Ni pena ni vergüenza

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La opinión del Abogado …

Alberto E. Fadul N.

En el país de la más curiosa y contundente capacidad de golpearnos el pecho, hablando de nuestra gran democracia. Donde hace ya muchísimos años no creemos en las críticas que, a voz caliente, solo buscan defender intereses propios o personas.

Donde el silencio a gritos, de sectores organizados, es para proteger al gobierno de turno. Donde los ignorantes o los vivarachos, escoja usted, manifiestan que no es necesario ni pertinente reformar nuestra Carta Magna.

Donde se comenta, hoy, la posibilidad de añadir una sala quinta a la Corte Suprema de Justicia, para atender asuntos de garantías constitucionales, lo cual no requiere reforma Constitucional, o de crear un tribunal constitucional con aspiraciones mayormente estructuradas que si requeriría reforma constitucional.

No nos deja de preocupar, la repentina velocidad de tales aspiraciones ya que no tienen, por si solas, una urgente relevancia.

Apreciados lectores, consejo, ni la una ni la otra. Lo que hay que hacer primero, es llamar a una amplia consulta nacional para reformar, integralmente, nuestra constitución; un documento excesivamente programático, repleto de desastres jurídicos al que con fines, meramente clientelistas, le queremos agregar, ahora también e innecesariamente, los 100 para los 70, ya regulado vía ley, que ningún partido se atrevería a modificar en sentido negativo, pues le caería el peso del castigo político.

La constitución no es un documento para la protección clientelista de nadie. Es, realmente, uno de orientación en materia legislativa, es decir, ninguna ley debe violar un precepto constitucional o estar por encima de éstos.

En un país, históricamente, carente de transparencia gubernamental, con un Órgano Judicial de dudosa capacidad en el despacho de sus deberes, al que antes de, se desea incorporar tres nuevos magistrados y suplentes, bajo el amparo del mecanismo más ineficiente para su selección y nombramiento, nos dejaría verdaderamente desamparados.

Señor Presidente de la República, deje estas cosas a un lado.   Su plataforma de cambio, requiere más peso en el Órgano Judicial, vía una Constitución jurídicamente sostenible, dentro de una democracia real lo cual la actual, no lo es.

La modificación constitucional forma parte de sus promesas de campaña. Estoy seguro que con la asistencia de la Sociedad Civil, más si es mediante solicitud suya, se le haría un gran favor al país.

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<>Artículo publicado el 23  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Autodescalificación presidencial

La opinión de…

 

Roberto Arosemena Jaén

Históricamente, somos un estado presidencialista.   Es un invento estadounidense con más de 234 años de efectividad. Ese invento expresa el dicto aristotélico “que mande uno”.   Es la conclusión de su metafísica, o el esfuerzo enorme de explicarse el funcionamiento del mundo como algo ordenado y no caótico.

No obstante, en Panamá el presidencialismo está en crisis.   Es algo caótico. Todo lo caótico produce una crisis humana. Toda crisis se resuelve cuando la causa perturbadora desaparece. La crisis de la crisis de gobernabilidad es que todos saben que la causa debe desaparecer, pero nadie sabe ni cuándo ni cómo.

El presidencialismo panameño se ha descalificado intempestivamente desde que el gobierno del Cambio ganó las elecciones.   El jefe del Cambio ha sabido hacer suyo lo que establece la Constitución.   “El presidente de la República es responsable por sí mismo del “orden público”, del “nombramiento de los ministros” y de la “coordinación de la administración pública”.   Si los servicios públicos están deteriorándose el único responsable es el señor Presidente de la República.

Recientemente, Ricardo Martinelli ha ratificado que él es el que manda y seguirá mandando: “hasta junio del 2014. La soga de la crisis, el mismo se la ha colocado en el cuello.

No hay, fuera de Ricardo Martinelli, ningún causante de la crisis. Es decir que un esquema que se diseñó para el buen gobierno, tanto al nivel pragmático de Estados Unidos como al nivel filosófico de los clásicos griegos, hoy expresa la deriva de servicios públicos ingobernables y deteriorados.   Si la Presidencia no funciona en un régimen presidencialista, la nación se paraliza y la autodesestabilización crece exponencialmente.

Esta situación de crisis la ha denunciado con valentía cierto sector de la sociedad civil. La diferencia entre la denuncia de que el señor Martinelli se está haciendo dueño del aparato del Estado y de los Órganos del Estado y mi denuncia del fracaso del sistema presidencialista en Panamá es que la sociedad civil piensa que el problema es el “estilo autoritario” –Mauro Zúñiga lo califica de “fascista”, mientras que este artículo afirma que el problema es el presidencialismo.

