Presidente Martinelli entrega viviendas a unidades del Senafront

-Gobierno reitera compromiso de lucha contra el narcotráfico/delincuencia-

Reproducción del reportaje de nuestra colaboradora, la educadora y activista política…

Jennie Gonzalez

Nuevas viviendas acondicionadas a sus necesidades recibieron -de manos del presidente Ricardo Martinelli- los cabos Alexander Pérez y Aristides Guevara, ambas unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quienes resultaron lesionados, perdiendo parte de sus extremidades, cuando realizaban su labor de patrullaje en playa Isaías en la provincia de Darién, limítrofe con la República de Colombia.

 

El presidente Martinelli destacó que como gobierno se hará todo lo que esté al alcance para lograr que los uniformados del Senafront se recuperen, ya que éstos, al igual que todos los miembros de las diversas entidades de seguridad de la nación, arriesgan sus vidas por cumplir con el deber de proteger a los ciudadanos y el territorio nacional. “Siempre vamos a apoyarlos –a los miembros de los organismos de seguridad- ya que son unidades que dan su vida por cuidarnos a todos y merecen todo el apoyo de nosotros”, indicó.

 

El Jefe del Ejecutivo reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo los estamentos de seguridad, destinando mayores recursos y tecnología que permitan disminuir los riesgos que asumen diariamente los uniformados. “Seguiremos combatiendo la delincuencia y el narcotráfico para que las unidades no tengan que pasar por esta situación tan difícil”, acotó.

 

Cumpliendo con la promesa de apoyar a los cabos Pérez y Guevara, se entregaron las nuevas viviendas ubicadas en el residencial Valle Dorado y en Villas del Bosque, respectivamente, en el distrito de La Chorrera, donadas por la Caja de Ahorros que realizó los trámites legales para adjudicarles las casas.


Las viviendas fueron remodeladas y dotadas con línea blanca

La compra del mobiliario y línea blanca fue gestionada por la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizó las adecuaciones de las casas para acondicionarlas con facilidades para el uso de sillas de ruedas.

Los cabos Pérez y Guevara resultaron heridos durante un patrullaje

Ambos jóvenes recibieron –inicialmente- atención médica en la Clínica Hospital San Fernando, de Panamá.

 

Luego de las gestiones del presidente Ricardo Martinelli y la Embajada de Colombia en Panamá, Guevara y Pérez fueron trasladados a la nación colombiana, junto a sus esposas, a recibir tratamiento de fisioterapia, cirugía plástica y tratamiento psicológico en el hospital militar de Chapinero Alto de Bogotá.  El tratamiento incluyó la colocación de las prótesis.

 

Guevara y Pérez fueron ascendidos recientemente al rango Cabo Primero. Igualmente, fueron condecorados con la medalla “Belisario Porras, en el grado de Comendador”, durante una ceremonia que se realizó en las futuras instalaciones del Senafront en un área cercana a Gamboa.

 

Acompañaron al presidente Martinelli en el evento, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Carlos Duboy; el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y el gerente general de la Caja de Ahorros, Jason Pastor, entre otras autoridades.

 

GOBIERNO NACIONAL

 

¡JUNTOS HACIENDO UN MEJOR PANAMÀ!

 

 

 

 

<> Reproducción  de reportaje publicado el 16 de febrero de 2011 a las 18:09 en Facebook y etiquetado en nuestro muro por la autora a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Minas antipersonales, reto humanitario

La opinión de…

Roberto Montañez  

Las áreas contaminadas con explosivos, que en el pasado fueron escenarios de conflictos en la región, parecían distantes a nuestra realidad. Sin embargo, la tragedia se asoma a nuestro país, cuando dos miembros del Servicio Nacional de Fronteras sufrieron heridas de gravedad por la detonación de una mina antipersonal en playa Isaías, en las cercanías de Jaqué, Darién.

Esto confirma la existencia de áreas minadas en áreas fronterizas con Colombia, país que tiene la mayor cifra de víctimas mundiales por estos artefactos. El conflicto colombiano parece extenderse al territorio panameño, ante la posibilidad de insurgentes o narcotraficantes, en protección de sus estratégicos santuarios, hayan sembrado artefactos que son serias amenazas para la población darienita.

Estrategas militares estiman que estas armas defensivas soportan las inclemencias del tiempo, y que pueden permanecer activas por más de 50 años. En muchos casos las víctimas no solo son afectadas por la muerte fulminante sino por mutilaciones que requieren de cirugías múltiples, amputaciones, rehabilitación física y psicológica, quedando los sobrevivientes discapacitados de por vida; mientras el país asume las consecuencias sociales y económicas.

Panamá, que no está preparada para este tipo de emergencias, tendrá que sumarse a la campaña de 68 países amenazados por la contaminación de explosivos. La Convención de Ottawa, que fue ratificada desde 1998, es la respuesta para atender esta crisis humanitaria. Una vez se declare su existencia y se delimiten las áreas afectadas, podría solicitarse asistencia técnica para elaborar un plan nacional de acción contra las minas e iniciar la limpieza en los términos establecidos por la Convención.

