Prevención y represión es igual a seguridad pública

La opinión de…..

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Javier Chérigo Hurtado

Aunque no me gusta el término guerra, ustedes como yo entendimos que el presidente, Ricardo Martinelli, al adelantar a los medios de comunicación que “viene una guerra agresiva en contra de la inseguridad” se refirió a que no se tolerará el delito en ninguna de sus facetas.

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, resumió correctamente, en un programa de televisión, los componentes del plan, que a su vez afina el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, simple y llanamente les denominan como técnicamente establece la ley: prevención y represión, lo que debidamente implementado en conclusión es igual a seguridad pública.

Más allá de aceptar que la inseguridad es un tema en el que “hemos flaqueado”, está el enfoque sobre el cual el Gobierno vislumbra que cumplirá su compromiso de resolverlo, y comparto que es un asunto que se agravó en la pasada administración con la fallida integralidad y la improvisación, fueron cinco años de retroceso que dejaron graves secuelas.

Aunque no hay soluciones absolutas, lo que podemos percibir y esperamos todos es que el Ejecutivo apunte hacia la consolidación de al menos una política criminal definida que, a corto plazo, frene la ola de violencia y, a mediano y largo plazos, sirva de referente desde hoy y hacia el futuro de un modelo efectivo de políticas y estrategias que prevengan los delitos y persigan a los que desobedezcan la ley.

Comparto la afirmación del Presidente en el sentido de que las raíces del problema son más profundas que simplemente esperar a que “la construcción de escuelas, vados o carreteras cambie la criminalidad de la noche a la mañana”, ya que he expresado en opiniones anteriores que un criminal no delinquiría si existiera un 100% de certeza de que lo van a descubrir. Es decir que, bajo circunstancias especiales, un joven o un adulto de la posición social que sea, incluso, hasta la persona más honrada, estaría dispuesto a cometer un acto criminal si las posibilidades de no ser descubierto fueran tan elevadas.

Los tipos penales son previstos legalmente para quienes violentan la convivencia pacífica, sean nacionales o extranjeros, por lo que debemos apoyar el esfuerzo para efectivamente limitar las actuaciones de quienes pretenden visitarnos en calidad de transeúntes o residentes en nuestro país, por lo tanto, para influir significativamente en la neutralización y disminución de la criminalidad, es decir, prevenirla y perseguirla para reprimirla, requerimos darle a nuestros policías e investigadores las facultades constitucionales y legales adecuadas para retomar la autoridad.

Entonces, en cuanto a la certeza de “que la génesis de este flagelo se debe a que en el país las leyes no acompañan a los policías…”, agregaría que tampoco acompañan a los agentes de aduanas, de migración, a los bomberos y a otros.

Finalmente, la participación ciudadana es fundamental, por lo tanto, el reconocimiento a reforzar nuestra democracia y la libertad de expresión, confiamos, es un paso importante para dar inicio a la reconstrucción del complemento social denominado seguridad pública.

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Este artículo se publicó el  7  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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¿Política criminal frente a derechos ciudadanos?

La opinión del Abogado y Ex Sub Director de la PTJ……

Javier Chérigo Hurtado

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Es concebible que las autoridades pasadas, actuales y las futuras realizaran ingentes esfuerzos por cumplir y hacer cumplir esta garantía.

El escollo aparecerá mientras no intentemos una política criminal consensuada; y si repasamos los últimos 20 años encontraremos condensados apenas ciertos lineamientos programáticos, esbozados en planes de gobierno propuestos a lo largo de las campañas políticas.

La mayoría de las veces subsisten aplicadas unas pocas medidas que por mal aprendidas son improvisadas (ensayo y error) como la mano dura, amiga e integral, carentes del diagnóstico de problemas propios (no los ajenos) y necesidades prioritarias que sustenten la adopción de estrategias que justifiquen cada recurso invertido.

La criminalidad es una deficiencia social que obviamente exigirá atención global por el origen multifactorial de sus causas, pero el detrimento para obtener soluciones a corto, mediano y largo plazo está en la carencia de metas y objetivos precisos como de recursos económicos y personal capacitado para desarrollar proyectos ejecutables e innovadores aplicables al directo tratamiento de las conductas antisociales.

