Las protestas son gratis

La opinión de…

Amarilis A. Montero G.

Nuestro pequeño país ha sido bendecido con grandes recursos naturales y paisajes incomparables. Turistas de todo el mundo llegan a Panamá para buscar ese paraíso tropical que ven desde sus computadoras o revistas de turismo. Nadie los preparaba para el verdadero recibimiento: falta de agua potable, cierres de calles por protestas, y hasta el humo tóxico de un vertedero de basura.

¿Quién hubiera imaginado que Panamá llegaría a importar agua de Costa Rica? La fama de “mejor agua del mundo” se ha desvanecido ante la posibilidad de que no sea apta para el consumo humano aunque los directivos del Idaan y el ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Roux, digan lo contrario. Esta falta de credibilidad ha resultado en que la compra de agua embotellada no haya cesado. También está la probabilidad de que el suministro de agua se vuelva a suspender sin previo aviso y se deba recurrir al agua embotellada. Los extranjeros residentes en Panamá (y los turistas también) se acostumbran a esperar lo inesperado, como la falta de agua potable, en cualquier momento.

Y si vamos a vender al mundo un país lleno de riquezas naturales, ¿cómo vamos a permitir que se destruya permitiendo la explotación de minas en nuestras montañas? La Asamblea Nacional de Diputados tiene en sus manos la decisión de rechazar o implementar un nuevo código de recursos minerales. En los predios de la Asamblea se congregaron grupos indígenas ngäbe-buglé a favor y en contra que también realizaron sus protestas. Aquí sí se llegó a un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Un grupo acepta la actividad minera por cuestiones económicas, que van desde la generación de empleos hasta el patrocinio de un equipo de béisbol. Los que están en contra predicen la destrucción de sus recursos naturales, como la contaminación de sus ríos y la muerte de plantas y animales de la región. Lo que sí parece cierto es que el poder y las ambiciones económicas van a dar al traste con la otrora “Panamá, la verde”.

Y por último, tenemos la bochornosa situación del vertedero de basura de Río Hato, Coclé. ¿En qué país del mundo se mantiene un vertedero de basura a la entrada de un hotel de playa? El humo tóxico que emana de dicho vertedero provocó el cierre de su entrada por parte de los extranjeros residentes del área, turistas y hasta los empleados del Hotel Playa Blanca en Río Hato.   La Autoridad del Turismo y los gobiernos municipales deben hacer un frente común para que no se malogre el esfuerzo de promocionar el turismo en Panamá. Una mala imagen y la sensación de anarquía gubernamental que existe hoy día en el país causarán una merma en la promoción de Panamá como sitio turístico.

Pero los turistas van y vienen. Mientras tanto, los panameños que nos quedamos a padecer las incongruencias de nuestros gobernantes tenemos que seguir esperando lo inesperado. ¿Tendremos agua potable, naturaleza limpia y turismo “verde” en el futuro? Nadie lo puede asegurar, ni tampoco predecir qué nuevo escándalo se aparecerá en el horizonte. Pero, mientras tanto, aquí las sonrisas son gratis y las protestas también.

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Este artículo se publicó el  30  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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¿Justicia ciega o estrábica?

La opinión de…

 

Amarilis A. Montero G.

A veces me pregunto si los casos de corrupción, vengan de donde vengan, han pasado a ser el entretenimiento habitual de los panameños. Hasta parece que nos hemos acostumbrado a escuchar que alguien robó millones o que, simplemente, se liberó a unos narcotraficantes, por obra y gracia de un fiscal que recibió algún beneficio económico por sus “buenos oficios”.

Y es, precisamente, este último caso el que tiene a la ciudadanía “entretenida”, como si fuera un capítulo más de la teleserie El Cartel de los Sapos.

Las acusaciones contra Milagros Valdés, la fiscal de Herrera y Los Santos, destituida por haber procedido a liberar ilegalmente a cuatro personas involucradas en supuesto narcotráfico, ha resultado en una cadena de denuncias hacia otros altos funcionarios dentro del Ministerio Público. Entre los acusados están el abogado de los supuestos narcotraficantes, la secretaria general del Ministerio Público, Nedelka Díaz, y la ex directora de Recursos Humanos, Eva Lorentz. Curiosamente, ambas funcionarias están en Europa por diferentes razones y hasta el momento no han regresado al país.

