La crisis de la educación

La opinión del Abogado…..

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RAMÓN A. MENDOZA

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La crisis de la educación

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Que la educación nacional está en crisis, es una verdad real y dolorosa. Durante años, ante los impávidos ojos de distintas administraciones, el problema educativo se ha mantenido y, lamentablemente, empeorado.

El tema educativo ha sido manejado con desidia e incapacidad y, sobre todo, sin voluntad política de enfrentarlo.

En los archivos del Ministerio de Educación (MEDUCA) deben estar varios estudios sobre el tema, por lo que la visión y solución técnica del problema no es desconocida, lo que sí es indudable y concreto es la incapacidad de los gobiernos para enfrentar el “ costo político ” de implementar las medidas necesarias para procurar enrumbar la educación nacional.

Por otra parte, tenemos la intransigencia de los gremios docentes, quienes son llevados de la mano por una dirigencia que ha demostrado, principalmente, defender los beneficios personales y soslayar las responsabilidades de tan noble profesión.

Pareciera que la mística y la vocación educativa se han perdido en los ecos del pasado, quedando solo algunos ejemplos de dedicación pedagógica, que merecen elogios y reconocimientos.

Si la tozudez de los gremios es un factor que ha contribuido en gran medida a la degeneración educativa, los gobiernos de turno han sido excelentes cómplices por su incapacidad de tomar las decisiones necesarias, aplicarlas y ejecutarlas de manera enérgica, sin doblegarse ante las amenazas de huelgas y paros.

Los gremios olvidan que son empleados públicos, y como tales solo pueden hacer lo que la Ley les señala. Desde esa perspectiva legal, no tienen la capacidad de “ negociar ” o imponer condiciones al Estado, porque sería un acto ilegal, una extralimitación de funciones, por tanto, sujeto a las sanciones correspondientes.

La educación pública no puede ser interpretada como un negocio laboral privado, donde las condiciones se negocian, por una simple razón: la educación pública es política de Estado, es la principal herramienta para la obtención del desarrollo social y económico del país, en consecuencia, no puede dejarse al arbitrio, discusión, intereses e imposiciones de grupos de presión, hacerlo es desastroso y las consecuencias lo demuestran.

Los gremios docentes han sabido aprovechar las debilidades políticas de los diferentes gobiernos para imponer condiciones o, por lo menos, mantener las existentes, reaccionando ante cualquier intención de proveer al país de una educación de altura; han confundido la incapacidad gubernamental con un derecho subjetivo gremial, el diálogo con la carencia de autoridad.

La nueva ministra de Educación, Lucinda Molinar, tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que la educación nacional es un tema de Estado, que puede ser consultado, pero nunca condicionado, que los intereses del país están por encima de consideraciones egoístas y sectarias, llegó la hora en que la autoridad del Estado, en aras del beneficio de la mayoría, se manifieste y se respete.

Esto evidentemente traerá tensiones, pero estas tensiones son necesarias y propias de los cambios y si son el precio que este gobierno debe pagar, estoy seguro de que tanto la población en general como el mismo gobierno están dispuestos a pagarlo, pero es un mal necesario.

Esta actuación del gobierno evidentemente debe ir aparejada al ordenamiento administrativo del MEDUCA, barrer con la corrupción y proveer a educadores y educandos de los elementos propios del mayor presupuesto regional en Educación.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Yo corrupto, tú corrupto…

Yo corrupto, tú corrupto…

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

RAMÓN A. MENDOZA C.

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Hace algunos días un reconocido arnulfista/panameñista publicó un artículo donde endilga al “torrijato que vivimos” y al PRD ser la causa última de todos los males y corrupción que ha sufrido nuestro país.   Esto no es más que una miopía histórica.  Interpretar la historia desde una perspectiva restringida y motivada por sentimientos y frustraciones la infecta de un subjetivismo que desmerita una perspectiva imparcial.

