Recursos naturales y seguridad humana

–

La opinión de…

–

 

Severino Mejía –

Los eventos que vive el ciudadano de la capital con el problema del desabastecimiento de agua, ya sea para su consumo o uso diario, son una clarinada, no sólo para el Gobierno nacional en su responsabilidad de prepararse apropiadamente frente a situaciones impredecibles, sino también para el propio ciudadano quien debe entender que no podemos malgastar el preciado líquido, como era costumbre en el pasado.

Vivimos una realidad que todavía no es percibida por el panameño común, y es el hecho de que nuestro planeta está sufriendo el fenómeno del calentamiento global, provocado por el más grande depredador, el hombre. Los hechos así lo están demostrando: severidad en los huracanes, sequías e inundaciones en diversas regiones del planeta, olas de calor y otros eventos metereológicos extremos.

Nuestro país no escapa a este fenómeno global. La estación seca ha dejado de existir para dar paso a grandes aguaceros que han desbordado la capacidad del Estado para atender con prontitud los problemas que de ellos derivan, y dar las soluciones inmediatas a las necesidades fundamentales del hombre como es, en este caso, el abastecimiento de agua.

El cambio climático -que ya es sentido en Panamá- es debatido con mucha atención por los Estados y de manera especial por expertos en seguridad internacional. Los efectos del cambio climático sobre el ecosistema repercutirán directamente en los recursos naturales, produciendo una competencia para poder acceder a estos. Acceder a ellos puede, incluso, ser una bomba de tiempo para el desarrollo de conflictos en el futuro. En el siglo XV lo era el oro; en el siglo XX, el petróleo y ahora, en el siglo XXI, el agua y los alimentos.

Este es un tema relativamente nuevo desde el punto de vista de su tratamiento por lo que hay que valorar consideraciones teóricas y probables posiciones encontradas que podrán ser muy útiles para el análisis. Pelearse por el acceso a recursos naturales fundamentales para la vida humana, como el agua y los alimentos cuando escasean no es una situación nueva. La historia ha mostrado conflictos sociales en los que se han observado poblaciones azotadas por hambrunas y otras necesidades extremas.

El agua es una fuente o recurso natural, de carácter estratégico; eso explica un poco el porqué no se debe privatizar el Idaan. Ningún gobierno anterior lo ha hecho ni el actual debe, ni remotamente, acceder a esta pretensión. Para lograr entender un poco lo que afirmo, es imperativo conocer el concepto de seguridad humana y el porqué de la relación con los recursos naturales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) define la seguridad humana como una noción amplia y multidimensional de la seguridad, centrada en las personas y en las comunidades, más que en los Estados.

Los hechos que vivimos con el problema del agua en la ciudad capital son una lección que debemos procesar de manera inmediata, porque tiene un efecto directo en el ciudadano. Siendo el agua y la comida bienes indispensables para la supervivencia humana, y ambos sensibles a los cambios productos de las condiciones climáticas inestables, podemos deducir que su escasez puede llevar a las personas al desarrollo de conductas antisociales para acceder a ellos a como dé lugar; simple superviviencia.

Por eso, es de importancia capital que el Gobierno nacional vaya desarrollando políticas a largo plazo para ir transitando del “emparchamiento histórico como cursos de acción” a posiciones debidamente planificadas, para evitar la improvisación.

Como panameños, debemos ser conscientes de que el cambio climático global ha tocado nuestra puerta y que da cabida a situaciones inesperadas de carestía, por lo que es imprescindible proteger nuestros recursos naturales, que son garantía de estabilidad social.

Ojalá cuando este artículo de opinión sea publicado, podamos estar un poco tranquilos, porque el problema se haya resuelto en parte.

<>

Este artículo se publicó el 9 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La necesidad de una política criminológica en Panamá

La opinión de…

–

Severino Mejía

Debo empezar mi escrito señalando que no soy criminólogo, sin embargo he logrado construir mis conocimientos a través del aprendizaje significativo, transitando a mi zona de desarrollo próximo (Vigotsky) con el apoyo de las enseñanzas de la directora del Instituto de Criminología y demás compañeros investigadores de esta importante unidad de investigación de la Universidad de Panamá.

Desde que nos incorporamos a esta dependencia generadora de docencia e investigación, descubrimos un cúmulo de información valiosa (más de 60 investigaciones ligadas a la conducta antisocial)  que muy poco ha sido aprovechada por los gobiernos.   Hay una riqueza invalorable de información que da luz al desarrollo de acciones concretas en la lucha contra la criminalidad, bajo esquemas técnicos y científicos.

Una de estas propuestas es la política criminológica, cuyo fundamento se basa en la elaboración del diagnóstico y análisis sobre los diferentes temas relacionados a la génesis, caracterología, fenomenología, control y prevención de la criminalidad en Panamá.

