Crecimiento económico y ¿beneficio social?

La opinión de la Economista, Educadora, Humanista…

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Hace varios quinquenios viene hablándose del crecimiento sostenido de la economía panameña. Situación que trajo consigo el arribo de inversiones extranjeras y especulaciones varias.

Con este flujo de capitales, también se incrementa la migración foránea, en busca de esparcimiento, diversión;  y de millonarios o de jubilados que informados de las bondades que ofrece nuestro país para disfrutar de una vida pacífica y con un costo relativamente bajo, con relación a sus recursos o altas pensiones de retiro laboral, se interesan en residir en nuestro país.

De igual forma, llega un considerable grupo de personas en edad productiva, en busca de nuevas oportunidades de empleo y mejor calidad de vida.

Otros aspectos importantes, en el crecimiento económico son: la ampliación del Canal, el desarrollo de las finanzas, comunicación y logística, áreas consideradas como estratégicas de la actividad económica, para asegurar generación de empleos y mayor contribución al tesoro público, mediante la carga impositiva.

De hecho, si el escenario planteado es alentador, también trae sus fallas. Es evidente el encarecimiento en el costo de vida del nacional, que no puede competir con el alto poder adquisitivo de los extranjeros residentes, influyendo con sus demandas por bienes y servicios en los precios del mercado, en detrimento de los nacionales. Ello aunado a la mala distribución de la riqueza afecta el escuálido bolsillo del panameño.

La canasta básica de alimentos se viene incrementado, producto de la fluctuación del petróleo y la especulación comercial, aún cuando el gobierno continúa con las conocidas ferias libres del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Toda esta movilidad de capital humano y financiero, trae consigo innovaciones en todas las áreas del cotidiano vivir. Surge la necesidad imperante de modernizar las urbes. Tal es el caso de la ciudad capital, donde se observa la necesidad de nuevas vías y la ampliación de las ya existentes; así como el completo abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental.

Otro punto sensible, es el referido a los niveles de seguridad pública, el cual ha resultado el talón de Aquiles en las diversas gestiones gubernamentales de las últimas décadas.

De esta situación no escapa la actual administración. Y es que el crecimiento económico también trajo consigo el aumento de la delincuencia común y la entrada de organizaciones criminales. Los carteles del narcotráfico colombiano y mexicano, entre otros, que introducen nuevas modalidades delincuenciales como el sicariato; pero además fomentan las pandillas y cierto nivel de corrupción gubernamental; creando un ambiente de incertidumbre y desasosiego en la población.

Es inminente que tanto la actual administración gubernamental, como las que vengan deberán dejar de lado intereses y diferencias personales o partidistas, para establecer, responsablemente con seriedad y objetividad, políticas de Estado coherentes en materia de desarrollo social, urbanístico, administración de justicia (criminología y resocialización), que respondan a las necesidades de un desarrollo humano y económico con equidad, que asegure dignidad y calidad de vida a todos los habitantes.

 

Este artículo se publicó el 9 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Salud y seguridad públicas

 

La opinión de…

 

Javier Comellys

Dentro de las necesidades básicas a que aspira todo ser humano, según la tesis formulada por el psicólogo humanista norteamericano Abraham Maslow en su escala piramidal, están las necesidades de mantener la salud fisiológica y mental, como la seguridad personal y de protección.

Estas son el principio de una serie de necesidades vitales tanto del individuo como de la población. Sin la satisfacción de estas necesidades, la salud dejaría de ser el estado completo de bienestar físico, mental y social o, lo que es lo mismo, la ausencia de enfermedad.

El concepto abarca el nivel de funcionamiento del organismo o el buen estado biopsicosocial, condiciones indispensables que le permiten a los seres humanos una mejor percepción del mundo y su entorno a discriminar en el momento oportuno lo bueno de lo malo, a conocer las causas y la solución de sus problemas, a identificar el significado de las cosas, sus fines, sus metas y objetivos. Un gobierno, como una sociedad sin rumbo ni metas, sin una visión y una misión, es como un barco a la deriva.

Para que los seres humanos aspiren a estas necesidades se requiere que la población y que cada persona pueda estar tranquila, moverse para cualquier lugar, caminar, sin temor a que un ataque certero de un delincuente le quite la vida.

