El Canal de Panamá, el cambio climático y las políticas ambientales

La opinión de…

Rafael Negret

Durante la administración estadounidense del Canal nunca se consideraron los costos de la cantidad de agua dulce procedente del lago Gatún que se requiere para que un barco pueda atravesar las esclusas. Esta es una consideración nueva y el reciclaje del agua es parte fundamental de la estrategia del funcionamiento de las nuevas esclusas en construcción.

Lo que nunca nadie se imaginó es que el Canal podría llegar a inundarse y que el desbordamiento del río Chagres llegara a paralizar el tráfico de barcos por las peligrosas corrientes que se formaron en su afluencia al Canal, con los consecuentes impactos negativos por posibles derrumbes y daños a las cuencas y esclusas en construcción.  Los desbordamientos de la represa Madden y el colapso del servicio de agua potable de la ciudad, quizás eran más previsibles…

Lo más preocupante es la evidencia de que los riegos para el funcionamiento del Canal son extremos; o por inundaciones o por sequías y ambos fenómenos son indicadores comunes del cambio climático planetario. Y no podemos buscar excusas afirmando que el Canal siempre estuvo expuesto a esos problemas y vulnerabilidades, porque se trata de efectos recientes globales, de origen antrópico que nunca antes sucedieron y menos deben confundirse con los cambios estacionales anuales, con las consecuentes crecidas del río Chagres y otros ríos de la cuenca del Canal.

Y el riesgo climático paraPanamá no es solo con el Canal –aunque su paralización sería suficiente para quebrar las finanzas del país– sino para todo el territorio nacional, porque está localizado en una zona del planeta susceptible de grandes efectos meteorológicos; la zona de interconvergencia tropical.   Y no hay que esperar soluciones externas, pues la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebra actualmente en Cancún está condenada al fracaso, a imagen y semejanza de la anterior celebrada hace un año en Copenhagen; ratificando la incompetencia, desidia, irresponsabilidad e intereses mezquinos de nuestra sociedad contemporánea.   Por la misma razón, Naciones Unidas se refiere a la “adaptación al cambio climático” y no a su prevención, pues ya lo estamos sufriendo.

Los países deben tomar la iniciativa con sus políticas ambientales nacionales y no seguir pensando retrógradamente que la cuestión ambiental es un obstáculo para el desarrollo, sino, por el contrario, un instrumento de planificación para un desarrollo científico, justo y sostenible en términos económicos, políticos, sociales y ambientales.

Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su protección, administración y manejo es responsabilidad del Estado y sus instituciones.

Es absurdo negar la función e importancia de los estudios de impacto ambiental (EIA) que se exigen, realizan y están aceptados por las constituciones de todos los países desarrollados del planeta. Su objetivo es evitar, corregir o compensar los daños que se puedan ocasionar y, si necesario, vetar proyectos de graves impactos negativos porque aunque la ética obliga a mirar más allá de los intereses exclusivamente humanos, los EIA son de “interés social” incuestionablemente.

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<> Este artículo se publicó el 12 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Protección ambiental y desarrollo

La opinión de la Economista y Educadora…

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
Hace décadas, en diferentes momentos y gobiernos, se han protagonizado reuniones, marchas y caminatas en diversos puntos del país, convocadas por organizaciones de conservacionistas, sociedad civil o poblaciones afectadas por concesiones para explotación minera, recordemos las minas de Cerro Colorado.
En setiembre de 2009, un grupo representativo de la Comarca Ngäbe Buglé, caminó desde San Félix hasta la ciudad capital para solicitar al gobierno la supresión de las concesiones mineras otorgadas para explotación, dentro de su comarca. Igualmente los moradores del área de la mina de Petaquilla Gold denunciaron la muerte de peces y otras especies acuáticas, por contaminación en las aguas.

Hace pocas semanas se desencadenó una polémica entre moradores y voceros de Petaquilla Gold, empresa que extrae oro de la mina Molejón, ubicada en Donoso. La disputa es debido al posible desbordamiento de aguas con cianuro que llegaron al río Molejón debido, posiblemente, a que una tina de lixiviación se encontraba a su máxima capacidad y producto de las lluvias o una posible fragmentación sufrió derrame.

Lo cierto es que la actividad minera en nuestro país es fuertemente cuestionada, producto de los riesgos que la misma conlleva para la vida humana, así como para la conservación de la biodiversidad.