Este trabajo profundo fue realizado por un esfuerzo conjunto, del Gobierno y la sociedad civil, en el año 2004 cuando se presentaron sus resultados luego de los valiosos aportes de especialistas de diversas disciplinas ligadas al tema. Lamentablemente, el documento se congeló a pesar del Decreto Ejecutivo No 260 del 7 de junio de 2006 que adopta los lineamientos generales de esta política. Se quedó en la gatera, no arrancó.

Este documento debe constituirse como una agenda de Estado y parte fundamental de las políticas sociales del país. Con el surgimiento de ese gran movimiento social de la Cruzada por la Paz, la Universidad de Panamá, a través del Instituto de Criminología, da su aporte de incluir –como parte importante de los 14 puntos entregados al señor Presidente de la República– la propuesta para que se adopte de forma definitiva la política criminológica como una agenda de Estado, convencidos de que es la herramienta apropiada para prevenir y contener el incremento de la violencia criminal en nuestro país.

Hay que aclarar que la adopción de esta política no debe verse como una pócima mágica, que una vez adoptada hace desaparecer de forma instantánea la inseguridad en el país. Es un proceso de mediano y largo plazo que permitirá cumplir los siguientes objetivos: Fomentar la participación coordinada e integral de las instituciones involucradas en los temas de seguridad y de la sociedad en su conjunto; analizar los factores que generan el comportamiento antisocial; fomentar el enfoque social por parte del Estado, pues a través de sus programas se logra la justicia social. Además, la política criminológica tiene los siguientes alcances: reducir y disminuir la conducta antisocial; se mantiene en el tiempo, no importa los cambios de gobiernos es una política de Estado; aborda el problema del fenómeno delictivo de manera técnica y científica.

La Cruzada por la Paz, cuando hizo entrega al señor Presidente la República de importantes contribuciones, manifestó de forma reiterativa que nada de esto se visibilizará si no hay la voluntad política de implementarla. Y es que concretada su adopción, se obtendrán los siguientes objetivos y logros:

1. Será una iniciativa de alto impacto del Estado panameño en su lucha contra la criminalidad.

2. El Gobierno nacional, como parte del Estado, reforzará su política social.

3. Se constituirá en un marco de referencia sobre el cual derivan los planes operativos de la Fuerza Pública, el Sistema Penitenciario, el tratamiento del menor, etc.

4. Se reforzará el apoyo internacional.

5. Permitirá tener una visión más clara del tratamiento de los privados de libertad.

6. Fomentará la coordinación interinstitucional de manera efectiva.

Estamos a la espera que el Presidente apruebe el decreto ejecutivo que la adopte como política de Estado. Confiamos en que así sea.

<>

Este artículo se publicó el 25 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De la guerra fría al crimen organizado transnacional

La opinión de….

—-

Severino Mejía  —-

Es más probable ver matanzas en las calles, que el choque de países con arsenales nucleares.   Después del derrumbe de las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, se da inicio a un nuevo tipo de guerra en la que el objetivo no es un territorio sino la mente del hombre.

El terror desmoraliza y produce un efecto pandémico que se esparce a velocidad telegráfica en cualquier sociedad, no importa si es desarrollada o no. Surge un nuevo problema que trasciende la lógica de un conflicto nuclear para pasar a la compra de voluntades en los Estados débiles.

Aunque los actores sean diferentes, hay algo que se mantiene incólume a través del tiempo: la particularidad humana de la autodestrucción; no importa los medios empleados, ya sean estos armas de destrucción masiva, armas convencionales o la simple colocación de bombas en sitios donde se concentran muchas personas o el asesinato por encargo.

Si el escenario ha variado con nuevas modalidades de guerra, debemos preguntarnos entonces, ¿quiénes son los nuevos actores? Desde nuestro punto de vista, los actores enfrentados son el Estado contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. No es un enfrentamiento clásico con equipos bélicos sofisticados; el arma del Estado son las políticas públicas lo suficientemente fuertes para blindarse de la principal herramienta que disponen los criminales: la corrupción.

En este escrito nos ocuparemos únicamente en analizar el crimen organizado. Hay diversas acepciones de crimen organizado, la Interpol lo define como “Cualquier grupo con una estructura corporativa cuyo objetivo primario fuere obtener dinero, a través de actividades ilegales y a menudo del miedo y la corrupción de los organismos estatales”.

La Convención de Palermo del año 2001 (Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional) propuso la siguiente definición: “Se entiende por grupo delictivo organizado a un grupo estructurado, existente durante un período de tiempo y que tenga por fin la comisión de un delito transnacional grave mediante la acción concertada, utilizando la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

No importa la definición, el hecho es que el crimen organizado es una amenaza grave a las naciones democráticas y a la seguridad internacional, lo cual exige una comprensión por parte de los Estados en tener bien claro con quién se están enfrentando. En el mundo bipolar, el capitalismo y el socialismo interactuaban a través de las reglas internacionales de comunicación, pero con el crimen organizado este se trunca de manera inexorable.