El Estado es el garante de la la seguridad pública, y que esta se lleve a cabo con eficacia, eficiencia y calidad. No solo tiene como función la de evitar las alteraciones del orden público, y la represión del crimen y el robo, sino también salvaguardar la integridad física y de bienes de los ciudadanos, el régimen de seguridad jurídica, y el respeto a los derechos humanos.

De la salud y la seguridad pública depende, que cada ciudadano viva en armonía consigo mismo, con los demás, que el derecho al respeto humano del uno hacia el otro se convierta en una verdadera y duradera paz; cualidades que le permiten al individuo ser original, creativo, y desarrollar todas sus potencialidades productivas.

El Estado también es el garante de mantener la salud de la población, el control sanitario y de las enfermedades, la contaminación del ambiente, de las aguas, los ríos y los alimentos.

El velar porque los medicamentos que toma la población no estén alterados, falsificados o etiquetados fraudulentamente, ocultando su verdadera identidad y el origen de su fabricación, para que no ocurra una desgracia como fue el envenenamiento masivo de una parte de la población panameña al tomar un tóxico denominado dietilene glycol, de uso industrial y que generalmente es utilizado para matar ratas, ratones y hasta gatos; produciendo una paranoia colectiva, y cuyos responsables caminan alegremente por nuestras calles, a sabiendas que detrás de todo esto estaba la mano negra de un oculto terrorista bioquímico, hecho que aún no se ha investigado a plenitud.

Lo curioso de todo esto fue que cuando le preguntaron al ex ministro de salud Camilo Alleyne de por qué no renunciaba a su cargo, contestó: “Porque no puedo abandonar el barco en medio del vendaval”.

Prefirió que el barco naufragara en las aguas turbulentas de un mar implacable, para no asumir su responsabilidad, mientras que Martín Torrijos, presidente en ese entonces del país, mete la cabeza en la arena como el avestruz, para no herir la susceptibilidad de los funcionarios implicados en este hecho, a lo que podemos denominar un acto de terrorismo bioquímico.

Pero, lo más lamentable y triste de este macabro crimen, es que aún no se les ha hecho justicia a las víctimas.

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Este artículo se publicó el 14  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Se buscan: Equipos para pinchar teléfonos

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM  ASVAT 
easvat@elsiglo.com


Por varios días la Estrella de Panamá ha publicado reportajes relacionados con equipos de escuchas telefónicas adquiridos por el Estado Panameño que misteriosamente desaparecieron del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional adscrito al Ministerio de la Presidencia.

No se le perdió un perro, un carro, un celular. Desapareció un equipo sensitivo que no se le vende a cualquiera sino únicamente al Estado por los proveedores internacionales. Los reiterados llamados del medio de comunicación no produjeron respuesta oficial alguna de las autoridades gubernamentales.   Todos se lavaban las manos.   Algunos se atrevieron a decir que no sabían.

Imagínense como andan las cosas en nuestro país que el diario produjo la documentación parcial de la compra de los equipos y nada.

En recientes declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, después de elevarse el tema de las escuchas telefónicas a nivel internacional, confiesa que al Estado panameño se le han extraviado dos equipos de escuchas y que lleva un mes tratando de encontrarlos.

El equipo no se le perdió a los estamentos policiales que están al amparo de su ministerio, sino al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.   A la fecha la investigación es administrativa sin que al Ministerio Público se le haya presentado una formal denuncia por la pérdida.

Han pasado 18 meses desde que este gobierno asumió el poder y es apenas hace un mes que empiezan la búsqueda. ¿Acaso les han preguntado al Sr. Espinosa y al Sr. Fletcher, responsables de la inteligencia nacional en el anterior gobierno, sobre el paradero de los mismos?

El primer equipo sustraído tiene toda la documentación reposando en el Ministerio de la Presidencia e infiero en la Contraloría General de la República. El segundo equipo, que el diario La Estrella de Panamá no publicó se debe a que no contábamos con suficiente material corroborativo.

