Usurpando identidades

La opinión del Político y Director del PRD…..

Rafael Pitti

Como ex servidor público siempre he considerado que mis opiniones o la de otros que guarden la misma calidad, deben ser cónsonas de las propias actuaciones, es decir hacer lo que se dice, tomando como premisa lo establecido en el marco de la ley en cuanto a eficiencia, honestidad y transparencia en el deber de funcionario.

La ley de Carrera Administrativa que fue abolida por esta administración no justifica razón, pero en cierta forma fue producto de su propia inefectividad. Por ejemplo en vez de transferir las partidas presupuestarias de capacitación al INADEH porque se perdían o trasladaban al no ser utilizadas en instituciones y ministerios, se debió corregir exigiendo a los jefes de recursos humanos y personal que cumplieran con los programas de capacitación y actualización, seminarios y charlas de relaciones humanas, atención al cliente, usuario o contribuyente, paralelamente con las respectivas y periódicas evaluaciones en desempeño y productividad.

La equivocada decisión, salvo raras excepciones se mantiene, a falta de una iniciativa integral, que dinamice y perfeccione el manejo y desarrollo de la cosa pública. En el mismo sentido es imprescindible revisar y ordenar el solapado tema de las licencias laborales con o sin salarios, ya que por vicios o provecho individuales congelan y afectan innecesariamente, posiciones en la administración pública.

Otro hecho similar y de gravedad es el que ocurre en la Autoridad del Tránsito (ATTT) específicamente en Registro Único de Propiedad Vehicular, quien como autoridad competente a nivel nacional, determina la autenticidad y origen del dueño de un auto.   Pero por omisión permiten que las alcaldías, que son Autoridades Distritales, realicen traspasos en contraposición con el procedimiento de registro de circulación o matrícula que le atribuye la Ley.

Esta incoherencia y falla administrativa, ha provocado y sigue, problemas de todas las dimensiones a personas que al vender su vehículo y traspasarlo en los municipios culminan su trámite confiadamente. Sorpresa, luego de pasado el tiempo al regresar a otra diligencia, se encuentran con deudas o problemas legales, ya que según norma siguen siendo los propietarios y lo actuado por el comprador recae tácitamente en ellos.

Es cierto que “el desconocimiento de la Ley, no exime responsabilidades”, pero son los funcionarios públicos quienes tienen que regirse por las mismas.  Por favor actúen en tal sentido. En la misma institución, en la emisión de las licencias de conducir, la concesión otorgada a SERTRACEN, recae en la responsabilidad de impresión del documento; sin embargo la función de fiscalización, revisión y comprobación de los requisitos que es competencia de la Autoridad, es realizada por personal de la empresa.

Son paradojas o inexactitudes que deben ser corregidas cuanto antes no solo por ilegítimo, si no porque “La autoridad que se delega, se pierde”.

<>

Este artículo se publicó el  10  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Derechos de propiedad y desarrollo

La opinión de….

Ricardo Soto

Es imposible que un país prospere si no hay derechos de propiedad. Sin derechos de propiedad seguros no hay incentivos para que la gente invierta y produzca, sin derechos de propiedad seguros la productividad cae porque la gente tiene que invertir tiempo y esfuerzo en defender su propiedad en lugar de trabajar o invertir en mejorar la producción.

Sin derechos de propiedad no nos podemos asegurar que los recursos sean usados racionalmente. Sin derechos de propiedad, el financiar o inclusive planificar a futuro algo es cada vez más difícil.

Como Hernando de Soto lo ha demostrado, una medida sencilla para mejorar la situación de los pobres en el Tercer Mundo es permitir que estos puedan registrar sus bienes rápidamente y al mínimo costo. Además, los derechos de propiedad no existen en un vacío, el sistema legal y judicial debe ser capaz, de manera confiable, de defender los derechos de propiedad y los contratos.

