El Canal de Panamá, el cambio climático y las políticas ambientales

La opinión de…

Rafael Negret

Durante la administración estadounidense del Canal nunca se consideraron los costos de la cantidad de agua dulce procedente del lago Gatún que se requiere para que un barco pueda atravesar las esclusas. Esta es una consideración nueva y el reciclaje del agua es parte fundamental de la estrategia del funcionamiento de las nuevas esclusas en construcción.

Lo que nunca nadie se imaginó es que el Canal podría llegar a inundarse y que el desbordamiento del río Chagres llegara a paralizar el tráfico de barcos por las peligrosas corrientes que se formaron en su afluencia al Canal, con los consecuentes impactos negativos por posibles derrumbes y daños a las cuencas y esclusas en construcción.  Los desbordamientos de la represa Madden y el colapso del servicio de agua potable de la ciudad, quizás eran más previsibles…

Lo más preocupante es la evidencia de que los riegos para el funcionamiento del Canal son extremos; o por inundaciones o por sequías y ambos fenómenos son indicadores comunes del cambio climático planetario. Y no podemos buscar excusas afirmando que el Canal siempre estuvo expuesto a esos problemas y vulnerabilidades, porque se trata de efectos recientes globales, de origen antrópico que nunca antes sucedieron y menos deben confundirse con los cambios estacionales anuales, con las consecuentes crecidas del río Chagres y otros ríos de la cuenca del Canal.

Y el riesgo climático paraPanamá no es solo con el Canal –aunque su paralización sería suficiente para quebrar las finanzas del país– sino para todo el territorio nacional, porque está localizado en una zona del planeta susceptible de grandes efectos meteorológicos; la zona de interconvergencia tropical.   Y no hay que esperar soluciones externas, pues la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebra actualmente en Cancún está condenada al fracaso, a imagen y semejanza de la anterior celebrada hace un año en Copenhagen; ratificando la incompetencia, desidia, irresponsabilidad e intereses mezquinos de nuestra sociedad contemporánea.   Por la misma razón, Naciones Unidas se refiere a la “adaptación al cambio climático” y no a su prevención, pues ya lo estamos sufriendo.

Los países deben tomar la iniciativa con sus políticas ambientales nacionales y no seguir pensando retrógradamente que la cuestión ambiental es un obstáculo para el desarrollo, sino, por el contrario, un instrumento de planificación para un desarrollo científico, justo y sostenible en términos económicos, políticos, sociales y ambientales.

Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su protección, administración y manejo es responsabilidad del Estado y sus instituciones.

Es absurdo negar la función e importancia de los estudios de impacto ambiental (EIA) que se exigen, realizan y están aceptados por las constituciones de todos los países desarrollados del planeta. Su objetivo es evitar, corregir o compensar los daños que se puedan ocasionar y, si necesario, vetar proyectos de graves impactos negativos porque aunque la ética obliga a mirar más allá de los intereses exclusivamente humanos, los EIA son de “interés social” incuestionablemente.

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<> Este artículo se publicó el 12 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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El interés social de los estudios de impacto ambiental

La opinión de….

Rafael Negret 

Ya en el año de 1860, el Gobierno de Estados Unidos de América consideró que el territorio usurpado a sangre y fuego a los indígenas Miwok –Yosemite, en la Sierra Nevada de California– debería declararse área protegida, considerando el “interés social” en función a sus bellezas escénicas.

Con el concepto de preservación se inició el proceso de incorporación de la variable ambiental en las políticas nacionales.  Continuó perfeccionando estrategias con las de conservación, desarrollo rural integrado, planes de manejo, ecodesarrollo y actualmente el desarrollo sostenible, como propuesta política de un nuevo paradigma para las relaciones sociedad–naturaleza, del cual los estudios de impacto ambiental son instrumentos de planificación.

A partir de la década de 1960, publicaciones como Primavera Silenciosa, Los Límites del Crecimiento, Civilización y Pecado, la teoría de Gaia, así como las propuestas de los ideólogos del Partido Verde francés, Daniel Cohn Bendit, Michel Bosquet, Jean Pierre Dupuy y muchos otros pensadores e investigadores, demostraron con creces que la polémica sobre ecología contra desarrollo no tiene asidero porque niega los valores económicos, políticos, ambientales y sociales del mundo natural en que nacemos, crecemos, nos alimentamos y vivimos.