El porrismo y el chiarismo, Torrijos-Noriega, Pérez Balladares y ahora, Ricardo Martinelli Berrocal manifiestan la perversión del presidencialismo panameño. Tanto la Constitución liberal como la actual torrijista reformada hacen de los poderes públicos “marionetas del poder ejecutivo”.   Se puede decir que nada ha hecho Martinelli que antes no hizo Porras o Pérez Balladares.   Ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia ni los diputados ni el presupuesto nacional han sido tan supeditados a Martinelli como lo fueron en los días de Porras y Pérez Balladares.

Somos un estado sometido al presidencialismo que se hace sentir caóticamente cuando nos toca un presidente fuerte o una fuerza pública presidencialista.   La ciudadanía es débil porque no existe un aparato estatal en manos de servidores públicos de carrera con capacidad e idoneidad moral e intelectual ni partidos políticos coherentes y fieles a unos determinados principios.

Tampoco existe una sociedad civil con una empresa privada nacional interesada en el funcionamiento democrático del Estado.   Por el contrario, el sector privado transnacional se complace en regalías, tráfico de influencia y lucha para no ser fiscalizada ni rendir cuenta de las inversiones megamillonarias que se le encomiendan. Tampoco se tienen gremios y sindicatos autosuficientes frente al Gobierno y a los empleadores. No se genera conocimiento desde las universidades ni se proporciona a la sociedad ni al estado profesionales decentes, revestidos de ciencia, creatividad y sentido ético y cívico.

Frente a estas carencias políticas y culturales la crisis del presidencialismo es un pretexto de quítate tú porque vengo yo. Las expectativas ciudadanas se precipitan en la indiferencia, el oportunismo y en la espera mágica de que las presiones de Estados Unidos y la Banca Mundial se harán sentir poco a poco. Además, aparece el fantasma y la ilusión del caudillo por venir.

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Este artículo se publicó el 22  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La felicidad de los dictadores

La opinión de…

Luis Toruño Plaza

¿Hasta cuándo vamos a seguir sentados sin hacer nada?    No podemos permitir que se sigan violando los derechos y las garantías constitucionales so pretexto de que se les viola solo a los delincuentes.   ¿Acaso los miembros de la policía que violan los derechos son jueces también?   ¡No, no son jueces!    Deben preservar la honra, los bienes y la vida; no están para quemar a las personas o matar impunemente.

Lo peor de todo es que solamente reaccionamos contra los abusos cuando es tarde y cuando el abuso es contra nosotros mismos o contra un familiar.   Basta ya de abusos policiales; estamos peor que en la dictadura militar. En estos momentos, el más grande violador de derechos humanos de Panamá, Manuel Antonio Noriega, ha quedado como un alfeñique, como un niño de pecho, frente a los vejámenes de estos policías.

Después de Noriega, Panamá tiene diversos ejemplos de violaciones a los derechos humanos. Veamos: tenemos jueces penales suplentes que se prestan para complacer con sus fallos al mejor postor. Tenemos fiscales estudiando en seminarios anticorrupción acusados de corrupción.

También tenemos envenenamientos masivos sin ninguna reparación o compensación por el daño causado. Quemados en un autobús sin ninguna indemnización del Estado. Buses que asesinan con alevosía y ventaja a los ciudadanos sin ninguna reparación económica para las víctimas. Inundaciones causadas por empresas hidroeléctricas sin ningún reparo económico. Un puente construido negligentemente y nadie responsable.

Es hora de que salgan a la palestra pública los llamados de la sociedad civil para que se pronuncien frente a la violación de derechos humanos, pues si mañana tu hijo cae en desgracia y entra en estas celdas, no tiene más que la seguridad de salir herido, con algún trauma mental o quemado vivo.

Es definitivo que el sistema jurídico no va de la mano con los cambios de la sociedad panameña. El sistema de leyes va dirigido a proteger los abusos en vez de proteger la vida humana.   Nuestro sistema judicial ha colapsado y las instituciones se han quedado sin razones ni fuerza para proteger a los ciudadanos.   La Policía Nacional ha caído en el deterioro de pensar en los delincuentes como enemigos y el Ministerio de Gobierno no hace absolutamente nada frente a las repetidas violaciones a las garantías de los ciudadanos. Esta es la realidad del sistema judicial que hace feliz a los narcotraficantes, a los pandilleros, a los dictadores y a los violadores de derechos humanos.

Esta es la realidad a la que nos quieren llevar para lograr sus fines. Defendamos los derechos humanos y defendamos la justicia por encima de la legalidad.   Busquemos un sistema que nos proteja frente a la violación de los derechos humanos. Más que cambiar la Constitución Nacional, debemos cambiar los criterios jurídicos con los que son hechas nuestras leyes.

Si se cambian las leyes y seguimos aplicándolas con los criterios actuales seguirán cometiéndose esta clase de actos de barbarie sin ninguna consecuencia.

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Este artículo se publicó el 21  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al  autor , todo el crédito que les corresponde.