La solución a los conflictos no se resuelven a través de las Naciones Unidas, sino por medio del empleo de fuerza letal.

Panamá, como el resto de las naciones centroamericanas, está acosada por estos grupos criminales, generadores de violencia, que convierten a la región en la más violenta del mundo.

En nuestro país, con valores agregados atractivos (el dólar como moneda de curso legal, una zona libre importante, un sistema bancario fuerte), cercano a la nación que produce el 80% de la cocaína que se consume en el mundo, es fácil deducir que es un campo atractivo para el lavado de activos y una zona de tránsito obligatoria de la droga sur–norte.

Combatir el crimen organizado conlleva una serie de acciones fundamentales que van desde la cooperación y solidaridad entre los países, así como el desarrollo de políticas públicas preventivas que impidan el proceso de reclutamiento de jóvenes de las zonas pobres para que engrosen sus filas como sicarios; la articulación del crecimiento económico con el desarrollo humano y, sobre todo, un conocimiento claro y preciso de nuestras fortalezas y debilidades como Nación.

<>

Este artículo se publicó el 25 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Apertura del tapón del Darién, su impacto

La opinión de…..

.

Severino Mejía

Los intentos de abrir el tapón del Darién son de vieja data. La carretera Panamericana se corta en esta provincia evitando la interconexión, vía terrestre, desde la Patagonia en Argentina, hasta bahía de Prudhoe en Estados Unidos.

Es un tema que despierta pasiones. Por un lado están los ambientalistas que se oponen por el impacto ecológico a uno de los tres ecosistemas más ricos del mundo, que mantiene un ambiente selvático todavía no depredado del todo (la selva maya y el Amazonas son los otros dos); los ciudadanos que sienten aprehensiones de su apertura y, finalmente, los empresarios e inversionistas que ven limitada la expansión de sus actividades comerciales vía terrestre, del sur al norte del hemisferio.

Hay tres factores que a mi juicio deben ser considerados en el análisis de este tema, antes de abocarnos a una toma de decisión que puede tener serias consecuencias. Estos factores tienen que ver con las consideraciones de carácter ecológico, los aspectos de seguridad pública y las previsiones de salud.

En lo que respecta a las consideraciones de carácter ecológico, según la ambientalista Natalia Arango, de The Nature Conservancy, el tapón del Darién es una zona única en el mundo porque es el punto donde confluyen la biodiversidad de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Dañarlo es lo más grave que le pueda pasar al mundo.

Por otro lado, la zona fue declarada por la Unesco como reserva de la biósfera y Patrimonio de la Humanidad en 1983.

De acuerdo a Marc J. Dourojeann, autor de Evaluación ambiental de proyectos de carretera en la Amazonia, no hay un solo registro de carreteras abiertas en los bosques tropicales que no fuera el origen de graves deterioros ambientales que, en general, solo se ha detenido cuando ya no quedaba prácticamente nada por destruir del ecosistema original.

Los impactos ambientales no planificados, que se traducen esencialmente en deforestación masiva, son muchas veces superiores a los previstos en los planes que se aprueban en base a costosos estudios.

Según Stanley Heckadon, todas las construcciones de carreteras en el siglo XX estuvieron acompañadas de procesos de deforestación masiva, de un avance descontrolado de potreros y de quemas, con su temible consecuencia para la calidad de los suelos (La Prensa, 24 de noviembre de 2004).

En cuanto a los aspectos de seguridad pública, podemos mencionar que en la actualidad, la presencia del Frente 57 de las FARC es un hecho conocido e innegable. Se ha tomado parte del territorio cerca a la frontera colombo–panameña para continuar con el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. A pesar del difícil acceso por las características geográficas de la provincia del Darién, los guerrilleros se mueven por las decenas de trochas y ríos que existen en los puntos fronterizos. La carretera les permitiría legalmente su movilización adoptando identidades ficticias. Esto les facilitaría llegar a cualquier punto del país sin problema alguno.

Súmele a lo señalado, la migración de ilegales que ya no solo son de la región, sino también de nacionales africanos y asiáticos que cruzan el Atlántico, vía Brasil, Ecuador y Colombia, para llegar a nuestro territorio con intenciones de seguir hacia Estados Unidos. Si la migración centroamericana y mexicana es intensa, podemos deducir que la suramericana sería mucho mayor. ¿Está Estados Unidos preparado para atender esta nueva perspectiva?

Mientras nuestro país no disponga de políticas de Estado en materia de seguridad pública, ni consolide la presencia gubernamental en la provincia del Darién, mediante un desarrollo sostenible agresivo, a mi juicio, no estamos preparados para hacerle frente a una eventual bomba migratoria; a las incursiones, mucho menos complicada, de las columnas de las FARC; al trasiego de drogas, armas, municiones y movimientos de ilegales a través de nuestra frontera. La carretera es una vía de aproximación afortunada para los malhechores.

