Las reformas y Cerro Colorado

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La opinión del Comunicador Social…

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ABDIEL AUGUSTO PATIÑO –

augusto@expresiones7.net

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El 24 de marzo de 2010 el presidente Ricardo Martinelli dijo, ante un amplio grupo de inversionistas internacionales reunidos en un foro económico en Panamá, que Corea del Sur estaba muy interesada en explotar el yacimiento cuprífero de Cerro Colorado.

El presidente manifestó: ‘Nos decía el presidente de Corea del Sur (Lee Myung-Bak) que cambiemos la ley.   Con mucho gusto la cambiamos, quiero que el Gobierno coreano, con inversionistas canadienses, estadounidenses y de la bolsa de valores inviertan en una empresa minera aquí’. La postura del presidente sorprendió a muchos y encendió la alarma nacional.

Días después, nos enteraríamos de que la estatal surcoreana Korea Resources Corporation (Kores), junto a la también surcoreana LS-Nikko Cooper, son quienes están interesadas en explotar Cerro Colorado, tal cual confirmó la Embajada surcoreana en Panamá.

Nueve meses después se cumple la promesa presidencial, pues se presenta un paquete de reformas, en cuyo artículo 1 se rompe el obstáculo que la legislación mantiene desde 1963. El Código Minero en el numeral 1 del artículo 4 prohíbe la obtención de concesiones mineras ‘a gobiernos o Estados extranjeros, a entidades o instituciones oficiales o semioficiales extrajeras, y a personas jurídicas que tengan entre sus socios a gobiernos o Estados extranjeros’. La reforma mantiene la prohibición, pero aplica excepción si el ente inversionista se declara como ‘persona jurídica de derecho privado’. Sin entrar a debatir todo el alcance, impacto y contenido de las reformas, creo que lo anterior va dejando claro por dónde camina el asunto.

Aunque las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias, encabezadas por Roberto Henríquez, nieguen que las reformas estén enfocadas a promover algún proyecto en particular, una simple relación de causa y efecto deja claro que el interés del gobierno nacional es que Cerro Colorado sea explotado.   Es evidente que los potenciales inversionistas están allí, a la espera de que las reformas al Código de Recursos Minerales entren en vigencia.   El presidente ya dijo quiénes son; los panameños no somos tontos.

Preguntas que quedan en el tintero y que hay que hacerse con respecto a la actividad minera, y en este caso, el codiciado yacimiento de Cerro Colorado: ¿Cuánto valen en dinero todo los ecosistemas que se verán afectados y todas las repercusiones a afrontar?, ¿qué valor tiene la naturaleza que hoy envuelve Cerro Colorado?, ¿qué negocios amigables con la naturaleza y sostenibles podrían aprovechar más la biodiversidad, generar más empleo y garantizar más de $23 millones anuales a esa región comarcal (o al Estado), que es lo que dejaría la mina, a 4% de regalías, en una hipotética explotación efectiva de 15 años promedio?, ¿necesita Panamá convertirse en un país minero a gran escala?

Claro que hay otros temas que se tienen que considerar en el debate del tema minero en Panamá, pero por ahora lo dejamos a este nivel. El objetivo aquí era demostrar que, por lo menos, un artículo de la reforma minera tiene como nombre Cerro Colorado y como apellido un Estado extranjero.

Este artículo se publicó el 10 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

FRENADESO, con la mirada en el 2014

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La opinión del Director de la Revista Expresiones…

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ABDIEL AUGUSTO PATIÑO
augusto@expresiones7.net
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Cuando FRENADESO resolvió rechazar el sistema electoral vigente e insistir a la convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria, causó que otros grupos de izquierda que apostaban por la conformación de un partido político, se replegaran. Así surgieron los proyectos de PAP y PTP, de los cuales solo el primero avanza a pasos muy lentos, pues el segundo murió en su cuna. Estos movimientos partidistas apostaron a que su doctrina atraería a muchos miembros de FRENADESO, pero esto no ocurrió.