Pluralismo

La opinión de…

 

Carlos Guevara Mann

El pluralismo denota la distribución del poder entre varias jurisdicciones y ámbitos sociales. Los Estados democráticos son pluralistas porque en ellos existe más de un centro de poder. Varios órganos del Estado comparten el ejercicio de funciones públicas, las cuales se distribuyen también entre el gobierno central y los gobiernos locales.

Además, los impulsos políticos no emanan exclusivamente del Estado y sus dependencias. En un sistema pluralista, la sociedad civil –a través de sus diversas organizaciones– aporta importantes elementos al ejercicio del poder. Esta, a grandes rasgos, es la configuración del pluralismo democrático.

En su utilísimo texto de política comparada (Comparative Government, 1971), el profesor Samuel Finer observa que la dispersión del poder político es significativamente inferior en los regímenes autoritarios que en los sistemas democráticos. Por consiguiente, menores niveles de pluralismo coinciden con mayores niveles de autocracia.

En su enjundioso estudio sobre las grandes potencias (The Rise and Fall of the Great Powers, 1989), Paul Kennedy arguye que la desconcentración del poder característica del pluralismo es uno de los principales factores detrás del desarrollo en la edad moderna. El profesor Kennedy atribuye la decadencia de grandes potencias como la China imperial, Persia y el Imperio Otomano a la falta de pluralismo, o sea, a la tendencia de una pequeña cúpula gobernante a monopolizar el poder y a restringir los espacios disponibles para la expresión de la autonomía y la creatividad individual y colectiva.

Los dirigentes y ciudadanos de un Estado democrático se preocupan por proteger y promover el pluralismo. Esto implica, en primera instancia, respetar los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder. No usurpar las funciones o facultades que corresponden a otra rama del Estado es fundamental para salvaguardar el pluralismo.

Un gobierno comprometido con el sistema democrático se preocupa por respetar la independencia de los partidos políticos. El mangoneo de las agrupaciones afines al gobierno y el acoso a la oposición no son tácticas que corresponden a un compromiso sincero con el pluralismo.

La adhesión al sistema democrático entraña, además, la protección y promoción de espacios autónomos de deliberación en la sociedad civil, tales como sindicatos, gremios profesionales, asociaciones cívicas, organizaciones no gubernamentales y medios independientes de comunicación. Si se trata de preservar y afianzar el contenido democrático del sistema político, es fundamental asegurar la autonomía y capacidad de proyección de esas organizaciones.

El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 propinó una estocada profunda al pluralismo en Panamá. Los golpistas clausuraron la Asamblea Nacional y nombraron magistrados y procuradores adictos a quienes ejercían el poder. A partir de esa fecha, no hubo desempeño autónomo de funciones políticas, administrativas y jurisdiccionales por otros órganos de gobierno fuera de la comandancia de la Guardia Nacional.

El Decreto de Gabinete No. 58 de 1969 extinguió los partidos políticos. Otros decretos de gabinete, emitidos por la junta provisional de Gobierno, amordazaron la prensa.

A fin de perfeccionar el sometimiento de los medios de comunicación, se aplicaron triquiñuelas legalizadas, como en el caso de la Editora Panamá América, cuyos dueños fueron despojados mediante iniciativas de accionistas minoritarios, aupadas por los golpistas y avaladas por los juzgados sometidos al poder militar. Así fue suprimida una “tribuna de denuncia y educación”, que fomentaba la participación ciudadana “en la construcción y defensa de la nación”, tal cual lo expresó acerca de El Panamá América, en sus memorias, doña Rosario Arias de Galindo (El camino recorrido, pág. 113).

Como lo demuestran las mediciones de Polity IV y Freedom House, los años del régimen militar fueron los menos pluralistas de nuestra historia republicana, con consecuencias negativas para la sociedad panameña. El acaparamiento de facultades públicas y su concentración en una cúpula ávida de riquezas y poder político produjo resultados desastrosos para la población istmeña.

Hay que proteger el pluralismo en Panamá. En un sistema democrático, no hay lugar para la usurpación de las funciones propias de otras ramas del Estado, el asedio a la sociedad civil, el cerco a los medios de comunicación social y el atropello a los partidos políticos.

La restauración de estas prácticas autocráticas afectaría negativamente el potencial económico y las posibilidades de desarrollo en Panamá. Por ello, no podemos permitir su resurgimiento.

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Este artículo se publicó el 5  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un gabinete disfuncional y muchos imperdonables

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM  ASVAT
easvat@elsiglo.com


‘El Gobierno está en marcha’, fue la frase repetitiva del discurso del presidente de la República en la Asamblea de Diputados.   La pregunta es si nos mantendremos en marcha por los restantes tres años y medio, sin llegar a nuestro destino.

