Ni pena ni vergüenza

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La opinión del Abogado …

Alberto E. Fadul N.

En el país de la más curiosa y contundente capacidad de golpearnos el pecho, hablando de nuestra gran democracia. Donde hace ya muchísimos años no creemos en las críticas que, a voz caliente, solo buscan defender intereses propios o personas.

Donde el silencio a gritos, de sectores organizados, es para proteger al gobierno de turno. Donde los ignorantes o los vivarachos, escoja usted, manifiestan que no es necesario ni pertinente reformar nuestra Carta Magna.

Donde se comenta, hoy, la posibilidad de añadir una sala quinta a la Corte Suprema de Justicia, para atender asuntos de garantías constitucionales, lo cual no requiere reforma Constitucional, o de crear un tribunal constitucional con aspiraciones mayormente estructuradas que si requeriría reforma constitucional.

No nos deja de preocupar, la repentina velocidad de tales aspiraciones ya que no tienen, por si solas, una urgente relevancia.

Apreciados lectores, consejo, ni la una ni la otra. Lo que hay que hacer primero, es llamar a una amplia consulta nacional para reformar, integralmente, nuestra constitución; un documento excesivamente programático, repleto de desastres jurídicos al que con fines, meramente clientelistas, le queremos agregar, ahora también e innecesariamente, los 100 para los 70, ya regulado vía ley, que ningún partido se atrevería a modificar en sentido negativo, pues le caería el peso del castigo político.

La constitución no es un documento para la protección clientelista de nadie. Es, realmente, uno de orientación en materia legislativa, es decir, ninguna ley debe violar un precepto constitucional o estar por encima de éstos.

En un país, históricamente, carente de transparencia gubernamental, con un Órgano Judicial de dudosa capacidad en el despacho de sus deberes, al que antes de, se desea incorporar tres nuevos magistrados y suplentes, bajo el amparo del mecanismo más ineficiente para su selección y nombramiento, nos dejaría verdaderamente desamparados.

Señor Presidente de la República, deje estas cosas a un lado.   Su plataforma de cambio, requiere más peso en el Órgano Judicial, vía una Constitución jurídicamente sostenible, dentro de una democracia real lo cual la actual, no lo es.

La modificación constitucional forma parte de sus promesas de campaña. Estoy seguro que con la asistencia de la Sociedad Civil, más si es mediante solicitud suya, se le haría un gran favor al país.

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<>Artículo publicado el 23  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Autodescalificación presidencial

La opinión de…

 

Roberto Arosemena Jaén

Históricamente, somos un estado presidencialista.   Es un invento estadounidense con más de 234 años de efectividad. Ese invento expresa el dicto aristotélico “que mande uno”.   Es la conclusión de su metafísica, o el esfuerzo enorme de explicarse el funcionamiento del mundo como algo ordenado y no caótico.

No obstante, en Panamá el presidencialismo está en crisis.   Es algo caótico. Todo lo caótico produce una crisis humana. Toda crisis se resuelve cuando la causa perturbadora desaparece. La crisis de la crisis de gobernabilidad es que todos saben que la causa debe desaparecer, pero nadie sabe ni cuándo ni cómo.

El presidencialismo panameño se ha descalificado intempestivamente desde que el gobierno del Cambio ganó las elecciones.   El jefe del Cambio ha sabido hacer suyo lo que establece la Constitución.   “El presidente de la República es responsable por sí mismo del “orden público”, del “nombramiento de los ministros” y de la “coordinación de la administración pública”.   Si los servicios públicos están deteriorándose el único responsable es el señor Presidente de la República.

Recientemente, Ricardo Martinelli ha ratificado que él es el que manda y seguirá mandando: “hasta junio del 2014. La soga de la crisis, el mismo se la ha colocado en el cuello.