Es que el simbolismo de la cigüeña trayendo el bebé en el pico es una bella metáfora que evoca nuestras aspiraciones celestiales, pero los elementos fundamentales de la vida, como el agua, el suelo y el aire, los aporta el “paraíso terrenal”…

Si algo positivo quedó entre las decepciones y fracasos de la conferencia sobre cambio climático en Copenhague–2009, es que el tema de los servicios ambientales como mecanismo de valorar económicamente los bienes naturales, incluyendo el negocio de los bonos de carbono, los pagos por el agua, la valoración de los bosques nativos y la biodiversidad son claves para el desarrollo y que la estrategia correcta consiste en incorporarlos en las políticas nacionales.

Los estudios de impacto ambiental hacen parte del proceso y tienen como objetivo esencial cumplir las obligaciones del Estado y proteger los derechos de la sociedad; derechos a respirar un aire puro, disfrutar de la belleza, misterios y milagros de la naturaleza; bañarse en playas sin contaminantes, alimentarse y beber agua saludable.

Por esto, los estudios de impacto ambiental tienen profundas implicaciones sociales al considerar los valores éticos, que son exclusivos de la razón humana y determinan preceptos que definen los límites entre el bien y el mal.

Los organismos internacionales que analizan el desarrollo de los países latinoamericanos han diagnosticado siempre que las causas del atraso y la insustentabilidad del proceso de América Latina se fundamenta en la pobreza, la ignorancia, la injusticia, la debilidad legal e institucional, la ausencia de políticas claras, la falta de planificación, ocasionando además la destrucción de los recursos naturales, que paradójicamente es la gran ventaja comparativa de nuestro continente.

Las crisis ambiental y financiera que azotan a nuestra civilización contemporánea son simplemente indicadores de la pérdida de valores éticos y morales;  de la destrucción del capital natural, ignorando con desidia que su fragilidad es nuestra.

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Este artículo se publico el 29 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Las últimas perlas del archipiélago

La opinión de…..

Rafael Negret

Ya aconteció antes. Los filibusteros, piratas y conquistadores se reunían en Contadora para “contar” sus perlas, fechorías y tesoros usurpados a las comunidades aborígenes.

El archipiélago de las Perlas fue declarado Zona Especial de Manejo por La Ley 18 del 31 de mayo del año 2007. En total de tierra y agua son 168 mil 771 hectáreas. Esta imprescindible normativa permaneció impávida en el papel desde entonces y solamente este año la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) contrató la elaboración del Plan de Manejo de dicha Zona con la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) y la firma consultora Louis Berger.

El Plan de Manejo implica establecer el ordenamiento y zonificación del territorio insular de todo el archipiélago; considerando las zonas protegidas, las fuentes de agua dulce, los emprendimientos inmobiliarios, el manejo de los desechos sólidos y aguas residuales, la protección de las playas de desove de las tortugas marinas, los derechos y obligaciones de los habitantes autóctonos de las islas.

Y en las más de 130 mil hectáreas marinas, determinar la función ecológica de sus bajíos, arrecifes coralinos, rocas, corrientes marinas y bahías, para así poder delimitar las áreas restrictas a la investigación y las autorizadas para la pesca artesanal y deportiva en base al conocimiento científico de la dinámica de sus poblaciones, períodos de reproducción, movimientos migratorios, artes de pesca, tamaños y cantidades permitidas a ser capturadas.

La exuberante capacidad productiva y biodiversidad que habita las aguas de las 225 islas e islotes del archipiélago se debe a condiciones ecológicas muy especiales, tales como su poca profundidad, la convergencia de variadas corrientes oceanográficas que proporcionan diferentes temperaturas, oxigenación y salinidad, además del aporte de nutrientes por caudalosos ríos y el Canal.

Lo anterior nos posibilita entender porqué el archipiélago de las Perlas y el Golfo de Panamá son considerados entre los más famosos paraísos de pesca deportiva del planeta; porqué las ballenas cantoras jorobadas vienen a reproducirse durante los meses de julio a octubre.  Y porqué existe una devastadora rapiña entre pescadores de sus aguas.

