¿Sí o no?

La opinión del explorador  y conservacionista…

LUIS  ALFONSO  PULEIO
luispuleioc@hotmail.com

En el programa de Telemetro Reporta, Edición Matutina del pasado 25 de octubre, que dirige el periodista Álvaro Alvarado, en pregunta que le formulara al Ministro de la Presidencia, Sr. Jimmy Papadimitriu, con relación al proyecto de los mercados y la cadena de frío, el ministro respondió que se le está dando prioridad al mercado de Chiriquí, y el de Panamá empezará a construirse en febrero de 2011.  Dado esa declaración, surgen en mi mente las siguientes interrogantes:

¿Qué pasó con el acuerdo para la realización del estudio arqueológico asignado a Patrimonio Histórico, quién es el que en realidad determinará la existencia del Camino de Cruces, la ubicación del poblado español de Guayabal y el camino hacia Gorgona, empedrado paralelo al de Cruces hecho por los propios españoles, como ruta más corta y segura hacia el Río Chagres?.

¿Por qué, además de los herbazales del campo de antenas de Chivo Chivo, sitio donde se construirá el mercado, también se va a talar el bosque que circunda el parque Camino de Cruces, modificando su superficie?

¿Qué pasará con la contaminación de los lagos de Miraflores, auxiliares del canal, reservas hídricas que producen electricidad para las esclusas y suplen de agua potable a importantes sectores de la ciudad de Panamá?

¿Qué opina la ACP, que parece no interesarle la conservación de la Cuenca Hidrográfica del Canal; al permitir que con el tiempo, los barcos naveguen sobre aguas pútridas?

El asentamiento del Mercado de Abastos de la ciudad, el complejo hospitalario, la nueva sede de la Policía, el Metro Bus, las vías de acceso Centenario Clayton y las futuras áreas residenciales, terminarán arrebatándole todo el verdor al parque Camino de Cruces.

Pero, qué hay del estudio de impacto ambiental?

El progreso es una cosa, pero antagonizar contra la naturaleza y la conservación de la Cuenca Hidrográfica del Canal, es un crimen al ambiente.

Los norteamericanos cuidaron y protegieron el bosque del ‘Canal Zone’, pero en la actualidad y con el goce de plenos derechos soberanos, la eclosión natural, es decir la selva tropical , carece de importancia ante lo apabullante del interés económico.

Entonces, aclaremos: ¿necesita el Canal de Panamá, para su funcionamiento, mantenimiento y protección, la existencia de los bosques, ríos, selvas, y masas de agua para su universal tarea?

¿Sí o no?.

 

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<> Este artículo se publicó el  13 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un EIA no cambiará la realidad

La opinión de…

Javier Pérez

¿Por qué nos complicamos tanto, no podemos ver las cosas de manera simple? ¿Necesitamos un complejo, extenso y costoso estudio de impacto ambiental (EIA) que nos diga si la explotación minera a cielo abierto, que se quiera desarrollar en cualquier lugar de Panamá, es contaminante y tendrá un efecto negativo en el medio ambiente?

Ya sé que es un requerimiento legal hacer un EIA para realizar proyectos de envergadura como la explotación minera. Pero muchos ciudadanos sensatos, al igual que yo, preocupados por el medio ambiente y por nuestro patrimonio forestal, no necesitamos que un EIA nos diga que el desarrollo de la minería a cielo abierto arrasará con miles de hectáreas de bosques –que forman parte de nuestro patrimonio forestal– y que aniquilará miles de especies animales que viven en ese bosque, sin mencionar el efecto que tendrán las sustancias químicas en los ríos y el impacto social. Es así de simple, no nos traten como ignorantes.

En el caso del Proyecto Cobre Panamá, que se pretende desarrollar en Coclé del Norte, Coclé y Donoso, Colón, puede ser que la empresa chilena que ahora le toca estudiar el estudio (valga la redundancia), presentado por la empresa minera, manifieste que la actividad no afecta el ambiente, y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) apruebe el proyecto; no con eso los ambientalistas quedaremos convencidos.

¿Es que no puede entender el Gobierno que queremos un país libre de esta contaminante industria de la minería, que queremos que nuestro país siga siendo verde y lleno de vida? ¿Vale la pena sacrificar nuestro medio ambiente por un beneficio económico?

No niego que la actividad minera sea rentable, pero ¿Se justifica el sacrificio? ¿De verdad necesitamos esa actividad en Panamá para llegar a ser un país “desarrollado y de primer mundo? Creo que al final la Anam aprobará el proyecto, puesto que aparentemente la política de este gobierno es aprobar cuanto proyecto minero se presente en el país. Aquí es más importante el vil metal, vivir al máximo y consumir todos los recursos naturales, que conservar la naturaleza. Mejor vivamos y consumamos todo lo que podamos hoy, arrasemos con todos los ríos, manglares, montañas, mares, bosques y fauna. Demos paso al concreto y empecemos ya, porque queda mucho verde por destruir y mucho azul por volver negro.