En lo que respecta al último factor, previsiones de salud, la barrera natural que representa la selva de Darién ha impedido que la fiebre aftosa y el gusano barrenador se expandan hacia el norte. Abrirla conlleva al igual que los temas de seguridad, una preparación apropiada. Por lo anterior concluimos que no estamos preparados para atender el impacto de la apertura del tapón del Darién.

<>

Este artículo se publicó el 4 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Inteligencia estratégica y policial

La opinión de…..

.

Severino Mejía

Son dos temas similares, se complementan pero con enfoques diferentes. Debe darse una articulación efectiva entre el recién creado Ministerio de Seguridad Pública y el Consejo de Seguridad Nacional, para enfrentar de forma oportuna el accionar del crimen organizado externo en contubernio con los delincuentes criollos, la actividad de la delincuencia común, así como las amenazas transnacionales representadas en el terrorismo, el tráfico de drogas, de armas de fuego y municiones, y la trata de personas (forma de esclavitud del siglo XXI) que es la tercera actividad delincuencial (después de las drogas y armas), y genera 32 mil millones de dólares anuales en ganancias entre las organizaciones criminales.

Sin embargo, es importante hacer docencia sobre el concepto de inteligencia, para eliminar los prejuicios que causa esta palabra dentro de algunos actores de la sociedad. Sin entrar a analizar las razones que existan para esto, que son valederas y que respeto, es necesario evolucionar y tener un entendimiento más profundo de esa herramienta preventiva que, bien utilizada por el Estado, puede ayudar a contener la ola de criminalidad en nuestro país.

¿Qué es la inteligencia? La palabra inteligencia viene del latín intellegentia y es el producto que resulta de la búsqueda, registro, análisis, evaluación, comparación e interpretación de la información disponible que concierne a una nación o un área específica de esa nación y que es fundamental en el futuro para la formulación de planes. Al margen que nuestro país no tiene ejército, no es incompatible que esta herramienta pueda ser utilizada por nuestra Fuerza Pública para anticiparse, de manera temprana, a la comisión de futuros delitos que los criminales estén gestando.

El Ministerio de Seguridad Pública, bajo el cual estarán supeditados los componentes de la Fuerza Pública, debe manejar información de carácter policial que es fundamental para el desarrollo de operaciones que arrojen resultados positivos, como, por ejemplo, las grandes incautaciones de toneladas de drogas en nuestro país. En ocho años, en Panamá se han incautado casi 255 toneladas de drogas, lo que aunque es un pellizco, no deja de ser un duro golpe al crimen organizado.

La inteligencia policial también es capaz de proyectarse más allá, para estar a tres pasos de los delincuentes comunes que son la pesadilla de la ciudadanía, pues el robo con arma de fuego, el hurto y la violencia doméstica son los que resaltan en las estadísticas elaboradas por el Sistema Integrado de Estadística Criminal del Ministerio de Gobierno y Justicia.

La inteligencia estratégica se produce al más alto nivel del Gobierno. Dicha información que recaba un país es importante para la formulación de planes frente a eventos que se constituyan en una amenaza al Estado. Esta es la tarea del Consejo de Seguridad Nacional de un país. No es para vigilar a políticos, particulares o empresas. Es así como se concibió el Servicio Nacional de Inteligencia, que fue derogado por el gobierno actual.

La Policía Nacional debe ayudar a la producción de inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica se produce en el marco de la visión de futuro, de lo posible y lo deseable. Trata de buscar oportunidades en situaciones de dificultades, calcula riesgos y crea valores agregados.

Nuestro país tiene la obligación de generar su propio sistema de inteligencia estratégica según sean nuestras necesidades, lo que sin lugar a dudas tiene que ser coherente con los fundamentos de la política panameña de seguridad, consensuada por la sociedad civil en el año 2000.

La inteligencia estratégica está supeditada a un criterio de satisfacción de condiciones democráticas donde la inteligencia es un medio que opera bajo eficientes controles legales, pero cuya resultante se orienta a ser un insumo fundamental del proceso de toma de decisiones del ente político.

<>

Este artículo se publicó el  15  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre el filo de la navaja

La opinión de……

.

Severino Mejía

La presencia de columnas del frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en nuestro territorio, no es nada nuevo. En épocas pasadas suponemos que su presencia en el territorio respondía a situaciones de reavituallamiento, descanso, cura de sus heridos etc. Hoy día, las circunstancias son totalmente diferentes.

Las FARC del presente realizan actividades propias de carteles de drogas, al producir, procesar y exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos, situación que se les complica en su país, por la constante presión de las fuerzas militares y de policía de Colombia. Incursionar en la provincia de Darién les resulta apropiado a sus intereses, porque les permite su actividad ilícita lejos del acoso de las autoridades de cumplimiento de la ley de ese país.

