva la Contraloría General, por mandato constitucional, ratificado en dos diferentes referéndums.

Personalidades de renombre, gran valía y reconocimiento en la materia, concuerdan en que el ‘Control Previo, como norma establecida en la Constitución Nacional, debe mantenerse y reforzarse a toda costa’. Se llama la atención sobre el peligro existente en las contrataciones directas.

Eruditos en materia fiscal, coinciden en que la Contraloría General, como organismo estatal independiente, mediante su papel de fiscalización (control previo y posterior), representa la salvaguarda de los intereses ciudadanos. Le corresponde interactuar coordinadamente los procedimientos de control interno, de forma tal, que las instituciones alcancen los objetivos estratégicos propuestos y logren el buen funcionamiento de la administración pública.

En foros internacionales de fiscalizadores, no se llega a un consenso sobre la eliminación del control previo, debido probablemente a la importancia de que exista una rigurosa separación entre la fiscalización externa y las administraciones institucionales de ejecución, de tal forma que los organismos de control puedan fiscalizar con total independencia y sin conflicto de intereses.

El presidente Martinelli argumenta que: ‘… aquí se han robado este país con control previo y entonces eso no significa nada, lo que se tiene que tener es gente honesta que haga las cosas bien y no se robe los recursos’.

Estas declaraciones deben llevarnos a una profunda reflexión. Lo indicado por el presidente se da en función a la mala práctica instaurada, producto del contubernio en la alternancia del poder político, donde prevalecen los acuerdos de la partidocracia, en detrimento de la ciudadanía.

Expertos en corrupción concuerdan en que ‘la debilidad del control interno’ en las administraciones, representa peligro. Al permitirles ejercer el control previo se corre el riesgo de incrementar los malos manejos, con poca o ninguna probabilidad de resarcir al Estado de las pérdidas o desgreños.

Las buenas intenciones del presidente no son suficientes. La población solicita prudencia a los funcionarios de alto nivel, decisiones consultadas y que los administradores conozcan mejor la ley, acaten las normas y cumplan con los procedimientos de forma adecuada, transparente, con objetividad, honestidad y sentido común. Así como de estamentos jurídicos que apliquen la ley y garanticen la recuperación de fondos y el resarcimiento de los daños causados al patrimonio del Estado.

 

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<> Este artículo se publicó el 11 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Con frenesí y sin control

La opinión de la comunicadora social…

BERNA  CALVIT
bdcalvit@cwpanama.net

Bajo el sol inclemente, la señora vendía flores con la esperanza de que ese día, de difuntos, ganaría algo para “parar la olla” en casa. El Mes de la Patria es bueno para los “empresarios” de la carne en palito, el mafá, raspa’os, o fritangas; para los que venden banderas panameñas que, en algunos, despierta efímero amor por Panamá porque el resto del año poco les importa su suerte.

En los desfiles, cada vez más desvirtuados de su verdadero significado, no faltan los estudiantes engalanados con charreteras y quepis, haciendo complicadas piruetas con los instrumentos musicales a ritmo de regué o “pasa–pasa”; y las chicas, con ropa más apropiada para Carnaval que para desfiles patrios, se contonean como en coreografía de concurso Baila conmigo. Sería mejor, para no terminar de estropear estas festividades, que los periodistas no les hagan preguntas peliagudas como ¿Qué se celebra hoy? ¿Quién fue el primer presidente de Panamá? ¿En qué año dejó Panamá de ser parte de Colombia? Afortunadamente, siempre hay estudiantes y grupos que por su sobriedad y buena presentación salvan los desfiles.