Con las denuncias de corrupción en marcha, el procurador encargado ha salido a manifestarse como un funcionario que va a combatir la corrupción dentro del Ministerio Público.

Al acusar a la funcionaria Eva Lorentz, como una “delincuente que se filtró” en el Ministerio Público, no me queda más que pensar que es el único caso de corrupción que han podido detectar los altos ejecutivos de la Procuraduría.

Pero, desde la clandestinidad se ha pronunciado la ex funcionaria Eva Lorentz. Después de escuchar algunas de sus explicaciones en un canal de televisión, me convenzo más de que el Ministerio Público ha llegado a los niveles más bajos de credibilidad en cuanto a justicia se refiere.

Allí la justicia no es ciega sino más bien estrábica. Dependiendo de quién y cuánto es el dinero, la justicia panameña ve para el lado que le conviene.

No es un secreto que los casos de corrupción están presentes en todos los sectores de nuestra sociedad.   Tampoco es secreto el hecho de que un día estos los funcionarios de alta jerarquía dentro de una institución son acusados, destituidos y vueltos a contratar.   Y aquí no ha pasado nada.

¿No fue la propia abogada Nedelka Díaz acusada de corrupción anteriormente? ¿Dónde está la también abogada Argentina Barrera, que también fue acusada de corrupción?   El sistema judicial los recicla y vuelven a ser noticia por algún motivo poco legal.

Con este panorama tétrico y patético de nuestra justicia panameña, no creo que debamos poner nuestras esperanzas de un trato justo en manos de los actuales miembros del Ministerio Público.

Ya es hora que se logre una limpieza integral dentro de este ministerio. Hay que empezar por nombrar un procurador que llene las expectativas de integridad y profesionalismo que se necesitan en este puesto.

Por otra parte, cualquier funcionario que haya sido investigado o destituido por actos ilícitos no puede volver al Ministerio Público. La integridad de un funcionario judicial queda en entredicho y, por lo tanto, no debe de ser considerado para cubrir ninguna plaza de trabajo dentro de la institución.

La sociedad civil se ha pronunciado anteriormente ante los casos de corrupción, pero todo esto parece caer en oídos sordos.

¿Quién puede salvar al Ministerio Público? Solo la gente de bien y decente puede hacer un cambio dentro de cualquier institución. La tarea está en encontrarlos y darles el mayor apoyo posible para que nuestra justicia sea imparcial y apegada a los hechos.

<> Este artículo se publicó el 24 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde están los bilingües?

La opinión de….

 

Amarilis A. Montero G.

Cuando escuché esta pregunta en los avances noticiosos de un canal de televisión, respondí mentalmente: “En las pocas escuelas y estudiantes que ven el aprendizaje del inglés como una herramienta para la superación y no como una materia más”.

La noticia se originaba en la preocupación que existe en la industria turística por la falta de personal bilingüe y con formación de servicio. Esto se traduce en un déficit de recurso humano a emplear en los hoteles y servicios turísticos en general. Entre 10 mil y 12 mil empleos se generarán para cubrir la demanda de personal capacitado en hoteles y servicios turísticos como transporte y restaurantes. ¿Pero cuántos de estos potenciales trabajadores del turismo saben inglés? Como lo indicó el ministro de Turismo, Salomón Shamah, aún faltan miles de personas que necesitan ser entrenadas en el aprendizaje del idioma inglés. La falta de personal bilingüe se subsanará cuando se implemente un sistema de enseñanza bilingüe científico, sistemático y adaptado a los estudiantes locales.

Nuestros estudiantes de escuelas públicas tienen una educación en inglés deficiente en todos los aspectos. La mayoría no entiende el idioma ni en los niveles básicos. Esto puede ser a consecuencia de un método poco efectivo que no los ayuda a comunicarse debidamente. No parece que se enseñara para que el estudiante adquiera esta lengua sino para que pase a otro grado con un mínimo requerimiento gramatical, que no deja de ser mecánico y sin sentido práctico. Tampoco hay un análisis que indique las necesidades de los estudiantes en los diferentes grados.