Darién, provincia con 16 mil km2 y características geográficas muy difíciles, facilita la presencia en nuestro territorio, no solo de las fuerzas irregulares, sino también, de delincuentes comunes, coyotes inmigrantes ilegales, etc., amparados por una densa jungla que les da protección y cobertura a la vista de nuestras autoridades.   Es lógico pensar que, en un momento determinado de tiempo y espacio, se den contactos no previstos entre unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y estos grupos irregulares.

El Senafront cumple con su deber de atender la presencia de estos individuos, que para nuestro país, no son más que ilegales que están armados y los cuales tienen que ser tratados como son:  delincuentes.   Sin embargo, tenemos que ser muy cautelosos en el manejo de esta situación que es muy compleja.

Hay que recordar que en el año 2003 hubo una incursión de irregulares, que se informó pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que asesinaron a cuatro indígenas panameños.   Y son precisamente estos grupos de panameños los más expuestos y vulnerables a ser carne de cañón frente a las represalias de estas organizaciones.

El Servicio Nacional de Frontera tiene la misión, como componente de la Fuerza Pública, de garantizar la vida, bienes y honra de todos los panameños que no solo viven en Darién sino también de todos los nacionales que habitan cerca de los límites fronterizos con la hermana República de Costa Rica.

No son fuerzas ofensivas destinadas a enfrentar o acosar a las FARC. Son una fuerza disuasiva destinada a defender el territorio y hacer cumplir la ley como es y debe ser.

Por eso, es muy peligroso mandar mensajes o códigos que puedan ser interpretados como si Senafront fuese una fuerza beligerante; es decir, el yunque aquí en Panamá y el martillo, allá en Colombia.

Como país, y en eso estoy seguro que todos los panameños coincidimos, deseamos que, de una vez por todas, vuelva la paz al hermano pueblo colombiano y que impere la razón para ponerle fin a más de 40 años de conflicto interno en ese país.   Sin embargo, no es una situación que nos compete ni nos interese involucrarnos.  Bastantes problemas tenemos que atender para encontrarnos en una situación de conflicto que sabemos cuándo empieza, pero que no sabemos cuándo termina.

Toda actividad al margen de la ley en nuestro territorio es un delito, por lo tanto las FARC no deben alegar que son hostigados cuando son conscientes de que están en el lugar equivocado.   El conflicto no es aquí, por lo que deben salir de manera inmediata. No podemos aceptar ni tolerar amenazas; las unidades del Senafront cumplen con su deber constitucional de garantizar el orden interno dentro de nuestro territorio.

Como país, sin embargo, debemos evitar abrir, por un mal manejo, un teatro de operaciones cuando esa guerra no es nuestra. No debemos involucrarnos en nada que no sea el preservar la tranquilidad y paz en nuestras poblaciones, sobre todo, de las comunidades indígenas que están emplazadas cerca de los límites fronterizos.

Los citadinos que vivimos lejos de esas áreas, debemos comprender el estado de nerviosismo de nuestros compatriotas, porque sus vidas y las de su familia penden en un hilo. No propiciemos situaciones de la cual después nos vamos a lamentar.

<>

Artículo publicado el 15  de febrero de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La cultura de la legalidad

.

La opinión de….

.

SEVERINO   MEJIA

.

Dicen que la gota horada la roca, así mismo continuaremos expresando nuestra opinión sobre un tema de vital importancia: la cultura de la legalidad; no desde un punto vista jurídico, sino con un enfoque social.

La cultura de la legalidad sería la respuesta en un país en donde todo el mundo hace lo que le viene en gana, sin importar las consecuencias futuras y el impacto en el resto del conglomerado social.  Todos los días vemos conductas inapropiadas que son malos ejemplos para los jóvenes.

Los conductores que toman los hombros del corredor para adelantar a los demás vehículos y, después, entrar al carril correcto por la fuerza; el “yo no voy” del servicio selectivo; el desorden del transporte público colectivo, llámese “Diablos Rojos”, y el irrespeto a los peatones que intentan cruzar la calle usando la línea de seguridad son algunos malos ejemplos de conductas que vemos a diario en nuestras calles.

No pretendo hacer juicios sumarios, pues está demostrado que aquel que los hace juzga de forma equivocada; cuando me refiero al ciudadano, estoy consciente de que dentro de ese grupo hay quienes son excepciones.

Es difícil lograr, por nuestra idiosincrasia, reducir a cero las conductas antisociales que ponen en riesgo el equilibrio social, pero si se refuerza la educación sobre este tema, si los medios de comunicación social juegan un rol de primer orden –no resaltando únicamente hechos policivos o de accidentes de tránsito–, estoy seguro de que se logrará una disminución significativa de estas anticonductas.

Con esto no pretendo ser Michelle Nostradamus, ni predecir la conducta del ser humano, pero sí comprenderla.

Por lo anterior, desde el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, impulsamos la necesidad de que se practique más la cultura de legalidad entre los ciudadanos. Tenemos la visión de crear un diplomado, como primer paso, organizar foros de expresión, conferencias y, en general, desarrollar cualquier iniciativa que atraiga la atención en un tema que nos ayudará a convivir en una sociedad sometida a la inseguridad, a los tranques y a los problemas propios de nuestras vidas, que incrementan el estrés, la intolerancia, el juega vivo y el poco importa.