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El golpe del 68 inicia una nueva faceta en el devenir de la historia nacional. Fue un golpe de Estado, nacido de la afectación de intereses de los militares, pero que con el devenir del tiempo fue utilizado como un instrumento para dirigir a la Nación hacia objetivos más prometedores que solo el mantenimiento del poder; muchas cosas malas pasaron, muchas cosas buenas se obtuvieron, así es la historia.

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En ese crucial momento, los panameñistas, en especial sus líderes, tuvieron la oportunidad de iniciar una lucha legítima por defender sus derechos políticos.  Fue el momento en que bien pudieron crear una resistencia armada para demostrar la entereza y valentía necesarias y propias de los hombres que creen en ideales.  Solo un puñado de jóvenes inexpertos se internó en las montañas en una jornada de la cual muchos no regresaron. Otros fuimos encarcelados por exigir el respeto al Estado de Derecho.

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Mientras tanto, los jerarcas del panameñismo, incluyendo a su líder máximo, prefirieron la seguridad de los límites de la Zona del Canal, talvez como reminiscencia de los días en que los gobernantes de turno solicitaban al ejército de EUA que interviniera para sostener el poder político, la mas de las veces obtenido de manera turbia y truculenta.

Hoy, se señala al PRD como si fuera una mafia formada por miles de corruptos y sus detractores se arrogan la calidad de jueces impolutos para censurar a esta organización política y rubricarla cual caja de Pandora, contenedora de todos los males de la Nación. Otro error (voluntario) de apreciación.

Todos los partidos políticos, incluyendo al panameñismo, han tenido en sus filas corruptos y deshonestos, que son la minoría, pero que han ejercido un papel protagónico ejemplarmente dañino.

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Ni el panameñismo, ni el PRD contemplan en sus estatutos ni en sus objetivos programáticos el prohijamiento de la corrupción. Por el contrario, ambos partidos coinciden conceptualmente en logros y objetivos similares, ambos fundadores incluso, tienen elementos en común.  Pero cuando el control de los partidos cae en manos de quienes utilizan tanto el partido como el poder para su propio beneficio, enarbolando los pendones partidistas para tales fines, entonces, arrastran al partido a un estadio de deterioro que obligatoriamente debe provocar su expulsión y pública sanción.

No son los partidos instituciones corruptas, sino quienes los forman los que se calan en corrupción. Si hoy el PRD se ve abatido por las denuncias de corrupción, el panameñismo/arnulfismo no es incólume ante tal situación.   Tienen a su haber un rosario de actos de corrupción todavía no aclarados en los que prominentes miembros parecen estar vinculados.

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Ni Arnulfo Arias ni Omar Torrijos pretendieron dejar a sus seguidores manuales de corrupción, pero la calidad humana es perecedera y endeble, lo que ha permitido que la mala calaña se difunda en los entramados del poder. Ni uno, ni otro pueden inculparse, pues ambos partidos tienen entre sus miembros a personajes seducidos por el pecaminoso aroma de la corrupción.
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Publicado el 28 de agosto de 2009 en el diario Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Más sobre ciudadanía

Más sobre ciudadanía

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RAMÓN A. MENDOZA C. – Abogado y Profesor de Ciencias Políticas.

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Recientemente, en La Estrella , el colega Ernesto Cedeño ofreció un breve comentario sobre el tema de la pérdida y suspensión de la ciudadanía, concluyendo que el Tribunal Electoral debía fallar a favor de Bosco Vallarino, permitiéndole ser nombrado alcalde de la ciudad de Panamá.

Para fundamentar sus comentarios Cedeño cita el primer tomo de “Derecho Constitucional” del maestro César Quintero.

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Discrepo del criterio de Cedeño por la siguientes razones:

A- El Dr. Quintero en ningún momento establece que “la renuncia expresa requiere para su perfeccionamiento de la aceptación de la autoridad ante quien se presenta” , por el contrario, expresa que tal evento no tiene mayor problema, pues requiere de un acto voluntario, dispositivo y escrito del renunciante ante el Ejecutivo del Estado del que se es originario. Es decir, es un acto volitivo y personal del ciudadano, por lo que no se requiere de la aceptación del Estado para su perfeccionamiento; evento que en el caso de Vallarino no ocurrió.