Obvio, no es la pesca deportiva la causante de tan grave exterminio; son los transgresores de las leyes los que saquean indiscriminadamente las zonas protegidas con redes de arrastre, redes agalleras, palangres o long line que pueden alcanzar 10 kilómetros o más de longitud con aproximadamente 20 mil anzuelos.

Los barcos camaroneros matan y después arrojan al mar toda la “pesca incidental” que atrapan –juveniles de corvinas, pargos, dorados, jureles, sardinas– la que constituye aproximadamente el 85% del total de la captura. A esto, se suma la destrucción del fondo marino.

Solamente la organización y planificación entre los pescadores artesanales, clubes de pescadores deportivos, buceadores, industriales del sector, promotores de los torneos de pesca deportiva y la imprescindible formulación de políticas por parte de las autoridades gubernamentales –fortaleciendo las instituciones responsables, estableciendo nuevas normas, pero fundamentalmente fiscalizando, controlando y vigilando– podrá salvaguardar a Panamá de esta pérdida irreparable.

Todavía tenemos tiempo para evitar el último saqueo.

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Este artículo se publicó el  31 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hidroeléctricas, naturaleza y sociedad

La opinión de…..

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Rafael Negret

Hace muy poco tiempo sería una pregunta de locos formularle a la ciencia cuánto vale un río.  Pero hoy, que los locos somos más, uno de los mayores desafíos y estrategias para adaptarnos y mitigar el cambio climático planetario es justamente la cuantificación y calificación –en lo social, lo ambiental, lo económico y lo político– de los servicios ambientales que obsequia el capital natural de la Tierra y de cada país en particular.

Si hay algo esperanzador y novedoso en los decepcionantes resultados de la Conferencia de Copenhague es la creación de un fondo mundial para financiar la protección de los bosques nativos –no los resultantes de reforestaciones tal como se propuso en el Tratado de Kyoto– valorando la necesidad de mantener el carbono almacenado en ellos y la urgencia de preservarlo en ese estado, para no liberarlo a la atmósfera al devastar o quemar las florestas. El fondo dispondrá de recursos para financiar a los países que protejan sus bosques prístinos y Panamá puede y debe usufructuar de los propios.

La historia de las hidroeléctricas en América Latina y sus implicaciones sociales y ambientales está ampliamente documentada. El aprovechamiento de los recursos hídricos, la protección de la biodiversidad, el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y el manejo de las cuencas hidrográficas en el contexto de una gestión integral del agua es un gran desafío para las autoridades gubernamentales que pretendan establecer modelos de desarrollo dentro del marco conceptual de la sustentabilidad.

Los impactos directos de las hidroeléctricas incluyen desplazamientos de comunidades con implicaciones económicas y sociales onerosas; inundación de tierras fértiles y de florestas valiosas, exterminio de fauna, de la pesca. Alteración del sistema hidrobiológico, navegabilidad, contaminación por metano originado en la descomposición de la materia orgánica inundada, deterioro de la calidad del agua para acueductos, riego, ganadería. Los impactos indirectos son sinérgicos, afectando grandes superficies de la cuenca, áreas protegidas y territorios indígenas. Además, abren nuevas fronteras de colonización, devastación, especulación y expulsión de las comunidades autóctonas.

En el caso colombiano, las entidades interesadas obtienen la licencia ambiental para proyectos de centrales hidroeléctricas una vez hayan elaborado el estudio de impacto ambiental, basándose en los términos de referencia genéricos, ETER-210, contenidos en el anexo general de la Resolución No. 6737 de 1997. Por tanto, es el Estado y el gobierno de turno quienes establecen las condicionantes del estudio; incluyendo medidas preventivas, correctivas, compensatorias y de mitigación de impactos negativos que pueda ocasionar el proyecto.

En contraposición, en Panamá, de acuerdo al artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 59 de 16 de marzo de 2000, es el promotor del proyecto quién determina si la categoría del impacto es II o III, así como las metodologías para evaluarlos.  Haciendo de juez y parte del proceso; algo así como solicitarle al coyote que cuide del gallinero.

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Püblicado el 7 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.