Hoy, la dirigencia del frente entendió que el llamado a una Constituyente Originaria no es sencillo, el pueblo no responde, por ende, no la siente necesaria a pesar de todo lo que le acontece; es decir, no se puede seguir perdiendo el tiempo. Esa misma dirigencia ha notado el vacío del accionar de la oposición política formal, que en teoría corresponde a los partidos tradicionales PRD y PP, quienes no logran articularse para hacer frente a la gestión de la Alianza por el Cambio.   En este sentido, lo que queda es tomar ese espacio, idea que se viene pensando desde hace mucho y que tomó mayor fuerza luego del triunfo abismal de Ricardo Martinelli. La forma masiva como el electorado salió a votar dejó claro que la idea de la Constituyente estaba bien lejos de la mentalidad del votante.

La dirigencia de FRENADESO ha tomado la decisión de armar una estructura política que pueda competir por la administración del Estado, pero como el frente es un grupo de organizaciones, no es éste el que debe armar un partido, poniendo en riesgo a la agrupación pluralista. Lo mejor es que figuras fuertes del frente inicien el movimiento, sin perder su sitial dentro de la agrupación, llamando a que todos los identificados con sus objetivos, se sumen a la fila.

Los dirigentes de SUNTRACS, ASOPROF y AEVE, son las voces contra todo lo negativo de la gestión de Ricardo Martinelli. La acción de choque directo, para venderse como la real oposición al gobierno, está en marcha y puede lograr resultados en la medida en que el PRD y el PP sigan atorados en sus respectivos procesos de organización y ‘renacimiento’.

El grupo que más fuerza de choque y de organización demuestre ante la gestión de Martinelli, será el que ocupará el sitial de oposición política frente al electorado. Claro que esto no garantiza el triunfo en una contienda electoral, pero si establece un nivel de posicionamiento y fortalecimiento de respeto y atención. Y si se logra armar el partido político a la velocidad que se espera, pues con más razón. FRENADESO tiene toda la capacidad de armar un partido político en un año o dos, incluso uniendo a toda la izquierda, y participar en los comicios de 2014 con la figura de Genaro López u otra que pueda surgir en el camino, como bien podría ser Juan Jované.

Si todo sigue tal cual, y otros aspectos pendientes de discusión, como la estabilidad de la alianza de gobierno, no varían; podemos tener visos de que la campaña presidencial del 2014 será aún más cruenta que la anterior, con todo y los cambios que pretende el Tribunal Electoral. El poder está llamando a muchos, al mismo tiempo.

 

<> Este artículo se publicó el 8  de enero de 2011  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La reforma del Poder Legislativo

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La opinión de…

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Abdiel Augusto Patiño –

La propuesta elevada por el magistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales, a poco de culminar su vigencia, es contraproducente y no contribuye al fortalecimiento de la democracia ni mucho menos a la profesionalización o mejoramiento de la imagen de la Asamblea Nacional.

La sola sugerencia de elegir 10 diputados nacionales, extrayéndolos de los 71 que componen el hemiciclo legislativo actualmente, raya en la improvisación más que en el conocimiento de fondo del problema político de poder legislativo.

Si la intención del magistrado Solís es abrir la caja de Pandora y dar paso a un debate político nacional profundo sobre la reforma del Órgano Legislativo, podemos entender la repentina aparición de la iniciativa; pero si realmente el interés es crear una innecesaria figura legislativa, que será accesible solo para los que puedan montar una campaña casi presidencial para lograr las 10 curules nacionales, no queda más que exponer que la idea es un indiscutible desatino.

Si lo que se quiere es profesionalizar, elevar el perfil y mejorar la imagen, el objetivo fundamental debe ser que la Asamblea Nacional se comporte como un poder del Estado y no como un brazo del Poder Ejecutivo. Este es el principal problema que tenemos hoy, que el Órgano Ejecutivo no trabaja en armoniosa colaboración con los otros órganos, sino que parece controlarlos.