No hay, fuera de Ricardo Martinelli, ningún causante de la crisis. Es decir que un esquema que se diseñó para el buen gobierno, tanto al nivel pragmático de Estados Unidos como al nivel filosófico de los clásicos griegos, hoy expresa la deriva de servicios públicos ingobernables y deteriorados.   Si la Presidencia no funciona en un régimen presidencialista, la nación se paraliza y la autodesestabilización crece exponencialmente.

Esta situación de crisis la ha denunciado con valentía cierto sector de la sociedad civil. La diferencia entre la denuncia de que el señor Martinelli se está haciendo dueño del aparato del Estado y de los Órganos del Estado y mi denuncia del fracaso del sistema presidencialista en Panamá es que la sociedad civil piensa que el problema es el “estilo autoritario” –Mauro Zúñiga lo califica de “fascista”, mientras que este artículo afirma que el problema es el presidencialismo.

El porrismo y el chiarismo, Torrijos-Noriega, Pérez Balladares y ahora, Ricardo Martinelli Berrocal manifiestan la perversión del presidencialismo panameño. Tanto la Constitución liberal como la actual torrijista reformada hacen de los poderes públicos “marionetas del poder ejecutivo”.   Se puede decir que nada ha hecho Martinelli que antes no hizo Porras o Pérez Balladares.   Ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia ni los diputados ni el presupuesto nacional han sido tan supeditados a Martinelli como lo fueron en los días de Porras y Pérez Balladares.

Somos un estado sometido al presidencialismo que se hace sentir caóticamente cuando nos toca un presidente fuerte o una fuerza pública presidencialista.   La ciudadanía es débil porque no existe un aparato estatal en manos de servidores públicos de carrera con capacidad e idoneidad moral e intelectual ni partidos políticos coherentes y fieles a unos determinados principios.

Tampoco existe una sociedad civil con una empresa privada nacional interesada en el funcionamiento democrático del Estado.   Por el contrario, el sector privado transnacional se complace en regalías, tráfico de influencia y lucha para no ser fiscalizada ni rendir cuenta de las inversiones megamillonarias que se le encomiendan. Tampoco se tienen gremios y sindicatos autosuficientes frente al Gobierno y a los empleadores. No se genera conocimiento desde las universidades ni se proporciona a la sociedad ni al estado profesionales decentes, revestidos de ciencia, creatividad y sentido ético y cívico.

Frente a estas carencias políticas y culturales la crisis del presidencialismo es un pretexto de quítate tú porque vengo yo. Las expectativas ciudadanas se precipitan en la indiferencia, el oportunismo y en la espera mágica de que las presiones de Estados Unidos y la Banca Mundial se harán sentir poco a poco. Además, aparece el fantasma y la ilusión del caudillo por venir.

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Este artículo se publicó el 22  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La felicidad de los dictadores

La opinión de…

Luis Toruño Plaza

¿Hasta cuándo vamos a seguir sentados sin hacer nada?    No podemos permitir que se sigan violando los derechos y las garantías constitucionales so pretexto de que se les viola solo a los delincuentes.   ¿Acaso los miembros de la policía que violan los derechos son jueces también?   ¡No, no son jueces!    Deben preservar la honra, los bienes y la vida; no están para quemar a las personas o matar impunemente.

Lo peor de todo es que solamente reaccionamos contra los abusos cuando es tarde y cuando el abuso es contra nosotros mismos o contra un familiar.   Basta ya de abusos policiales; estamos peor que en la dictadura militar. En estos momentos, el más grande violador de derechos humanos de Panamá, Manuel Antonio Noriega, ha quedado como un alfeñique, como un niño de pecho, frente a los vejámenes de estos policías.

Después de Noriega, Panamá tiene diversos ejemplos de violaciones a los derechos humanos. Veamos: tenemos jueces penales suplentes que se prestan para complacer con sus fallos al mejor postor. Tenemos fiscales estudiando en seminarios anticorrupción acusados de corrupción.