Según sus propulsores, esta actividad económica, presuntamente traerá consigo oferta de mano de obra directa y mayor generación de ingresos por el pago de tributos. Según ellos, inclusive favorecería los sectores de prestación de servicios y comercios locales.

Si bien el aprovechamiento de los recursos minerales genera beneficios económicos, es conveniente conocer el impacto que pueden causar al ser humano y su entorno.

Frente a este hecho, diversas organizaciones ecologistas, grupos ambientalistas y gobiernos de países mineros, han realizado diversas investigaciones para determinar los posibles impactos negativos que se desprenden de actividades mineras, como la extracción de oro.

Uno de los impactos más agresivos detectados es el causado por el azufre de las rocas que, en su proceso de pulverización con mercurio o cianuro, entra en contacto con el oxígeno del aire o el diseminado en el agua genera ácido sulfúrico.

Al macerarse las rocas, los metales pesados son arrastrados, mientras que los residuos tóxicos se depositan en la vegetación y son engullidos por los animales, alimentos utilizados con posterioridad para el consumo humano, ocasionando daños irremediables a la salud. Existen otros impactos como el agotamiento de fuentes de agua y daño al paisaje, así como las enfermedades pulmonares ocasionadas al ser humano.

Resulta obligatorio que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde en materia legislativa y de supervisión. Que proteja los recursos hídricos, utilización de suelo y elementos ambientales que puedan verse afectados, focalizando principalmente los concernientes a la salud humana; mediante estudios serios y objetivos de impacto ambiental.

Países que se caracterizan por desarrollar este tipo de actividad, reconocen que se deben tomar medidas atinadas, a fin de propiciar el avance tecnológico y resguardar el medio ambiente.

<> Este artículo se publicó en 8 de septiembre de 2010 en el diario Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Tarjeta roja en gestión ambiental

Reproducimos el artículo de opinión de….

José González Jaramillo

Al ex presidente Bush hijo, los asesores políticos le aconsejaban no hablar de temas en los que era neófito y que siempre le tentaba tocar para no sentir disipada la autoestima frente a sus auditorios. Es evidente que al presidente Martinelli el tema ambiental, por su condición, le resulta ajeno y, a lo más, le significará (como lo manifestó en público) un problema de grupos de agitadores financiados.

Para no dejar dudas, sería inteligente que algún periodista le pregunte qué es desarrollo depredador para él, si cree que es sostenible el conjunto de proyectos hidroeléctricos que están fragmentado las principales cuencas hidrográficas del país y, por si fuera poco, sembrando veneno con las concesiones mineras en la base de las escorrentías de estas cuencas. En pocas palabras, acabando con el agua del pequeño istmo. Me parece verlo respondiendo, con esos ojos desorbitados, una respuesta desesperada, de la misma manera cuando dijo que había petróleo explotable en Darién.

La realidad abofetea las ocurrencias del Presidente. El derrame en el golfo de México, hecho histórico sin precedentes, llevó al Gobierno de EU –pese a la presión empresarial– a declarar una moratoria sobre nuevas perforaciones marítimas en aguas profundas. Los impactantes hechos del derrame de BP son un claro mensaje a los gobiernos y empresarios del mundo de que el problema ambiental no es un tema de “negocios verdes”, ni de demagogia populista, sino de estrategias de sobrevivencia que deben diseñarse en los marcos de la democracia más profunda, pese a que el peso empresarial quiera desnivelar el estado de derecho.

Recientemente, debatiendo con importantes estudiosos catalanes decía que la especie humana anda en la tierra hace 200 mil años, a lo largo de los cuales ha tenido que elaborar formas de conocimiento y apropiación intelectual de la naturaleza, que incluso alguna parte de esta logra grabarse genéticamente, permitiéndole adaptarse a un medio cambiante. El conocimiento jurídico y político en la gestión ambiental del desarrollo es parte de ello y debiera hoy traducirse en una institucionalidad que consagre los derechos difusos, que son “los derechos de la madre tierra”.