En este sentido, lo que se requiere es una reforma profunda de la institución legislativa, que la divorcie de una buena vez del Poder Ejecutivo y se garantice a sí misma que sus miembros, en la mayoría, respondan con sus actos a los intereses nacionales, indistintamente de que seanbuenos o malos políticos.

Para lograr lo anterior se requieren cuatro reformas fundamentales. La primera, que la Asamblea cuente con dos cámaras que garanticen el contrapeso a la hora de discutir leyes de alto impacto nacional; la segunda, que la elección de los miembros de la Asamblea Nacional no sea el mismo día que la del Presidente; por lo menos, debe ser dos años antes; y la elección de los miembros de cada cámara tampoco debe coincidir, debe haber una diferencia mínima de un año y medio; la tercera, que el mecanismo de elección por circuitos sea modificado y democratizado, pues el actual modelo es retrógrado y caciquista; y la cuarta, que la reelección sea inmediata, por una sola vez, y alterna hasta por tres periodos; los dioses en la política destruyen la democracia.

El resto de las reformas necesarias llegarían por añadidura.

La propuesta del magistrado Solís margina y crea diputados nacionales de “circuitos electorales exclusivos”, violando el derecho a participación y competición política que tiene cualquier otro “nacional” residente en otro circuito; solo por este hecho la iniciativa es inviable y antidemocrática.

Por fortuna hay tiempo para recapacitar, desechar esta idea y entrar a debatir una revisión democrática y política profunda del que debería ser el poder más importante y visible del Estado panameño.

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<> Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El desacierto de la torre financiera

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La opinión de…

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Abdiel Augusto Patiño Iglesias –

Voy a aprovechar este espacio para enviar un mensaje ciudadano y respetuoso al Presidente de la República y al ministro de Economía y Finanzas. La idea de construir un rascacielos en los terrenos que antes albergaban a la Embajada de Estados Unidos, sobre la Avenida Balboa, es un enorme desacierto, contradictorio, incluso, con los proyectos y programas estructurales de la propia administración Martinelli. Las razones son sencillas:

Ubicación: Ante la explosión de edificaciones sobre la bahía de Panamá, lo lógico es no contribuir con la misma con un rascacielos más. Además, la zona es de gran tráfico y queda claro que las horas pico serán terribles, más de lo que lo son ya sin el edificio; y qué decir de la afluencia de público. Será un desastre que afectará el área y el objetivo de la edificación.

Lo correcto es utilizar el edificio actual para otro fin complementario con el de la cinta costera, como construir un museo, una casa de cultura, o bien destinarlo a otra actividad atractiva a turistas propios y extranjeros, lo que sería más apto y útil. También, en último caso, podría utilizase para ampliar el Hospital del Niño. Somos una ciudad carente de espacios que ofrezcan calidad de vida a sus ciudadanos. Esta es una oportunidad de hacer algo diferente, de cambiar.

Por otro lado, si se piensa en una ciudad gubernamental, ¿para qué esta costosa torre de 200 millones de dólares? El proyecto de ciudad es más justo, razonable, y la ciudadanía lo apoya, pues lo ve más organizado, con visión de futuro, y más si se define tomando en cuenta el Metro Bus y el Metro. Lo factible es concretar bien el proyecto de ciudad gubernamental y no perder tiempo, dinero y demás recursos en la idea de la torre.

Claro que si el afán es una edificación monumental que muestre algo especial de Panamá hacia el mundo, algo de ego nacional, pues busquemos una mejor ubicación, con mejores accesos, que forme parte de un plan a futuro que involucre a la ciudad gubernamental; que sean 200 millones bien invertidos, con proyección y planificación, y no tirados en un proyecto mixto en medio de un cúmulo de rascacielos que al final no proyectará nada. Imaginemos el proyecto de ciudad gubernamental, un conglomerado de edificios de mediana altura, encabezadas por la torre financiera, con amplias vías, monumentos, áreas comerciales y de recreación. Se aprecia la diferencia, ¿verdad?