Estamos en presencia de una amenaza que no discrimina a sus víctimas; su producción no sobrepasa los tres dólares por unidad, mientras su extracción podría costar hasta mil dólares.

Es imperativo unirnos al clamor de la comunidad internacional y la sociedad civil de 156 estados miembros que se han movilizado para afrontar la problemática derivada de 160 millones de minas diseminadas en el mundo. Panamá, que no tiene ejército, precisa recurrir a Colombia y a Nicaragua que han tenido logros en la limpieza de campos minados. La Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, establecida mediante Decretos Ejecutivos de 1997 y 1999, podría contribuir al plan de difusión para advertir a estas comunidades los peligros que se derivan de esta letal arma, cuya onerosa erradicación es uno de los principales retos humanitarios a los que se enfrenta el país.

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Este artículo se publico el 7 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sobre el filo de la navaja

La opinión de……

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Severino Mejía

La presencia de columnas del frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en nuestro territorio, no es nada nuevo. En épocas pasadas suponemos que su presencia en el territorio respondía a situaciones de reavituallamiento, descanso, cura de sus heridos etc. Hoy día, las circunstancias son totalmente diferentes.

Las FARC del presente realizan actividades propias de carteles de drogas, al producir, procesar y exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos, situación que se les complica en su país, por la constante presión de las fuerzas militares y de policía de Colombia. Incursionar en la provincia de Darién les resulta apropiado a sus intereses, porque les permite su actividad ilícita lejos del acoso de las autoridades de cumplimiento de la ley de ese país.

Darién, provincia con 16 mil km2 y características geográficas muy difíciles, facilita la presencia en nuestro territorio, no solo de las fuerzas irregulares, sino también, de delincuentes comunes, coyotes inmigrantes ilegales, etc., amparados por una densa jungla que les da protección y cobertura a la vista de nuestras autoridades.   Es lógico pensar que, en un momento determinado de tiempo y espacio, se den contactos no previstos entre unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y estos grupos irregulares.

El Senafront cumple con su deber de atender la presencia de estos individuos, que para nuestro país, no son más que ilegales que están armados y los cuales tienen que ser tratados como son:  delincuentes.   Sin embargo, tenemos que ser muy cautelosos en el manejo de esta situación que es muy compleja.

Hay que recordar que en el año 2003 hubo una incursión de irregulares, que se informó pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que asesinaron a cuatro indígenas panameños.   Y son precisamente estos grupos de panameños los más expuestos y vulnerables a ser carne de cañón frente a las represalias de estas organizaciones.

El Servicio Nacional de Frontera tiene la misión, como componente de la Fuerza Pública, de garantizar la vida, bienes y honra de todos los panameños que no solo viven en Darién sino también de todos los nacionales que habitan cerca de los límites fronterizos con la hermana República de Costa Rica.

No son fuerzas ofensivas destinadas a enfrentar o acosar a las FARC. Son una fuerza disuasiva destinada a defender el territorio y hacer cumplir la ley como es y debe ser.

Por eso, es muy peligroso mandar mensajes o códigos que puedan ser interpretados como si Senafront fuese una fuerza beligerante; es decir, el yunque aquí en Panamá y el martillo, allá en Colombia.

Como país, y en eso estoy seguro que todos los panameños coincidimos, deseamos que, de una vez por todas, vuelva la paz al hermano pueblo colombiano y que impere la razón para ponerle fin a más de 40 años de conflicto interno en ese país.   Sin embargo, no es una situación que nos compete ni nos interese involucrarnos.  Bastantes problemas tenemos que atender para encontrarnos en una situación de conflicto que sabemos cuándo empieza, pero que no sabemos cuándo termina.

Toda actividad al margen de la ley en nuestro territorio es un delito, por lo tanto las FARC no deben alegar que son hostigados cuando son conscientes de que están en el lugar equivocado.   El conflicto no es aquí, por lo que deben salir de manera inmediata. No podemos aceptar ni tolerar amenazas; las unidades del Senafront cumplen con su deber constitucional de garantizar el orden interno dentro de nuestro territorio.

Como país, sin embargo, debemos evitar abrir, por un mal manejo, un teatro de operaciones cuando esa guerra no es nuestra. No debemos involucrarnos en nada que no sea el preservar la tranquilidad y paz en nuestras poblaciones, sobre todo, de las comunidades indígenas que están emplazadas cerca de los límites fronterizos.

Los citadinos que vivimos lejos de esas áreas, debemos comprender el estado de nerviosismo de nuestros compatriotas, porque sus vidas y las de su familia penden en un hilo. No propiciemos situaciones de la cual después nos vamos a lamentar.

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Artículo publicado el 15  de febrero de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Peligros en Darién

La opinión del Catedrático…….