Lamentablemente las preocupaciones de los diputados, del Presidente y del resto de la clase política local es muy ajena a los problemas reales del prójimo: su sobrevivencia como especie en este planeta con condiciones vitales en crisis. Si bien los gobiernos anteriores, en cuanto a la gestión ambiental, manejaban dobles discursos y una hipocresía magistral, en el gobierno “del cambio” esto ha cambiado, dejando a un lado aquellas máscaras para hablar directamente como un buen socio del desarrollo depredador. Su propuesta de eliminar la evaluación ambiental en proyectos que el Gobierno crea de “interés social” es ejemplo de ello; como lo es para Roberto Henríquez, ministro de Comercio, quien ha dicho que no es cierto que la minería produzca daños irreversibles.

En un evidente principio de conflicto de interés que ha hecho trizas las pocas conquistas de la desnutrida democracia panameña, y peor aún, “los derechos de la madre tierra”, hoy el Presidente ofrece a mercaderes, a diestra y siniestra, los recursos vitales que hacen posible la vida en el istmo, lo triste es que cree hacer el bien.

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Este artículo se publico el 6 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

300 días para hacer ambiente

La opinión de…..


HARLEY J. MITCHELL MORÁN

La gestión ambiental consiste en los programas, proyectos, actividades y tareas concebidas y ejecutadas por diversos sectores, encaminadas al manejo y protección de los recursos naturales y al alcance del desarrollo sostenible.   En Panamá, con distintos niveles de dinamismo en el tiempo, la institucionalidad y leyes resultantes, evolucionan de manera más armónica de lo que se cree, acelerándose esto desde la creación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en 1998. Es de interés reflexionar entonces cómo se da esta gestión durante los trescientos días que han transcurrido desde la nueva administración gubernamental.

El apoyo a la visita de Al Gore, la participación en la sesión de la ONU relativa a cambio climático, el traslado patrimonial del ganado del Parque Nacional Coiba a la ANAM y la continuación de incautaciones de madera y vida silvestre, son medidas aceptables, pero aún no se conoce cuál será la dirección de la gestión ambiental del Gobierno, siendo necesario para la ciudadanía conocer cómo éste ejecutará los lineamientos de las políticas ambientales existentes.

Como medidas nuevas, destaca la modificación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido por el Decreto Ejecutivo N° 123 de 2009, clarificando puntos oscuros, pero sobresaliendo por la eliminación de la evaluación de impacto ambiental de los EsIA Categoría I (los cuales comprenden la gran mayoría de los estudios presentados).  Éstos se aprobarán por la ANAM contra listado de requisitos mínimos en cinco días, siendo este término según los funcionarios de la institución, necesario para impulsar la economía. Sin embargo, dificultades prácticas, acercan e incluso exceden al período de revisión anterior (quince días hábiles).

El problema de la elaboración, evaluación y seguimiento de los EsIA no reside en la rapidez del procedimiento de evaluación, sino en la calidad de los profesionales que confeccionen el estudio y que quienes los evalúen y les den seguimiento lo hagan técnica y científicamente, sin presiones externas contaminantes.

No creo que esto se resuelva con el método de solo cumplir con requisitos mínimos, especialmente si el objetivo, según los funcionarios, es mayormente económico y no ambiental.

Este tema económico está como nunca a varios pasos de ventaja. Las dimensiones de la transformación económica e infraestructural del país, involucrando traslados de barrios populares, desarrollos mineros y energéticos, bases aeronavales y nuevas carreteras, hacen urgente que la ANAM participe activamente en ellos incluso desde su concepción y dé su opinión técnica fundamentada a la sociedad en consecuencia. Dada la época que vivimos, si esperamos a que éstos se manifiesten en EsIAs, será tarde para incorporar una dimensión ambiental coherente.

Transcurridos 300 días de la nueva gestión ambiental, se continúa a la espera de la publicidad de una planificación gubernamental concreta, escrita, activa e incluyente, que clarifique las ambiciones que en pro del entorno se persiguen desde el gobierno, para que todos podamos contribuir efectivamente con la gestión ambiental panameña.

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Este artículo se publicó el 2 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Regulaciones ambientales, ¿un freno a la competitividad económica?

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La opinión de…..

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Jairo A. Vásquez Pravia

Durante la última media década, el proceso de liberalización de los mercados ha cambiado su enfoque de reducción arancelaria, la cual efectivamente se ha gestado en buena parte del mundo hacia la eliminación de barreras arancelarias al comercio mundial, entre las que destacan las regulaciones ambientales. Dado que muchas regulaciones nacionales, tales como las normas de calidad ambiental y los estudios de impacto ambiental para diversos proyectos de inversión pueden ser consideradas como barreras arancelarias al comercio, la discusión sobre la extensión y el impacto de las normas ambientales se ha expandido en las mesas de negociación de todos los acuerdos de libre comercio de reciente data.