Es un trabajo de arriera al que todos debemos comprometernos o involucrarnos. No importa si eres de un partido político tal o practicas una religión diferente, lo importante es dar un paso en la dirección correcta para mejorar nuestra convivencia pacífica en este pequeño país.

En pocas palabras, se trata de que el ciudadano haga todo aquello que le permiten las normas jurídicas y se abstenga de hacer lo prohibido; y que el Gobierno solo practique las facultades que le son conferidas. En la medida que los gobiernos pongan el ejemplo, la sociedad los imitará.

Necesitamos refundar la República; hagamos que Panamá renazca, tal como ocurrió en la ciudad de Palermo, en Italia, en el enfrentamiento contra la mafia.

La cultura de la legalidad está casada con el estado de derecho.   Como dice Israel Castillo Olivera, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Quintana Roo, México: “con esto me refiero a la causa de ser de ese ente abstracto en una realidad que se materialice a través de sus instituciones y funcionarios, así como de sus normas”.

Sin duda, hay mucho que hacer para reforzar la cultura de la legalidad.  Los medios pueden ayudar a impulsar el tema que es de beneficio para todos; el Ministerio de Educación también debe jugar un rol clave y, para eso, debe apoyarse en el Decreto Ejecutivo No. 178 que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación en Valores Éticos, Morales, Espirituales y una cultura de la legalidad.

¡Empecemos por ahí!

.

<>
Publicado el 4 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

De la violencia política a la violencia social

.

La opinión de….

.

SEVERINO  MEJÍA

.

De la violencia política a la violencia social

Según el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 presentado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo; vive una situación muy explosiva en términos delincuenciales, donde los homicidios, la violencia intrafamiliar, el tráfico de drogas y la presencia del crimen organizado son una constante.

Sólo hay que ver las cifras estadísticas logradas de la investigación del PNUD (33 homicidios por cada 100 mil habitantes) para tener una idea del tamaño del problema. Los homicidios son cuatro veces más del promedio global (nueve por cada 100 mil habitantes).

Las inseguridades ciudadanas se han convertido en la nueva amenaza que ronda en nuestro entorno. Centroamérica está viviendo una guerra civil no declarada.   Parece que la tasa de homicidios de la región supera a Brasil o México, dos de las potencias emergentes del hemisferio.

Las naciones con mayor carga de homicidios sobre sus sociedades son Honduras, El Salvador y Guatemala, que en el pasado tuvieron muy marcados por la violencia, guerrillas y golpes de Estados. ¿Cuánto representa esto a la economía de la región? Según el Banco Interamericano de Desarrolllo (BID), el fenómeno representa el 7.7% del producto interno bruto (PIB). En toda América Latina, el 14.2% del PIB.

De las décadas de 1970 y 1980 a la actualidad, Centroamérica ha transitado de un conflicto interno a una pacificación relativa, aparente o virtual, pues el conflicto armado ha pasado la posta a una delincuencia rampante que ha dejado, del año 2000 al 2008, 79 mil víctimas de homicidios, superior al conflicto armado de Vietnam, con más 58 mil bajas, en 10 años de guerra en esa región del sudeste asiático.

Sin embargo, es bueno hacer un repaso de lo que fue la guerra civil más visible en Centroamérica: El Salvador.   La guerra civil en ese país fue un conflicto bélico interno, en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas (FAES) contra las fuerzas irregulares e insurgentes denominadas el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).   Este conflicto armado nunca se declaró oficialmente y tuvo un período de 12 años, iniciándose en 1980. El inicio del conflicto tuvo sus antecedentes desde la década de 1970 con gobiernos militares que agudizaron la crisis política y social de ese país.

El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75 mil muertos y desaparecidos. El conflicto armado concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de paz, en la que Panamá jugó un papel preponderante en la conformación del Grupo de Contadora que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.

Las sociedades de los países pertenecientes al triángulo del norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, no han terminado de procesar las vivencias de los antiguos conflictos internos, porque la violencia urbana del presente los ha relevado de manera inmediata. No ha habido una paz duradera porque los procesos políticos de la región siempre estuvieron casados con enfrentamientos armados.

Costa Rica y Panamá han sido los dos únicos países del área que no han tenido conflictos internos de esas magnitudes, sin embargo sufren el embate de la delincuencia, no importa sus particularidades, tasas y respuestas gubernamentales.

Como país, debemos abocarnos a institucionalizar la política criminológica trabajada por la sociedad civil para potenciar la prevención. Sale más barato prevenir ahora, que la cura del problema, mañana.

<>
Publicado el 14 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Combatir el crimen organizado……..

La opinión de…..

.

Severino Mejía

.

Combatir el crimen organizado……..