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<> Este artículo se publicó el 9 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La ausencia de geólogos capaces en Panamá

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La opinión del Ingeniero…

EDUARDO   A.  ESQUIVEL  R.
eesquivelrios@gmail.com

Entre la sospecha y la vergüenza han quedado las declaraciones de altos directivos de la ANAM de que Panamá, respecto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Minera proyecto Cobre Panamá S.A.,   “No cuenta con los técnicos preparados para hacer este tipo de evaluaciones”.

Espero que esta vez no guarden silencio cómplice el gremio de geólogos panameños que han sido insultados públicamente y la Cámara Minera de Panamá, que reconoce esto.

Tengo entendido que en Panamá no solo existen profesionales capaces de la geología y minería, sino que en la ANAM laboran varios de ellos.

Muchos han estudiado grados y postgrados en las mejores universidades del mundo en esta especialidad. Además, la propia ley prohíbe ser consultores ambientales a extranjeros o consultoras que no residen en Panamá.

Además, cómo explicaría la ANAM que a otros proyectos mineros de similar tamaño como Petaquilla, Cerro Quema, etc., se les haya aprobado ya el Estudio de Impacto Ambiental, con los técnicos poco capaces de que dispone, según ellos mismos. Están diciendo que estos EIA son deficientes.

Inexplicable es el detalle de la “donación” de cerca de 800,000 dólares a la ANAM por parte de la Empresa Minera, y más aun la “contratación directa” de una misteriosa empresa chilena que hará la “evaluación” del EIA.

En ninguna parte la Ley General del Ambiente, ni el Decreto 123 que la reglamenta, autoriza a la ANAM a recibir “donaciones” de los promotores, por lo que esto huele muy mal. Hay que ver si la empresa chilena esta no tiene relación con la promotora, además ya se sabe que el que paga es el que manda. Ni quiero pensar lo que pasará con el EIA de Cerro Colorado.

Sin duda nuestro Medio Ambiente dentro de poco no será ni un cuarto de ambiente, porque los otros ¾ lo habrán hecho polvo.

No ceso de asombrarme de la capacidad destructiva del ambiente de algunos políticos. Leo ahora que quieren hacer en Bocas del Toro una Termoeléctrica de Carbón, con el cuento chino de que es una nueva tecnología que no contamina. Cuando el carbón es el combustible fósil más contaminante de todos. Pobre Bocas del Toro.

Todavía no han dicho de dónde van a traer el carbón ni cómo. Pero parece que lo importante ahora es los billetes verdes que esto significa. Y será lo único verde que se vera por allá. Esta parece ser el lema de la nueva política ambiental: “in dubio pro pecunio” y no “in dubio pro natura” como debía ser.

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<>Artículo publicado el  4  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Proyectos y conservación patrimonial

La opinión de….

Orlando Acosta

Hemos planteado, en otras entregas, algunos conceptos y opiniones sobre el tema de la gestión de los sitios panameños bajo las categorías de reconocimiento mundial, los grandes proyectos urbanos y los instrumentos de evaluación ambiental.

Nos preocupa cómo los grandes proyectos urbanos de carácter vial afectarán el presente y futuro de estos sitios.   Estamos hablando de la extensión de la cinta costera, el posible entronque con el sector de Amador, el Metro Bus y la extensión del Boulevard Motta con la Avenida 12 de Octubre. Veamos.

Hace semanas un informe presentado por la Unesco evaluó la consideración de la exclusión de los sitios de Panamá Viejo y el Casco Antiguo de la categoría de Patrimonio Mundial, para ser ingresados en la lista de patrimonios en peligro.  Las razones son la poca claridad o el mensaje erróneo que el Estado panameño está enviando con relación a la política y gestión de los sitios patrimoniales bajo nuestra administración.

La extensión de la cinta costera frente al antiguo terraplén, en las cercanías del Casco Antiguo y la ausencia de un instrumento de gestión ambiental, aplicado al proyecto para evaluar el alcance de la intervención sobre los valores patrimoniales, es el asunto que gravita, entre otros, sobre la condición y futuro del sitio.

La posible extensión de la cinta costera para unirla al desarrollo de Amador se está considerando, sin que el impasse relacionado con los estudios de impacto ambiental, impuesto por la Ley 30 haya sido solventado.

La intervención del Estado en este proyecto de vialidad pone en riesgo definitivo los valores del Casco Antiguo y su condición patrimonial de carácter mundial.

Sobre el sitio de Panamá Viejo el asunto no es menos grave. Se publicó recientemente información sobre el proyecto Metro Bus y la localización de estaciones de origen o destino, una en las cercanías de la estatua de Morelos y otra, en el Puente del Rey. En adición, se plantea la construcción de otro tramo marino frente a la playa para unir el Boulevard Motta en Costa del Este con la Avenida 12 de Octubre. La infraestructura de transporte del Metro Bus encajona el sitio patrimonial de Panamá Viejo.   En este caso, un instrumento metodológicamente aceptado y normado, como lo es el estudio de impacto ambiental, brillará en ausencia.

Los estudios de impacto ambiental son importantes para evaluar el efecto que tendrán estos proyectos sobre el presente y futuro de dos sitios de valor patrimonial y de carácter universal.