Todos los proyectos que se anuncian exitosamente están en marcha o mejor diríamos a medias.   Por lo menos, el propio Gobierno los ha catalogado como los imperdonables y al final de su mandato habrá oportunidad de evaluar los resultados frente a las promesas escritas.   Lo desafiante de esta afirmación es que su gran proyecto lo quiere realizar con un gabinete disfuncional, donde entre ellos se cuidan y con sus subalternos no se pueden ver.

Estoy seguro de que el Gobierno de Ricardo Martinelli servirá de caso de estudio en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard o en la Escuela de negocios de Wharton. No creo que en Arkansas le interese mucho analizar gobiernos.

Para los que no lo saben Arkansas es un estado de los Estados Unidos que se caracteriza por su producción avícola y la producción de sorgo, soya, ganado, algodón y arroz.   Es también la sede central de Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo y de Tyson Foods, una de las empresas alimenticias procesadoras de productos cárnicos más grande del mundo. Es natural que sea el Estado que más asimile a un empresario dueño de supermercados y productor de carne, azúcar, harinas, arroz y granos.

Lo de gabinete disfuncional proviene de esa incapacidad que existe para trabajar en equipo. Y tanto, Harvard como Wharton les interesaría conocer como cumplir los imperdonables y ser exitosos en gobierno con un gabinete disfuncional.

Esto, en definitiva sería lo singular y novedoso. Recientemente la ministra de trabajo, en una entrevista a un diario local, señaló que no se entendía con su viceministro. Tampoco tenía afinidad alguna con el ministro de Relaciones Exteriores. Le faltó decir que en el seno cercano del presidente, ella casi lleva el apellido Martinelli.

Uno de los viceministros de Economía y Finanzas le estaba cercenando las potestades al ministerio, sin el conocimiento del ministro de turno. En el Ministerio de Seguridad Pública, el vice y el principal viven mundos paralelos, con responsabilidades separadas, según me lo cuenta un asesor, sin habérselo preguntado. Desde el Ministerio de la Presidencia, nombran embajadores como fue la reciente designación del embajador de Panamá en los Estados Unidos.   El ministro de la Presidencia y el Ministro de Economía y Finanzas, ni se tragan ni compaginan.

Busquen primero la unidad en el Gobierno y luego hagan puentes con la sociedad civil, la oposición y los medios de comunicación.

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<> Artículo publicado el 7  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Llamado a la oposición, la Sociedad Civil y los medios

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM  ASVAT
easvat@elsiglo.com

El presidente de la República, en su informe a la Nación, le ha solicitado a la oposición, a la sociedad civil y a los medios de comunicación que lo ayuden a lograr un mejor país, ya sea criticando objetivamente o participando activamente. Este planteamiento es totalmente opuesto a lo que ha venido señalando y ejecutando en 18 meses de gobierno.

A la oposición, la ha tildado de maleantes; a la sociedad civil, con intención de cogobernar y a los medios de comunicación, de pacotilla. Quizás la naturaleza del comerciante, es así. Nadie sabe a ciencia cierta cuando dice la verdad o cuando miente. Cuando su verdad está basada en un interés personal o su mentira es para ganar clientes. El comerciante, para vender o comprar, no tiene un código de conducta consecuente. Todo depende de la circunstancia, por ende, es el último personaje a quien se le puede confiar.

A los exitosos comerciantes de la plaza, uno no le puede creer ni los buenos días.   Solo conociéndolos a profundidad y sacándolos del contexto de su vida cotidiana, puede uno distinguir entre la verdad y la mentira.    Es decir, uno no debe ser ni sujeto de interés porque no le va a comprar nada o le va a vender algo. Sacarlo de contexto te permite analizar el peso de sus palabras.

El gobernante con vida de comerciante solo entenderá lo que es la oposición, cuando ésta cumpla su rol y no caiga en las redes de la componenda comercial.   Igual debe pasar con la sociedad civil y los medios de comunicación.   Es decir, hay que mantener las distinciones entre las funciones que cada una de estas realiza y el gobierno. El comerciante busca, en estas instituciones, lograr que entren en el juego mercantil.    Este llamado es un llamamiento en falso con el único propósito de cooptar a los componentes necesarios de la vida democrática. Una forma de comprar o incluirlos en el inventario de productos.

Algunos con la intención de sacarlos del mercado, otros con la intención de depreciarlos en el tiempo y quién sabe algunos para luego revenderlos.   Aquí nadie ha hablado de gobierno, de unidad nacional, ni el país se encuentra enfrascado en una crisis de proporciones catastróficas.

Es más, al día siguiente sus legisladores de bancada han presentado una propuesta de reelección inmediata del Presidente en las futuras reformas constitucionales, que por temas baladíes pretendían pasar por la Asamblea de Diputados y un referéndum nacional.

También la ciudad amaneció sin agua, el Presidente se fue a su Universidad de Arkansas en Estados Unidos. ¡Vamos Bien!

 

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<> Artículo publicado el 6 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Mas de lo mismo?

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministro de Estado….