Al adoptar nuestra política criminal pudiéramos analizar ¿cómo la concentración demográfica en ciertas provincias y comunidades produce la ineficiencia del servicio público de seguridad?, lo que a su vez nos permitiría orientar la toma de decisiones hacia aspectos que influirán menor o mayormente en el desarrollo de políticas estatales de empleo, vivienda, educación y por ende seguridad.

La única política criminal aplicada hasta hoy ha sido la improvisación o la imposición de esquemas ajenos a nuestra realidad fáctica.

Evaluemos un listado de aspectos que tratar, inherentes a una política criminal duradera y efectiva: reforma Constitucional; corrupción en los organismos de seguridad y el resto de las entidades públicas; el sistema judicial; despenalización frente a penas moderadas, perpetuas o inclusive la pena de muerte; las garantías individuales frente a las herramientas legales para recabar información de inteligencia pública y privada de nacionales y extranjeros; policía preventiva separada de la investigativa; castigo o resocialización; restricción de las armas de fuego; participación ciudadana y otros.

¿Será momento de negociar los ciudadanos con el Estado cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestras libertades y por cuánto tiempo para obtener a cambio seguridad y desarrollo?

Los panameños como los extranjeros residentes y transeúntes no exigimos jueces inquisitivos o garantistas, policías vestidos de verde o azul, meter presos a niños o solo a adultos, despenalización o nuevos tipos penales, solamente, exigimos vivir en paz y en libertad, con la garantía de que el Estado nos brinda esa seguridad, entonces ¿bastará ponernos de acuerdo para cambiar?

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Artículo publicado el 18 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los cambios al sistema

La opinión del Abogado…..

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Javier Chérigo Hurtado

Desde 1990 experimentamos cambios significativos en nuestra seguridad pública: negativos y positivos.

Algunas reformas legales fueron insuficientes e inapropiadas y aún lo son; se crearon nuevas estructuras organizacionales, de funcionamiento y administración; infraestructuras; equipos; novedosas técnicas de reclutamiento, selección y capacitación.

La política criminal y las estrategias siguen siendo desacertadas, no porque se nos ocurre decirlo, sino por los niveles de inseguridad.

Algunos extranjeros opinan que exageramos al quejarnos, pero nuestro país es pequeño en territorio y en densidad de población y el crimen se percibe próximo, pues, generalmente el asesinado, asaltado, secuestrado, estafado o viceversa, el homicida, el ladrón, secuestrador o estafador puede resultarnos familiar o conocido: ¡Pueblo chico, infierno grande!

Luego de 20 años no consensuamos una política criminal con visión de futuro, no observamos iniciativas propias e innovadoras para disminuir la inseguridad y perseguir la corrupción dentro de los propios organismos, lo cual es responsabilidad de quienes dirigen las instituciones, por el contrario, persisten en estrategias intrascendentes frente a una criminalidad persistente.

Muchas fallas en la gestión gubernamental se deben a la falta de asesoramiento calificado oportuno o pertinente: ¿Cuántos homicidios debemos presenciar antes de corregir el error de haber separado a los especialistas investigadores, de los técnicos de escenas y de los laboratoristas forenses? Crímenes violentos como el homicidio requieren de técnicas y procedimientos de investigación para ubicar, levantar, documentar y analizar las evidencias y a las personas, de manera que se requiere una comunicación directa entre estos actores.

En cuanto al Ministerio Público, recuerdo que los fiscales no acuden ni tienen por qué acudir a la escena del delito, eso es función de los investigadores y los técnicos. Quiero añadir que los militares no confundieron las funciones del DENI con las de Panamá Policía, entonces, si existen diagnósticos sobre administración de justicia que recomendaron colocar a los investigadores, técnicos y laboratorios forenses de la PTJ bajo el Ministerio de Gobierno y Justicia, opino que vale la pena intentarlo con el nuevo ministerio.

Los organismos de seguridad tienen problemas organizacionales, administrativos y presupuestarios muy diferentes. En lo que a seguridad compete Aduanas refleja un desarrollo adecuado de sus políticas y la efectividad de sus estrategias, gracias a su autonomía, mientras que el resto de los organismos de seguridad parecen atascados en la burocracia, desarrollando la misma mecánica en los operativos, sin evolucionar en cuanto a la aplicación de estrategias de inteligencia e información científica para definir los temas más sensitivos y diferenciar los niveles de sensitividad que permitan conocer en base a la naturaleza de los crímenes, cuáles maniobras aplicar, considerando los costos sociales y financieros.