Los estudios de impacto ambiental sirven para analizar de forma estratégica los elementos de política que conducirán a una condición de sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, social, administrativa y, finalmente, a la conservación de los sitios de Panamá Viejo y el Casco Antiguo.

El estudio de impacto ambiental sirve para analizar y articular la política pública con relación a los desarrollos urbanos y a la conservación patrimonial. Es útil como instrumento de consulta ciudadana; apoya los conceptos de gobernabilidad y apuntala los procesos democráticos.

Urge la discusión del presente y futuro de los sitios de patrimonio mundial bajo nuestra administración. Urge evaluar el alcance y modificaciones a la regulación ambiental. Urge cimentar las bases de un futuro promisorio y de una sociedad panameña democrática, moderna y científica.

<>Artículo publicado el  2  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por la conservación de la naturaleza

Con motivo de los 25 años de ANCON, conozcamos la opinión de…

Alida Spadafora y Luis Alberto Sierra

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) cumplió el pasado domingo 25 años de esfuerzos permanentes con ambas manos y las que pudieran sumarse, de giras y horas de trabajo a lugares remotos, de cabildeo y presencia en los medios de comunicación, en foros y reuniones, para investigar y expresar con rigor científico el punto de vista en defensa del rico ecosistema natural de Panamá.

Han sido años de participaciones en debates, pero también de luchas en el plano legal y frente a temas complejos como la tala indiscriminada de árboles, la caza indiscriminada y la minería metálica.

Ancon contribuyó a la creación de cinco nuevas áreas protegidas en Panamá, al jugar un papel clave para que se duplicara la superficie total de las zonas que tienen en el país esta condición especial.

Otro logro, según The Nature Conservancy, es que la organización ambientalista panameña lideró la labor de siembra de 2.5 millones de árboles y el desarrollo de más de 10 planes de manejo en áreas protegidas. Fue clave además en la gestión para designar todo el Parque Nacional Darién, reserva minera, para evitar los efectos ante la intención de explotar los metales de la zona.

Ancon ha desarrollado cerca de 200 proyectos de investigación científica, contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad natural y cultural de Panamá. La campaña “Adopta tu hectárea”, que lideró Ancon, permitió que más de 30 mil hectáreas estén ahora designadas solo para conservación. La campaña “Conserva tu hectárea” fue ideada entretanto para darle a las personas y empresas la oportunidad de ser padrinos y para contar con recursos que permitan continuar con la labor de conservación en las áreas protegidas.

Entre los logros de Ancon están haber impedido, junto con la sociedad civil en general, la apertura de un camino ecológico que iba a atravesar el volcán Barú, hogar del Quetzal.

Ancon se ha pronunciado también con firmeza para rechazar la apertura del tapón del Darién, planteando mayor análisis y alternativas.   Su labor fue clave para lograr la aprobación de la Asamblea Nacional, después de cinco años de cabildeo la Ley de Delitos Ambientales y para hacer ley de la República a la norma que creó el Parque Nacional Coiba.

Ancon sentó un precedente cuando la Corte Suprema reconoció a inicio de la década de 1990 el “interés difuso” de Ancon para denunciar afectaciones al medio ambiente en cualquier lugar de la geografía nacional, importante referente en la jurisprudencia ambiental.

Lideró en 2008, en ocasión del Congreso Mundial de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) de Barcelona, una moción sobre los impactos que la minería puede causar al Corredor Biológico Mesoamericano, la cual fue acogida y convertida en Resolución.

Ancon mantiene los esfuerzos, junto a otras ONG ambientalistas, de rechazo a la Ley 30, que flexibiliza el uso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como instrumento de gestión ambiental de Panamá.

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Este artículo se publicó el 19 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a los autores,  todo el crédito que les corresponde.

Millones en publicidad engañosa

La opinión del Secretario General del SUNTRACS – FRENADESO….

GENARO LÓPEZ R.

¿ Cuánto del presupuesto nacional se destina a publicidad? Desde hace varios años el pueblo panameño viene cuestionando las cifras millonarias que se destinan a publicidad engañosa por parte del gobierno. Recursos que deberían ser utilizados para cubrir el déficit en la atención de las necesidades sociales, son utilizados para mentir a la población.

Según informe de la Secretaría de Comunicación del Estado el presupuesto para publicidad estatal en el 2010 es de 22 millones de dólares.   Mucho se ha dicho sobre la utilización de los fondos del Estado para montar campañas tendientes a vender leyes antipopulares; tal es el caso de la reformas tributarias (aumento del ITBMS a 7%) y hoy para lavar la cara del gobierno frente a la masacre de Bocas del Toro ante la imposición de la Ley 30.