Fuentes policiales creíbles manifestaron verbalmente a esta editorial que el segundo equipo fue adquirido con fondos de la caja menuda de la Dirección de Migración en el gobierno anterior y a través de un almirante colombiano que mantenía lazos de comunicación con un alto agente de la seguridad panameña.

En vista que el Ministro de Seguridad Pública ha confirmado a otros medios que se le perdieron al Estado dos equipos de escuchas telefónicas le vamos a prestar la lámpara de Diógenes para que continúe en su búsqueda. Hasta ahora nuestros periodistas de La Estrella de Panamá han hecho un mejor trabajo sin los recursos, el personal y con el mazo al acecho.

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<> Artículo publicado el 4 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

 

Diez años en busca de una política

La opinión de…

DANILO TORO LOZANO
torolozano@hotmail.com

La propuesta electoral del candidato Ricardo Martinelli mencionaba el plan ‘Calles Seguras’. La publicación que distribuyó su campaña detallaba como medida puntual de seguridad pública, la eliminación de los Decretos Leyes con los que se creaban el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, un Sistema Nacional de Inteligencia (SENIS) y se modificaban las normas sobre la Policía Nacional y el SPI.

Sin embargo, el nuevo gobierno dejó vigentes los decretos —aunque aún se espera la derogación del SENIS— con lo que evidenció, a la postre, su satisfacción con ellos, pese a contar con una mayoritaria y creciente fuerza parlamentaria, que los pudo haber pasado por el curso de legitimidad que reclamaba la opinión pública.

En materia de seguridad ciudadana, la administración Martinelli ha concentrado esfuerzos en el factor policial más que en cualquier otro factor.   Aumentó el salario de las unidades de la Fuerza Pública y montó cambios en la estructura, función y operación de componentes de esta. Pero, antes de terminar su primer año de gobierno, tuvo que salir al paso de una temprana manifestación de presión ciudadana catalizada por el asesinato del joven Daniel Carrizo y se comprometió a presentar resultados, en el nuevo plazo de tres años. Entre esos resultados habría de estar la aprobación de una Política Criminológica, para cuyo cumplimiento, en realidad, no es mucho lo que queda por hacer.

Desde que en 1990 se emitió el decreto que organiza la Fuerza Pública y, sobre todo, desde el año 2000, cuando se promulgó el decreto que expone los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mucha agua ha pasado bajo el puente.

En noviembre de 1992 fue rechazada en plebiscito, una propuesta para reformar la Constitución, que incluía nuevas disposiciones sobre la Fuerza Pública y la seguridad pública. Pero más tarde, con los actos legislativos 1 y 2 de los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, en 1993 y 1994 respectivamente, se incorporaron a la Constitución nuevas normas sobre estos temas, en el Título XII.

Durante la década de los noventa, además, se emite y aprueba una variada gama de normas dentro del temario de la seguridad pública, tales como: La creación del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, la organización de la Fuerza Pública, primero mediante Decreto de Gabinete Nº 38 de 1990 y luego mediante la Ley 18 de 1997; después ampliada y desarrollada en 1999. Igualmente, temas como la creación de la Policía Técnica Judicial, la regulación del Sistema Penitenciario, el uso y porte de armas y la actividad de las agencias privadas de seguridad fueron objeto de abordaje jurídico.   Pero, pese a los intentos de avance, todo este cuerpo normativo guarda escasa relación entre sí, y en algunos casos, incluso, genera o permite contradicciones a lo interno de diversas instituciones, tal y como ocurrió con la Policía Técnica Judicial.

Similar suerte, en cuanto a la formulación y aprobación de normas, han experimentado la administración de justicia y las instituciones encargadas de la protección y prevención social durante las dos últimas décadas.

En junio de 2000 se da un salto cualitativo, cuando se adoptan, como política de Estado, los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mediante la Resolución de Gabinete Nº 34. En la confección de este instrumento emitido por la administración de Mireya Moscoso y que fue producto de un audaz acuerdo entre partidos antagónicos como el Arnulfista y sus aliados, el PRD y el PP,   jugó un papel determinante Ricardo Arias Calderón.   Sin embargo, la presidenta Moscoso nunca se remitió a la Resolución por ella signada ni acogió una propuesta de política criminológica impulsada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.  En el ocaso de su periodo, agobiada, entre otras cosas, por un aumento alarmante de la criminalidad y la violencia, proclamó la aplicación de ‘mano dura’, como medida para enfrentar la situación.