También tenemos envenenamientos masivos sin ninguna reparación o compensación por el daño causado. Quemados en un autobús sin ninguna indemnización del Estado. Buses que asesinan con alevosía y ventaja a los ciudadanos sin ninguna reparación económica para las víctimas. Inundaciones causadas por empresas hidroeléctricas sin ningún reparo económico. Un puente construido negligentemente y nadie responsable.

Es hora de que salgan a la palestra pública los llamados de la sociedad civil para que se pronuncien frente a la violación de derechos humanos, pues si mañana tu hijo cae en desgracia y entra en estas celdas, no tiene más que la seguridad de salir herido, con algún trauma mental o quemado vivo.

Es definitivo que el sistema jurídico no va de la mano con los cambios de la sociedad panameña. El sistema de leyes va dirigido a proteger los abusos en vez de proteger la vida humana.   Nuestro sistema judicial ha colapsado y las instituciones se han quedado sin razones ni fuerza para proteger a los ciudadanos.   La Policía Nacional ha caído en el deterioro de pensar en los delincuentes como enemigos y el Ministerio de Gobierno no hace absolutamente nada frente a las repetidas violaciones a las garantías de los ciudadanos. Esta es la realidad del sistema judicial que hace feliz a los narcotraficantes, a los pandilleros, a los dictadores y a los violadores de derechos humanos.

Esta es la realidad a la que nos quieren llevar para lograr sus fines. Defendamos los derechos humanos y defendamos la justicia por encima de la legalidad.   Busquemos un sistema que nos proteja frente a la violación de los derechos humanos. Más que cambiar la Constitución Nacional, debemos cambiar los criterios jurídicos con los que son hechas nuestras leyes.

Si se cambian las leyes y seguimos aplicándolas con los criterios actuales seguirán cometiéndose esta clase de actos de barbarie sin ninguna consecuencia.

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Este artículo se publicó el 21  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al  autor , todo el crédito que les corresponde.

Pluralismo

La opinión de…

 

Carlos Guevara Mann

El pluralismo denota la distribución del poder entre varias jurisdicciones y ámbitos sociales. Los Estados democráticos son pluralistas porque en ellos existe más de un centro de poder. Varios órganos del Estado comparten el ejercicio de funciones públicas, las cuales se distribuyen también entre el gobierno central y los gobiernos locales.

Además, los impulsos políticos no emanan exclusivamente del Estado y sus dependencias. En un sistema pluralista, la sociedad civil –a través de sus diversas organizaciones– aporta importantes elementos al ejercicio del poder. Esta, a grandes rasgos, es la configuración del pluralismo democrático.

En su utilísimo texto de política comparada (Comparative Government, 1971), el profesor Samuel Finer observa que la dispersión del poder político es significativamente inferior en los regímenes autoritarios que en los sistemas democráticos. Por consiguiente, menores niveles de pluralismo coinciden con mayores niveles de autocracia.

En su enjundioso estudio sobre las grandes potencias (The Rise and Fall of the Great Powers, 1989), Paul Kennedy arguye que la desconcentración del poder característica del pluralismo es uno de los principales factores detrás del desarrollo en la edad moderna. El profesor Kennedy atribuye la decadencia de grandes potencias como la China imperial, Persia y el Imperio Otomano a la falta de pluralismo, o sea, a la tendencia de una pequeña cúpula gobernante a monopolizar el poder y a restringir los espacios disponibles para la expresión de la autonomía y la creatividad individual y colectiva.

Los dirigentes y ciudadanos de un Estado democrático se preocupan por proteger y promover el pluralismo. Esto implica, en primera instancia, respetar los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder. No usurpar las funciones o facultades que corresponden a otra rama del Estado es fundamental para salvaguardar el pluralismo.

Un gobierno comprometido con el sistema democrático se preocupa por respetar la independencia de los partidos políticos. El mangoneo de las agrupaciones afines al gobierno y el acoso a la oposición no son tácticas que corresponden a un compromiso sincero con el pluralismo.