El imperio de la ley y un sistema judicial honesto e independiente son vitales para permitir que los derechos de propiedad prosperen. La justicia no es solo cosa de los ricos y los intelectuales de clase media, sin justicia no hay propiedad y sin propiedad no hay desarrollo y no hay la creación de riquezas que es la que puede hacer que los pobres dejen de ser pobres. La mejor manera de ayudar a los pobres no es mediante subsidios directos, sino creando el ambiente social que les permita crear riquezas y dejar de ser pobres. Una sociedad de limosneros nunca va a ser ni libre ni rica. Singapur y Hong Kong se hicieron sin subsidios directos.

Recientemente, la Fundación Libertad, en alianza con más de 62 organizaciones internacionales, publicó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI por sus siglas en inglés). El IPRI 2010 es un estudio comparativo internacional que mide la importancia de los derechos de propiedad física e intelectual y su protección para el bienestar económico.

Dicho estudio analiza los datos para 125 países de todo el mundo, en representación del 97% del PIB mundial. El IPRI utiliza tres áreas principales de derechos de propiedad para crear una puntuación compuesta: Entorno Político y Legal (LP), los Derechos de Propiedad Física (PPR), y de Derechos de Propiedad intelectual (IPR).

Según los datos que arroja este estudio, no es sorprendente que los países más desarrollados del mundo, salvo Italia, estén en el 20% del porcentaje más alto de países que tienen mejor protección de los derechos de propiedad y el sistema judicial más confiable. Tampoco sorprende que ningún país latinoamericano figure en ese 20% superior donde sí hay países asiáticos como Hong Kong, Singapur y hasta africanos como África del Sur. En el siguiente 20% de países, los únicos países latinoamericanos que aparecen son Chile y Costa Rica. Panamá, está en un nivel del tercer 20%, que corresponde a los países con mediana protección de los derechos de propiedad, espacio que compartimos con Brasil, India, China, Colombia, México, El Salvador y Uruguay.

Para los estándares latinoamericanos estamos relativamente bien, pero detrás de Chile y Costa Rica y muy detrás de la mayoría de los países de la OCDE, pero mejor que muchos países latinoamericanos. Panamá es el quinto país de la región en protección de derechos de propiedad, detrás de Chile, el campeón de la región, de Costa Rica, nuestra rival más inmediata, de Puerto Rico y Uruguay. Pero antes que nos durmamos en nuestros laureles, somos el puesto 55 en el mundo, o sea que globalmente, seguimos siendo bastante mediocres.

Panamá tiene mucho que hacer con temas como independencia judicial, estado de derecho, protección de la propiedad física y registro y titulación de la propiedad.

Esperemos que tras los dolores de crecimiento de este primer año de gobierno, las autoridades tomen conciencia de que para que Panamá se convierta en el Singapur en las Américas, tiene que seguir los pasos de Singapur, tiene que tratar de parecerse a Singapur. Este país, pese a ser una autocracia autoritaria ha aprendido, salvo en los casos claramente políticos, a dar independencia al poder judicial, a limpiar la justicia de la corrupción, a castigar de manera draconiana todos los atentados contra la propiedad física, como daños, usurpaciones y robos.

Por nuestra parte, Panamá tiene que titular la mayor cantidad posible de propiedades a sus ocupantes en las áreas rurales, sino Panamá seguirá en la mediocridad de haber perdido no solo una década, la de los 90, en la cual los logros se han hecho no gracias al gobierno sino pese al mismo. No perdamos cinco años más.

El estudio completo se puede descargar del sitio de la Fundación Libertad http://www.fundacionlibertad.org.pa

<>

Artículo publicado el 15 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Posesión y propiedad

.

La opinión de….

Publio Ricardo Cortés C.
.

El Código Civil que Andrés Bello redactó para Chile, adoptado en Colombia, solo rigió en Panamá hasta 1917, cuando entró a regir el panameño.   Según el párrafo 13 de la exposición de motivos, en materia de posesión, los redactores panameños se separaron del modelo colombiano por considerarlo “difuso en demasía”.   En su lugar, siguieron en general el Código Español.