Durante semanas el gobierno mantiene en diversos medios de comunicación publicidad engañosa sobre la Ley 30, que aparece bajo el título ‘La verdad de la ley 30: seguridad y progreso’.    Dicen:   ‘La ley 30 no quita derechos laborales:   No se elimina el domingo, las vacaciones, el fuero de maternidad, el cargo por horas extras…’. Es preciso recordarle al gobierno, que días antes de llevar la Ley Chorizo a la Asamblea Nacional, fue el Ejecutivo (ministra de Trabajo) quien colocó estos temas en la agenda nacional, a través de varias declaraciones en medios de comunicación social y en la OIT, al punto tal que voceros de la Iglesia Católica emitieron opinión pública rechazando la eliminación del día domingo como día de descanso obligatorio.   Ahora bien, el movimiento obrero, al igual que la comunidad de Bocas del Toro, jamás han confundido la llamada primera oleada de reformas al Código de Trabajo con lo que establece la Ley 30, que sí vulnera derechos laborales en sus artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Por otro lado, la publicidad engañosa sostiene que ‘no se eliminan los estudios de impacto ambiental’.    Los artículos 32 y 33 de la Ley Chorizo reforman la Ley General de Ambiente (Ley 41), exonerando al Estado de la obligación de estudios de impacto ambiental cuando el Consejo de Gabinete así lo considere necesario.

Igualmente dicen que ‘no se permite el abuso de la Policía’.   Los artículos 27 y 28 exoneran a los miembros de la Fuerza Pública del cargo de abuso en el uso de la fuerza.    Les da impunidad para avasallar al pueblo.   Lo vivido en Bocas del Toro es la muestra más evidente del ejercicio de la Ley 30.

En medio del ‘diálogo de YO con YO’ el gobierno ha incrementado su publicidad engañosa, lo que no contribuye a crear un clima honesto para el mismo, por lo que exigimos que se suspenda inmediatamente el derroche de nuestros impuestos en propagandizar la represiva Ley Chorizo.

La publicidad estatal debe invertirse en campañas donde hay que comunicarle al pueblo temas de relevancia (campañas de salud, campañas para alertar y combatir epidemias, prevención de riesgos, entre otras), debe estar regida por un criterio de utilidad social. Asimismo en toda propaganda del Estado debe señalarse que esa obra se ha hecho con el dinero de los contribuyentes, evitando así el ensalzamiento personal al que muchas autoridades son adictos con los recursos de todos.

Cerramos señalando que todavía el eco de los gritos y el llanto de las viudas y los hijos de Antonio Smith y Virgilio Castillo resuenan en los oídos del pueblo panameño, en ese marco de dolor e impotencia los diputados han abofeteado nuevamente el clamor popular, al imponer un proyecto que no deroga la Ley 30.    Estos son los ‘padres de la patria’, que no conformes con sus altos emolumentos, mañana destinarán miles de dólares en publicidad (en medios de comunicación de su propiedad), para esconder su traición al pueblo.

Ante la mafiocracia enquistada en todos los Órganos del Estado, al pueblo trabajador no le queda otro camino que organizarse y construir su propio instrumento político.

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Este artículo fue publicado el  15 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las distracciones ambientales de la Ley 30

La opinión del Ingeniero…

Eduardo A. Esquivel

La controversial Ley 30 del 2010, en su articulo 23-A, modifica el artículo 41 de la Ley 41 de 1998 (General del Ambiente), agregándole, entre otras cosas, el siguiente párrafo:

“Las actividades, obras o proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales que les sean aplicables, siempre que estas hayan sido aprobadas por el Órgano Ejecutivo”.

La definición de Guías de Buenas Prácticas Ambientales fue introducida por primera vez, en el Decreto Ejecutivo 209 del 5 de septiembre de 2006, que reglamentaba los Estudios de Impacto Ambiental. Posteriormente, en la Resolución AG-0153-2007, la ANAM , adopta la “Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la construccion y ensanche de carreteras y la construccion de caminos rurales”, documento al parecer creado en el MOP para facilitar el trabajo de los contratistas del FIS, que veían los Estudios de Impacto Ambiental como una traba burocrática costosa.

Cito textualmente la erudita opinión de la Lic. Tania Arosemena Bodero sobre este tema específico: “Al adoptar el Consejo de Gabinete las Guías de Buenas Prácticas se desconoce la institucionalidad ambiental creada por la Ley 41 del 1 de julio de 1998, violando el artículo 5, el cual dispone que la Autoridad Nacional del Ambiente es la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.

Con esto además se contradice al propio Reglamento de Estudios de Impacto Ambiental aprobado durante esta Administración (Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009), aplicable a esta adición ya que se trata de “actividades, obras o proyectos” que deban someterse a un “proceso de evaluación de impacto ambiental” a las cuales se les da la opción de acogerse a las Guías de Buenas Prácticas, es la ANAM quien evalúa estos temas y hay disposiciones específicas que les son aplicables como el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 123:” En este mismo sentido, esta Ley parece contrariar los acuerdos ambientales y salvaguardas acordados por Panamá con el BID (OP-703) también exigidos por el Banco Mundial, lo que podría tener consecuencias imprevisibles para el país.