La campaña que llevó a Martín Torrijos a la Presidencia hizo de la seguridad pública uno de sus principales focos de atención, que después, durante su administración, fue objeto de tratamiento, pese al faltante de convicción y de equilibrio político; que de haberse tenido, hoy posiblemente estarían validadas por todos los actores políticos, jurídicamente promulgadas y en ejecución, una política criminológica y una política de seguridad ciudadana. En la administración Torrijos, el tema de una Política Criminológica fue discutido ampliamente en la Mesa del Pacto de Estado por la Justicia, cuyos participantes terminaron aprobándola. Solo faltó que el Ejecutivo, tras acogerla, la remitiera a la Asamblea Legislativa para que alcanzara carácter normativo.

Además, a mediados de 2008, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, presentó la Propuesta de Política de Seguridad Ciudadana ante esa misma mesa, como un producto del Programa de Seguridad Integral (PROSI), programa concebido durante la gestión de Héctor Alemán como ministro del ramo.   No se expresó ninguna objeción contra la Propuesta presentada, fruto de la labor que destacados especialistas efectuaron bajo la coordinación del PROSI. De ello debe mencionarse como relevante lo realizado por Juan Faroppa y en el tema concerniente a la creación del Viceministerio de Seguridad, a Hugo Fruhling.

Si se analiza la propuesta de esta institución se notará que para los objetivos y funciones planteados en la Política, correspondía una estructura determinada en el Viceministerio. La aprobación final y la consideración de ambos esfuerzos producidos por el PROSI, hubieran podido reducir los riesgos de improvisación, retardo y equívocos, para darle en su momento mayor sentido y utilidad a lo creado como Viceministerio de Seguridad primero y luego como Ministerio de Seguridad.

En cuanto a política criminológica y de seguridad ciudadana, es poco ya lo que hace falta para cumplir con el compromiso presidencial. Ahora la administración Martinelli tiene la oportunidad de reconocer los esfuerzos y logros obtenidos y, sin enfrascarse en la invención de la rueda, puede considerar las aprobaciones que corresponden para que las políticas en cuestión se conviertan en una realidad de Estado, al cabo de una década.

 

<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Femicidio y sistema penal acusatorio

La opinión de…

Maruquel Castroverde C.

Con la implementación del sistema penal acusatorio, la labor de criminalística forense en la escena del crimen, de la experticia médico forense y la declaración de la víctima (cuando sobrevive), como de los testigos (si los hubiera y estuvieran dispuestos a colaborar), cobra especial protagonismo en el juicio oral por delito de homicidio contra la mujer, relacionado con violencia doméstica (femicidio íntimo).

Algunas reglas del debate entre fiscales y defensores evolucionan para traducirse en un encuentro estratégicamente orientado a probar cada uno su teoría del caso. Ya no habrá expediente que consultar. La prueba habrá de construirse en el tribunal, y de la calidad de información que logremos generar las partes, dependerá el resultado: culpabilidad o inocencia.

Este es el escenario ideal en el que el nuevo modelo de justicia penal debería demostrar, en la rendición de cuentas públicas, que es capaz de sostener en adecuado balance los derechos fundamentales del imputado, los de la víctima y del Estado, cuyos intereses representamos desde el Ministerio Público.

Sin embargo, adelanto reservas. Y es que a diario, los fiscales nos enfrentamos a alegatos que ante el jurado de jueces legos, tienden a descalificar a la víctima en términos de la historia de descargo del hombre, “ella provocó, porque le fue infiel”, o porque “con la excusa del trabajo y/o el estudio, descuidaba la casa”; en suma, ella “era una mala mujer”, él un buen hombre. En este escenario es invariable la conclusión de la contraparte clamando por una oportunidad para el ofensor, que “tiene hijos y familia que mantener”, también “voluntad para restituirse productivamente a la sociedad” porque “está arrepentido”.