Siempre he tenido mis dudas en manifestar si en Panamá realmente existe el crimen organizado como tal.   Dudas que surgen analizando las organizaciones criminales de otros países, con estructuras complejas y vastos recursos económicos que les permite corromper a los funcionarios, con la capacidad de adquirir medios tecnológicos y disponer de armamentos sofisticados que compiten con las dotaciones orgánicas de las fuerzas armadas, no así de la Policía Nacional.

El crimen organizado se ha extendido en toda la región y es difícil que los países puedan manejarlo aisladamente, esto hizo que la comunidad internacional uniera esfuerzos mediante una convención internacional para fortalecer la cooperación entre los países y dar el apoyo necesario a las autoridades de cumplimiento de la ley.

Es así que en Palermo, Italia, se realizó en 2002 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como un mecanismo de cooperación para prevenir y enfrentar las redes criminales internacionales, de forma armónica, coherente y bajo el concepto de la confianza mutua.

La convención de Palermo definió como “grupo delictivo organizado” aquel integrado por tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a dicha convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Esta definición nos lleva a preguntar si las pandillas locales se pueden calificar como grupos delictivos organizados. Creo que no. Aunque están estructuradas en grupos de más de tres personas, sus actividades criminales responden a las conductas individuales de cada uno de sus miembros. Si un pandillero comete un asalto a mano armada, ¿el producto de ese delito es entregado al líder pandillero o se queda como patrimonio propio del que cometió el delito? Son preguntas que obligan a profundizar en el tema.

A mi juicio, los grupos criminales en Panamá, lejos de estar estructurados como grupos delictivos organizados, son elementos de apoyo o grupos operativos subordinados a grupos externos, en este caso, a carteles de las drogas de México y Colombia. Se trata de delincuentes comunes que trabajan para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, de personas y armas.

Esta relación simbiótica al principio, se puede ver trastocada cuando los grupos delictivos locales quieren tener mayores controles que les generen ganancias superiores de las que les generan ser “servidores” de sus mayores. Es así que se dan los llamados “tumbes”, que no son más que robarle a los narcotraficantes las drogas para recomercializarlas. La respuesta a esta osadía se traduce en represalias que desencadenan las ejecuciones que vemos diariamente en los medios. La mayoría de las veces, estas represalias afectan a personas inocentes que no tienen que ver con los hechos criminales, pero en algunos casos sí afectan a quienes tienen una relación de consanguinidad o de afinidad con los involucrados en esas actividades delictivas.

Las ejecuciones tienen variantes. Algunas responden a viejas rencillas y venganzas comunes entre pandilleros; otras, de mayor magnitud, se hacen por encargo, es decir, la ejecución a cambio de dinero o droga. Es aquí donde se refuerza la tesis de que nuestros delincuentes locales son contratados para cometer actos de sicariato. No son de la “familia”, son asalariados que por un monto de dinero asesinan a los blancos seleccionados por las organizaciones criminales.

El que nuestro país no tenga organizaciones criminales, que puedan en el futuro internacionalizar sus actividades delictivas, no significa que debamos bajar la guardia. Aplicar con eficiencia la prevención, como el mejor antídoto para la lucha contra la criminalidad, es la manera más efectiva de inhibir el desarrollo de grupos criminales altamente organizados. Debemos recordar que las actividades del narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas, entre otros, propician la creación y desarrollo de grupos criminales por los altos ingresos que implican estas actividades delictivas.

Frente a este panorama impulsemos un a política criminológica y de seguridad ciudadana. Pasemos de los hechos a la acción.

.

<>
Publicado el 17 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Apuesta por la cultura de la legalidad

Apuesta por la cultura de la legalidad

La opinión de…

Severino Mejía

.

Panamá es un país con muchas leyes, sin embargo hay una costumbre generalizada de evadirlas o incumplirlas.  El ejemplo más palpable lo vemos en el Reglamento de Tránsito.  A diario se viola, no importa si son peatones, conductores particulares o del transporte público.

La cultura de la legalidad es la aceptación jurídica y moral de las leyes, previamente escritas y aceptadas, por la sociedad en un documento oficial. Al no existir una cultura de la legalidad, entonces, es fácil deducir que las acciones criminales serían una constante, donde el imperio de la ley estaría ausente.

Si queremos combatir el crimen, debemos empezar a fortalecer la cultura de la legalidad, empezando desde la edad más temprana. La educación sería el facilitador para ir fomentando el respeto a las leyes de tal forma que los operadores de justicia y las autoridades no se vean forzados a reprimir para exigir el cumplimiento de la misma. En la medida que inculquemos a nuestros jóvenes el significado de un estado de derecho, que lo diferencia de un gobierno autoritario, crearemos personas respetuosas de las leyes. Si bien es cierto que la lucha contra el incremento de la criminalidad en Panamá lo lleva como punta de lanza las acciones de la Policía Nacional, debemos también fortalecer los aspectos regulatorios, la impartición de justicia y la educación.