Simplificando, digamos que el sistema regula la relación de las personas con los bienes en dos grados.   El grado preliminar, llamado posesión, y el grado pleno, llamado propiedad.   Cada uno tiene sus ventajas, pero no hay duda de que son diferentes, esencialmente porque el que está en grado preliminar tiene una menor jerarquía.

Cuando la persona tiene el grado preliminar (posesión), actúa frente a la cosa, la retiene, “con ánimo de dueño”, es decir, con la actitud de un propietario, aunque no lo sea.   En esta situación, la persona está en mejor derecho respecto del bien, si lo comparamos con otros que ni siquiera tienen esa retención.   Por eso, el poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, puede exigirle al intruso que no tiene vínculo con el bien que salga de su predio, incluso puede vender en el mercado ese derecho.   La protección de la posesión llega al punto que la misma se puede heredar, tal como lo ha reconocido la Corte.

Sin embargo, pese a toda esta protección, la posesión no es propiedad. Una de las pruebas más claras está en el artículo 337 del Código Civil, que es la norma fundacional de la definición de propiedad en Panamá, cuyo texto es sustancialmente igual al del Código Civil de España, donde se dispone que “El propietario tiene acción contra el poseedor de la cosa para reinvindicarla”.  Queda claro que posesión no es propiedad, porque si fueran lo mismo, entonces el que tiene grado pleno (propiedad), no tendría acción para recuperar el derecho ejercido contra él, por el que tiene grado preliminar (poseedor).

Cosa diferente es que el que tiene grado preliminar (posesión), entre particulares, puede convertirse en grado pleno (propiedad),  incluso contra el propietario, si prueba en juicio que mantuvo la posesión por un tiempo determinado (generalmente 15 años).   En ese caso no tiene que pagar por la tierra.   Dicha posesión tiene que ser ininterrumpida y “con ánimo de dueño”. Al respecto, el comentarista del Código Civil Español, Manresa y Navarro, resalta “la necesidad de la creencia de poseer la cosa como propia, para que la posesión pueda convertirse, por el transcurso del tiempo, en verdadero derecho de propiedad”.   Eso se llama prescripción adquisitiva de dominio.

En síntesis, el poseedor no es propietario, pero si se ejerce la posesión por un tiempo en un predio privado, puede convertirse en propietario sin pagar.

Ahora bien, ¿qué pasa si el predio es un baldío del Estado?   Sobre los predios del Estado también se puede ejercer posesión, por cuanto la misma es una situación de hecho. No obstante, el poseedor no puede adquirir el grado pleno (propiedad) por el transcurso del tiempo, porque el Código Civil prohíbe la prescripción en baldíos del Estado.   ¿Qué tiene que hacer en estos casos el poseedor para alcanzar el grado pleno (propiedad)? Tiene que comprar al Estado el bien, tal cual se ha venido haciendo desde inicios de la República.

Claro está, que el Estado decide si es oportuno vender o no, de acuerdo a los planes de desarrollo que tenga. ¿Cuál es la ventaja de tener la posesión en un predio baldío del Estado? La ventaja es importante: que si el Estado decide vender, debe venderle directo al que tiene la posesión, sin hacer licitación.

Lo que ha pasado en Panamá es que hay algunas personas que han sembrado la confusión, para hacer creer a algunos interesados que el grado preliminar (posesión) es igual al grado pleno (propiedad).   De otra forma, también han hecho creer a muchos que se puede adquirir por prescripción contra el Estado, a pesar de la prohibición del Código Civil.

Por cualquiera de las dos vías quieren llegar a su meta predeterminada: convencer a la gente que ya la tierra es suya, para obtener en propiedad tierras baldías del Estado sin pagar o pagando solo precios simbólicos.

.

<>
Publicado el  5 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los “encomenderos” de hoy

La opinión de…..

OLMEDO MIRÓ

.