La adhesión al sistema democrático entraña, además, la protección y promoción de espacios autónomos de deliberación en la sociedad civil, tales como sindicatos, gremios profesionales, asociaciones cívicas, organizaciones no gubernamentales y medios independientes de comunicación. Si se trata de preservar y afianzar el contenido democrático del sistema político, es fundamental asegurar la autonomía y capacidad de proyección de esas organizaciones.

El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 propinó una estocada profunda al pluralismo en Panamá. Los golpistas clausuraron la Asamblea Nacional y nombraron magistrados y procuradores adictos a quienes ejercían el poder. A partir de esa fecha, no hubo desempeño autónomo de funciones políticas, administrativas y jurisdiccionales por otros órganos de gobierno fuera de la comandancia de la Guardia Nacional.

El Decreto de Gabinete No. 58 de 1969 extinguió los partidos políticos. Otros decretos de gabinete, emitidos por la junta provisional de Gobierno, amordazaron la prensa.

A fin de perfeccionar el sometimiento de los medios de comunicación, se aplicaron triquiñuelas legalizadas, como en el caso de la Editora Panamá América, cuyos dueños fueron despojados mediante iniciativas de accionistas minoritarios, aupadas por los golpistas y avaladas por los juzgados sometidos al poder militar. Así fue suprimida una “tribuna de denuncia y educación”, que fomentaba la participación ciudadana “en la construcción y defensa de la nación”, tal cual lo expresó acerca de El Panamá América, en sus memorias, doña Rosario Arias de Galindo (El camino recorrido, pág. 113).

Como lo demuestran las mediciones de Polity IV y Freedom House, los años del régimen militar fueron los menos pluralistas de nuestra historia republicana, con consecuencias negativas para la sociedad panameña. El acaparamiento de facultades públicas y su concentración en una cúpula ávida de riquezas y poder político produjo resultados desastrosos para la población istmeña.

Hay que proteger el pluralismo en Panamá. En un sistema democrático, no hay lugar para la usurpación de las funciones propias de otras ramas del Estado, el asedio a la sociedad civil, el cerco a los medios de comunicación social y el atropello a los partidos políticos.

La restauración de estas prácticas autocráticas afectaría negativamente el potencial económico y las posibilidades de desarrollo en Panamá. Por ello, no podemos permitir su resurgimiento.

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Este artículo se publicó el 5  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un gabinete disfuncional y muchos imperdonables

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM  ASVAT
easvat@elsiglo.com


‘El Gobierno está en marcha’, fue la frase repetitiva del discurso del presidente de la República en la Asamblea de Diputados.   La pregunta es si nos mantendremos en marcha por los restantes tres años y medio, sin llegar a nuestro destino.

Todos los proyectos que se anuncian exitosamente están en marcha o mejor diríamos a medias.   Por lo menos, el propio Gobierno los ha catalogado como los imperdonables y al final de su mandato habrá oportunidad de evaluar los resultados frente a las promesas escritas.   Lo desafiante de esta afirmación es que su gran proyecto lo quiere realizar con un gabinete disfuncional, donde entre ellos se cuidan y con sus subalternos no se pueden ver.

Estoy seguro de que el Gobierno de Ricardo Martinelli servirá de caso de estudio en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard o en la Escuela de negocios de Wharton. No creo que en Arkansas le interese mucho analizar gobiernos.

Para los que no lo saben Arkansas es un estado de los Estados Unidos que se caracteriza por su producción avícola y la producción de sorgo, soya, ganado, algodón y arroz.   Es también la sede central de Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo y de Tyson Foods, una de las empresas alimenticias procesadoras de productos cárnicos más grande del mundo. Es natural que sea el Estado que más asimile a un empresario dueño de supermercados y productor de carne, azúcar, harinas, arroz y granos.