Hay que mirar con luces largas, señor Presidente, la torre financiera en la Avenida Balboa, rodeada de hospitales, edificaciones viejas, vías estrechas y condominios no cumple ese cometido. Aún hay tiempo, como dice usted, de recular.

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<> Este artículo se publicó el 17  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/patino-abdiel-augusto/

El dilema de la décima provincia

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La opinión de…

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Abdiel Augusto Patiño –

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Personalmente no creo que sea prioritario para el país ni determinante para el desarrollo del sector oeste de la provincia de Panamá, la creación de una nueva provincia compuesta por los distritos de Arraiján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos; no obstante, al tratarse de una lucha de décadas y al notar la disposición del actual gobierno de acceder al pedido, con la carga burocrática que generará la nueva división territorial, plantearé algunos aspectos en virtud del dilema que se cierne ahora sobre cuál debe ser la cabecera de la nueva provincia, si La Chorrera o Arraiján.

Quienes han iniciado el cabildeo por lograr que Arraiján sea la cabecera de la provincia se están dejando llevar por un afán desprovisto de todo sentido común. Arraiján, a pesar de su alta población, es un distrito carente de los requisitos básicos para ser cabecera de una provincia. Alegar que la inversión millonaria comercial que se está dando en el distrito, liderada por la construcción del centro comercial Westland, es una razón a ponderar, representaría pensar en proponer a Coronado como capital, pues al final, en este último sitio hay más servicios y ordenamiento que en todo el distrito arraijaneño.

Entre La Chorrera y Arraiján, no cabe duda que el primer distrito cuenta con una mayor factibilidad, pues ofrece más facilidades. En La Chorrera están todas las sedes regionales de las dependencias estatales, el único hospital regional, los principales centros educativos de educación media y universitaria; hay mejores vías de comunicación terrestre, cuenta con un claro centro urbano y comercial, muy superior al de Vista Alegre, que incluso, lo es al de Arraiján cabecera.

En La Chorrera hay más bancos, mejor ordenamiento territorial, un mejor sistema de transporte público (no que sea bueno, pero sí lo es mejor que el de Arraiján); y lo más importante, está en una ubicación céntrica. ¿Qué sentido tiene que la capital de la décima provincia esté a poco más de 10 minutos de la ciudad de Panamá? ¿Qué producente sería para la población de Panamá Oeste que todas las sedes de dependencias estatales estén tan lejos, en Arraiján? ¿Qué beneficio le traería a las finanzas públicas trasladar tantas oficinas a Arraiján? Claramente Arraiján ha decidido empezar una lucha que no puede ganar y que en nada beneficia el proceso de creación de la provincia.

Espero que los diputados del sector oeste tomen en cuenta todos estos puntos y dejen el aspecto proselitista para otra ocasión, pues si el interés es crear la décima provincia, no deben primar debates innecesarios y carentes de sentido. La Chorrera es la única alternativa factible.

<> Este artículo se publicó el 31  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/patino-abdiel-augusto/

 

¡El cambio está en marcha!

La opinión de….

ABDIEL A. PATIÑO I.

Los panameños votaron por un gobierno que ponga los intereses del pueblo primero. El programa 100 a los 70, el mayor aumento de salario mínimo de la historia, el Metrobus, la creación del Ministerio de Seguridad, 180 dólares anuales, libros, útiles y uniformes gratis para más de 800,000 estudiantes de escuelas públicas; una reforma fiscal justa, aumento de salario a los policías, el fondo solidario de vivienda por 5000 dólares para adquirir viviendas propias y el proyecto de Curundú; son las muestras de que el cambio prometido en campaña por el presidente Ricardo Martinelli está en marcha, para beneficio de todos los panameños.