En otras palabras, todos reciben la misma clase aunque no necesariamente estén en el mismo nivel de conocimiento. Los cursos de inglés no deben ser estrictamente gramática, charlas y dictados. Si el estudiante no interactúa con el resto de la clase y su docente, no podrá desarrollar sus habilidades lingüísticas. También tiene que exponerse al idioma en todo momento a través de una clase completamente en inglés y con otras herramientas como videos, grabaciones y lecturas que incentiven la interacción y el intercambio de ideas.

Para que esto se logre, se requiere de una supervisión estricta del material didáctico y la calidad docente. La enseñanza del inglés es práctica en todos sus aspectos. Por lo tanto, un docente con sólidos conocimientos del idioma y activo en la clase, para que promueva la comunicación entre sus estudiantes, es vital para el aprendizaje de este idioma.   Sin embargo, es evidente que hace falta supervisión y control de la calidad docente y los recursos.

No podemos esperar que un estudiante que jamás ha participado en una conversación en inglés sea capaz de intercambiar ideas en ese idioma, a pesar de toda la gramática que sepa. Es como enseñarle a un médico a ser cirujano, pero sin hacer una sola incisión. Tampoco podemos esperar que aprenda inglés cuando la clase se dicta en español. Se requiere, además, de una gran alianza y sistematización de la metodología para enseñar inglés en nuestro entorno.

No se puede seguir con la consigna de “cada maestro con su librito”. El desorden en el método y las técnicas de enseñanza del inglés ha demostrado que no se logrará que el estudiante se gradúe con los conocimientos necesarios para ser considerado bilingüe. Por otra parte, está el estudiante como ente y promotor de su propio aprendizaje. Muchos estudiantes saben que necesitan hablar inglés para conseguir mejores oportunidades en su futuro profesional.

Sin embargo, he encontrado estudiantes en la Universidad de Panamá con una actitud negativa hacia el aprendizaje de este idioma. Algunos han vivido experiencias traumáticas cuando han hecho alguna presentación en inglés o simplemente no creen que deban preocuparse por aprender el idioma por el momento. La realidad es que al final de la carrera, todos tienen que haber pasado un examen que certifique que tienen un conocimiento del inglés aceptable. Será el propio estudiante, en cualquier nivel, el encargado de encontrar otras maneras de aprender el idioma.   La motivación o el deseo de aprender determinarán el éxito de este estudiante.

¿Dónde están los bilingües? Si no se hace un cambio estratégico, metodológico y actitudinal en cada estudiante y docente, los encontraremos en los extranjeros o estudiantes de algunas escuelas particulares que sí conocen el idioma y tomarán los puestos de trabajo que se ofertan en el turismo y otros campos laborales. El futuro de la enseñanza y el aprendizaje del inglés están en cada uno de nosotros.

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<> Este artículo se publicó el 22  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/montero-amarilis/

 

 

Estudiantes ‘profesionales’

La opinión de la Docente Universitaria….

Amarilis Montero

Al iniciar una carrera los estudiantes de la Universidad de Panamá deben cumplir con un plan de estudios que les debe tomar entre cuatro a cinco años.

En el transcurrir de su carrera, muchos no podrán completar sus estudios como se espera. Pueden tener diversas razones que les impidan graduarse tales como falta de recursos económicos y problemas familiares. Terminar un grado universitario puede representar un largo camino para muchos, pero finalmente se gradúan.

Sin embargo, nos encontramos con el otro lado de la moneda: los estudiantes que nunca se gradúan.   ¿Por qué un estudiante pasa 10 años o más en la universidad?   ¿Quién controla el tiempo que toma un estudiante en graduarse de una carrera?   Nadie parece tener respuestas a estas interrogantes.

Lo cierto es que un estudiante que no termina su carrera a tiempo debe de alertar a las autoridades educativas.   La realidad es que nada de esto parece preocupar a las autoridades de la Universidad de Panamá.

Así como un estudiante que no continúa sus estudios representará un potencial problema para la sociedad, aquel que no se gradúa también lo es.   El costo económico de los estudiantes “profesionales” (expertos en mantenerse en el sistema educativo) es grande y peligroso.