MARIELA   SAGEL
marielasagel@gmail.com

La crisis (o podredumbre) que se había destapado durante los últimos diez días en el Ministerio Público (MP) pareciera que tuvo su final cuando el día 24 de diciembre el procurador encargado puso a disposición su cargo al Presidente.

Estando lejos me tengo que basar mucho en lo que publican los medios electrónicos y también lo que me escriben o me dicen algunos amigos por el teléfono o los chats, y no puedo darme el lujo de irme a constatar algunas fuentes.

El chiste durante todo el día fue que el Procurador había puesto su cargo a disposición pero que no se esperaba que el Presidente aceptara su renuncia.   Después supe que la aceptó y convocó a representantes de las asociaciones que se dicen representar a la sociedad civil (esas mismas con que el presidente advirtió que no iba a co-gobernar y que han sido burladas en varias ocasiones).

Tal parece, como es su estilo y ya para nadie debe ser un secreto, que el mandatario les dijo que convocaría a sesiones extraordinarias, pero adelantó que ya tenía su candidata y que ésta gozaba de toda su confianza.   Si otra vez, como ha sido la tónica, se va a imponer su voluntad, no sé qué hacen estas asociaciones dándole audiencia al mandamás de turno.

Más dignos y ejemplares ha sido el comportamiento de los gremios periodísticos que, aun cuando en cierta forma son vulnerables a chantajes del ejecutivo y también de los otros órganos, porque dependen económicamente de las pautas que les den para llevar adelante su actividad comercial, se negaron a tiempo a participar en la validación de un acto donde se pretendía otorgar una concesión. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la de Transparencia Internacional tiraron su par de pataletitas cuando no se les tomó en cuenta en el nombramiento de los magistrados Almengor y Moncada –que de paso fue una burla para todos— y no pierden pie de estar a la palestra de donde haya una cámara o un periodista o debate para emitir cualquier sandez pero nunca cuestionaron lo mal que estuvo siendo manejado el Ministerio Público todo este tiempo.

Si mal no recuerdo, el slogan MAS DE LO MISMO fue uno de los slogans de campaña del Presidente Martinelli contra sus opositores.   Esto no será también ¿MAS DE LO MISMO?

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<> Artículo publicado el 27  de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

 

Perspectiva de la minería

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

JOSÉ  I.  BLANDÓN  C.
blandonc@cwpanama.net

El desarrollo económico de Panamá está basado en la exportación de servicios y en los últimos años se han desarrollado nuevas actividades que lo consolidan. El Canal de Panamá, el desarrollo portuario, las telecomunicaciones, el turismo, la banca, el sector inmobiliario y el energético, son la base de la economía del país. El 80% del Producto Interno Bruto del país se genera en estos sectores.

Frente a la crisis económica mundial de los últimos dos años, Panamá tuvo la capacidad de enfrentarla con éxito por la diversidad que añadió a su modelo económico. En estos momentos el gobierno de Ricardo Martinelli apuesta al desarrollo de un nuevo sector que aproveche los recursos naturales del país: el sector de la minería.

Este enfoque ha generado optimismo en las comunidades en donde se desarrollarán estos proyectos, pero al mismo tiempo los sectores ambientalistas y parte de la sociedad civil, ven con preocupación los efectos negativos que podrían tener los proyectos de minería, sobre todo, si no tienen un desarrollo con estrictas medidas de protección al ambiente. El debate ya se inició y por ello es importante que analicemos el tema con objetividad, de manera que tomemos las decisiones que mejor convengan a la sociedad panameña en general.

Comencemos por decir que actualmente, la minería solo contribuye con el 1% al Producto Interno Bruto de Panamá, lo que representa un valor de 158 millones de dólares. El aumento del 16% que tuvo este sector el año pasado, se debió fundamentalmente a un incremento en la producción de cemento (minería no metálica) para el sector de la construcción de bienes inmuebles y el Canal de Panamá. Actualmente, el sector minero de Panamá está enfocado en la explotación de los minerales no metálicos como la arena, grava, cemento, arcilla, agregado y sal. Por el momento, no existe una producción de minerales metálicos, a pesar de que el país cuenta con grandes reservas de los mismos.

En los últimos años se ha incrementado la inversión en actividades de exploración y desarrollo de proyectos de oro y cobre. La primera mina de oro, en Molejón, inició su producción en el año 2009. Petaquilla Mineral Ltd. inició las labores de desarrollo en el 2006 con una mina a cielo abierto. La planta tendrá una capacidad de 2,200 toneladas por día, produciendo unas 120,000 onzas de oro por año.

Los proyectos más importantes que están bajo estudios son los de Cerro Colorado y Cobre Panamá. El desarrollo de estos proyectos requiere de la modernización del Código Minero para asegurarse que los estudios ambientales y medidas de mitigación se correspondan con el desarrollo tecnológico alcanzado por la minería en la actualidad.