Un cambio nada fácil, pues las medidas afectan los intereses de los políticos de siempre, de los empresarios irresponsables y de la izquierda, que atacan al gobierno y dividen a los panameños, en vez de trabajar unidos para cambiar el país. Así lo asegura el propio mandatario en su más reciente campaña publicitaria gubernamental, clara señal de que su administración empieza a sentir que la estrategia mediática está comenzando a resquebrajarse, despejando ante la ciudadanía la realidad de un gobierno común y corriente, incapaz de encausar un rumbo de verdadero cambio para la Nación.

Lo anterior no es más que una lista de supuestos logros, costumbre alardeante de todos los gobernantes, y como siempre, se trata de logros que no superan la barrera de lo eminente social, de lo superficial; por lo regular proyectos de inversión que todo gobierno ejecuta, porque deben hacerlo por default. Martinelli se apresura a hacer gala de sus logros, pues quiere que la gente mantenga en la cabeza la idea de que él es el cambio, de que él es un presidente diferente, especial; un empresario, no un político; o sea, un presidente no político. ¿Dónde cabe semejante absurdo?

Pero a la lista de Martinelli le hacen falta algunos detalles. A 8 meses de gestión, no se ha logrado ninguna política o estrategia seria y sostenible para frenar la creciente criminalidad, venga de donde venga; lo que se ha hecho es aumentar el estigma sobre los menores de edad, que son los que menos delitos cometen.

Tampoco hay algo claro en educación o en salud, solo se habla de reforma curricular y de nuevos hospitales; pero sistemáticamente, todo sigue igual y empeorando. A nivel administrativo, la Cosa Pública sigue manejándose ineficientemente, con los mismos vicios politiqueros; se dice que se lucha contra la corrupción, y resulta que todo el funcionariado del cambio es santo de devoción, porque para el Zar, en el cambio no pasa nada.

Y qué decir de la concentración de poder del presidente, que controla todos los Órganos del Estado, el Ministerio Público y la Contraloría, donde nombró a su contadora personal que “ actuará sin injerencias ” del hombre que luego de sus 5 años como contralora, la recontratará en Importadora Ricamar S.A.  ¿Qué absurdo, verdad?  La careta de Martinelli se cayó, aunque estamos los que siempre pudimos ver a través de ella.

El cambio está en marcha, y es cierto, porque cambiamos las manzanas rojas por las verdes. Saben diferentes y son distintas, pero al final son manzanas.

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Artículo publicado el 22 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Asamblea Constituyente ahora

La opinión de….

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Abdiel Augusto Patiño Iglesias

En 2004, le di mi voto al ex presidente Guillermo Endara (q.e.p.d.) por una sola razón: su compromiso de llamar a una Asamblea Constituyente, tarea que se negó a ejecutar en su período presidencial (1990–1994), cuando el país estaba en las condiciones precisas para lograr un acuerdo nacional que le permitiese entrar a la vida democrática con un instrumento constitucional, sin corte militarista y apto para esa nueva etapa de la historia patria.

Desafortunadamente, el electorado no supo ponderar la oportunidad que para la Nación representaba modificar el sistema político desde sus raíces, a través de una constituyente, y le devolvió el poder al PRD con Martín Torrijos, quien en acuerdo con Mireya Moscoso emparchó la Constitución para calmar las aguas. Y es que durante la gestión de Mireya Moscoso fue tan evidente la “insostenibilidad” del sistema político, que el llamado a una constituyente pareció inminente, aunque el grueso de la población no parecía identificarse con esa necesidad.

Hay que recordar las libretas de firmas que el Comité Ecuménico distribuyó para buscar el apoyo ciudadano a la iniciativa, pero no se recolectaron más de 100 mil firmas de una población electoral de más de un millón. Entre los que apoyaban la idea estaba el ahora presidente Ricardo Martinelli, quien puso libretas en cada sucursal de sus supermercados.