Panamá debe aprender de experiencias de otros países para aplicarlas en nuestra sociedad, con la participación ciudadana que es parte fundamental. Si los enfoques regulatorios van acompañados de una cultura o política que apoye el estado de derecho, sería un golpe de timón con resultados visibles. El que violenta la ley no solo sería señalado por las normas regulatorias sino también por la sociedad.

En nuestro país se ha empezado con la fuerza pública, que como autoridad de cumplimiento de la Ley debe seguir a cabalidad con el mandato constitucional de proteger la vida, bienes y honra de todos los asociados. Pero esto no basta. Todos, sin excepción, debemos ser parte de esta transformación. Una sociedad bien preparada sobre la cultura de la legalidad llevará a un Estado a reducir costos en la inversión de sistemas penitenciarios o sistema masivos de impartición de justicia o penal.

Ahora, ¿es posible cambiar nuestra cultura? Claro que sí, ha funcionado en regiones tan disímiles que no veo por qué no pueda funcionar en Panamá. Sí, puede ser posible y quizás en un periodo de tiempo corto. Lo importante es arrancar.

La idea no es que el Gobierno imponga la ley sino que la sociedad simpatice con la observancia de la ley, más cuando ella participa en la elaboración e implementación de la misma. En la medida que la cultura de la legalidad se afinque en la mente del panameño, así mismo también vamos fortaleciendo el Estado de derecho.

.

<>
Publicado el 4 de septiembre de  2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

La seguridad es prevención

.
La seguridad es prevención
.

Severino Mejía

.

La delincuencia está creciendo en nuestro país. Tiende a ampliarse, y cobra fuerza, es osada y compleja. Por lo anterior, se convierte en una real amenaza, cual pandemia, que debe ser tratada con los antibióticos necesarios.

Debido a esto crea un estado de terror y se puede convertir en un obstáculo para el desarrollo del país.

He manifestado anteriormente que para enfrentar los problemas de inseguridad, se precisa más que una receta. Por muchos años se ha vendido la idea de que el papel protagónico en la lucha contra la criminalidad la debe jugar la Policía Nacional (PN), como si eso fuese suficiente para resolver el problema de fondo.

La sociedad panameña está harta de la delincuencia rampante y pide a gritos respuestas inmediatas, la misma no se va a garantizar únicamente con las acciones coercitivas de la PN.

Debemos atajar las intenciones criminales desde un principio, con medidas preventivas que se constituyan en políticas de Estado. En el otro extremo, resocialización del inadaptado social, que es privado de su libertad para que no dañe o afecte a los ciudadanos.

La verdadera prevención debe partir del estudio genético de la delincuencia, del conocimiento de sus determinantes sociales, para que esa aproximación cognitiva sirva de referente en la concepción y aplicación de una intervención dinámica y positiva que neutralice las raíces de la delincuencia, las cuales se manifiestan principalmente en el contexto comunitario.

La ejecución de una prevención criminológica como forma importante en la lucha contra la criminalidad permite la disminución del crimen sin esperar a que el mismo se manifieste. En pocas palabras, no basta solo con reprimir el crimen, hay que prevenirlo. Los programas deben sostenerse en el tiempo y no en periodos limitados. Soy de la idea que el Estado debería estar monitorizando permanentemente el estado de salud de las familias más expuestas, sobre todo aquellas donde haya jóvenes en riesgos de ser absorbidos por las pandillas.

Parte fundamental del problemas son las deserciones escolares, y esta tarea le corresponde más bien a los padres.

La inseguridad también es uno de los grandes problemas de América Latina. Y no se trata solo de una sensación. Lo confirman los índices de homicidios, que se han duplicado desde 1980 hasta alcanzar hoy niveles epidémicos.

La clásica respuesta basada en los enfoques policiales y represivos conocidos como “mano dura” no han dado los resultados esperados, a pesar de su popularidad. Hay una guerra civil no declarada en nuestros países donde los muertos superan los caídos en combate en el conflicto de Vietnam (más de 58 mil) en diez años. Esto es grave.

Por eso, insisto en que debemos pasar de una idea a la acción en el concepto de la prevención.

La sociedad en su conjunto es parte importante en el esfuerzo, sin embargo, el Estado la absorbe por un doble derecho-deber, esto es por una función: la de prevenir y luego, si esta fracasa, castigar.

Mientras se adolezca de procedimientos y políticas de seguridad y criminológicas, estaremos actuando de forma reactiva y desordenada. Cada cinco años los gobiernos imponen su librito, carente de estudios profundos.

No hay duda de que los programas de prevención requieren de una gran movilidad de recursos, pero bien lo valen, la ciudadanía necesita tener confianza en el Estado.

Mi propuesta es que se cree un Centro de Prevención del Delito, como lo tiene Naciones Unidas pero a nivel doméstico. En la medida que la prevención detenga las posibilidades de que se cometa un delito, evitamos que las cárceles se llenen cada día.

<>

Publicado el 16 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.