Transparencia e independencia

La opinión de…


Ángel Luis Álvarez Torres

Luego de leer los reportes periodísticos sobre presuntos hechos irregulares que gravitan sobre una Fiscalía Delegada de Los Santos y Herrera, como ciudadano, no podría más que esperar la mayor transparencia de una investigación independiente, que refleje la verdad de lo ocurrido y que alcance a todos los implicados.

Como ciudadano, esperaría que el proceso sea respetuoso de las garantías individuales y que se actúe con energía, pero con la prudencia que este y todos los procesos ameritan. Pero lejos de lo esperado, el desarrollo de la trama no termina por generar más que desconfianza y sospechas de que algo irregular ocurre a los más altos niveles de la administración.

En relación a este caso, me alerta el constante protagonismo periodístico del Procurador general encargado y de sus asesores para anunciar, anticipar, justificar y explicar cada paso de los investigadores, lo que no se ajusta al mínimo de prudencia y reserva que exige una investigación penal. No comprendo por qué se trata de opinar sobre hechos objetivos de investigación, sin ser ellos los encargados del expediente, soslayando la presunción de inocencia y sin medir los negativos efectos de tal imprudencia sobre los resultados de las pesquisas que aún están en fase preliminar.

Me pregunto: ¿de qué trata de convencernos el señor Procurador? Lo correcto sería que se nos explique por qué razón uno de los más importantes investigadores de nuestro sistema de seguridad pública no pudo advertir los hechos de presunta corrupción suscitados ante sus propias narices, en lugar de anticipar ahora de forma pública e inoportuna el desarrollo de una delicada investigación reservada.

Aun tratando de disipar la creciente sospecha y la desconfianza, quise imaginar que tales apariciones eran el resultado de la falta de experiencia, pero esta justificación tropieza con directos y graves señalamientos públicos que dirigen el dedo acusador hacia el mismo procurador encargado y el personal cercano a él, en lo que se describe como un extensa cadena de hechos irregulares que parecen no detenerse en la oficina de recursos humanos.

Sin obviar las implicaciones legales que debe tener el directo señalamiento realizado por la directora de recursos humanos, es claro que tales imputaciones merman la expectativa de imparcialidad sobre las actuaciones del Procurador. Por ello, si el norte es preservar la integridad del Ministerio Público, como parte del sistema de justicia y su credibilidad, bajo ninguna circunstancia debiese permitirse un asomo de interferencia o manipulación.

Debe recordarse que según la ley: “los agentes del Ministerio Público son independientes en el ejercicio de sus funciones” y solo el respeto a esa independencia podría dotar de un poco de confianza a la investigación que se realiza. Claro está que dirigir o interferir personalmente en las pesquisas, bajo la excusa de combatir la corrupción, quizás sería una justificación válida, pero no cuando existe –al menos– un mínimo de sospecha de que los resultados podrían afectar al propio director de la entidad.

Como ciudadanos, debemos exigir al Procurador general encargado y a sus asesores que se mantengan alejados del proceso que ahora se adelanta en torno a la Fiscalía Delegada de Los Santos; que se permita el grado de independencia que establece la ley; que se libere cualquier posible interferencia consciente o inconsciente; que sea sigiloso y respetuoso sobre la reserva del sumario; que no se atropelle más la presunción de inocencia; que se abandone cualquier acto de publicidad y protagonismo que pueda contaminar o afectar la recolección de pruebas y que adopte cualquier medida para mantener la transparencia y la objetividad del funcionario instructor, si se aspira a alcanzar la verdad material y perseguir a todos los implicados, sin importar de quien se trate.

Una actuación oportuna, también, requiere la inmediata apertura de una investigación por parte del procurador de la administración, ante los serios señalamientos que ha realizado en los medios de comunicación la directora de recursos humanos de la Procuraduría General de la Nación, para que aclare sus afirmaciones y se verifique su validez, porque en forma alguna será sano para nuestro sistema de justicia, desecharlos de antemano u omitir el deber legal de investigar.

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<> Este artículo se publicó el 26 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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