Pasaré estos días con el ánimo fortalecido para resistir, con estoicismo digno de pupila de Séneca, la usual palabrería hueca de los políticos que aprovechan para decir cuánto aman a su pueblo, con cuánto sacrificio trabajan por nuestro bienestar, bla, bla.    Entre el “jalouin”, las fiestas patrias, el Día de la Madre, y la llegada de Navidad y el nuevo año, estamos tan distraídos que si al Gobierno se le ocurriera vender la torre de Panamá La Vieja o el Parque Catedral, ni cuenta nos daríamos.   Si algo así sucediera (los locos son impredecibles), solo unos cuantos pegarían el grito al cielo (inútilmente, por cierto), porque el resto estaría muy ocupado en llenar los centros comerciales como si el fin del mundo estuviera cercano; comprando frenéticamente porque hay que apartar los juguetes de los hijos, comprar el pavo, el lechón, el “guaro”, el arbolito y pintar la casa.

Con tanta distracción, tres días antes del “jalouin” la contralora general de la República, Gioconda de Bianchini, ex contralora del Super 99, decidió exceptuar a los ministerios del control previo para manejo de fondos, recursos y bienes públicos.   Qué oportuna decisión (que se sospecha no salió de Contraloría) cuando, precisamente, se aprobaba el presupuesto más alto de la historia, 13 mil 9 millones, para una serie de paquidérmicos y delirantes proyectos, algunos innecesarios y otros, hasta irresponsables.

Los diputados, sumisos servidores de palacio, siguen diciendo sí. El ministro de Economía y Finanzas, Vallarino, dice que está destinado a proyectos de inversión de compromiso social. ¿Compromiso social la caprichosa torre La Tusa (69 pisos, 2 mil 200 estacionamientos) justo al lado del hospital Santo Tomás (monumento histórico), área de silencio, pesadilla, ya, de caos vehicular; carreteras y puentes para favorecer a inversionistas inmobiliarios que se llevarán la parte del león?   Rubén Darío Carles (Chinchorro), que destaca por el manejo serio de la Contraloría durante el gobierno de Guillermo Endara, y José Chen Barría, ex contralor y señor de todos mis respetos, afirman que eliminar el control previo pone en peligro la administración de los recursos públicos y fomenta la corrupción.   Imagínense que los directores de escuelas podrán hacer contratos para reparar escuelas sin publicar la información en Panamá Compra. ¡Bingo!

¿Ya se olvidó el escándalo de corrupción millonaria en el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), gracias a la falta del control previo?   Los ministerios de Obras Públicas y de Salud manejarán durante el año 2011, unos B/.848 millones en el renglón de inversiones sin “control previo” ni necesidad de publicar los detalles de la contratación o compra. Dice de Bianchini: “No significa que no vamos a fiscalizar. Por el contrario, nos mantendremos vigilantes”.

¿Cuándo? ¿Después que, por ejemplo, alguien pase cuentas por $500 mil en tuercas que en realidad cuestan $36 mil, “clavo pasado” porque el negocio es del pariente o amigo de algún encopetado funcionario? ¿Vigilará con la eficiencia que reflejó el censo nacional 2009, el más desastroso de nuestra historia?   ¿Y qué con lo del FIS/FES y la auditoría de la Contraloría?

El Gobierno, ignorando recomendaciones objetivas, avanza como aplanadora, sin miramientos. Ni que tuviéramos las riquezas de los Emiratos Árabes.   No perder el poder en 2014, a este costo, es irresponsable. Sobre todo, porque las verdaderas necesidades sociales siguen insatisfechas.   “El poder sin límites es un frenesí que arruina su propia autoridad”, dijo Fenelón, prelado y erudito francés.

<> Este artículo se publicó el 8  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.
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Entre millones se pierde el control previo

La opinión del Secretario General de CONUSi – FRENADESO….

 

GENARO   LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

Por mucho tiempo hemos insistido en la necesidad de reformas fiscales y no tributarias. Planteamos la necesidad de evaluar el presupuesto de la Nación, en términos de las prioridades del gasto público, de los necesarios controles fiscales y penalizaciones efectivas contra la evasión fiscal y contra la corrupción en el uso de los recursos de la Nación. Es decir, ante las profundas y preocupantes distorsiones del manejo del presupuesto público se hace obligante realizar una reforma fiscal de carácter integral.

