Respetemos la propiedad

La opinión de…..

Jaime Raúl Molina

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Respetemos la propiedad

El respeto a la propiedad privada es fundamental para la prosperidad de una nación. Lamentablemente en nuestro país, que tradicionalmente ha respetado la propiedad privada, se están dando políticas que atentan contra nuestra tradición jurídica y debilitan la confianza en el estado de derecho.

En primer lugar, está la doctrina Colamarco, que consiste en que las tierras no tituladas en el país le pertenecen al Estado.

La actual administración llegó al poder habiendo prometido en campaña la titulación masiva y gratuita de las tierras que pertenecen a la gente.

Sin embargo, ahora en el poder, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está pidiendo la derogación de la Ley 23 de 2009, que ordena la titulación masiva en islas y zonas costeras.  Esta política del actual MEF constituye una ratificación y declaración de continuidad de la doctrina Colamarco.

La doctrina Colamarco está equivocada simplemente porque no es cierto que lo que no está titulado le pertenece automáticamente al Estado.   La propiedad y el título son dos cosas distintas. Básicamente, la propiedad es una realidad económica a la que el ordenamiento jurídico da reconocimiento. El título es ese reconocimiento. Nótese que el título no da origen a la propiedad, del mismo modo que la inscripción de un chiquillo en el Registro Civil no da origen a la vida del niño, sino que meramente es el reconocimiento de su existencia civil.

Bueno, la doctrina Colamarco, aplicada a la vida de las personas, implicaría que todo aquel que no está inscrito en el Registro Civil, no tendría derecho a la vida, pues el Estado no le ha dado origen.  Absurdo, ¿verdad?  Pues así de absurda es la doctrina Colamarco, y sin embargo es la postura oficial de la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF.

La doctrina Colamarco debe ser rechazada por la administración. En materia de tierras, la única política coherente con la prosperidad del país, es el reconocimiento absoluto e inmediato de la propiedad privada, mediante la emisión gratuita de los títulos de propiedad, y sin impuestos punitivos ni cargos que hagan que castiguen la propiedad privada sobre la tierra.

Importante también es facilitar la transacción de la propiedad. No sirve de mucho reconocer un título de propiedad si, a la hora en que el propietario desea vender, se le hace la vida imposible mediante requisitos, costos e impuestos que castigan la transmisibilidad de la propiedad entre los asociados. Hoy día, por ejemplo, el vendedor tiene que pagar el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles (2%), y el correspondiente a la ganancia de capital, antes de poder realizar la transacción. En otras palabras, usted no ha cobrado y ya tiene que pagar el impuesto. ¿Cómo hace el ciudadano humilde, que no tiene el efectivo para hacer este adelanto de efectivo al MEF?

Por último, debo señalar el más reciente ataque a la propiedad privada, que lamentablemente procede de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La ATP tiene ahora una política en contra de lo que llama “hoteles clandestinos”, que no es más que personas de carne y hueso que alquilan sus viviendas para estadías de corto plazo.   La institución incluso hizo circular una Resolución 52 de 2009, mediante la que prohíbe que las personas que tienen una vivienda la alquilen a corto plazo.   Dicha medida violenta flagrantemente el sagrado derecho de propiedad, garantizado por la Constitución Política, pues prohíbe que el legítimo dueño de un bien disponga de él y le saque provecho de manera ordenada.

¿Qué daño le hace a la sociedad el propietario que alquila su inmueble para estadías cortas?   Absolutamente ninguno.   Muy al contrario,  le permite generar un ingreso perfectamente lícito, y además satisface la necesidad de alojamiento de otras personas.   A la ATP, después de todo, le corresponde promover el turismo en el país, pero si se aplica la Resolución 52, ello devendrá en la protección de los intereses de los hoteleros,  en perjuicio directo del turismo en el país. Las familias que en el interior alquilan sus casas para carnavales, por ejemplo, o quienes arriendan sus residencias de playa para fines de semana, quedarán al margen de la ley con esta nueva política.  ¿Acaso es eso bueno para el turismo interno?

La ATP, debo reconocer, está discutiendo el tema con representantes de personas interesadas en alquilar sus viviendas para estadías cortas, y ha aplazado la vigencia de la Resolución 52.   Ojalá prime el buen sentido y la ATP desista de esta equivocada política.