Aquel que sólo matricula una o dos materias por semestre para aparentar que está en la universidad es, por lo general, miembro de un grupo estudiantil con intereses particulares dentro de la propia universidad.   Anteriormente he comentado que los grupos estudiantiles (“tira piedras”) tienen mucho poder dentro de la Universidad.   Aunque no lo crean, tienen más poder que los propios docentes.

La manipulación interna entre los gremios estudiantiles y los altos directivos de la Universidad es vox populi. Las razones para que ciertos estudiantes mantengan ese estatus por tiempo indefinido son políticas y económicas.

Un grupo estudiantil dentro de la Universidad, por ejemplo, tiene presencia en los quehaceres académicos y administrativos.    Esto representa que los dirigentes con más tiempo se dan a la tarea de reclutar a nuevos miembros para mantener el liderazgo y control de su bastión, llámese facultad respectiva.

¿Qué buscan controlar?   Los beneficios económicos y el tráfico de influencias es lo que más desean.   Estos grupos controlan ciertos “negocios” como centros de cómputos y pequeños quioscos que tienen a una clientela cautiva de miles de estudiantes.

También involucran a otros estudiantes para hacer “trabajo de campo” como recoger firmas para alguna petición, organizar eventos lucrativos para ellos y el proceso de matrícula.

Hace un tiempo me encontré a un estudiante comentándole a otro que él se inscribiría en uno de los grupos de su facultad para que le “resolviera” su permanencia en la universidad. ¿Tráfico de influencias? Cómo mencioné, esta situación es peligrosa y dañina para la imagen de la Universidad.

Los estudiantes y profesores que deseamos una universidad honesta y libre de corrupción no debemos permitir que ciertos grupos se presten para fomentar el “juega vivo” académico.

La revisión de la situación de estos estudiantes “profesionales” debe ser una de las acciones a tomar para eliminar cualquier mala influencia en el resto del estudiantado. Así no terminaremos graduando “profesionales” de distintas carreras ni fomentaremos focos de corrupción dentro de la Universidad de Panamá.

<>Artículo publicado el  1  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un país en tregua

La opinión de…

Amarilis A. Montero G 

Después de varios días de zozobra por las violentas demostraciones de protesta de los obreros bananeros de Bocas del Toro, el país volvió a una aparente calma. La suspensión de algunos de los artículos de la polémica Ley 30 ha servido para bajar los ánimos de los airados trabajadores.   Si embargo, el presidente, Ricardo Martinelli, ha manifestado que dicha ley no va a ser suspendida.

Si esto es así, ¿qué pretende el Gobierno con esta medida de conformar una Comisión de Diálogo para revisar sólo tres artículos de la Ley?   No se puede ignorar que los temas de impacto ambiental y los penales con relación a la policía son delicados y altamente peligrosos para la seguridad de la ciudadanía.   Cada uno de los aspectos tratados en esta ley no se consultó debidamente y es precisamente la falta de consulta lo que ha provocado esta crisis.

Ahora que se registra una gran cantidad de obreros heridos por perdigones, que pueden perder la visión, y una comunidad destruida por 11 días de disturbios, el Gobierno ha podido corroborar que se cometieron errores en la aprobación de la Ley 30.  En otras palabras, pusieron la carreta delante de los bueyes.   Las consecuencias están en los hospitales con sus heridos vendados, en los muertos que lloran sus deudos y en las pérdidas económicas para la provincia.

Si mientras en Bocas del Toro se vivía el caos y la anarquía, en la capital se sentía la persecución. Los dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles se vieron amenazados con órdenes de conducción y hasta arrestos. El catedrático Juan Jované buscó refugio e inició un ayuno en los predios de la rectoría de la Universidad de Panamá, ya que fue uno de los requeridos por una fiscalía. Horas más tarde, se revocaron las órdenes de conducción para los dirigentes.

¿Qué necesidad había de formar todo este alboroto?  No veo la más mínima lógica en requerir a una persona para alguna indagatoria legal para después eliminar el procedimiento.   Este tipo de intimidación sólo trae más desasosiego para el país.

Panamá vive un ambiente de tregua. Todavía permanece un dirigente sindical de Chiriquí detenido y esto puede acarrear nuevas situaciones dentro de las bases obreras.   Los obreros de las bananeras están esperando que se revise toda la ley, no sólo los artículos que los afectan en el aspecto laboral.   Ellos también van a ser afectados si un policía en funciones comete un homicidio y no se le suspende.   Tampoco van a dejar de sufrir ante la eventual relajación de las regulaciones ambientales.   Nadie escapa de estos y otros aspectos tan controversiales en la nueva ley.