De acuerdo con el índice de competitividad mundial preparado por el Foro Económico Mundial para el periodo 2009-2010, la República de Panamá alcanzó la posición 56, por debajo de países como Chile (30) y Costa Rica (55), pero por encima de economías más grandes como México (60), Uruguay (65) , Colombia (69) y Argentina (85). Si observamos los países que lideran el escalafón como Finlandia, Estados Unidos, Dinamarca, Singapur, Suiza, Islandia, Noruega y Australia, coincidentemente son los que poseen regulaciones ambientales más estrictas y actualizadas, lo cual no ha sido obstáculo para seguir liderando el proceso de globalización.

Por otro lado, muchos países en vías de desarrollo, en especial México y los países centroamericanos, durante los últimos años han dedicado esfuerzos para flexibilizar sus regulaciones ambientales en aras de atraer mayores flujos de inversión extranjera en el marco de acuerdos de libre comercio; empero, siguen sin mostrar un mayor crecimiento económico ni mejoras en su competitividad ni distribución de la riqueza, y lo más preocupante de todo, haciéndose irremediablemente más dependientes del flujo de remesas extranjeras de su fuerza de trabajo emigrante hacia Estados Unidos. En el caso de México, estas remesas representan la segunda fuente de divisas luego de las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados, mientras que para El Salvador son desde hace casi 15 años su principal fuente de divisas.

Al contrario de la percepción de muchos, Panamá es considerado uno de los países latinoamericanos con regulación ambiental de mayor alcance y, sin embargo, mantiene uno de los flujos de inversión externa directa más consistentes durante los últimos años, pasando de unos 603.4 millones de dólares en el año 2000 hasta unos 2 mil 401 millones de dólares para el año 2008, de acuerdo con estadísticas de la Contraloría General de la República.

Las regulaciones ambientales no pueden ser vistas como simples controles de la contaminación o estándares de manejo de recursos naturales, capaces de ser flexibilizados de un solo plumazo por la burocracia estatal en aras de la consuetudinaria excusa de fomentar la inversión nacional y atraer la extranjera en beneficio del país.

Ellas proveen las reglas fundamentales para el comercio internacional y sirven como una mitigación necesaria contra las fallas de mercado en el orden económico global.

La construcción de una sensibilidad ambiental en el régimen de libre comercio de forma pensada y sistemática debería ser de interés, tanto en el mundo económico como en el ambientalista, los cuales nunca deben ser mutuamente excluyentes per se, si buscamos un desarrollo sostenible.

En un ambiente donde crecientemente se reconoce que el camino a un efectivo y justo intercambio de bienes y servicios en un mundo cada vez más globalizado no está libre de riesgos, las regulaciones ambientales tienen un rol que jugar en preservar un mejor entorno para el mejoramiento de la competitividad económica de cada país.

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Publicado  el   6   de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cambio climático y el futuro del planeta

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La opinión del periodista y docente universitario….
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MODESTO  A.  TUÑON  F.
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La isla de Sevilla, situada en el borde playero de los manglares de David, presenta un panorama singular. Desde Punta Brava, se aprecia una especie de barrera de árboles resecos, precisamente la que mira hacia la desembocadura de varios ríos que drenan las aguas con un alto nivel de sedimentación y agroquímicos desde las ricas tierras altas, donde la agricultura y ganadería sueltan terrenos y residuos hacia la vía fluvial.

Hay una ecuación clara en este fenómeno. Mientras más sedimentos, residuos de productos y sustancias químicas caigan al río en la región montañosa, mayor será el nivel de contaminación que deba procesar el manglar en la costa. Pero no importa cuanta capacidad tenga el humedal para esto, habría un límite y las consecuencias para todo el ecosistema marino serían imprevisibles.

Existe una lógica sistémica en la naturaleza que explica cómo un cambio en un eslabón de esta cadena, afecta parte o el resto de la estructura, así como la vida natural y por consecuencia, la humana.

El cambio climático también constituye una expresión de esta dinámica; las actividades de los hombres han sobrecargado la capacidad natural del planeta en procesar las emisiones de gases de efecto invernadero y se ha producido una reversión del natural comportamiento del clima con un creciente aumento del promedio de temperatura.

Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), coincide con los científicos; en la actualidad los ecosistemas mundiales, en lugar de mantener y aumentar la capacidad de la naturaleza para capturar y almacenar carbono, se agotan a un ritmo alarmante.

El cambio del uso del suelo (bosques deforestados y quemados por diferentes motivos), la industrialización creciente y el sistema de transporte a base de combustión de petróleo son quizás las causas más críticas de esta dislocación del reloj climático.   Se dice que el impacto en los bosques, constituye un 20% del aumento de emisión de gases de efecto invernadero.

Desde el lunes 7 se desarrolla en la ciudad de Copenhague, Dinamarca una Cumbre de Cambio Climático convocada por las Naciones Unidas, donde presidentes, jefes de Gobierno y representantes de casi todos los países debaten sobre las formas para revertir el colapso del clima y cómo adecuar la vida común y la producción a los síntomas del fenómeno ambiental planetario.

Existe una base real para estas negociaciones, que deben generar un acuerdo para sustituir al Protocolo de Kioto, existente desde los años 90. El dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), entre otros gases que se encuentran en la atmósfera de manera natural como resultado de diversos procesos, han aumentado su concentración.

Como ejemplo se plantea que la concentración de CO2 en la atmósfera pasó de 280 partes por millón (ppm) en 1750, cuando empezó la revolución industrial, hasta 381 ppm en 2006 y que el crecimiento de este y otros gases, registró una rapidez que escapa a toda progresión gradual. Hoy existen más gases de este tipo que en cualquier momento anterior en la historia de la Tierra.

La discusión de un nuevo acuerdo de Copenhague tiene el reto de lograr que los países industrializados bajen radicalmente sus emisiones de CO2 a los niveles de 1990; es decir, a un promedio de reducción de un 45%. Para alcanzar esto, los máximos emisores requerirán desacelerar su productividad, que se basa, sobre todo, en actividades como las que ocasionan el desajuste natural. Europa cuenta con un programa unificado para esto.

Por otro lado, se plantea la creación de un paquete de incentivos monetarios para contribuir con un programa prolongado que estimule una economía verde (actividades que generen una nula o baja emisión) en los países en desarrollo. Esto permitiría hacer frente a las crisis alimentarias, consolidar modalidades alternativas de energía y establecer nuevas fuentes de trabajo.

Uno de los aspectos que preocupa en esta cita internacional es que Latinoamérica y el Caribe no acuden con una agenda común a esta cita, como ocurre con los países africanos que han mostrado su impaciencia ante la falta de acuerdos previos. Países como Brasil, Argentina y México han movido su diplomacia en otras direcciones; como por ejemplo los esfuerzos del presidente Lula en alcanzar acuerdos con Francia.

En el istmo centroamericano se han alcanzado posiciones comunes y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), formada por los ministros de Ambiente y Recursos Naturales de la Región, lleva una pauta consensuada que resalta el desarrollo en temas de adaptación, mitigación, transferencia de tecnología, financiamiento y construcción de capacidades.

Los países centroamericanos propugnan por la estabilización de las concentraciones de gases y reducción de las emisiones en los países desarrollados a un 45%. También se plantea la búsqueda de fuentes de financiamiento para el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque (REDD) y el establecimiento de un centro de innovación tecnológica en mitigación y adecuación al cambio climático.

La alteración de los promedios de temperatura en el planeta tiene consecuencias que se perciben desde hace algún tiempo. La poca previsibilidad de los eventos climatológicos; desertificación en unas regiones e inundaciones en otras; elevación creciente del nivel de las aguas oceánicas; alteración de los ciclos productivos; mutaciones en la vida silvestre y nuevas enfermedades que afectan los sistemas de salud pública, son algunas de ellas.

Las conversaciones, las relaciones políticas, la negociación al más alto nivel que tienen lugar en la capital danesa son fundamentales para el futuro del planeta y de la vida en él. Las sociedades del mundo de hoy requieren reflexionar sobre una lógica relación de sus políticas ambientales para devolver la naturaleza al ritmo que ella requiere y que ha perdido.

No hay de otra… está en riesgo la vida que conocemos sobre la Tierra y no existe otro planeta para trasladar a los humanos cuando las condiciones sean insalvables.

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Publicado el  9 de diciembre en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.