B- La obra que cita, fue publicada en la década de los 60 y el análisis de Quintero se centraba en el artículo 15 de la Constitución de 1946, el cual establecía el fenómeno de pérdida de la nacionalidad (no de la ciudadanía), sin distinguir entre la nacionalidad de origen o natural y la adquirida.

La Constitución de 1972 estableció en su artículo 13 que la nacionalidad de origen o adquirida no se pierde, pero se puede renunciar a la misma en dos formas: expresa o tácita. Ambas formas de renuncia tienen como consecuencia inmediata, “de jure” la suspensión de la ciudadanía.

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En cuanto a la renuncia tácita el Dr. José D. Moscote, concluye que: “creemos que nunca se dará el caso de la renuncia expresa y que es la tácita la que da contenido práctico al artículo. Un nacional, ya sea por nacimiento o por adopción, cualquiera que sea el motivo que tenga para renunciar a su calidad de tal, preferirá, por una especie de decoro interior, que los hechos y la circunstancias hablen por sí solos” (Anuario de Derecho 2, 1951, pag. 100).

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La duda sobre si Vallarino renunció o no a la ciudadanía panameña queda aclarada cuando mediante la resolución 2 del 3 de julio de 2009 la Asamblea Nacional en su parte expositiva establece que Vallarino “renunció tácitamente a la nacionalidad panameña al haberse acogido a la nacionalidad de los Estados Unidos de América” (sic).

Seguidamente dicho organismo “declara” que Vallarino “reasumió (sic) su ciudadanía desde el año 2002”.

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La resolución a mi juicio es inconstitucional, por violar los artículos 19 y 46 de la Constitución Nacional al crear un privilegio personal y al dar un efecto retroactivo a la ley. Esto provocaría un efecto “null and void” de la resolución legislativa, siguiendo la terminología anglosajona. Vallarino bien puede recuperar su ciudadanía desde el momento en que le rehabilitó la Asamblea, no antes, es decir produciendo un efecto “ex nunc” , solo hacia el futuro; lo contrario “ex tunc” , retroactivo, es ilegal e inconstitucional.

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En este caso a partir del 9 de julio de 2009 fecha de su promulgación y no desde el 3 de julio de 2009, fecha de su aprobación, lo que es otra incongruencia constitucional por parte de la Asamblea Nacional con el artículo 173 de la Constitución Nacional.

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Así las cosas, es un hecho cierto que a la fecha de su postulación Vallarino ni había renunciado a la nacionalidad norteamericana, ni había solicitado la rehabilitación de la ciudadanía panameña. Dado que la resolución en referencia es un acto administrativo y no una ley, el mismo adolece adicionalmente de las causales de nulidad administrativas establecidas en la Ley 38 de 2000. Todo esto acarrea una serie de elementos que colocan al nombramiento de Vallarino en una situación jurídicamente endeble, pendiente de una acción de nulidad o de inconstitucionalidad, las que en caso de prosperar provocarían un sinnúmero de problemas al verse arrastradas a tal situación las actuaciones que pudiese realizar en función del cargo.

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Ahora, queda la pregunta en el aire de ¿por qué razón Vallarino, sabedor de sus intenciones políticas, no renunció de manera expresan y en tiempo oportuno a la nacionalidad estadounidense, con lo cual todo este embrollo se habría evitado? ¿Fue un sano descuido o realmente quiso engañar al electorado y a las autoridades panameñas pensando que no se sabría la situación de su real status ciudadano?

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Como dijo el Dr. Moscote, “que los hechos y circunstancias hablen por sí solos”.
*Abogado y ex profesor de Ciencia Política.honey007@cwpanama.net