Los “encomenderos” de hoy

Escuchaba un comercial de radio publicitando la manera como una empresa minera ayuda a los campesinos locales… esto me hizo recordar mis clases de historia. Cuando los colonizadores españoles gobernaban, cuentan los historiadores, establecieron un sistema de control basado en el estatus o “casta” de los habitantes de la región.

Primero estaba el rey, luego estaban los peninsulares representantes del rey,   seguidos por los criollos, europeos nacidos en el nuevo mundo, luego los indígenas y por último los esclavos.

Las leyes de la época, y su aplicación, claramente reflejaban este sistema sin resabios.

La asignación de propiedades y, más importante, los contratos sobre las mismas, era fiel reflejo del sistema.

Antes de que descarguemos nuestros prejuicios “liberales” contra este orden social de nuestros colonizadores quiero que observen algo, la colonia duró más de lo que nosotros hemos sido independientes.

Esto forjó nuestro pensamiento sobre el orden social de una manera mucho más profunda de la que queremos admitir en nuestra época liberal, tanto así que todavía no hemos podido erradicar el “fondo” de este sistema enquistado en nuestra legislación, en especial en lo que atañe a leyes atenientes a la propiedad privada y su uso.

A principios del siglo XIX, hace casi 200 años, producto de un accidente histórico, la invasión de Napoleón a España, nos vino la independencia.   Los criollos locales destronaron a los peninsulares y para llenar el vacío de legitimidad legal, empezaron a importar las ideas y legislaciones liberales que en esa época estaban “de moda” en el viejo continente.

Y como siempre sucede con todas las modas, se adopta la “forma” y no el “fondo”.   Hoy en día, todos, sin excepción, hablamos y vemos el mundo de una manera “liberal”; todos los ciudadanos iguales ante la ley, fundamento de liberalismo, nadie discute eso.   Sin embargo, en la práctica, en la creación de leyes y aplicación de las mismas, difícilmente hemos superado la época de las “encomiendas coloniales”.

Me refiero en específico, entre otras cosas, a los derechos a la propiedad y sus recursos naturales en nuestro país y a la filosofía detrás de ellos. Tal como las antiguas encomiendas, tierras concesionadas por el rey a cambio de un uso “particular” de las mismas por parte de los “encomenderos”, el uso de los derechos de propiedad sobre la tierra, actualmente, está condicionado al uso que se le de a la misma y no al individuo propietario.

Por ejemplo, el problema de las represas en Chiriquí,  donde si tienes la mala suerte de tener una finca justo en el lugar donde alguien recibe una concesión, por parte del rey (el Estado), para utilizar el recurso natural, a ti solo te toca ver cómo pierdes posesión (obligándote a “vender”) de algo que tú una vez pensaste que era tuyo y de tu libre disposición. ¿Qué es mi finca?  ¿Una concesión para cultivar arroz y ganado, pero no su subsuelo?   ¿Quién tiene verdadero derecho de usufructo de los recursos del subsuelo, el rey y su corte o su legítimo dueño?   Otro ejemplo, el de las islas, que ahora que el turismo está de “moda”, con una nueva ley se pretende condicionar su titulación a su uso “turístico”.

En un régimen como el descrito, cuando no en palabra por lo menos en la práctica, los derechos de los individuos sobre su legítima propiedad y su utilización plena se ven limitados a su acceso a la “corte real”, o, en el caso contemporáneo, al lobby ejercido por grandes bufetes de abogados y a las personas que tienen acceso a ellos que no son, ni van a ser, un campesino chiricano propietario de una finca con potencial hidroeléctrico o un pescador con un ranchito al frente de una hermosa playa.

Lo mismo pero peor, como decía la frase, ya que en el antiguo régimen por lo menos a través del rey se tenía una visión a largo plazo, hoy nuestros reyes duran cinco años, y muriendo el rey cambia la interpretación, como consecuencia, el perpetuo caos y la inseguridad de los resultados.