Personalmente opino que las Guías de Buenas Prácticas Ambientales, como se definen en la Resolución AG-0153-2007 de la ANAM, son equivalentes a un Estudio de Impacto Ambiental Categoría I. Ya que en estas el Promotor hace una Declaración Jurada en la que se compromete a cumplir con las normas ambientales detalladas en el estudio. Por su propio concepto, sería imposible hacer una “Guía de Buenas Prácticas Ambientales” que equivalgan a un EIA Categoría II o III, ya que las mencionadas “Guías” son para Proyectos de Impactos Ambientales mínimos o insignificantes, como por ejemplo: un minisuper o una vivienda. Como se mencionó anteriormente, el Artículo 23-A de la Ley 30 va contra la norma legal y los procedimientos básicos ya que el Órgano Ejecutivo no puede decidir el grado del Impacto Ambiental de un determinado proyecto, función que le corresponde legalmente a la ANAM.

También es absurdo solo pensar que la “Función Social” del proyecto, o que sea público o privado, pueda, por conveniencia, exonerar a un Proyecto de Impactos Ambientales graves o severos.

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Este artículo se publicó el  7  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una fábula de propaganda engañosa

La opinión de…

Irene H. de Velásquez 


Antes de que se aprobara la controvertida y manchada de sangre “Ley Chorizo”, en medio de las protestas y aprensiones de los grupos visionarios y pensantes de los distintos sectores de la sociedad civil, que anunciaban el desastre que traería consigo su aprobación, el Gobierno nacional sólo enviaba mensajes, no muy elaborados mucho menos convincentes, que defendían y vendían esta ley inconsulta, que mataba nueve pájaros de un solo tiro, como una ley que beneficiaría al país, pero más allá intentaba convencer con su propaganda que aquellos que se oponían a ella desconocían su verdadero contenido y que eran una minoría.

¿Pero a quién iba dirigida esta propaganda? Está claro que a todos aquellos que realmente no habían leído la ley, ni la iban a leer, es decir, la mayoría de la población. Esta propaganda –que no entraba en análisis, ni explicaciones sobre el contenido de la ley– buscaba calar, repitiendo como un papagayo, en lenguaje sencillo y con frases tales como “no tiene nada de malo”, que la ley no perjudicaba a nadie y que los grupos opositores buscaban confundir y desestabilizar el país.   Mientras tanto, el gobierno ganaba tiempo y terreno.

Siendo yo de la minoría que sí había leído la ley, empecé a sentirme insultada y humillada, al ver cómo nos trataban de manipular como a niños pequeños sin malicia. Para la gran mayoría, aún no estaba claro el evidente autoritarismo del gobierno al introducir esta ley sin la debida participación ciudadana, ni los macabros fines detrás de ella, ya que todavía se creían el cuento de hadas titulado “Ahora le toca al pueblo”.

Una vez aprobada la ley, por encima de todo clamor popular, el señor Presidente dice que la va a revisar –es decir, darle un caramelito a algunos niños malcriados que aún lloraban por su teté y de paso reiterar a la primera dama lo buen esposo que es– para así nuevamente insultar el intelecto de los ciudadanos versados diciendo que no le encontró nada malo.

Mientras tanto, en Changuinola, los ngäbe buglé pedían a gritos ser escuchados, sin embargo, eran ignorados. Una nueva propaganda buscaría convencer que ellos no sabían por qué protestaban. Esto lo que hizo fue encender la chispa que los enardecería hasta el punto de encontrar la ceguera y hasta la muerte de manos de las botas amparadas por la ley. No conforme con asesinar, este gobierno lanza una nueva propaganda a través del ministro “con más tacto” de todo el gabinete. Este se refiere a los indígenas como “indios” –utilizando este término como sinónimo de ignorancia– y además ofende su dignidad, diciendo que habían sido utilizados como “carne de cañón”.

¿Cómo el poder puede desensibilizar al punto de no sentir remordimiento alguno por los hombres que no volverán a ver la luz del día, ya sea por la ceguera o porque sus ojos han sido cerrados para siempre?

Hoy al abrir el diario La Prensa veo un artículo que habla sobre la próxima apertura de una cantera de piedra en Veracruz por parte del Gobierno. Este es apenas el primer síntoma del cáncer ecológico que sabíamos venía incubándose dentro de la Ley 30. El daño al ambiente que cometerá este Gobierno respaldado por la “Ley Chorizo” no tendrá límites.   Esta cantera simplemente se etiquetará como “de interés social”, ya que la piedra extraída será supuestamente para las obras del Estado, por lo tanto no requerirá un estudio de impacto ambiental.

El loco no está nada de loco, lo que sí es cierto es que es de temer. Su plan está bien estructurado y sabe bien hacia dónde se dirige. Quedó demostrado que con la Ley 30 los obstáculos a su paso podrán ser fácil y legalmente removidos –llámense árboles o seres humanos–.

“La propaganda consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta. Es una forma intencional y sistemática de persuasión con fines ideológicos, políticos o comerciales, con el intento de influir en las emociones, actitudes, opiniones y acciones de los grupos de destinatarios específicos a través de la transmisión controlada de información parcial a través de los medios de comunicación masiva y directa”.

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Este artículo se publicó el 24 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Un país en tregua

La opinión de…

Amarilis A. Montero G 

Después de varios días de zozobra por las violentas demostraciones de protesta de los obreros bananeros de Bocas del Toro, el país volvió a una aparente calma. La suspensión de algunos de los artículos de la polémica Ley 30 ha servido para bajar los ánimos de los airados trabajadores.   Si embargo, el presidente, Ricardo Martinelli, ha manifestado que dicha ley no va a ser suspendida.