Hoy el tema ha vuelto a la palestra pública ante la clara insostenibilidad de sistema, pues la gestión de Martinelli lo ha evidenciado con mayor prontitud. A escasos ocho meses del nuevo Gobierno, los peligros de una excesiva concentración de poder en el Órgano Ejecutivo, aupada por una Constitución de corte militarista que permite que el Presidente sea casi un rey, han despertado la alerta de los sectores políticos y sociales que ven en peligro a la joven democracia panameña.

Si de por sí el poder parece corromper en exceso, pues debe corromper aún más, y eso es lo que todos tememos. El exceso de poder en una sola persona no es democrático y favorece el autoritarismo y, en el peor de los casos, el surgimiento de dictaduras modernizadas y escudadas ahora por sistemas democráticos moldeados y controlados, sostenidos por elecciones altas en abstencionismo.

Panamá necesita una Asamblea Constituyente. El momento es el que escojamos, este año, el otro, el que le sigue, cualquiera; es una tarea con 20 años de atraso que debe ser cumplida y que será cumplida, pues el sistema colapsado que sostiene nuestra democracia lo exige.

Aquí el punto es que los ciudadanos seamos capaces de exigir y definir un proceso democrático, pues sin importar qué gobierno esté, cuando la constituyente sea convocada (sea paralela u originaria, sea con Martinelli o sin él), debe responder a los intereses de la Nación, no de los grupos de poder político y económico, pues estos intentarán controlar las decisiones que tomen los constituyentes para favorecer la extensión de un modelo administrativo seudodemocrático y poco participativo. Abramos los ojos que el real cambio depende solo de nosotros.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Transformación educativa, el reto

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Transformación educativa, el reto

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Abdiel Augusto Patiño

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La transformación de la educación panameña es el principal reto de la sociedad y, por ende, del gobierno nacional.

La tarea ha sido obviada por administraciones democráticas y no democráticas, que no entendieron o se negaron a reconocer que la educación es clave del desarrollo de cualquier nación y desperdiciaron mucho tiempo.

Con el inicio de la nueva gestión se abre otra oportunidad de tomar decisiones.

La gente espera cosas nuevas, acciones distintas, políticas eficientes; más aún tratándose de sectores ignorados.

La sociedad espera un nuevo modelo educativo, pero ¿acaso se tiene idea del costo que representa tan solo intentar esa transformación educativa?

La tarea, si de veras se pretende la transformación educativa, no va a ser tan fácil.

Una de las promesas del presidente Ricardo Martinelli ha sido la de cambiar el modelo administrativo de los colegios e involucrar a la sociedad civil, gobiernos locales, iglesias y ciudadanos.

Esto se entiende como un board de directivos, que hará pasar a la historia la figura única del “director”. Esta propuesta requiere ser profundizada.

Es más, a mi parecer este board debe nombrar a los docentes del colegio, bajo un sistema de méritos y aptitudes, encargarse de seleccionar al personal administrativo necesario, administrar el presupuesto global que le corresponda, con enlace directo con la Contraloría; entre otras tareas.

Este sistema garantizaría que todos los docentes estén en sus cargos el día 1, que nunca haga falta un docente, por cualquiera que sea la razón, porque se actuaría proactivamente; en fin, descentralizaría la educación de manera más eficiente, dejando en manos de los gobiernos locales solamente la supervisión a través de juntas educativas distritales y provinciales, que también deben formar parte de una propuesta educativa de este nivel.

La idea inicial del Presidente, al ser profundizada y mejorada, aterrizará en estadios de eficiencia que pueden garantizar un cambio profundo en educación, eliminando el obsoleto sistema de selección y nombramiento, acabando con la carrera por los “puntos”, despolitizando de raíz los nombramientos y generando competencia de competencias; algo necesario en educación y para la ecuación de calidad…

¿Y cómo se seleccionaría este board?

Ese es otro punto que será necesario considerar en su momento; solo que de antemano aseguro que sea como sea que se presente esta propuesta (que es solo una de las tantas necesarias), por muy buena que sea para la educación, no será aceptada ni considerada por ningún gremio educativo.