Si queremos hacer de Panamá un Estado moderno, de derecho, tenemos que entender que un estado de derecho se basa en la igualdad ante la ley de los ciudadanos y esta igualdad ante la ley se basa en la libertad de contratación de la propiedad y bienes individuales a través del intercambio voluntario.

Cuando esta libertad se ve condicionada a leyes que limitan el uso de la propiedad, un sistema basado en la discrecionalidad y acceso al poder surgirá a cambio, creando la inseguridad y sentido de injusticia y eventualmente desencadenará en Estados fracasados.

Estos problemas solo se solucionarán cuando los campesinos panameños o cualquier propietario, se puedan hacer ricos con los recursos de sus tierras y subsuelo, de los cuales son legítimos dueños y no los “encomenderos” que asigne el rey de turno.

.

<>
Publicado el 19 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA,   a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Invasores profesionales

La opinión de …..

Aldo Stagnaro

.
Invasores profesionales

Hay un grupo de abogados que se especializa en arrebatarle las tierras a las personas que han invertido sus ahorros a largo plazo en ese rubro. Esto ocurre en el distrito de Arraiján y está dirigido por un abogado que se jacta de tener influencia con las autoridades de La Chorrera.

Ese abogado tiene un grupo de colegas que actúan como testigos y se presentan como ayudantes de él, como macheteros y cultivadores de fin de semana.   Son hábiles en actuar como testigos y actores en esos menesteres.

Voy a precisar, hace casi 40 años mi padre compró un potrero y después de ingente trabajo y dinero invertido lo convirtió en una pequeña urbanización.   Construyó y vendió modestas casas y también lotes para un centro comercial que actualmente da trabajo a cientos de arraijaneños.   En la actualidad disponemos de un remanente de terreno y estábamos en proceso del diseño de un pequeño desarrollo urbanístico hasta que, con sorpresa, nos enteramos que ese grupo de abogados arteramente nos atacó con una sigilosa demanda por prescripción adquisitiva.   Lo insólito es que el abogado que dirige este ataque le compró su casa a una propietaria original a quien mi padre le había vendido y cuyo lote colinda con nuestra finca madre.

Mi padre autorizó a los originales dueños disponer de la basura orgánica enterrándola en ese terreno junto a la casa; de esa práctica nacieron unos árboles desperdigados que son reclamados por el demandante como “evidencia de su cuido y celo”.   Para desvirtuar esta falsa afirmación consignamos al expediente una declaración notariada donde la propietaria original declara que nunca vio a ese abogado sino cuando él le compró su casa.   Sin embargo, el demandante llevó a su grupo de “apoyo” en pos de su ilegal reclamo.

Ahora estamos a la defensiva por este reclamo que se está ventilando en La Chorrera, donde espero que se le haga justicia a mi padre.   No pueden las autoridades despojarlo de una tierra que él ha utilizado y cuidado según su profesión.   Mi padre es desarrollador de bienes raíces y constructor y así ha actuado cuidando ese terreno.   Mi padre no es agricultor y, por ende, no cultivó plantas sino casas y creó lotes en esa tierra que vendió a matrimonios jóvenes hasta por tres balboas el metro.

El que un juzgado nos despoje de nuestro terreno por no haberle sembrado unas yucas sería una flagrante ofensa al espíritu de esa ley creada para socorrer a pobre campesinos sin tierra; nunca para ampliar lotes adyacentes.  Eso es innoble avidez.

Confío en que la ecuanimidad de la justicia de La Chorrera sabrá identificar esta desdichada y artera emboscada.

.

<>
Publicado el 2 de octubre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Respetemos la propiedad

La opinión de…..

Jaime Raúl Molina

.
Respetemos la propiedad

El respeto a la propiedad privada es fundamental para la prosperidad de una nación. Lamentablemente en nuestro país, que tradicionalmente ha respetado la propiedad privada, se están dando políticas que atentan contra nuestra tradición jurídica y debilitan la confianza en el estado de derecho.