Si esto es así, ¿qué pretende el Gobierno con esta medida de conformar una Comisión de Diálogo para revisar sólo tres artículos de la Ley?   No se puede ignorar que los temas de impacto ambiental y los penales con relación a la policía son delicados y altamente peligrosos para la seguridad de la ciudadanía.   Cada uno de los aspectos tratados en esta ley no se consultó debidamente y es precisamente la falta de consulta lo que ha provocado esta crisis.

Ahora que se registra una gran cantidad de obreros heridos por perdigones, que pueden perder la visión, y una comunidad destruida por 11 días de disturbios, el Gobierno ha podido corroborar que se cometieron errores en la aprobación de la Ley 30.  En otras palabras, pusieron la carreta delante de los bueyes.   Las consecuencias están en los hospitales con sus heridos vendados, en los muertos que lloran sus deudos y en las pérdidas económicas para la provincia.

Si mientras en Bocas del Toro se vivía el caos y la anarquía, en la capital se sentía la persecución. Los dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles se vieron amenazados con órdenes de conducción y hasta arrestos. El catedrático Juan Jované buscó refugio e inició un ayuno en los predios de la rectoría de la Universidad de Panamá, ya que fue uno de los requeridos por una fiscalía. Horas más tarde, se revocaron las órdenes de conducción para los dirigentes.

¿Qué necesidad había de formar todo este alboroto?  No veo la más mínima lógica en requerir a una persona para alguna indagatoria legal para después eliminar el procedimiento.   Este tipo de intimidación sólo trae más desasosiego para el país.

Panamá vive un ambiente de tregua. Todavía permanece un dirigente sindical de Chiriquí detenido y esto puede acarrear nuevas situaciones dentro de las bases obreras.   Los obreros de las bananeras están esperando que se revise toda la ley, no sólo los artículos que los afectan en el aspecto laboral.   Ellos también van a ser afectados si un policía en funciones comete un homicidio y no se le suspende.   Tampoco van a dejar de sufrir ante la eventual relajación de las regulaciones ambientales.   Nadie escapa de estos y otros aspectos tan controversiales en la nueva ley.

Es imperativo que se respeten los derechos humanos en nuestro país. Pienso que esta es la génesis de todo el conflicto. Los derechos individuales y de grupo o sociedad se ven amenazados con leyes inconsultas y aberrantes como la Ley 30. El progreso no se debe desligar del respeto que todo ciudadano merece para la sana convivencia social.

Por otra parte, me llama la atención los niveles de violencia que puede alcanzar algún sector de nuestra sociedad. En esta ocasión fueron los obreros de las bananeras, pero quién sabe qué otro grupo se puede alzar violentamente la próxima vez. El pueblo panameño parece estar evolucionando de aquel que ondeaba pañuelos, se vestía de blanco y sonaba pailas.

Ya no es aquel pueblo que vivía bajo el terror de los militares y evitaba las confrontaciones. Es por esta razón que nuestros gobernantes no pueden dejar que el país caiga en la fosa de las inequidades sociales, la ruta más segura a una rebelión civil a gran escala.

¿Hasta cuándo será la tregua?   Si el Gobierno y el Órgano Legislativo continúan atacando los derechos ciudadanos, esta tregua se puede romper en cualquier momento.

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Este artículo se publicó el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

La tilde y el toldo II

La opinión de…

Guillermo Sánchez Borbón  –

La semana pasada comencé a analizar la Ley 30, esta es la última parte.   Adelante.   Pero antes volvamos sobre nuestros pasos. Me interesa mucho que te metas a machamartillo el artículo clave de este galimatías:  “Artículo 127. Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, por motivo del uso de la fuerza excesiva e injustificada, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso en sentencia ejecutoriada y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal competente”. Este proceso va a durar más de cinco años. Es decir, que para entonces Mulino estará jubilado litigando.

En mis tiempos esto se llamaba licencia para esterilizar.

“Mientras dure el proceso, el miembro será asignado únicamente a trabajos administrativos dentro de la Fuerza Pública [como, por ejemplo, romperle el alma a sospechosos de albergar pensamientos contrarrevolucionarios, o por dudar de la infalibilidad del líder máximo y de hasta del mínimo] fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo o custodia autorizada en tiempo libre”   [A los gorilas no se les atizará ni con el pétalo de una rosa, aunque a veces no falten las ganas de romperles el alma con un objeto más contundente].

O sea, que cada vez que se les vaya la mano y despachen a un cristiano al otro mundo, no lo meterían a la yaya –como lo harían con un despreciable civil–,   sino que lo pondrían a hacer trabajos administrativos, como, pongo por caso, confeccionar una lista de todos los civiles sospechosos de haber leído a hurtadillas las obras completas de san Francisco de Sales.   Para una persona normal esto sería un castigo insoportablemente cruel, pero no para un militar, cuya visión del cielo es un paraíso de eternos trabajos burocráticos y de infinitos arrestos,   con o sin el uso excesivo de fuerza.   Aunque todo militar que se respete prefiera romperle la cara, por precaución, a cualquier sospechoso de albergar sentimientos pacifistas o de amor al prójimo;   de un solo porrazo se le devolverá la cordura y su fe en la infalibilidad del Papa, digo, de los oficiales que hoy custodian la pureza del pensamiento revolucionario y la integridad de la fe en el líder máximo de la revolución.

