Sociedad civil, participación y democracia

La opinión de…..

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Gina Latoni

Con razón, como veremos, hay un renovado e intenso debate en todos los países sobre la sociedad civil y su papel. El nuestro no es una excepción. Digo con razón, porque aunque el tema no es nuevo, las grandes transformaciones contemporáneas –democratización desde el fin de la guerra fría, transformaciones económicas, globalización, descentralización, revolución de la información, nuevos riesgos y amenazas, entre otras– han implicado cambios en el papel del Estado, el mercado y el surgimiento de nuevos actores.

En ese contexto, hay un nuevo gran actor, la así llamada sociedad civil expresada en el activismo público de ciudadanos, individual o colectivamente. El hecho de que el mayor protagonismo de la sociedad civil forme parte de las transformaciones estructurales del mundo y de nuestras sociedades, subraya lo que se ha llamado inevitabilidad del fenómeno.

Pero está al mismo tiempo la deseabilidad del mismo, porque de la mano de las organizaciones de la sociedad civil han llegado a la agenda del desarrollo numerosos temas que la han ensanchado: temas de género, derechos humanos, medio ambiente, grupos excluidos, seguridad ciudadana y muchos más.

Estamos, entonces, frente a un fenómeno inevitable y posiblemente deseable.

Un hecho complementario al mismo es la demanda de formas de mayor participación de los ciudadanos. Destaco esto porque estoy convencida de que puede y debe haber complementariedad, entre mayor sea la participación ciudadana y la democracia representativa.

Sobre lo anterior, debemos estar advertidos de algunos malos entendidos y errores frecuentes. El primero, que en algunos extremos se traduce en demandas de co-gobierno, es reconocer que no se puede ir del correcto diagnóstico de que las instituciones de la democracia representativa tienen déficits, a la conclusión incorrecta de que deben ser sustituidas. La conclusión correcta es que deben ser fortalecidas.

Así, por ejemplo, el Consejo de la Concertación, como instancia de diálogo institucionalizado, puede ser un ejemplo en que se compatibilice mayor participación con las autoridades, cuya representatividad procede de la elección popular.

También, un mayor involucramiento de la Asamblea Nacional en actividades no estrictamente legislativas, sino de “audiencias públicas” (los famosos hearings del Congreso de Estados Unidos), para que a la misma lleguen las voces de la sociedad, es otra forma de hacer complementaria la participación con la representación procedente de la voluntad de los ciudadanos a través del voto.

Con los ejemplos anteriores, entre muchos más, se evitaría otro error frecuente: la pretensión de “representatividad” de las organizaciones de la sociedad civil, cuando su caso es de mayor o menor “legitimidad”, en función de su activismo y la eficiencia con la cual gestionan sus intereses, correspondiendo la representatividad a las instituciones y autoridades provenientes de la elección popular.

Otro error es que, con frecuencia, se va del correcto diagnóstico de que los partidos políticos no están funcionando bien, a la incorrecta conclusión de que hay que sustituirlos por las organizaciones de la sociedad civil. La conclusión correcta es fortalecer el régimen de partidos políticos, también abriéndolos a relaciones amplias, plurales y de respeto a su autonomía, con las organizaciones de la sociedad civil.

En relación a los puntos anteriores debe recordarse que una agenda proveniente de la sociedad civil, por su propia pluralidad y diversidad, tiende a la dispersión y en la misma quedan incorporados un sinnúmero de temas de la más variada naturaleza. Ningún gobierno o sociedad puede atender todos esos temas, con la prioridad y los términos en que cada sector los plantea. Para los ambientalistas, lo suyo es primero; pero igual ocurre para quienes se ocupan de los niños de la calle o de los derechos humanos, y así sucesivamente. Corresponde a los partidos políticos y, a cada gobierno, dar integración y prioridad a esa demanda tan diversa que procede de la sociedad civil.

En definitiva, se puede complementar las demandas de la sociedad civil con la función de gobernar, y así se compatibiliza participación con democracia representativa, fortaleciéndose ambas. Y se evitaría, como es el triste caso de algunos países de nuestra región, que en nombre de la participación se niegue la representación para, al final, terminar sin participación y sin representación.