El proyecto Mina de Cobre Panamá será desarrollado por la compañía Minera Panamá y tiene el objetivo de extraer minerales metálicos. Las principales instalaciones de este proyecto están ubicadas en los corregimientos de Coclé del Norte y San José del General, en el distrito de Donoso, provincia de Colón. El proyecto contará con una línea de transmisión eléctrica que beneficiará a muchos corregimientos de Coclé y Colón. La concesión está a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá y a 20 kilómetros de la costa del Mar Caribe. Abarca 13,000 hectáreas en el distrito de Donoso y durante su vida útil intervendrá 5,900 hectáreas.

En la mina habrá tres tajos abiertos, se instalarán presas de relaves, habrá un almacén par el mineral y se instalarán las trituradoras giratorias con sus respectivas cintas trituradoras. Se construirá una planta de molienda y planta de flotación para separar la roca y generar el concentrado.

En el área se construirán muelles para buques, muelles para guardia costera, los tanques de filtración y retorno, generadores eléctricos y helipuertos. El proyecto ha planteado medidas claves para proteger el bosque con sus respectivas medidas de mitigaciones. Las reservas de cobre Panamá tiene una vida útil de más de 30 años y planea producir 255,000 toneladas de cobre por año. La inversión será cerca de 5,000 millones de dólares.

El proyecto de Cerro Colorado tiene uno de los depósitos de cobre sin desarrollar más grande del mundo. Es propiedad del gobierno panameño que lo administra a través de la Corporación de Mineros Cerro Colorado. El depósito tiene un alto potencial de 1,600 millones de toneladas con una ley de 0.63% de cobre en mineralización primaria y 149 millones de toneladas con una ley de 0.68% de cobre en mineralización secundaria, con un total de 11.2 millones de cobre contenido.

El desarrollo de la minería en Panamá será un tema de debate nacional y en el mismo deben prevalecer la cordura, el manejo correcto de la información científica y, sobre todo, debe privar el interés nacional sobre cualquier tipo de pasión.

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<> Este artículo se publicó el 12 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Yo voté por el cambio, pero…

La opinión del Escritor…

Enrique Jaramillo Levi

Yo voté por el cambio. Ante la única otra opción, la de una mujer políticamente desprestigiada que, a mi juicio, hubiera sido nefasta al frente del país, opté por lo que en ese momento sentí como la esperanza.

La mía y la de miles de panameños. Y es que uno siempre se acoraza en la esperanza, para no padecer eternamente los embates del descreimiento, la frustración y los malos augurios que se cocinan en la mente cuando el pasado siembra temores y ensombrece las entretelas del futuro.

Enfrentar la corrupción y castigarla, poner orden en la cosa pública, emprender proyectos ambiciosos que beneficien a las grandes mayorías, enrumbar las bases mismas de nuestra incipiente democracia, son ideales que la gente sensata necesariamente comparte.

Pero qué desagradable es irse decepcionando, lentamente o a pasos agigantados, cuando empiezan a agrietarse las más elementales normas que rigen los cimientos de la sensatez y los logros trabajosamente conquistados en materia de libertad de expresión, equilibrio medioambiental, equidad económica para todos los sectores, seguridad ciudadana y otros derechos humanos fundamentales, tras haber enfrentado durante tantos años el oprobio de la vieja dictadura.

Qué sensación de engaño ante la prepotencia galopante que en todos los ámbitos sentimos abiertamente o de forma solapada. Qué decepción cuando a cada rato surgen contradicciones entre lo dicho y lo que en realidad se hace o se deja de hacer; entre lo prometido en campaña y los vicios que vemos repetirse, solo que desproporcionadamente aumentados como si los estuviéramos mirando bajo el prisma ilusorio de una lupa.

Lamentablemente, todo parece indicar que la percepción no es ilusoria. Y, además, la gente siente que empieza a reptar tras bambalinas un amedrentamiento que, gestado en diversas instancias del poder, provoca un temor real en quienes no se pliegan ni transigen; sobre todo, en los que se atreven a disentir, a criticar, incluso a debatir públicamente sobre temas que en un momento dado se perciben como delicados o inconvenientes, ya sea porque las decisiones que se toman o se van a tomar riñen con la Constitución, o porque sin hacerlo amenazan el progreso de muchos a favor de unos pocos, a menudo desquiciando de paso las bases mismas de la institucionalidad.

La compra directa y la omisión del control previo recientemente decretados con excusas baladíes, además de los obvios favoritismos políticos y económicos, son buenos ejemplos. Aparte del desastre nacional que fue la reciente represión en Bocas del Toro, con sus secuelas trágicas en distintos niveles, por la terquedad de aprobar una ley obtusa e intransigente que de todos modos ha sido necesario cambiar.