La creación del cargo de viceministro de Seguridad Pública no reportó beneficios positivos o negativos. Es muy probable que la burocratización de sus funciones fuera la causa. En consecuencia, la idea de un Ministerio de Seguridad debe conllevar que el ministro y sus colaboradores planifiquen ¿cómo y quiénes abordarán las tareas organizacionales, estructurales, administrativas y logísticas? Como oficinas donde ubicarse, contrataciones para adquirir mobiliario, equipo de oficina, vehículos, seleccionar personal, revisar la correspondencia que recibirán de los organismos de seguridad.

Finalmente, liderar una política que desde el primer día evite estancarlos en la burocracia, y concentrar un equipo de asesores que cumpla el objetivo primordial.

Los resultados podrán verse de inmediato si adoptan estrategias para someter los asuntos técnicos de seguridad a un reducido equipo que se ponga las pilas y coadyuve con las instituciones de seguridad pública, eliminando trabas puramente administrativas, desarrollando aplicaciones de uso policial para analizar e interpretar las fuentes de información y que refuercen la creación de una base de datos sobre hechos y personas vinculadas, por barrio, corregimiento y distrito, sometiendo cada asunto a la planificación estratégica nacional, entendiendo que la estadística criminal, penitenciaria y judicial, el uso de tecnología como la más reciente aplicada a los agentes de tránsito, el acceso a toda fuente de información pública o particular, son herramientas fundamentales para la prevención y persecución del delito.

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Artículo publicado  el 18 de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo  que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los sí y los no en materia de seguridad

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La opinión del Abogado y Ex Sub Director de la PTJ…..

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Javier Chérigo Hurtado
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No intento erigirme en profeta del caos ni de la calamidad, pero denominémosle pecado, falta, delito común, pandillerismo, crimen organizado, terrorismo, como queramos, tiene que ver con seres humanos. Aceptando nuestra naturaleza, debemos orientar la seguridad hacia el desarrollo de modelos, métodos, sistemas, procedimientos y protocolos que disminuyan el riesgo de convertirnos en víctimas; además de prevenir, desanimar, persuadir e investigar y descubrir a los que, al margen de la ley, cometen hechos criminales, enviándoles el mensaje de que el crimen paga, pero con la privación de sus derechos fundamentales, por lo que serán aprehendidos antes o después de cometerlos.

Los especialistas asocian la criminalidad con variadas causas, prefiriendo catalogarla como de índole social, relacionándola con la pobreza o la falta de educación. No debemos sentarnos a esperar una revolución social que garantice al ciento por ciento una redistribución equitativa de las riquezas y niveles de estudios universitarios a la población, pensando que súbitamente desaparecerán los delitos.

La experiencia me enseñó que la criminalidad, fundamentalmente, se trata de una “precondición” que alienta a las personas a ejecutar cualquier acción criminal, sin que esta disposición la motive la pobreza o la falta de escolaridad; por el contrario, en cualquier nivel social la estimularía la certeza que se tiene de lograr el cometido sin ser atrapado, en especial si la recompensa es dinero.   Se arriesgan a pesar de la posibilidad de que pueden ser detenidos, aun así lo asimilan muy bien.  El punto en que nos aventajan los delincuentes es que analizan los errores de las autoridades; por ello, la ciudadanía no percibe avances en materia de seguridad pública, ya que intuye que no se trata de disminución en los índices de delitos cometidos, ni siquiera de treguas, sino que los criminales evalúan la situación.

Los transgresores, al estudiar las fallas en la estrategia de los organismos de seguridad, replantean su modus operandi, asumen riesgos y reemprenden sus actos ilícitos.   Los efectos negativos son que la comunidad estimará como inútiles los esfuerzos y sopesará la posible ausencia de liderazgo y creatividad.   La política criminal y los planes de seguridad pública, para que sean eficientes, deben ser constantemente modificados sin que ello implique reformas burocráticas.