Lo de gabinete disfuncional proviene de esa incapacidad que existe para trabajar en equipo. Y tanto, Harvard como Wharton les interesaría conocer como cumplir los imperdonables y ser exitosos en gobierno con un gabinete disfuncional.

Esto, en definitiva sería lo singular y novedoso. Recientemente la ministra de trabajo, en una entrevista a un diario local, señaló que no se entendía con su viceministro. Tampoco tenía afinidad alguna con el ministro de Relaciones Exteriores. Le faltó decir que en el seno cercano del presidente, ella casi lleva el apellido Martinelli.

Uno de los viceministros de Economía y Finanzas le estaba cercenando las potestades al ministerio, sin el conocimiento del ministro de turno. En el Ministerio de Seguridad Pública, el vice y el principal viven mundos paralelos, con responsabilidades separadas, según me lo cuenta un asesor, sin habérselo preguntado. Desde el Ministerio de la Presidencia, nombran embajadores como fue la reciente designación del embajador de Panamá en los Estados Unidos.   El ministro de la Presidencia y el Ministro de Economía y Finanzas, ni se tragan ni compaginan.

Busquen primero la unidad en el Gobierno y luego hagan puentes con la sociedad civil, la oposición y los medios de comunicación.

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<> Artículo publicado el 7  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Llamado a la oposición, la Sociedad Civil y los medios

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM  ASVAT
easvat@elsiglo.com

El presidente de la República, en su informe a la Nación, le ha solicitado a la oposición, a la sociedad civil y a los medios de comunicación que lo ayuden a lograr un mejor país, ya sea criticando objetivamente o participando activamente. Este planteamiento es totalmente opuesto a lo que ha venido señalando y ejecutando en 18 meses de gobierno.

A la oposición, la ha tildado de maleantes; a la sociedad civil, con intención de cogobernar y a los medios de comunicación, de pacotilla. Quizás la naturaleza del comerciante, es así. Nadie sabe a ciencia cierta cuando dice la verdad o cuando miente. Cuando su verdad está basada en un interés personal o su mentira es para ganar clientes. El comerciante, para vender o comprar, no tiene un código de conducta consecuente. Todo depende de la circunstancia, por ende, es el último personaje a quien se le puede confiar.

A los exitosos comerciantes de la plaza, uno no le puede creer ni los buenos días.   Solo conociéndolos a profundidad y sacándolos del contexto de su vida cotidiana, puede uno distinguir entre la verdad y la mentira.    Es decir, uno no debe ser ni sujeto de interés porque no le va a comprar nada o le va a vender algo. Sacarlo de contexto te permite analizar el peso de sus palabras.

El gobernante con vida de comerciante solo entenderá lo que es la oposición, cuando ésta cumpla su rol y no caiga en las redes de la componenda comercial.   Igual debe pasar con la sociedad civil y los medios de comunicación.   Es decir, hay que mantener las distinciones entre las funciones que cada una de estas realiza y el gobierno. El comerciante busca, en estas instituciones, lograr que entren en el juego mercantil.    Este llamado es un llamamiento en falso con el único propósito de cooptar a los componentes necesarios de la vida democrática. Una forma de comprar o incluirlos en el inventario de productos.

Algunos con la intención de sacarlos del mercado, otros con la intención de depreciarlos en el tiempo y quién sabe algunos para luego revenderlos.   Aquí nadie ha hablado de gobierno, de unidad nacional, ni el país se encuentra enfrascado en una crisis de proporciones catastróficas.

Es más, al día siguiente sus legisladores de bancada han presentado una propuesta de reelección inmediata del Presidente en las futuras reformas constitucionales, que por temas baladíes pretendían pasar por la Asamblea de Diputados y un referéndum nacional.

También la ciudad amaneció sin agua, el Presidente se fue a su Universidad de Arkansas en Estados Unidos. ¡Vamos Bien!

 

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<> Artículo publicado el 6 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.