Ahora los medios de información, y no pocos periodistas individuales, de diversas maneras y con pretextos disímiles empiezan a ser amedrentados. El informe de la comisión panameña ante la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida hace unos días en Mérida, México, es clarísimo en su contundente muestreo y denuncia de peligrosos desaciertos del Gobierno en su progresivo asedio sutil o abierto a dichos medios.

Si a esto sumamos el desafío a los grupos ambientalistas, a los pobladores locales y a la salud del país mismo en materia de minería a cielo abierto y otras formas de violentar la indispensable protección ambiental en aras de un supuesto beneficio económico superlativo, además de diversas modalidades de enfrentamiento o desavenencia permanente con otros grupos de la sociedad civil, lo que tenemos es un cuadro nacional en extremo deprimente. Y, por supuesto, muy, muy preocupante.

Ante este panorama, en una sociedad democrática no queda más que organizarse. Pero al margen de los partidos políticos, de los que todos estamos hartos por esa eterna actitud convenenciera que de una manera u otra suele uniformar a los oportunistas, que son muchos de sus dirigentes. Decididamente, empezar a hacer sentir a nuestros gobernantes sólidos criterios divergentes cuando los haya, acaso más sensatos; y tal vez incluso, poco a poco, mayoritarios. Porque si la unión hace la fuerza, la fuerza de los razonamientos individuales al multiplicarse puede perfectamente convertirse en mayoría. La historia, siempre sabia, ha dado múltiples ejemplos del fenómeno.

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<> Este artículo se publicó el 4 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Obama y Panamá

La opinión del Periodista y Docente Universitario…

 

DEMETRIO  OLACIREGUI  Q.
d_olaciregui@hotmail.com

Una cosa es que el presidente de Estados Unidos Barack Obama busque conciliar posiciones con los líderes del Partido Republicano, y otra que gobiernos latinoamericanos, como el de Ricardo Martinelli, coqueteen abiertamente con los adversarios políticos de la Casa Blanca.

Martinelli se ha jactado de su cercanía con los nuevos líderes estadounidenses de la Cámara de Representantes, como John Boehner, porque en algún momento fue jefe del actual ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu. Boehner se reunió con Martinelli en diciembre pasado. En el círculo de amigos republicanos del gobierno de Panamá están las figuras más recalcitrantes de la ultraderecha estadounidense, cuyas simpatías, según el gobierno panameño, podrían traducirse en la pronta ratificación del Tratado de Promoción Comercial (TPC) suscrito en junio del 2007.

Pero las cosas no serán tan fáciles. Junto con el malestar creciente que los vínculos republicanos de Martinelli generan en Washington, nada disimulados por diplomáticos estadounidenses, debe tenerse en cuenta que la política de la Casa Blanca hacia América Latina podría mantenerse invariable en aspectos vitales para la región como inmigración y libre comercio. Las prioridades, según los expertos, se centrarán en los temas económicos internos y en la campaña presidencial del 2012.

Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Centro Wilson, dijo que los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre el manejo de la economía ‘serán más fuertes y ese desgaste dificultará mucho que América Latina se convierta en una prioridad’ en el debate legislativo.

Sobre las posibilidades de que el Congreso, con un mayor número de legisladores republicanos, ratifique el TPC con Panamá, el director del programa de las Américas del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, Peter DeShazo, advirtió que algunos republicanos elegidos serán más proteccionistas que sus antecesores, pues se han pronunciado abiertamente en contra de aprobar tratados de libre comercio. Existen, además, presiones de la Casa Blanca para que Martinelli resuelva asuntos laborales y bancarios antes de pensar en enviar el acuerdo al Congreso.

Obama todavía tiene un poder inmenso y está decidido a emplearlo, tanto a nivel interno como externo. En lo que respecta a Latinoamérica el presidente estadounidense ha pasado de una estrategia agresiva a una calibrada.   Washington mantiene latente el auge militarista en la región, pero también una diplomacia moderadamente activa en el terreno de los valores como los derechos humanos, pluralismo político, libertad de expresión y la participación de la sociedad civil en las decisiones de los Estados.   Esa cartilla se la han leído a Martinelli las principales figuras de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Tras su derrota en los comicios legislativos, el tono conciliador de Obama no puede confundirse con resignación. Si bien no goza de la confianza que tenía al inicio de su gobierno, un 45% del electorado respalda su gestión y un 50% considera sus esfuerzos, aunque no comparta sus propuestas.

Por otro lado, vale recordar que, tras sus respectivas y aplastantes derrotas en las elecciones de mitad de término, los presidentes Ronald Reagan y Bill Clinton adoptaron caminos diferentes para poder recuperar la iniciativa. Reagan profundizó su revolución conservadora y Clinton se movió hacia el centro conciliando posiciones con los republicanos. Ambos se reeligieron para un segundo mandato. Obama está siguiendo los pasos de Clinton y corrigiendo el rumbo de su mandato, con miras a mantenerse después del 2013 en la Casa Blanca.