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Este artículo se publicó el 27 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

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Plan estratégico y concertación para el desarrollo

La opinión de…..

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Gina Latoni

A finales del 2009 la prestigiada revista The Economist publicó un amplio reportaje documentando como nuestro país se encaminaba hacia la prosperidad, a raíz de importantes decisiones, como la ampliación del Canal entre otras.

Este año se ha iniciado con una excelente noticia en la misma dirección. En cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que fue uno de los resultados más importantes de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2006-2007), el gobierno del presidente Martinelli ha presentado a la comunidad panameña e internacional el Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014.

Indica el documento que “conjuga las metas consensuadas en el marco del Diálogo para la Concertación Nacional con sus propios compromisos electorales”, al tenor de la señalado en la ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Muchas son las consecuencias positivas de este puntual cumplimiento de lo dictado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Primero, el documento es sometido al escrutinio y debate público lo cual, además de abonar a la transparencia y la rendición de cuentas, invita a observaciones y sugerencias que pueden mejorarlo y, en efecto, está previsto en la ley y en la referida estrategia, revisiones y ajustes periódicos.

El segundo aspecto a destacar es que el plan estratégico contribuye a instalar en la gestión gubernamental, y este fue uno de los propósitos de la Concertación Nacional, el diseño y gestión de políticas de Estado, que trasciendan de un gobierno a otro, sin que los cambios de gobierno, inevitables y deseables en una democracia, signifiquen redistribuciones radicales de los balances de poder y de las reglas del juego. En la medida que esta práctica se institucionalice, Panamá se incorporará al club de países exitosos que, desde el punto de vista de la gestión pública, se caracterizan por “feroz competencia política electoral, pero gran consenso en cuanto a la agenda de desarrollo de largo plazo”, según se atribuye al ex presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso.

En efecto, el documento en cuestión parte del reconocimiento del fuerte crecimiento económico de los 10 años anteriores y de los avances realizados en varios frentes, y arranca de esos avances, sin dejar de prestar atención a los déficits y tareas pendientes.

Dos últimos comentarios sobre el contenido del documento, al hilo de lo anteriormente mencionado. Los objetivos del plan estratégico “de crecimiento económico, disminución de la pobreza y una mejor distribución de la riqueza generada en nuestro país” se corresponden con la unánime aspiración de la sociedad panameña y con los objetivos de la Concertación: “El fin último de la Concertación es contribuir a transformar a Panamá en una sociedad más democrática, equitativa, próspera, dinámica y regionalmente más equilibrada en su desarrollo, aprovechando, entre otras, la oportunidad histórica que ofrece la ampliación del Canal”.

En efecto, de una inicial revisión de los proyectos y programas que sustentan lo que en el plan estratégico se identifican como los motores del crecimiento -logística, turismo, servicios financieros y agricultura-, se puede concluir que los mismos apuntan en lograr el objetivo de un crecimiento fuerte con mejor equilibrio territorial y social.

Finalmente, y en la perspectiva de una sana continuidad de políticas entre gobiernos, el plan estratégico se apalanca en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que sin duda ha contribuido a que mejore la calificación de la deuda pública de nuestro país, “que pasó de BB (estable) en el 2005 a BB+ (perspectiva positiva) en la actualidad”, como lo anota el plan, para que pronto nuestro país adquiera el llamado grado de inversión, que le hará más atractivo para los inversionistas y la facilitará acceso a fuentes de financiamiento a menor costo.

No luce, entonces, imposible, el objetivo del plan estratégico, que en el 2020 Panamá haya duplicado su ingreso per cápita y se acerque al tramo inferior de los países desarrollados.

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Publicado  el   26  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panamá: su cultura del éxito

Panamá: su cultura del éxito

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Gina Marie Latoni
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Más allá de la polarización y, a veces, rudeza del debate político nacional, el cual como es inevitable tiende a exacerbarse en períodos electorales, lo cierto es que como parte nada despreciable del proceso de maduración democrática de Panamá está el hecho de que desde la recuperación de la democracia se han tenido varias transiciones gubernamentales más cercanas al paradigma “ruptura-continuidad”, que al paradigma “refundacional” que se observa en otros países de menor desarrollo político e institucional.

