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La opinión del Abogado, Mediador, Consultor…
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Jorge Aguirre Leason –
Las normativas jurídicas vigentes referentes a contrataciones públicas promueven la transparencia y él apoyo de procesos más eficientes que permiten la utilización de las facilidades de la tecnología y la gestión eficaz de compras publicas a través de Internet.
La coordinación con la Contraloría General de la República permite implementar la modernización de los procesos del Estado que tienen que ver con las finanzas gubernamentales, fortaleciendo los procesos de fiscalización y auditoria, con control y ejecución de las políticas de reducción de gastos.
Es de vital importancia continuar avanzando para que el proceso de compras públicas sea eficaz, eficiente, transparente y tecnológicamente accesible para todos los usuarios, promover que los funcionarios de la administración gubernamental, involucrados en los procesos de compras, realicen los procedimientos de compras y desarrollen licitaciones con apego a la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas y su correcta aplicación en la adquisición de bienes y servicios en beneficio del Estado.
La finalidad de garantizar que las entidades obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados establece las consecuencias significativas para el desarrollo nacional, fortalece al sector privado, articula la creación de nuevos puestos de trabajo y puede asimismo constituir un importante instrumento de mejor distribución de riquezas.
Las contrataciones públicas transparentes y eficientes tienen impacto en las condiciones de gobierno de los Estados y en la percepción que los ciudadanos tienen sobre su régimen de gobierno. La contratación pública no agota su finalidad en facilitar las transacciones.
Un proceso de contratación correcto contribuye a una sana competencia y concurrencia en el mercado, estimula la iniciativa privada y fomenta el desarrollo económico con equidad empresarial. A contrario sensu, una adjudicación amañada o una realización insatisfactoria, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada operación, atentan contra la competitividad y contra la igualdad de oportunidades, en la medida en que unos cuantos privilegiados se favorecen en perjuicio de innumerables oferentes de buena fe.
La contratación pública es un vehículo para generar confianza, transparencia y seguridad jurídica, ahorro en el gasto interno del estado, reducción de costos de transacción y creación de capital social; o, por el contrario, puede propiciar corrupción e ineficiencia, es decir, pérdida de legitimidad de las instituciones y, por tanto, desprestigio del Estado.
<>Artículo publicado el 31 de diciembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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