Me pregunto quiénes asesorarán ahora a los gorilas, y si no convendría buscar –en otro país– una casita de campo para pasar los últimos años de mi vida, sin que me desvele el temor de que me rompan el alma por tener cara subversiva o albergar pensamientos contrarrevolucionarios o simplemente pensamientos que comienzan bien, pero nadie sabe cómo terminan.

A lo mejor les queda el vicio de pensar, poner en duda la infalibilidad del jefe o leer con espíritu crítico los discursos de Martinelli. Estas cosas se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. A lo mejor despiertan en las tropas sentimientos tan peligrosamente contrarrevolucionarios como el amor al prójimo o el amor a la patria.

Artículo 28. El artículo 128 de la Ley 18 de 1997 queda así: Artículo 128 [Me inquieta esta manía de duplicarlo todo. [¿Por qué saltar de 28 a 128? ¿O es que en la primaria me enseñaron mal las matemática, y de ahora en adelante deberé anteponerle un uno a cada número? La humilde aritmética no debe interponerse en el impetuoso camino de la aritmética revolucionaria. Y si llegara a interponerse, tiesa quedará.   El sumador, el sumado y todos sus parientes pobres].

“Sin embargo, el cumplimiento de penas impuestas por delitos culposos, así como por actos de servicio [como dejar frío a un prójimo con cara de contrarrevolucionario] se cumplirá dentro de las instalaciones policiales bajo la responsabilidad directa e inmediata del jefe de la sede”.   Santa y de las otras].

“Artículo 33. Se adiciona el artículo 23–A a la ley 41 de 1998, así:  Artículo 23–A.   Las actividades, obras o proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales que les sean aplicables, siempre que éstas hayan sido aprobadas por el Órgano Ejecutivo”.

El párrafo anterior es una obra maestra del más tosco cinismo.   Lo que hay en el fondo de ese galimatías es que tu gobierno ha resuelto conceder a una empresa el derecho a explotar el cobre de Panamá.   Ahora bien: no hay nada tan destructivo al medio ambiente como la explotación del cobre. Ellos se llevarán el cobre no sé para dónde, y nos dejarán a cambio no un erial,  sino una tierra tan fecunda como la luna.

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Este artículo se publicó el 9 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El efecto bumerán

La opinión de….

Mirla Maldonado

La cuenta regresiva o la hora cero en el calendario de las naciones está cerca, y en su agenda de prioridades una preocupación: afrontar el fin de la era del petróleo, la energía que aceleró la industria y el comercio a escala mundial en el siglo XX.

En realidad, nuestras actividades están mayormente rodeadas de energías fósiles, desde los alimentos, medicinas, vestidos, calzados, casa, edificios, escuelas, oficinas, campos, fábricas, hasta los vehículos usados como medio de transporte. En un tronar de dedos, cambiará nuestro modo de pensar, y en consecuencia de actuar.

El derrame del crudo en el golfo de México por el gigante del petróleo British Petroleum, con una pérdida de 100 mil barriles diarios –según cifra suministrada por el Gobierno de Estados Unidos– complica el asunto; mientras nuestros personajes de la política panameña parecen acabados de salir de un caleidoscopio y muestran una flagrante ineptitud para dirigir el país.

Los expertos aseguran que puede no ser más que el principio de un desastre ecológico de imprevisibles consecuencias para el planeta, porque el mayor ecosistema marino de Estados Unidos está en peligro.

En Panamá los grupos ecologistas advierten de la importancia de los estudios de impacto ambiental –ver Ley 30– porque conocen la dimensión de un problema que ha estado exento de la consulta hacia aquellos sectores directamente involucrados en el tema. La naturaleza no perdona cuando tiene que cobrarse el daño que recibió.   Y de eso, países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, tienen harta experiencia.   Jamás permitamos que la estupidez de los bárbaros acabe con el pulmón de la ciudad de Panamá:   el Parque Natural Metropolitano.

Un comunicador responsable debe señalar la posibilidad futura, aunque el calígula del patio –emperador romano famoso por su crueldad– nos haya inyectado con los espejuelos de la modernización. ¡Dum, Dum! Parada… llegamos a la estación de un Metro que contamina.

¿Está cuidando nuestra casa, Sr. Presidente? ¿Su casa o su máquina tragamonedas? ¿Cuáles son las políticas climáticas del gobierno? ¿Qué medidas se están tomando a lo interno, para afrontar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que causan el calentamiento y/o repercusiones del cambio de energías renovables en la cadena alimenticia?