Desde 1989, sin embargo, todos los gobiernos que se han sucedido en el ascenso al poder, han centrado su interés en reformas tributarias (impuestos), so pretexto de la ‘necesidad de aumentar los ingresos del gobierno para asumir los compromisos sociales’, mismos que en la práctica son negados, caso del aumento a los jubilados y pensionados, aumento salarial a los docentes, la no universalización de las ‘becas universales’, la desatención a los pacientes envenenados con dietilenglicol, entre otros.

Cuando se han impuesto estas reformas tributarias, Frenadeso ha presentado ante la Asamblea Nacional nuestra posición sobre el particular, en ella hemos sostenido que ‘Es imperativo, en cualquier reforma fiscal, la existencia de mecanismos rigurosos y eficaces de control y fiscalización de las recaudaciones y las erogaciones que realice el Sector Público a través de todas sus instituciones para evitar la corrupción’ (Ver Posición de Frenadeso frente a las Reformas Tributarias del Gobierno de Ricardo Martinelli, marzo 2010).

Quien prometió criterios de transparencia y combate a la corrupción, desde su arribo a la Presidencia de la República ha impulsado, por el contrario, una política de flexibilidad en el control del presupuesto público. Inició con las excesivas contrataciones directas, continuó con la eliminación de los controles previos a las compras del Tribunal Electoral y del Ministerio de Educación, para hoy excluir de los controles previos al MINSA y al MOP, instituciones que para el 2011 manejarán más de 1730 millones de dólares del Presupuesto Nacional, el cual asciende a los 13,009,299,204.00 balboas. No podemos olvidar las denuncias que se han hecho por los sobrecostos que presentan la construcción de la infraestructura pública (planteles educativos, carreteras, hospitales, etc.), igualmente, las denuncias en el caso de la Autoridad de Turismo de Panamá, que adjudicó un contrato directo por 236000 balboas a una empresa recién creada para promocionar el país vía web, que cuenta entre sus dignatarios a Alberto Molinar, hermano de la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Con esta decisión (Resolución 898—DFG, de 25 de octubre de 2010), la Contraloría renuncia al control previo y opta por ser ‘vigilante’ de los procesos de compra de varios ministerios. Gioconda De Bianchini, contralora de la República, cuya hoja de vida antes de este cargo se circunscribe a ser empleada de confianza de las empresas de Martinelli, y que como contralora se le conoce por las vicisitudes del Censo de Población y Vivienda, pretende hacernos creer que no dejará de fiscalizar, y que se ‘mantendrá vigilante’.

El temor del pueblo radica en que esta medida crea un vacío institucional, por el que podrán colarse los terribles vicios de favoritismo y corrupción generalizada. En realidad todo parece caminar a abrir más las puertas para incrementar los canales contra las arcas del Estado y para incrementar la galopante corrupción en el país.

A pesar de estos hechos, Martinelli ha justificado esta decisión argumentando que ‘El control previo o posterior es irrelevante, porque si se tiene funcionarios que son corruptos van a robar antes o después’ o ‘Panamá y Haití son los únicos países que mantienen esa fiscalización previa’, ambos argumentos vacíos, carentes de sustento, lo que demuestra que esta decisión no proviene de la Contraloría, sino que es un propósito de los grupos económicos del actual gobierno, incluyendo a Martinelli, quienes tienen la mira en los 4 mil 977 millones de dólares de los proyectos de inversión pública programados. No cabe duda, ‘entran millonarios y salen billonarios’.

 

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<> Este artículo se publicó el 7 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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En defensa del Control Fiscal

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La opinión del Ex Contralor General de la República…

Rubén D.  Carles

Por tratarse de un tema de política fiscal acerca del cual tuve la oportunidad de adquirir vastas experiencias, debo referirme a la reciente decisión de suspender el control previo en actos de manejo en algunas dependencias del Estado. 