La Fundación Libertad ofrece a la sociedad un debate sobre la importancia de la propiedad, su relación con la libertad, y su condición de requisito indispensable en un estado de derecho con personas libres. Dicho debate se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre. Más información al 399-1466.

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Publicado el 21 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Autogolpe en Honduras

Autogolpe en Honduras

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Jaime Raúl Molina
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En Honduras, el presidente Manuel Zelaya intentaba subvertir el orden constitucional, pero la institucionalidad fue preservada por valientes hombres que se negaron a permitirle a Zelaya constituirse en tirano.

Zelaya pretendía violentar la Constitución haciendo un referéndum sobre laposible convocación en noviembre a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, de tal manera de permitir su reelección. Pero la Constitución hondureña no solo prohíbe la reelección del presidente sino que además sanciona con la pérdida del cargo para quien proponga la eliminación de dicha prohibición (el artículo 239).

Así las cosas, el referéndum era ilegal desde su concepción, y ello lo hizo saber el Tribunal Supremo Electoral al Presidente. Zelaya decidió proseguir de todos modos, y llamó al ejercicio “encuesta” y no referéndum, y pretendía llevarlo a cabo con el Instituto Nacional de Estadísticas (que controla el Ejecutivo), entidad a la que no le corresponde una consulta popular como ésta. Pretendía hacerlo de tal manera que las fuerzas armadas colaboraran en el ejercicio, y cuando el jefe de las Fuerzas Armadas conjuntas Romeo Vásquez Velásquez se negó, por tratarse de un acto inconstitucional, Zelaya decidió destituirlo. El ministro de Defensa, Edmundo Orellana, renunció en protesta, y así lo hicieron también los jefes de las tres ramasmilitares, naval, aérea y ejército.

Entonces, Vásquez recurrió contra la decisión ante la Corte Suprema y ésta resolvió de forma unánime (5-0) declarar nula la destitución y restituir a Vásquez.

Zelaya decidió proseguir de todas maneras, contra la orden de los organismos de justicia competentes. La llamada “encuesta” tendría lugar el pasado domingo 28 de junio. Ante este evidente rompimiento del orden constitucional, el fiscal general Luis Rubí ordenó a las fiscalías bajo su mando, a acudir ese día a los centros de votación ilegales para tomar evidencia del delito. Así se hizo y paralelamente las FFAA fueron ordenadas por la propia Corte Suprema, a detener al Presidente. Esto se hizo y en efecto el Presidente fue detenido y puesto en un avión hacia San José, Costa Rica.

En una república gobierna la Constitución y la ley, no los hombres. Ningún hombre, ni siquiera el presidente en funciones, está por encima de la Constitución y las leyes. Cualquier acto de insubordinación contra el orden constitucional establecido, es en sí un golpe de Estado. En este caso, es harto claro que ha sido el presidente Zelaya quien intentó violentar el orden constitucional.

Ante esto, ¿qué debían hacer las demás autoridades del país (Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y FFAA)? ¿Debían quedarse de brazos cruzados viendo cómo el Presidente violentaba la Constitución? ¿No es acaso el deber de todo ciudadano (y con mayor razón, la de los ciudadanos investidos con funciones de guarda de la Constitución y las leyes), el usar los medios que estén a su alcance para proteger la Constitución y las leyes?

A mi modo de ver, la Corte, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y los demás fiscales bajo su mando, al igual que las FFAA hondureñas, actuaron cívicamente para proteger la Constitución el domingo de la semana pasada. Actuaron con valentía para proteger a su República del intento golpista de su presidente Manuel Zelaya. Sin embargo, veo con tristeza cómo todos los gobiernos del mundo corren a condenar dichas actuaciones, y en cambio a respaldar al golpista. Y se nota el contraste con el trato dado a la dictadura cubana, que acaba de ser restituida a la OEA, misma organización que ahora condena la remoción del presidente Zelaya.

En América Latina tenemos una larga tradición de gobernantes que pretenden perpetuarse en el poder mediante maniobras de toda clase. Los hondureños se hartaron de esto hace décadas, y por eso contemplaron en su Constitución de 1982 la cláusula que prohíbe la reelección presidencial y que además sanciona con la remoción inmediata del cargo a quien ose proponer siquiera la reforma de dicha cláusula. Aún estamos a tiempo para recapacitar, pues lo que debe defenderse es el mantenimiento del estado de derecho, y no al usurpador.

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Publicado el  6 de julio de 2009 en el diario La Prensa,  a quien damos todo el crédito que le corresponde.