En cada transición ha habido una necesaria e inevitable dosis de ruptura con el pasado inmediato, pero también de continuidad con las cosas que se han venido haciendo bien. Panamá, para decirlo de otra forma, se ha escapado de la tentación “refundacional” con que cada nuevo gobierno intenta hacer “borrón y cuenta nueva” y pretende empezar de cero.

Varios factores han contribuido a esta madurez política e institucional de la que goza Panamá, sin embargo, la capacidad de la sociedad panameña de entender la importancia de estas actitudes, tiene sus raíces en haber reconocido muy temprano en su historia republicana el valor y la fuerza de la negociación y el consenso.

Esta cultura de diálogo y consenso ha significado que Panamá, a diferencia de la mayoría de sus vecinos, ha logrado consolidar su democracia en poco más de dos décadas. Desde los primeros diálogos de Bambito, donde se establecieron las bases de la reconciliación política y de la competencia política democrática, los panameños acogieron esta herramienta en la construcción de la nueva etapa republicana, a tal punto que hoy en día, la sociedad en su conjunto premia el diálogo y rechaza la confrontación. Esto se traduce en un enorme capital cultural y político, tanto para los ciudadanos como para sus gobernantes.

El último ejercicio de diálogo fue la Concertación Nacional para el Desarrollo, la cual culminó en noviembre de 2007. Independientemente de la posición que los diferentes actores hayan tenido sobre la Concertación en su momento, el inicio de un nuevo gobierno es quizá el momento más oportuno para echar una mirada serena a ese diálogo y examinar sus potencialidades en términos de la eficacia de las estrategias y políticas que el nuevo gobierno desee adoptar.

En este contexto hay muchas razones para ver a la Concertación como una fuente de políticas públicas de amplia base de consenso nacional, pero hay unas pocas que resulta inevitable mencionar y tener en cuenta.

En primer lugar, los acuerdos de la Concertación establecieron una “visión” del país que se quiere y un curso estratégico para alcanzar ese país deseable, pero no representan ni mucho menos una camisa de fuerza para ningún gobierno. Explícito está en los acuerdos, establecidos con un horizonte que llega al año 2025 y que, por tanto, cubre cuatro períodos gubernamentales que cada gobierno ajustará su “hoja de ruta” de conformidad con las circunstancias y el sello particular que a partir de sus ideas, principios, valores y compromisos electorales, desee imprimir al país.

En segundo lugar, los acuerdos de la Concertación, y éste es quizá su aporte más sustantivo, reservaron un tercio de los ingresos que el Canal aportará al gobierno exclusivamente para la inversión, evitando que los mismos fuesen “capturados” por el gasto corriente y Panamá cayera en el riesgo del despilfarro de los recursos provenientes de esa importante fuente de renta, como es la experiencia desastrosa de otros países. Así ha quedado establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que se pactó en la Concertación y que ha enviado a los mercados un crucial mensaje: que las finanzas públicas se manejarán con seriedad, eficiencia y transparencia. De conformidad con los acuerdos de la Concertación y la Ley de Responsabilidad Social Fiscal han quedado reservados para la inversión 13 mil millones de balboas procedentes de los ingresos que el Canal aportará al fisco. ¡Nada despreciable!

Finalmente, el acuerdo societario básico al cual me refería al comienzo de este artículo se ancla en el tácito entendimiento del poder de las alianzas público–privadas para el desarrollo, lo cual ha demostrado ser la clave en la casi totalidad de los casos de países que han tenido éxito en las décadas recientes (España, Irlanda, Singapur, para citar algunos ejemplos), incluyendo a Panamá. Ejercicios como la Concertación Nacional son probablemente el instrumento de expresión más fuerte de ese acuerdo. El aprovechamiento de estos espacios, aunque no indispensables para gobernar, contribuye a la viabilidad política y mayor legitimidad de los gobiernos, siendo la prueba fehaciente de ésto el paradigma llamado Panamá.

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Publicado el 4 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos todo el crédito que le corresponde.