Como desconozco las razones para adoptar esa decisión, es difícil formular señalamientos específicos. Pero estoy convencido de que los actos de manejo de los fondos y bienes públicos deben realizarse con corrección, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

La manera de lograr los anterior objetivos es mediante la efectividad de las medidas de control que se establezcan.   Control es anticipar actos. Para ello existe una entidad estatal con rango constitucional y carácter independiente: Contraloría General de la República.

La Contraloría tiene la función de fiscalizar y regular. Hacer cumplir las medidas dispuestas como control, que significa: examinar, dirigir, revisar, comprobar, inspeccionar, dominar, vigilar, verificar e intervenir. Parecen sinónimos, pero no lo son.

El control previo, como norma establecida en la Constitución Nacional, debe ser mantenido y reforzado a toda cosa. Se trata de un tema que requiere ser debatido con amplitud.

El control en el manejo de las finanzas públicas nunca puede considerarse innecesario, o sea afectado por acciones que podrían debilitarlo.

Así, las cosas no van a cambiar.

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<>Artículo publicado el  3  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,  lo mismo que el 5 de noviembre en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  al igual  que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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La palabra, verdugo de los dictadores

-La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

¡Qué felices serían los dictadores sin medios de comunicación!   La historia es una página abierta en ejemplos. La prensa, hablada o escrita, es inadmisible en los proyectos del déspota. En España durante el franquismo existía un periódico llamado La Codorniz, que era del tipo burlesco.   Cada vez que salía, con permiso oficial, lo cerraban de inmediato, porque le producía sarpullidos al dictador. En nuestro país, para aquellos que olvidaron la historia, el diario La Prensa se convirtió en el verdugo del dictador, al punto de ser cerrado en varias ocasiones. Todos debemos recordar la tristemente célebre frase “desde ya”, cuando se le preguntó al dictador de turno, a partir de que fecha sería cerrada La Prensa. Igual suerte tuvieron Radio Impacto y Radio Mundial.

La libertad de expresión no es un capricho de la democracia política, es un logro, producto de una vieja lucha que costó mucha sangre derramada por cuerpos humanos en el mundo. Los medios de comunicación eran los sirvientes de los dictadores, los encargados de desinformar, de ensalzar, de crearles las alfombras de rosas para que pisaran las botas, zapatos o las zapatillas de sus amos. Pero cuando los medios cometieron el error de ceñirse a la objetividad, de “entrometerse” en lo que no les importa; es decir, romper las barreras de la oscuridad y llevarla a la luz del día, se convirtieron, de ipso facto, en enemigos públicos del poder autocrático.

Ya lo había pronosticado. Martinelli Berrocal empezará por atropellar a los periodistas, a comprar a los medios, a crear el terror, a aniquilarlos. En su desmedido afán eliminará todo lo que estorba. Ya tiene a la Corte, a la Asamblea, al procurador y a la Contraloría. ¿Qué le falta? Los medios, convertidos por derecho propio en los únicos fiscalizadores que hay en Panamá.

Los teóricos del Estado moderno extrapolaron los criterios de Polibio (siglo I a. C.) para referirse al Estado: La monarquía (el poder Ejecutivo), la aristocracia (poder Judicial) y la democracia (poder Legislativo). Se cuidaron bien en la separación de estos tres órganos para evitar la corrupción y la autocracia.

Desafortunadamente, en nuestra precaria democracia política que se vivió después de la caída de la dictadura, la separación entre estos tres órganos no había tenido la firmeza deseada, pero se dio. Hubo fiscalización y hubo control. Yo diría que hubo un momento en que se exageró el control de los fondos públicos, lo que hizo más lento el proceso burocrático. Se pecó por exceso.

Hasta hace poco era habitual que la Contraloría no refrendara los actos públicos que se presentaban incompletos o irregulares. Ahora, eso es historia. Nadie me ha podido decir, ¿cuántas contrataciones directas que emanan del Ejecutivo han sido rechazadas por la Contraloría?