Es imperativo que se respeten los derechos humanos en nuestro país. Pienso que esta es la génesis de todo el conflicto. Los derechos individuales y de grupo o sociedad se ven amenazados con leyes inconsultas y aberrantes como la Ley 30. El progreso no se debe desligar del respeto que todo ciudadano merece para la sana convivencia social.

Por otra parte, me llama la atención los niveles de violencia que puede alcanzar algún sector de nuestra sociedad. En esta ocasión fueron los obreros de las bananeras, pero quién sabe qué otro grupo se puede alzar violentamente la próxima vez. El pueblo panameño parece estar evolucionando de aquel que ondeaba pañuelos, se vestía de blanco y sonaba pailas.

Ya no es aquel pueblo que vivía bajo el terror de los militares y evitaba las confrontaciones. Es por esta razón que nuestros gobernantes no pueden dejar que el país caiga en la fosa de las inequidades sociales, la ruta más segura a una rebelión civil a gran escala.

¿Hasta cuándo será la tregua?   Si el Gobierno y el Órgano Legislativo continúan atacando los derechos ciudadanos, esta tregua se puede romper en cualquier momento.

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Este artículo se publicó el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Una lágrima por la Universidad de Panamá

La opinión de…..

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Amarilis A. Montero G.


Las intenciones reeleccionistas del actual rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, han causado una avalancha de comentarios a nivel nacional.   Muchas personas ven en la reelección de Paredes un retroceso.   En cambio, quienes lo apoyan aseguran que está en “el camino correcto”.   Ya sea que se reelija o no, la universidad es la que llevará a cuestas las consecuencias de una decisión que puede marcar su vigencia o decadencia.

Si analizamos lo que representa la reelección del actual rector, podemos deducir que seguiremos con las mismas prácticas que tanto se han criticado hasta ahora. Se acusa a los altos mandos universitarios de utilizarla más como su botín político que como formadora de profesionales y centro de la intelectualidad nacional. Sin embargo, y en mi opinión, el problema no radica en la elección de un rector para dirigir a la Universidad.

Detrás de esta figura se encuentra una larga lista de personas involucradas en los campos docente, administrativo y de investigación. Estos grupos deben ser evaluados y analizados en su justa dimensión para determinar si contribuyen, efectivamente, al prestigio de la universidad. Cambiar a un rector (o mantener al actual) no va a determinar que la universidad progrese y vaya al paso de los rápidos cambios que estamos viviendo. Se necesita de una reingeniería drástica en todos los niveles.

De nada sirve que se elija a un nuevo rector si éste continúa con las prácticas de siempre. Para nadie es secreto, dentro de la Universidad de Panamá, que las influencias, los amiguismos y los favores son más poderosos que el conocimiento y la calidad profesional del recurso humano que ahí labora. Es más importante estar “bien conectado” que estar bien preparado. Y de estas conexiones se aprovechan hasta los estudiantes que buscan cómo pasar de un semestre a otro sin mucho esfuerzo, gracias a la ayuda de grupos político–estudiantiles o influyentes “padrinos”. Si este panorama se cambiara por uno en donde la calidad educativa se impusiera, no tendríamos que lamentarnos de las deficiencias (o carencias) formativas que ahora padecemos.

Qué distinto sería si los estudiantes universitarios sintieran que van a tomar sus cursos en aulas de clases bien acondicionadas, con sus profesores a tiempo, preparados y debidamente designados; si los planes de estudio estuvieran acorde con las necesidades del país para que los estudiantes sintieran que de verdad están aprendiendo y tuviesen la esperanza de tener un mejor futuro; y si no se cancelaran las clases por las protestas estudiantiles que sólo atrasan el normal desarrollo de un semestre. Todo esto sería posible si no se mezclara la política con la educación.

El futuro rector de la Universidad de Panamá tiene por delante la titánica tarea de levantar el prestigio de la institución. Desde los dineros mal invertidos hasta la designación de un funcionario o docente sin preparación repercutirán en el producto final: un egresado de baja calidad, que no puede enfrentar a la competencia extranjera y a las exigencias de los mercados.

