La selección de magistrados de la Corte

La opinión de…..

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Michelle Simpson Alemán

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La selección de magistrados de la Corte

“Una manzana podrida puede echar a perder el cesto”, reza un adagio que refleja el principio de que de la calidad de cada una de las partes de un todo depende su estructura y resultados de cara al propósito de su existencia. La crisis en la administración de justicia es un problema cuyo abordaje se han “dado el lujo” de postergar las dos últimas gestiones de gobierno. Puede que no ocurra de igual modo en la actual. Sin embargo, a pocas semanas de culminar el año, lapso dentro del cual el presidente Martinelli debe designar a las figuras que reemplazarán a dos magistrados de la Corte Suprema, “no se ha abierto la Comisión de Selección que el Anexo 1 del Pacto de Estado por la Justicia y la Resolución de Gabinete 91/2007 estipulan”, advierte la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés).

Una nota de esta organización enfatiza que “un proceso transparente reduce las posibilidades de seleccionar candidatos por razones políticas, personales o ideológicas”. Katya Salazar y Mirte Postema, directora y coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Transparencia Judicial de la DPLF, respectivamente, opinaron que “el desarrollo de audiencias públicas… permitirán conocer con más profundidad las capacidades profesionales de los candidatos y su posición frente a temas polémicos”. Los nuevos nombramientos en la Corte pueden representar “el equilibrio que necesitamos para iniciar el proceso de recobrar la confianza en la administración de justicia o… la prolongación y profundización de la crisis de la justicia panameña”, plantea la Alianza Ciudadana Pro Justicia, en misiva al presidente Martinelli. Solvencia moral, experiencia y preparación académica, participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia y respeto a los derechos humanos son algunos de los requisitos que según la Alianza Ciudadana Pro Justicia deben poseer quienes se incorporen a la Corte a partir de enero de 2010. Una decisión congruente con la política de la actual administración de gobierno sería seleccionar como magistrados a figuras lo menos comprometidas política y económicamente posible, lo cual “reforzará la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial”, sostiene la DPLF.

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Publicado el 14 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.