No hay fiscalización, no hay control. Hay un sometimiento absoluto al poder presidencial. Miremos las sanciones contra los periodistas de TV desde una óptica integral: la consolidación de la dictadura.

Este tipo de dictadura de nuevo cuño que se ha iniciado en Panamá y se extenderá por el resto de América Latina, no necesita a un uniformado dando órdenes. Basta con un civil con un desmedido apetito de poder y dinero. Ya estamos remilitarizados. Gracias a los medios de comunicación nos enteramos de este innecesario equipamiento militar. Gracias a ellos, nos seguiremos enterando del progresivo enriquecimiento de aquellos que entraron millonarios y saldrán megamillonarios, dignos de las portadas de las revistas Forbes o Fortune.   Los medios denunciarán lo que el gobierno piensa hacer con los indígenas de la comarca de Bocas.

No podemos permitir que cristalicen sanciones, que no son solo contra dos periodistas, sino contra los medios de comunicación social convertidos en los verdugos del dictador.

<> Este artículo se publicó el 9 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Medicinas, ¿calidad o precio?

La opinión de…

Lucas Verzbolovskis  

Hace poco escribí un artículo referente al proyecto de la nueva ley de medicamentos, y señalé algunos de los principales defectos del proyecto. Es una crítica constructiva para mejorar el documento. Varios lectores hicieron comentarios y solo una lectora no estuvo de acuerdo, lo que indica que debo explicarlo mejor.

En la misma página donde publicaron la carta de la empresaria en desacuerdo, se lee la carta de una educadora de Renacimiento quejándose de que, debido a los materiales baratos y de mala calidad que usaron en la construcción de un nuevo salón de su escuela, éste se llenó de hongos al punto que ha afectado la salud de sus alumnos. Debido a la proliferación de alergias respiratorias y de la piel, el Ministerio de Salud cerró el salón y la educadora tiene que dar clases a los 23 niños en el pasillo. De haberse usado materiales de calidad eso no habría sucedido.

La analogía con el caso de los medicamentos salta a la vista. Ya sucedió en el caso del dietylenglicol. Por eso hay un interés generalizado en que existan los controles pre y post registro.

Tratando de aclarar conceptos, y simplificando una materia que es compleja, se puede decir que hay tres categorías de productos: innovadores, genéricos intercambiables y genéricos no intercambiables. Con la nueva ley habrá una cuarta categoría: la de productos falsos y posiblemente letales como el jarabe que contenía dietylenglicol.

Los innovadores son aquellos productos pioneros. Son nuevas moléculas que curan mejor que otras o que curan enfermedades que hasta ese momento no se podían tratar. Los genéricos son copias de las moléculas innovadoras. Ejemplo: El genérico del tylenol es acetaminofén. Hay cientos de acetaminofén en el mercado.

Para ser considerados intercambiables deben comprobar con estudios que surten igual efecto que los innovadores, manteniendo un nivel similar de seguridad. Ese es el mejor camino para lograr bajar los precios. aumentar la oferta para bajar los precios. En el artículo anterior hay un ejemplo: en cuatro años, de $0.30 la CSS pasó a pagar $0.01 al pasar del innovador al genérico intercambiable.

Los no intercambiables, al no haber hecho esos estudios, pueden o no, resultar intercambiables. El actual proyecto establece que solo se exigirá la intercambiabilidad para medicinas que curen enfermedades de alto riesgo. Los expertos opinan que esa exigencia debe mantenerse para todos los productos, tal como lo establece la ley vigente en su Título IV, cuando señala que ninguna institución podrá comprar un producto que no haya certificado su intercambiabilidad. Por eso, se afirma que al aprobarse el proyecto tal como está, Panamá sufrirá un evidente deterioro en materia de salud.