Quizás un error sostenido es la manera en que asimilamos la experiencia y la ayuda externa, estas deben permitirnos entender:   ¿Qué llevó a nuestros socios internacionales a modificar sus políticas y estrategias?   ¿Cómo dieron forma a su modelo de seguridad pública vigente?   ¿Cuánto tiempo les tomó lograrlo? ¿Cuáles fueron las causas, limitaciones y los compromisos? ¿Quiénes intervinieron? ¿Por qué funcionó esta táctica o no? ¿Dónde pusieron mayor énfasis?    Previamente, debemos reflexionar sobre nuestra coyuntura para interpretar y aprovechar las similitudes, no copiarlo sin discernir lo útil y factible de lo ideal.

He observado similitudes en materia de seguridad pública entre la administración anterior y la actual y, aunque bien intencionadas, quizás están aplicadas en condiciones inapropiadas.   Por ejemplo, la forma en que se efectúan las tácticas de persuasión, sin programas que promuevan educación ciudadana y de los agentes del orden; así, aquellas no funcionarán adecuadamente en la prevención o persecución de los delitos.

Se invirtieron millones de dólares en un sistema de videovigilancia,  han comprado vehículos, equipos y armas, todo esto puede observarse en las esquinas de las calles más transitadas; lo mismo ocurre con los vehículos policiales estacionados a la vista, con sus luces encendidas y dos policías desaprovechados, como si se trataran de modelos y avisos móviles publicitarios, que nos invitan a percibir que la simple presencia policial persuadirá a los delincuentes de no cometer actos criminales, aun cuando sabemos que variaron su modalidad y efectúan asaltos y homicidios en motos, huyendo con facilidad a pocos metros de una cámara o puesto de vigilancia.

Para mitigar la impunidad, debemos retornar la autonomía en la investigación de delitos, distinguiéndola por su especialidad de la prevención policial,  no ignorando que la fusión de ambas incidió en el aumento de la criminalidad; debemos promover el servicio público comprometido, no defender las malas acciones ni esconderlas; debemos seleccionar y capacitar al funcionario, no desechar a quienes tienen más experiencia; debemos intervenir y cooperar en esfuerzos internacionales, no menospreciar nuestro liderazgo, creatividad y experiencia; debemos derogar o modificar las normas constitucionales y legales, si es que realmente no compatibilizan con políticas criminales y modelos de seguridad pública progresistas, no debemos dejar de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley so pretexto de ser obsoletas; debemos asimilar que la criminalidad es una condición propia del humano y no debemos tolerarla; debemos desarrollar programas con 20 o más años de compromiso perdurable, bajo los principios de liderazgo, creatividad y constancia, y no hacer esfuerzos inútiles, quizás mal aprendidos, que no favorecen la prevención del delito ni disminuyen la impunidad.

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Publicado el  10 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El enemigo es la corrupción

La opinión del Abogado……

Javier Chérigo Hurtado


El enemigo es la corrupción

Muchos se preguntan: ¿ganarán o no la sociedad y las autoridades los esfuerzos por disminuir el crimen organizado y la delincuencia común?

No importa cómo se plantee esta pregunta, no queda duda de que se hacen esfuerzos para llegar a esa meta; aunque estamos cansados (sociedad), no veamos el final y no tengamos el consuelo de que los antisociales estén tan cansados como nosotros. ¿La verdad?, no lo están.

Es falso pensar que con cambiantes estrategias, planificaciones y operaciones tan largas, se pueda desgastar al crimen organizado y a la delincuencia común. Está probado que se vuelven más fuertes, se complementan y se adaptan a las circunstancias, mientras las autoridades tienen que lidiar con la opinión pública para intentar acabar con todo esto de una forma radical.

Pese a que aumentó la intensidad de las operaciones en Panamá y en los países directamente afectados por la siembra de coca, cannabis, amapola, etc. e infectados de intermediarios y consumidores, no se percibe el progreso definitivo, a contrario sensu los resultados presentan una aglomeración de organismos desgastados que buscan renovarse, que redefinen o ensayan posibles fórmulas, estrategias, planes y operaciones que parecen requerir de cambios constantes como de multimillonarios presupuestos para prevalecer.