En primer lugar, está la doctrina Colamarco, que consiste en que las tierras no tituladas en el país le pertenecen al Estado.

La actual administración llegó al poder habiendo prometido en campaña la titulación masiva y gratuita de las tierras que pertenecen a la gente.

Sin embargo, ahora en el poder, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está pidiendo la derogación de la Ley 23 de 2009, que ordena la titulación masiva en islas y zonas costeras.  Esta política del actual MEF constituye una ratificación y declaración de continuidad de la doctrina Colamarco.

La doctrina Colamarco está equivocada simplemente porque no es cierto que lo que no está titulado le pertenece automáticamente al Estado.   La propiedad y el título son dos cosas distintas. Básicamente, la propiedad es una realidad económica a la que el ordenamiento jurídico da reconocimiento. El título es ese reconocimiento. Nótese que el título no da origen a la propiedad, del mismo modo que la inscripción de un chiquillo en el Registro Civil no da origen a la vida del niño, sino que meramente es el reconocimiento de su existencia civil.

Bueno, la doctrina Colamarco, aplicada a la vida de las personas, implicaría que todo aquel que no está inscrito en el Registro Civil, no tendría derecho a la vida, pues el Estado no le ha dado origen.  Absurdo, ¿verdad?  Pues así de absurda es la doctrina Colamarco, y sin embargo es la postura oficial de la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF.

La doctrina Colamarco debe ser rechazada por la administración. En materia de tierras, la única política coherente con la prosperidad del país, es el reconocimiento absoluto e inmediato de la propiedad privada, mediante la emisión gratuita de los títulos de propiedad, y sin impuestos punitivos ni cargos que hagan que castiguen la propiedad privada sobre la tierra.

Importante también es facilitar la transacción de la propiedad. No sirve de mucho reconocer un título de propiedad si, a la hora en que el propietario desea vender, se le hace la vida imposible mediante requisitos, costos e impuestos que castigan la transmisibilidad de la propiedad entre los asociados. Hoy día, por ejemplo, el vendedor tiene que pagar el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles (2%), y el correspondiente a la ganancia de capital, antes de poder realizar la transacción. En otras palabras, usted no ha cobrado y ya tiene que pagar el impuesto. ¿Cómo hace el ciudadano humilde, que no tiene el efectivo para hacer este adelanto de efectivo al MEF?

Por último, debo señalar el más reciente ataque a la propiedad privada, que lamentablemente procede de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La ATP tiene ahora una política en contra de lo que llama “hoteles clandestinos”, que no es más que personas de carne y hueso que alquilan sus viviendas para estadías de corto plazo.   La institución incluso hizo circular una Resolución 52 de 2009, mediante la que prohíbe que las personas que tienen una vivienda la alquilen a corto plazo.   Dicha medida violenta flagrantemente el sagrado derecho de propiedad, garantizado por la Constitución Política, pues prohíbe que el legítimo dueño de un bien disponga de él y le saque provecho de manera ordenada.

¿Qué daño le hace a la sociedad el propietario que alquila su inmueble para estadías cortas?   Absolutamente ninguno.   Muy al contrario,  le permite generar un ingreso perfectamente lícito, y además satisface la necesidad de alojamiento de otras personas.   A la ATP, después de todo, le corresponde promover el turismo en el país, pero si se aplica la Resolución 52, ello devendrá en la protección de los intereses de los hoteleros,  en perjuicio directo del turismo en el país. Las familias que en el interior alquilan sus casas para carnavales, por ejemplo, o quienes arriendan sus residencias de playa para fines de semana, quedarán al margen de la ley con esta nueva política.  ¿Acaso es eso bueno para el turismo interno?

La ATP, debo reconocer, está discutiendo el tema con representantes de personas interesadas en alquilar sus viviendas para estadías cortas, y ha aplazado la vigencia de la Resolución 52.   Ojalá prime el buen sentido y la ATP desista de esta equivocada política.