El proyecto permite la importación paralela e introduce un concepto nuevo llamado homologación de registro sanitario, sin exigir la trazabilidad y controles que garanticen su origen y calidad. La ley vigente permite la importación paralela, pero exige trazabilidad, es decir, que se le pueda dar seguimiento al producto desde su origen para verificar su calidad. Sin ésta, difícilmente se logrará un control post registro.

De la misma forma que otras leyes tratan de defender al consumidor contra falsificaciones de relojes, carteras y otros productos, hay que asegurarse del origen y calidad de los medicamentos. En la comida pasa igual. Hasta los ganaderos estudian el tema de la rastreabilidad bovina. Nadie quiere comer carne saturada de hormonas y antibióticos que afecten la salud.

Puede que la importación paralela aumente la oferta y baje los precios. Sin embargo, entrará más basura, porque al no existir controles, los comerciantes inescrupulosos podrán importar falsificaciones que difícilmente serán detectadas.

Y con ello se someterá a la población a un riesgo excesivamente alto.

¿Para qué? Si con solo mejorar las condiciones de registro sanitario se puede lograr el aumento de importaciones de genéricos seguros e intercambiables. ¿Para qué arriesgar la salud de la población?

Farmacias y Drogas está demostrando exitosamente que se pueden agilizar los procesos de registros sanitarios sin una ley nueva. De igual manera en la mejora de los procesos administrativos está la solución al problema de abastecimiento. Eliminar la autonomía de la CSS y estimular las contrataciones directas traería nuevos y serios problemas.

El riesgo es muy grande.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Qué pasa con el control migratorio?

La opinión de….

BALBINA HERRERA ARAÚZ

Por lo menos diez serían las víctimas del supuesto asesino “Wild Bill” y su mujer Laura entregados por las autoridades nicaragüenses a Panamá.

Señalado como el presunto responsable de varias muertes ocurridas en Bocas del Toro contra personas que, además de conocerlo, tendrían en común propiedades en esa provincia.   Cuando llegó “Wild Bill” dijo que le había gustado vivir en Panamá y que aquí había gente buena.

Quiero hacer un alto. Hace ya varios años calificadoras internacionales han señalado a Panamá como un área ideal para vivir, sobre todo para personas jubiladas que disfrutan de un ambiente de paz y posibilidades económicas.   Boquete ha sido uno entre los mejores y un sinnúmero de extranjeros se ha ido asentando tanto en Chiriquí como en Bocas del Toro, además de los miles que han llegado a Ciudad de Panamá y Colón.   No se trata solo del país de tránsito. Panamá se ha convertido en los últimos años en un país próspero, atractivo para la inversión de personas de toda clase, y lo de “Wild” Bill debe llamarnos la atención. Las leyes y las medidas panameñas parecen vulnerables a este tipo de personas. Panamá puede seguir siendo un país abierto para todos y para todo, pero por lo mismo debe redoblar los controles y filtros para distinguir entre los buenos extranjeros y los malos.

El caso de “Wild Bill” no es el único. Los medios han informado de cómo ciudadanos extranjeros que son buscados en otras latitudes vienen a Panamá con el propósito de esconderse o evadir la justicia, poniendo en peligro la vida de los panameños, como sería el caso, de comprobarse, de los indígenas que trabajaban en el hostal y que desaparecieron hace más de un año.

Es necesario aumentar la vigilancia, no sólo en los puntos de mayor desarrollo, sino precisamente allí, en los apartados lugares donde potenciales delincuentes creen poder encontrar refugio. Y no es responsabilidad sólo de las autoridades, sino de cada ciudadano, sin que esto implique ahora una persecución contra los extranjeros. Mientras unos pasan una rigurosa revisión del Consejo de Seguridad, otros entran hasta con la licencia de conducir.

Las autoridades deben tomar las providencias para que estos hechos no vuelvan a suceder. Panamá es señalado, entre otras cosas, como un país de tránsito para drogas, armas ilegales y trata de personas, y al respecto hay que implementar la más rigurosa vigilancia.

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Artículo publicado el  4 de agosto de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.