El crimen organizado analizó estas fallas y se dio cuenta hace muchas décadas de que tiene ventaja en el futuro, es adaptable al igual que agresivo y se complementa con el delincuente común. Nuestras autoridades deben valorar, primero, la aplicación de estrategias enfocadas a nuestra realidad criminológica para luego de entender lo que nos sucede con la delincuencia común, visualizar el vínculo con el crimen organizado y cooperar hacia afuera, y así explicarlo y sustentarlo a nuestros socios internacionales.

El problema es que nuestras autoridades no saben, por momentos, cuáles son las acciones correctas hacia una u otra modalidad y, por compromisos bien intencionados, aplicamos estrategias inadecuadas, muchas veces contaminadas por enfoques ajenos a nuestra realidad y nos desgastamos. De seguir cometiendo estos errores, empujarán nuestra suerte al punto en que si por un minuto dejamos de dar cuartel al crimen organizado, la sociedad que conocemos estará sentenciada y cambiará completamente.

No comparto las redefiniciones institucionales implementadas en los organismos de seguridad, ya que al separar a unos y unificar a otros, aumentaron los riesgos de debilitar cualquier estrategia. Primero, resquebrajaron el esquema de patrullaje policial en las áreas más pobladas y segundo, el crimen organizado tiene ahora mayor oportunidad de penetrar, obtener información, protección y ventaja sobre un único perseguidor; por el contrario, antes eran varios y con liderazgos separados.

En mi opinión, el Servicio Nacional de Fronteras debilitó a la Policía Nacional, ya que hoy tenemos un nuevo organismo de seguridad permanente para hacer patrullajes fronterizos esporádicos y para proteger áreas con escasa población, mientras que en las ciudades se suceden crímenes a diario.   La unificación de los servicios aéreo y marítimo requiere crear, adicionalmente y con autonomía, un organizado servicio de Policía Anticrimen y asignarle exclusivamente las áreas de narcotráfico y terrorismo, sin que ello limite a las autoridades del Ministerio Público, judiciales o políticas a incorporar a los otros servicios cuando las circunstancias lo ameriten; es vital la coordinación y enfrentar la corrupción. Con recursos propios o ayuda internacional, deben equiparse con medios de transporte y herramientas técnicamente recomendadas para operaciones en bloque, de apoyo coordinado aéreo, marítimo y terrestre.

Se debe seleccionar y reclutar a personal joven al mando de algunos pocos oficiales experimentados de los distintos servicios policiales existentes, dando sentido a un nuevo servicio de policía especializado que sí sería una estrategia adecuada y constitucional.

El esquema adoptado desde 1991 era el correcto, como se establece en la Constitución, la PTJ debió evolucionar hacia un organismo de investigación científico más autónomo y la Policía Nacional hacia un eficiente cuerpo, con individuos dispuestos a atender los problemas más básicos y fundamentales de los ciudadanos, sin esperar instrucciones del superior jerárquico inmediato; adiestrándose en los conocimientos y capacitándose de procedimientos para que uno o dos agentes resuelvan cada jornada de manera efectiva.

Las diferencias entre la PTJ y la Policía Nacional no son solo salariales, sino de funciones, conocimientos, equipamiento y ámbitos legales. Si bien podemos perseguir los delitos a través de una prevención proactiva, no es menos cierto que la impunidad solo se evitará si demostramos que nadie puede escapar de castigo por su conducta antisocial.

Es así como mejor puede definirse la misión, visión y objetivos de ambos roles institucionales.

El crimen organizado y la delincuencia común conocen a su perseguidor, saben que no es sofisticado y que tiene limitaciones de ley, y aun así, estos delincuentes se dan cuenta de su propia realidad y reconocen que tarde o temprano serán un blanco fácil de las autoridades y de la sociedad que los rechaza y es, entonces, que reutilizan su mejor herramienta y arma letal: la corrupción.

La estrategia debe ir dirigida a que ningún particular, nacional o extranjero y ningún servidor público escape de una investigación cuando cometa delitos, abuse de su autoridad o se extralimite en sus funciones.

Así enviaremos el mensaje correcto a la sociedad, pues estamos comprometidos en lograr un cambio cultural y de responsabilidad profesional; de otra manera, la corrupción continuará deteriorando los esfuerzos para eliminar el crimen organizado y la delincuencia común.