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JULIO  YAO

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acusado al gobierno panameño de haber liquidado “a mansalva” a tres de sus integrantes y de coordinar con el gobierno colombiano ataques a su organización. La acusación tiene graves implicaciones y connotaciones.

El gobierno panameño tiene el deber de prohibir y contener la presencia ilegal de civiles, militares o insurgentes dentro de su territorio, así como la potestad de coordinar con el de Colombia que esta tarea se haga con respeto a la soberanía nacional de ambos países. Lo que no puede hacer el Senafront o cualquier otra fuerza especial panameña es asesinar a los elementos irregulares, aunque su condición en nuestro país sea ilegal en Darién o en cualquier punto de la geografía nacional.

Si se comprueba la veracidad de las acusaciones de las FARC —que suelen ser muy precisas y responsables en estos casos— el gobierno panameño estaría enfrentando dos tipos de delitos diferentes. Por un lado, el Senafront sería responsable de crímenes de guerra, pues si los presuntos guerrilleros fueron liquidados “ a mansalva ” es que no lo hicieron en combate, y esto no lo permite la Convención de Ginebra.

Las informaciones que circulan por todo Panamá indican que los tres presuntos guerrilleros estaban bañándose o desprevenidos o no portaban armas, o sea, fueron asesinados, cosa que no debe enorgullecernos en forma alguna. Debe aclararse si dichos elementos fueron emboscados o ejecutados a boca de jarro, pero tranquiliza conocer que las FARC tienen la firme disposición de “ no atacar a fuerzas vecinas ” ni trasladar su conflicto hacia países fronterizos, lo que no les resta, por supuesto, su derecho a la defensa propia.

En segundo lugar, la coordinación militar y estratégica de Panamá con Colombia significaría que Panamá está violando su propia Constitución, pues nuestro país no está autorizado para entrar en alianzas militares de ninguna naturaleza, dada la condición de que no podemos poseer ejército, salvo que una operación con ese propósito sea autorizada por la Asamblea Nacional, cuya autoridad para aprobar o improbar acuerdos internacionales no se discute. Una alianza militar entre Panamá y Colombia —secreta por demás— constituiría una violación del Tratado de Neutralidad, que obliga a Estados Unidos y Panamá a impedir que se produzcan amenazas al Canal interoceánico (Artículo II).

Panamá no puede ser partícipe del Plan Colombia ni abiertamente, ni de manera encubierta. Es de especial importancia advertir que el presidente Álvaro Uribe felicitó al gobierno panameño por el operativo contra las FARC, lo cual confirmaría que Panamá está siendo integrada al conflicto del hermano país, cuyo enfoque militar ya fracasó, y que el involucramiento de Panamá en Darién no es ya en contra del narcotráfico tan solo, sino que se comprende en el marco de una intervención multifacética a nivel regional que se ensaya bajo la jefatura del Comando Sur de Estados Unidos.

Recordemos que Estados Unidos obtuvo el uso y control de siete bases militares colombianas con alcance continental en el mismo momento y fecha en que el gobierno panameño anunció el establecimiento o construcción de bases aeronavales en ambos océanos. ¿Qué busca el presidente Uribe en Panamá?

La escalada militar y el derrame del conflicto colombiano hacia Panamá bajo el Plan Colombia o el Plan Patriota refuerzan las tendencias de remilitarizar a nuestro país y a crear las condiciones para el retorno abierto (ahora lo es secreto) y sin contemplaciones de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que manipularían el temor en amplios sectores de la sociedad panameña para afianzar aún más su control sobre los temas alusivos a la seguridad internacional. Pero el actual es un torbellino que pudiera acabar con el proceso hacia la democracia en nuestro país.

Es indispensable usar la diplomacia, contar con una visión verdaderamente nacional y latinoamericanista que nos integre al mundo sin prejuicios, sin temor y sin cobardía, y que nuestra política exterior represente al conjunto de la nación panameña y no únicamente a los sectores empresariales del país, porque, por más exitosos que pudieran ser bajo el neoliberalismo irracional, ellos no son el pueblo y no expresan el espíritu nacional.

Los panameños no tenemos que ser enemigos de Estados Unidos, pero tampoco ser su apéndice ni ser utilizados como instrumento para dividir y debilitar a la comunidad de naciones latinoamericanas.

Los intereses nacionales de Panamá no pueden ser comprometidos en acciones bélicas que van a contracorriente de nuestra tradición histórica de convivencia pacífica, no intervención y diplomacia en la solución de conflictos internacionales. Es necesario volver a nuestras raíces, aprender de las lecciones que nos dejan más de 160 años de relaciones amargas con Estados Unidos, y volver a construir una política exterior coherente, pública y ética, sobre los mismos principios que nos dieron antes brillo internacional. Es necesario no apartarnos del río de nuestra historia.

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Artículo publicado el 12 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.