En estos tiempos de vorágine, es complicado enviar un cohete a la Luna, requiere de matemáticas, hardware y software desarrollados por expertos, pero qué simple debe ser respetar los derechos humanos, no sea que después tenga que contratar un especialista de la NASA para resolver un problema que requería de un cambio de actitud.

El escenario de acontecimientos no puede verse como si se tratara del mágico mundo de Harry Potter. Las sociedades tecnológicas se encuentran en el marco de una ecología industrial. Es sumamente difícil romper los nudos de la red sin que repercuta en todo lo demás.

En el tablero del ajedrez nacional, el rey está caracterizado por el mazo, rompe con las reglas del juego, y el riesgo de un bumerán será estrepitoso para el país. Una cosa fue la copia al carbón de la Cosa Nostra–PRD, y otra la aplanadora parlamentaria de un partido personalista–CD, sin una estructura orgánica y con un aliado –Partido Panameñista– que está más preocupado por la tarta de frutas –elecciones 2014– que por los problemas del país. Cuidado y nos invade la ola verde o el fenómeno Mockus de Colombia, como una propuesta de partidos verdes ecologistas que se forman en la región.

Mientras estos personeros de la política panameña se reparten el pastel, la demanda del oro negro ha aumentado en las últimas décadas, y la producción del crudo ha disminuido, en un proceso que según conocedores es irreversible. ¿Qué relación hay entre ecología y petróleo? ¿Será progresivo el cambio a energías limpias? ¿Cómo afectará la salud de la población? ¿Cuáles son los factores de la producción que resultan en detonante de esta implosión? ¿Cómo impactará en la economía del país? ¿Por qué si se conocen otras fuentes de energía, como la eólica, la solar o la hidráulica, no se comienzan a implementar con la urgencia que requiere el momento?

Estas son las preocupaciones de una desconocedora de las leyes que rigen el medio ambiente. ¿Serán estas las preocupaciones de la biempensante clase política panameña?

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Este artículo se publico el 3 de julio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El interés social de los estudios de impacto ambiental

La opinión de….

Rafael Negret 

Ya en el año de 1860, el Gobierno de Estados Unidos de América consideró que el territorio usurpado a sangre y fuego a los indígenas Miwok –Yosemite, en la Sierra Nevada de California– debería declararse área protegida, considerando el “interés social” en función a sus bellezas escénicas.

Con el concepto de preservación se inició el proceso de incorporación de la variable ambiental en las políticas nacionales.  Continuó perfeccionando estrategias con las de conservación, desarrollo rural integrado, planes de manejo, ecodesarrollo y actualmente el desarrollo sostenible, como propuesta política de un nuevo paradigma para las relaciones sociedad–naturaleza, del cual los estudios de impacto ambiental son instrumentos de planificación.

A partir de la década de 1960, publicaciones como Primavera Silenciosa, Los Límites del Crecimiento, Civilización y Pecado, la teoría de Gaia, así como las propuestas de los ideólogos del Partido Verde francés, Daniel Cohn Bendit, Michel Bosquet, Jean Pierre Dupuy y muchos otros pensadores e investigadores, demostraron con creces que la polémica sobre ecología contra desarrollo no tiene asidero porque niega los valores económicos, políticos, ambientales y sociales del mundo natural en que nacemos, crecemos, nos alimentamos y vivimos.

Es que el simbolismo de la cigüeña trayendo el bebé en el pico es una bella metáfora que evoca nuestras aspiraciones celestiales, pero los elementos fundamentales de la vida, como el agua, el suelo y el aire, los aporta el “paraíso terrenal”…

Si algo positivo quedó entre las decepciones y fracasos de la conferencia sobre cambio climático en Copenhague–2009, es que el tema de los servicios ambientales como mecanismo de valorar económicamente los bienes naturales, incluyendo el negocio de los bonos de carbono, los pagos por el agua, la valoración de los bosques nativos y la biodiversidad son claves para el desarrollo y que la estrategia correcta consiste en incorporarlos en las políticas nacionales.

Los estudios de impacto ambiental hacen parte del proceso y tienen como objetivo esencial cumplir las obligaciones del Estado y proteger los derechos de la sociedad; derechos a respirar un aire puro, disfrutar de la belleza, misterios y milagros de la naturaleza; bañarse en playas sin contaminantes, alimentarse y beber agua saludable.

Por esto, los estudios de impacto ambiental tienen profundas implicaciones sociales al considerar los valores éticos, que son exclusivos de la razón humana y determinan preceptos que definen los límites entre el bien y el mal.

Los organismos internacionales que analizan el desarrollo de los países latinoamericanos han diagnosticado siempre que las causas del atraso y la insustentabilidad del proceso de América Latina se fundamenta en la pobreza, la ignorancia, la injusticia, la debilidad legal e institucional, la ausencia de políticas claras, la falta de planificación, ocasionando además la destrucción de los recursos naturales, que paradójicamente es la gran ventaja comparativa de nuestro continente.

Las crisis ambiental y financiera que azotan a nuestra civilización contemporánea son simplemente indicadores de la pérdida de valores éticos y morales;  de la destrucción del capital natural, ignorando con desidia que su fragilidad es nuestra.

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Este artículo se publico el 29 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.