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Publicado el 21 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Se necesita especialistas en investigación criminal

Se necesita especialistas en investigación criminal

Javier Chérigo Hurtado

El concepto de seguridad integral impuesto por el Ejecutivo saliente, es idea del mexicano Genaro García Luna, según la cual el policía que previene debe investigar y viceversa. Opino que es un concepto inadecuado para nuestra realidad social y cultural. Esta reestructuración o redefinición por compromiso, incluso, es peligrosa en nuestro caso.

Déjenme explicar por qué. Primero, la corrupción en casos como el secuestro del empresario Padrón o el de los jóvenes muertos en una embarcación, en los que participaron miembros de la Policía Nacional genera desconfianza en la comunidad, inclusive, en los particulares y entidades extranjeras.

Antes teníamos a la Policía Técnica Judicial (PTJ), cuyos miembros eran independientes y podíamos acudir a ellos. Ahora no se confía en los encargados de investigar; nadie quiere cooperar, especialmente, si la escena del delito es alterada y contaminada por ignorancia de los procedimientos o dañada a propósito. El efecto negativo es la falta de colaboración ciudadana.

Lo segundo, la mal aplicada disciplina. Sencillo, no se requiere disciplina para realizar la labor policial, para ello se requiere disposición, voluntad, respeto, honor, dignidad y manuales de procedimientos definidos acerca del desempeño y funciones de cada policía, en razón de su posición dentro de la organización.

Los rangos y el escalafón no deben interpretarse negativamente. Ningún policía debe existir para obedecer a superiores jerárquicos, ni a políticos o a lemas como “Dios y Patria”, sino para cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley en beneficio de la comunidad. La disciplina es para los que no cumplan el compromiso, ya que al igual que al resto de la sociedad, la certeza de castigo recae en quienes violentan las reglas y no al contrario.

La reestructuración agrava el errado concepto de un sistema que privilegia como méritos policiales la simple antigüedad y rango sin tomar en cuenta el desarrollo profesional por los conocimientos adquiridos y aplicados de un policía preparado y garante de los derechos ciudadanos.

Cualquiera haya sido, fue mala la justificación para eliminar una organización como la PTJ (antiguo DENI) que rompió la mediocridad, superando la ignorancia, cambiándola por educación, preparación y conocimientos; fue incorrecto destruir la única institución de seguridad pública que evolucionó adecuadamente en su rol o función desde 1991.

La reciente incertidumbre de los funcionarios de la PTJ provocó renuncias masivas, desmotivación y bajo rendimiento, y aunque con buena intención, los nuevos integrantes, todos policías de prevención, a duras penas intentan empaparse en la especialización de técnicas de investigación, lo que se traduce en esfuerzo inútil e investigaciones deficientes. Pretender homologar rangos de detective e inspector hacia los de policía de prevención no solo es desfavorable económicamente para los bien preparados hombres y mujeres de la PTJ, sino que desvalora la especialización en investigación criminal.

Resumo, la homologación de rangos se aprobó mediante Orden General del Día No. 18 del jueves 29 de enero de 2009, y en concordancia con las resoluciones No. 093 R-49 de 31 de mazo de 2008, donde se aprobó el reglamento interno de la DIJ, y No. 297 R-147 de 7 de julio de 2008, mediante la cual se modifican dos artículos, “…para efectos de evitar generar consecuencias negativas en el presupuesto de la Policía Nacional y en la moral colectiva de sus miembros”. Justificando la modificación de los artículos 51 y 54 de la resolución 093 R-49 indicada; veamos un extracto: “Los funcionarios que sean homologados en el rango equivalente de la carrera policial, pero devenguen un salario superior al que le corresponde en la Policía Nacional para el rango recibido, cuando le corresponda su siguiente promoción de rango la unidad mantendrá el mismo salario hasta que ascienda a un rango en el que se equipare su salario con los de sus homólogos de la Policía Nacional…”.

Definitivamente, no debe afectarse la moral colectiva de los policías de prevención, pero ¿cómo justificar que sí se pudo lesionar la moral y el derecho de los verdaderos especialistas en investigación criminal?

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Publicado el 20 de junio de 2009 en el diario La Prensa, a quienes damos todo el credito que le corresponde.