La opinión de…..
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Gina Latoni
Con razón, como veremos, hay un renovado e intenso debate en todos los países sobre la sociedad civil y su papel. El nuestro no es una excepción. Digo con razón, porque aunque el tema no es nuevo, las grandes transformaciones contemporáneas –democratización desde el fin de la guerra fría, transformaciones económicas, globalización, descentralización, revolución de la información, nuevos riesgos y amenazas, entre otras– han implicado cambios en el papel del Estado, el mercado y el surgimiento de nuevos actores.
En ese contexto, hay un nuevo gran actor, la así llamada sociedad civil expresada en el activismo público de ciudadanos, individual o colectivamente. El hecho de que el mayor protagonismo de la sociedad civil forme parte de las transformaciones estructurales del mundo y de nuestras sociedades, subraya lo que se ha llamado inevitabilidad del fenómeno.
Pero está al mismo tiempo la deseabilidad del mismo, porque de la mano de las organizaciones de la sociedad civil han llegado a la agenda del desarrollo numerosos temas que la han ensanchado: temas de género, derechos humanos, medio ambiente, grupos excluidos, seguridad ciudadana y muchos más.
Estamos, entonces, frente a un fenómeno inevitable y posiblemente deseable.
Un hecho complementario al mismo es la demanda de formas de mayor participación de los ciudadanos. Destaco esto porque estoy convencida de que puede y debe haber complementariedad, entre mayor sea la participación ciudadana y la democracia representativa.
Sobre lo anterior, debemos estar advertidos de algunos malos entendidos y errores frecuentes. El primero, que en algunos extremos se traduce en demandas de co-gobierno, es reconocer que no se puede ir del correcto diagnóstico de que las instituciones de la democracia representativa tienen déficits, a la conclusión incorrecta de que deben ser sustituidas. La conclusión correcta es que deben ser fortalecidas.
Así, por ejemplo, el Consejo de la Concertación, como instancia de diálogo institucionalizado, puede ser un ejemplo en que se compatibilice mayor participación con las autoridades, cuya representatividad procede de la elección popular.
También, un mayor involucramiento de la Asamblea Nacional en actividades no estrictamente legislativas, sino de “audiencias públicas” (los famosos hearings del Congreso de Estados Unidos), para que a la misma lleguen las voces de la sociedad, es otra forma de hacer complementaria la participación con la representación procedente de la voluntad de los ciudadanos a través del voto.
Con los ejemplos anteriores, entre muchos más, se evitaría otro error frecuente: la pretensión de “representatividad” de las organizaciones de la sociedad civil, cuando su caso es de mayor o menor “legitimidad”, en función de su activismo y la eficiencia con la cual gestionan sus intereses, correspondiendo la representatividad a las instituciones y autoridades provenientes de la elección popular.
Otro error es que, con frecuencia, se va del correcto diagnóstico de que los partidos políticos no están funcionando bien, a la incorrecta conclusión de que hay que sustituirlos por las organizaciones de la sociedad civil. La conclusión correcta es fortalecer el régimen de partidos políticos, también abriéndolos a relaciones amplias, plurales y de respeto a su autonomía, con las organizaciones de la sociedad civil.
En relación a los puntos anteriores debe recordarse que una agenda proveniente de la sociedad civil, por su propia pluralidad y diversidad, tiende a la dispersión y en la misma quedan incorporados un sinnúmero de temas de la más variada naturaleza. Ningún gobierno o sociedad puede atender todos esos temas, con la prioridad y los términos en que cada sector los plantea. Para los ambientalistas, lo suyo es primero; pero igual ocurre para quienes se ocupan de los niños de la calle o de los derechos humanos, y así sucesivamente. Corresponde a los partidos políticos y, a cada gobierno, dar integración y prioridad a esa demanda tan diversa que procede de la sociedad civil.
En definitiva, se puede complementar las demandas de la sociedad civil con la función de gobernar, y así se compatibiliza participación con democracia representativa, fortaleciéndose ambas. Y se evitaría, como es el triste caso de algunos países de nuestra región, que en nombre de la participación se niegue la representación para, al final, terminar sin participación y sin representación.
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Este artículo se publicó el 27 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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