La opinión de…..
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Javier Chérigo Hurtado
Aunque no me gusta el término guerra, ustedes como yo entendimos que el presidente, Ricardo Martinelli, al adelantar a los medios de comunicación que “viene una guerra agresiva en contra de la inseguridad” se refirió a que no se tolerará el delito en ninguna de sus facetas.
El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, resumió correctamente, en un programa de televisión, los componentes del plan, que a su vez afina el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, simple y llanamente les denominan como técnicamente establece la ley: prevención y represión, lo que debidamente implementado en conclusión es igual a seguridad pública.
Más allá de aceptar que la inseguridad es un tema en el que “hemos flaqueado”, está el enfoque sobre el cual el Gobierno vislumbra que cumplirá su compromiso de resolverlo, y comparto que es un asunto que se agravó en la pasada administración con la fallida integralidad y la improvisación, fueron cinco años de retroceso que dejaron graves secuelas.
Aunque no hay soluciones absolutas, lo que podemos percibir y esperamos todos es que el Ejecutivo apunte hacia la consolidación de al menos una política criminal definida que, a corto plazo, frene la ola de violencia y, a mediano y largo plazos, sirva de referente desde hoy y hacia el futuro de un modelo efectivo de políticas y estrategias que prevengan los delitos y persigan a los que desobedezcan la ley.
Comparto la afirmación del Presidente en el sentido de que las raíces del problema son más profundas que simplemente esperar a que “la construcción de escuelas, vados o carreteras cambie la criminalidad de la noche a la mañana”, ya que he expresado en opiniones anteriores que un criminal no delinquiría si existiera un 100% de certeza de que lo van a descubrir. Es decir que, bajo circunstancias especiales, un joven o un adulto de la posición social que sea, incluso, hasta la persona más honrada, estaría dispuesto a cometer un acto criminal si las posibilidades de no ser descubierto fueran tan elevadas.
Los tipos penales son previstos legalmente para quienes violentan la convivencia pacífica, sean nacionales o extranjeros, por lo que debemos apoyar el esfuerzo para efectivamente limitar las actuaciones de quienes pretenden visitarnos en calidad de transeúntes o residentes en nuestro país, por lo tanto, para influir significativamente en la neutralización y disminución de la criminalidad, es decir, prevenirla y perseguirla para reprimirla, requerimos darle a nuestros policías e investigadores las facultades constitucionales y legales adecuadas para retomar la autoridad.
Entonces, en cuanto a la certeza de “que la génesis de este flagelo se debe a que en el país las leyes no acompañan a los policías…”, agregaría que tampoco acompañan a los agentes de aduanas, de migración, a los bomberos y a otros.
Finalmente, la participación ciudadana es fundamental, por lo tanto, el reconocimiento a reforzar nuestra democracia y la libertad de expresión, confiamos, es un paso importante para dar inicio a la reconstrucción del complemento social denominado seguridad pública.
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Este artículo se publicó el 7 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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