El drama de estas víctimas, como de quienes la sobreviven y están en el salón de audiencias, escuchando esto, por tanto, no termina agotada la necropsia en la mesa del médico forense o cuando finalmente se la entierra. La experiencia nos ha enseñado, en el ejercicio de la acusación pública en delitos de homicidio contra mujeres por sus parejas o ex parejas, que debemos probar la inocencia de la víctima, tanto como la culpabilidad del femicida. Concluyo que la situación actual difícilmente admitirá cambios que no deriven de una transformación cultural y del pensamiento colectivo, frente a las distintas y cada vez más graves formas de la violencia extrema contra las mujeres.

Se requiere de una política de prevención masiva y permanente, de sensibilización trabajada desde la escuela parvularia. Entender que este es un problema de salud y seguridad pública, no uno privado de marido y mujer, creencia que subsiste en el común de las personas que integran un jurado de conciencia, a quienes pudiera tocar conocer, eventualmente, los casos actualmente en trámite del total de las 46 muertes violentas que registran las estadísticas de la Defensoría del Pueblo hasta la fecha, si los victimarios estuvieran vivos y en capacidad de ser enjuiciados.

Es imperativo, ante la inminente reforma procesal penal, que hagamos un ejercicio de reflexión en la intimidad de nuestro ser, por el bien de la justicia de este país.

La labor de juzgar en casos de femicidio puede tocar a su puerta en cualquier momento, o lo que es lo mismo, la responsabilidad de aportar por una vida libre de violencia para las mujeres.   La carga es honrosa.    El llamado por la paz, ineludible.

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<> Este artículo se publicó el 29  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Cambios necesarios


La opinión de…

Silvia S. Calvo E.

Hoy por hoy, casi todos de alguna manera nos hemos vuelto expertos en materia de seguridad. Y todos, sin lugar a dudas, tenemos alguna opinión sobre los servicios de seguridad que se prestan, ya sea de los públicos o de los privados. ¿Pero, qué olvidamos?

Bien, si se trata de seguridad pública olvidamos que el mundo cambió y que en algo más de 20 años pasamos de tener un gobierno militar, respaldado por un ejército, a un país democrático con una fuerza de policía.

Queremos que exista el mismo control en la calles y sobre los delincuentes que tenían las antiguas Fuerzas de Defensa, pero apenas estamos dispuestos a entender que nuestras leyes requieren ser modificadas. Sencillamente, deberíamos ver el todo y entender que se necesita de un balance.

Si hay menos represión en las calles, entonces debe haber mayores condenas. Pero si eliminamos todos los factores disuasivos, caminamos a donde nos encontramos actualmente.

Si hablamos de la seguridad privada, hace 20 años eran muy pocas las agencias privadas de seguridad que existían. El personal que allí trabajaba eran ex miembros de las Fuerzas de Defensa.   Es decir, se contaba de salida con un personal disciplinado, entrenado y profesional.

Hoy en día, hay muchas agencias de seguridad y muchísima gente que ve este trabajo como la última oportunidad de no estar en la calle, desempleado. Pero no se cuenta con una ley adecuada, que exija la formación y la profesionalización de ese personal.

Hace 20 años, al menos, no recuerdo que alguien se atreviera a opinar sobre la mejor manera en que los militares debían realizar su trabajo. Ojo, no hablo de cuando los militares cruzaron la línea y se metieron en la vida política y volvieron sus armas contra la población civil. Hablo del trabajo de mantener el orden, controlar a la delincuencia y perseguir el crimen. ¡Y eso lo sabían hacer!

Hoy casi todo el mundo opina sobre los dos temas. Veamos un poco más, en seguridad privada no se toma en cuenta que son hombres y mujeres que trabajan con armas, que tienen una fuerza letal con ellos; que se requiere disciplina; que se requiere entrenamiento, y que se debe considerar un régimen laboral separado.

O considerar de plano que debe existir una seguridad privada en ciertos oficios que podría perfectamente estar desarmada. De nuevo, falta una ley que analice las variables y considere los cambios. En resumen, Panamá y sus variables cambiaron. El mundo en 20 años también.

Debemos considerar necesarios los ajustes a nuestras leyes para recuperar el balance y el orden que nos hace falta.

<> Artículo publicado el 14  de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,    lo mismo que a la  autora,   todo el crédito que les corresponde.

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