Obama invitó a sus adversarios políticos a trabajar juntos, porque ‘no se puede pasar los próximos dos años peleando’.   ‘Si Obama quiere negociar con nosotros tendrá que dejar de lado su agenda y moverse en nuestra dirección. Pero como no podemos contar con eso, nuestra prioridad será trabajar para que no sea reelecto’, respondió Boehner, el amigo de Martinelli.

Ese espíritu no abona a las posibilidades de la ratificación del TPC con Panamá, menos para salir de la aguda crisis económica que azota a Estados Unidos. El nuevo Congreso también podría crear una incertidumbre paralizante para los inversores y las empresas, si se llegan a plantear conflictos sobre los impuestos, el déficit, el sistema de salud y la regulación financiera.

Precisamente esos republicanos en la nueva Cámara de Representantes le ofrecen un blanco excelente a Obama para volver a cautivar al electorado y lograr la reelección, un cálculo que parece descartar Martinelli, en maridaje con la ultraderecha republicana. Obama tiene a su favor la moderación contra una facción republicana tan radical que atenta contra la democracia estadounidense. Un atentado similar al que representa el efecto Martinelli para la democracia panameña.

 

<> Este artículo se publicó el 25 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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¡Están promoviendo la anarquía en Panamá!

La opinión del Empresario….

JAIME CORREA MORALES
jcorream@cwpanama.net

A raíz del informe de la comisión sobre los hechos de Bocas, ha surgido un sinnúmero de cuestionamientos y yo también tengo algunas dudas de su justificación y validez.

Si aceptamos que cuando los órganos del Estado: Ejecutivo y Legislativo, haciendo uso de sus facultades constitucionales, aprueban una ley, automáticamente ello le daría derecho a cualquier grupo disidente a iniciar desórdenes públicos que afecten la propiedad privada, la pública y aún la seguridad y los derechos individuales de todos los demás ciudadanos, lo que estaríamos fomentando es la verdadera ANARQUÍA.

Soy un fiel creyente de que ‘el poder emana del pueblo’,  pero ello solo puede ser si se siguen las prácticas democráticas modernas, pues si no las acatamos, vamos a retroceder a los tiempos prehistóricos en que el más fuerte era quien dominaba y mandaba a su antojo. Bien podríamos, entonces, prescindir de elecciones y que sea el más ‘vivo’ quien se apodere del país por la fuerza, como ya lo hicieron los militares en 1968, de triste recordación.

Las elecciones nos dan a todos los ciudadanos el derecho de escoger a quienes queremos que dirijan el país, pero si no respetamos tal elección vamos por muy mal camino. No quiero decir que no pueda haber protestas ni oposición a nuestras autoridades, nada de eso, las protestas populares deben ser y son parte importante de la democracia, pero tales protestas no pueden sobrepasar lo establecido por la Constitución y las leyes.

Es obvio que en Panamá hay muchos que quieren gobernar o cogobernar, pero sin someterse al escrutinio de unas elecciones populares y eso no se puede permitir, pues estaríamos retrocediendo a la prehistoria.

Aceptemos que el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y la Asamblea para la aprobación de la Ley 30 no fue el apropiado, pero para eso existe, precisamente, un tercer Órgano del Estado independiente de los dos anteriores: el Judicial, que es el que debe decidir una vez los disconformes presenten sus objeciones basándose en las leyes existentes. Ahora, si no queremos aceptar que sea la Corte la que decide, sino los grupos callejeros, entonces volvemos a lo que afirmo en el título de este escrito.

Desgraciadamente, los panameños nos hemos autootorgado un grado de intolerancia tal que todos queremos que las cosas se hagan solo según nuestro criterio e interés muy particular, por encima de la Constitución, las leyes y de las autoridades elegidas. Pruebas sobran y ello lo queremos imponer con violencia, cierre de calles y agresiones que perjudican la seguridad personal y la economía de todos los demás ciudadanos, lo cual no es permisible.

Asumamos que el gobierno no hubiera actuado firmemente para reprimir la insurrección en Bocas, que ya llevaba varios días, entonces hubieran salido las mismas voces agoreras a criticar que no se haya hecho nada para mantener el orden público y permitir que se continuara destruyendo la provincia, como ya estaban haciendo.

Pero lo que más me preocupa es que vemos que tanto algunos de la sociedad civil como también medios de comunicación que se precian de ser serios, aúpan estas actitudes anárquicas, que más tarde o más temprano los afectarán a ellos mismos.

Señores: ¡recurramos a la sensatez! Exhorto a las fuerzas vivas de Bocas del Toro, los más afectados, pues la economía del sector aún no se recupera, a que manifiesten su opinión al respecto.

¿Queremos institucionalidad con posibles deficiencias o queremos anarquía completamente incontrolable? Respóndase usted mismo.

Ciudadano panameño.

 

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<> Este artículo se publicó el  2  de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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