Y este es el costo que la sociedad debe estar dispuesta a afrontar, porque si este gobierno decide intentar una transformación en el sistema educativo, ya sea a medias o con luces largas, se encontrará con un cortafuegos que ha sido muy eficiente en el pasado; los gremios educativos, necesaria estructura que debió tener como fin de sus actos la educación, pero que al final solo se ha enfocado en sus agremiados y sus derechos.

¿Qué posición tomará la sociedad?

Y ¿cómo empezar? Montando una estrategia. Aquí está el reto para la sociedad y para el gobierno.

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Publicado el 18 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde

El transporte y el Metro

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El transporte y el Metro
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ABDIEL AUGUSTO PATIÑO
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El presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, ha puesto pies en polvorosa con sus principales promesas de campaña, las más inmediatistas, por lo menos, siendo una de ellas la del Metro, el único compromiso que señaló durante la contienda electoral, como solución a la problemática metropolitana del transporte público.

Hoy, ya contamos con la Secretaría del Metro, el grupo que tendrá que ponerle pies y cabeza a la ambiciosa idea del presidente, hacerla entendible, viable, sostenible y real.

La ciudad de Panamá se merece un Metro, estoy totalmente de acuerdo, pero como parte de una estrategia eficiente, programática y sostenible de transporte público, que claramente especifique los pasos a seguir para lograr ese proyecto y para llegar a un modelo de transporte social, económica y ecológicamente sostenible.

El Metro no es la panacea, es solo una parte de la solución que debe involucrar rutas alimentadoras, ordenamiento del transporte selectivo, competencia, entre otros aspectos.

En otras ocasiones he dicho que el problema del transporte público es más que metropolitano y he señalado que se requiere de una estrategia nacional y de una Ley Marco eficiente, que reemplace los instrumentos legales vigentes.

No obstante, esta sugerencia nunca ha sido tomada en serio e ignoro si la nueva directora de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) estará en disposición de al menos considerarla. No obstante, no es eje temático ahora, la ruta hacia el Metro es mi objeto en este momento.

El Metro tardará en ser realidad, lo entendemos, y el presidente ha pedido tres años; no obstante, alguna decisión se debe tomar sobre el sistema actual. Debemos seguir utilizando los buses, y siempre tendremos que utilizar buses; ¿pero y los “diablos rojos” ?Con respecto a esto hay que hacer algo, y no es más que sacarlos de circulación antes de julio de 2010.

En un año puede y debe la gestión de Martinelli lograr este cometido a través de las reformas legales necesarias, liberalizando la inversión en transporte público y estableciendo —gracias a un estudio breve y profundo de la ATTT— las rutas de operación para los nuevos inversionistas.

Bien el Estado puede formar o no parte del negocio y de las inversiones, algo como lo que se pretendía con el Transmóvil, pero de manera eficiente, transparente y despolitizada. Al programa Transmóvil hay que suspenderlo definitivamente, a la par de una planificación efectiva, que acabe con los “diablos rojos” a la mayor brevedad posible. ¿Es posible? Más que posible, necesario; y el compromiso del Metro lo hace aún más exigente.

La Secretaría del Metro debe estar clara que, cuando éste proyecto entre en funcionamiento, las rutas alimentadoras deberán estar operando eficientemente y con autobuses decentes.

Ya hay un proyecto que ha surgido de las propias bases transportistas, pero este exige una participación del Estado como garante, no como socio y esto es inadmisible.  El Estado puede ser socio, pero no garante de una inversión privada, porque las bases transportistas son privadas.

En menos de un año podemos despedir al último “diablo rojo” de las calles, sin pagar inmerecidas indemnizaciones y sin correrle el gusto a gremios que destruyen día a día la calidad de vida de los panameños.
El gobierno del Cambio debe comprometerse a lograrlo.

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Publicado el 13 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.