La Fundación Libertad ofrece a la sociedad un debate sobre la importancia de la propiedad, su relación con la libertad, y su condición de requisito indispensable en un estado de derecho con personas libres. Dicho debate se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre. Más información al 399-1466.

.

<>
Publicado el 21 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Política de tierras y desarrollo social

Política de tierras y desarrollo social

.

Según la opinión del abogado…

.
RAINIER A. DEL ROSARIO FRANCO

.
Aunque algunos teóricos sostienen que es un derecho natural, la propiedad privada individual como la concebimos hoy es un producto relativamente reciente, hace solo un par de siglos que se rompieron las cadenas del feudalismo y se permitió que la propiedad de la tierra estuviera en manos de ciudadanos comunes y corrientes.

.
Pero ese proceso de apropiación no terminó con el derecho a poseer la tierra, sino que los Estados sumaron la obligación de registrar ese dominio, de manera tal que fuese protegido por la leyes del Estado, previniendo abusos y brindando seguridad jurídica; fenómeno mucho más reciente y que en Panamá apenas data de poco más de 90 años.

.
Independientemente de la discusión sobre el valor legal de los derechos posesorios, es fundamental no perder de vista que tener una tierra y no haberla inscrito como propia; es decir, no tener el título de propiedad, es como tener la mano y no poder mover el dedo pulgar; es posible encontrarle mucha utilidad, pero nunca podrá aprovecharse al máximo. La razón de ello es que más allá que los derechos tradicionales que concede la propiedad privada, el título de propiedad nos permite el acceso al crédito y con ello el ingreso al mundo económico.

.
La seguridad económica y jurídica que brinda el título de propiedad, es probablemente una de las mayores bendiciones que puede sufrir un ciudadano. De allí que sea tan importante el compromiso de campaña adquirido por el presidente Ricardo Martinelli de darle el título de propiedad a todos los que ostenten los derechos posesorios.

.
Sin lugar a dudas que de la titulación pueden generarse muchas otras consecuencias positivas para el Estado y para los ciudadanos. Sin embargo, no debemos olvidar que la principal función que cumple la titulación es la social, que consiste en darle seguridad jurídica y acceso al crédito a aquellos que solo poseen la tierra sobre la que habitan.

.
En este proceso de titulación el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) ha jugado un papel fundamental con el sistema de titulación masivo. Gracias a este cambio en el paradigma de titulación tradicional burocrático, formalista, lento e ineficiente, por un sistema ágil, eficiente y preocupado por los poseedores, se ha conseguido quintuplicar el número de títulos que se conseguían en cinco años, comparando la administración Pérez-Balladares con la administración Torrijos. Una de las necesidades que ha develado PRONAT es la necesidad de una visión única en el proceso adjudicatorio.

.
En nuestro país hay 78 instituciones que adjudican y otorgan títulos de propiedad y cerca de un centenar involucradas de alguna manera en el proceso; es por ello esencial un ente que coordine de forma única para hacer eficiente el proceso y lograr titular todo el país, como es la promesa del señor presidente.

.
Continuar utilizando o fortalecer un sistema que durante varias décadas fue incapaz de dar a los poseedores sus títulos de propiedad; en lugar de reforzar, haciendo más eficiente y ágil un método que ha demostrado su viabilidad con resultados, va contra toda lógica y buen criterio; de allí que la necesidad de que esta administración le dé institucionalidad y fortaleza a una entidad única de titulación masiva.

.
Las implicaciones sociales de este proceso de titulación masiva, eficiente y gratuita pueden ser incalculables, si al mismo tiempo la administración lo conjuga con una política de tierras coherente que implique beneficios a los propietarios, planes de ordenamiento territorial, el manejo del sistema de información geográfica y muchas otras actividades que se pueden generar a partir del proceso de titulación masiva.

.
Estas son las ventajas que traería una política de tierras coherente y aplicable que le permita al Estado potencializar los beneficios económicos que nos brinda el suelo.

.

<>

Publicado el 15 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.