Dejemos a un lado la idea de la dirigencia y enfoquémonos en el conjunto que hace a la Universidad de Panamá. Es inútil pensar en quién puede ser rector si los cambios no se presentan desde los puestos más bajos. Las malas prácticas son difíciles de erradicar, pero cuando se logran los resultados son alentadores. Si se antepone el bien general al bien particular todos nos beneficiamos.

Veamos los intentos reeleccionistas del actual rector más allá de lo que se percibe como una prolongación del continuismo, y preguntemos: ¿Qué beneficio traería esta reelección? ¿Se verá la Universidad de Panamá condenada a permanecer en el oscurantismo intelectual? Si este es su destino, ya podemos empezar a llorar por el futuro de la Universidad de Panamá.

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Este artículo se publicó el  29  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

‘Open’ mochila

La opinión de…..

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Amarilis Montero


Los jóvenes estudiantes que fueron desalojados de una discoteca en Calle Uruguay mostraban que sus uniformes y mochilas, con el logo de Meduca (Ministerio de Educación), eran los boletos de entrada para el sarao de un miércoles, en plena Semana Santa.

Para los organizadores de esta actividad, era la forma de demostrar que los jóvenes tenían un ambiente de diversión sano y que no reñía con ninguna disposición legal. ¡Cuánta equivocación por ambas partes!

El espectáculo que daban las jóvenes que habían convertido sus faldas de colegio en “micros mini”, y los jovencitos que escondían sus rostros detrás de las mochilas donadas por el Meduca demuestra la falta de supervisión, tanto de los padres como de los directivos de los colegios de estos estudiantes.

Por otra parte, los organizadores de la actividad “bailable” justificaban la presencia de los estudiantes uniformados, al cambiar el sarao del sábado para miércoles por el asueto de Semana Santa. Ninguna excusa es válida para el irrespeto de los estudiantes hacia su colegio y al uniforme que vestían.

¿Cómo se justifica que un local comercial quiera lucrar con estudiantes de escuelas oficiales en horas de clases? ¿Cuántos de estos jóvenes debían estar en sus colegios estudiando al momento que fueron desalojados?

Cuando se pierde el respeto al uniforme de una escuela o institución, se pierde también el respeto hacia uno mismo. Ahora nos escandalizamos con el comportamiento de estos adolescentes, pero ya hemos visto que los adultos están haciendo actos similares y hasta peores.

Tomemos los casos de aquellos policías que, portando su uniforme reglamentario, han cometido desde robos hasta violación carnal y asesinatos.   Sólo recientemente también ocurrió un escándalo en Haití por unas fotos de médicos voluntarios que aparecían libando licor con sus uniformes puestos.   Estos y otros ejemplos deben llamar la atención de los padres, maestros y sociedad en general sobre las implicaciones que estos actos pueden acarrear.

Aunque el Meduca inicie una investigación “exhaustiva” de este incidente, ¿quién va a asegurar que actos similares no se vuelvan a repetir?   Es de todos conocido la poca injerencia que tiene el Meduca en la aplicación de sanciones o correctivos dentro de sus instancias.

A los propios docentes que incurren en delitos, como la pérdida de fondos o malos manejos, los reubican o trasladan. Y aquí no ha pasado nada. Es por ello que no creo que a los estudiantes que asistieron a la actividad bailable se les sancione.

Son los propios padres de familia los que deben jugar su papel de fiscalizadores y formadores de sus hijos.   No hay escuela que pueda enderezar a un joven sin control en su propio hogar. Si irrespeta a sus padres, irrespetará a todo aquel que tenga una figura de autoridad.

Y es por ello que me pregunto: ¿cuántos de estos jovencitos han sido castigados por sus padres después que aparecieron en televisión y en los periódicos de todo el país?

Si los padres sabían en qué andaban sus hijos y no les parece que deben ser corregidos, no me queda más que pensar que lo que nos espera es una anarquía social de grandes proporciones.

No tomemos estas acciones a la ligera. No pretendamos que fue una “chiquillada”. Cuando tengamos una sociedad sin rumbo ni ley, nos lamentaremos de no haber hecho algo al respecto.

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Este artículo se publicó el  6  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.