Concertación política

La opinión de….

JOSÉ I. BLANDÓN C.

Hace muchos años aprendí que la política es el arte de las posibilidades, y que el deber de un ciudadano es crear las posibilidades para producir los cambios que requiere una determinada época histórica. Panamá vive momentos cruciales de su desarrollo democrático y a pesar de que había decidido no dar más consejos a quien no me los pide, la gravedad de la situación política actual me lleva a plantear las reflexiones que recojo en esta columna.

Los Estados están continuamente evolucionando, cambian y ajustan su estructura y funcionamiento a las condiciones coyunturales que atraviesan, por ello observamos que en las últimas dos décadas, nuestro país ha sufrido grandes transformaciones. Las mismas se han producido después de una dolorosa y sangrienta invasión, pero pese a ello, nuestro pueblo y sus dirigentes supieron solventar esta grave crisis, con dificultades, pero con una clara conciencia que era el único camino para reconstruir la República.

Panamá ha vivido desde la Administración Endara hasta la Administración Martinelli, actualmente en el poder, una profunda transformación y una clara redefinición del papel del Estado en el desarrollo económico, político y social. Estos procesos de cambios han comprendido readecuaciones administrativas e institucionales, reducciones de planillas, sesión de funciones y servicios estatales a la iniciativa privada a través de concesiones y privatizaciones, reformas a la estructura jurídica y constitucional para adecuar el Estado a la globalización que vive el mundo.

En este camino de transformaciones se cometieron muchos errores, no obstante, desde el punto de vista estratégico, en las últimas dos décadas hemos caminado con luces largas en temas centrales de la economía y hemos perdido esa concepción de largo plazo en temas sociales que incluyen la educación, la salud, la seguridad, la lucha contra la pobreza y el bienestar del ciudadano.

Nuestra sociedad también aprendió que las reformas requieren de un mínimo de consenso social y que no se pueden imponer unilateralmente. La experiencia demuestra que cada vez que una administración intentó cambios sin los debidos consensos, produjo el caos y el enfrentamiento social.

Una constante mundial que rige actualmente la administración pública, y nuestro país no es la excepción, es la necesidad de dialogar, negociar y concertar las acciones para lograr las reformas que requiere el país. El desarrollo de la democracia participativa y el cada vez mayor involucramiento de la ciudadanía y sus representantes en la administración pública conlleva formas complejas, basadas en el consenso, de diseño e implementación de nuevos cambios en la administración.

Los resultados de las reformas en la administración del Estado dependen de un sinnúmero de factores y condiciones especialmente de orden social, técnico y político. La Administración Martinelli ha propuesto un conjunto de audaces reformas que impulsaron bajo la consigna del cambio, pero han tenido dificultad en entender que ésas transformaciones solo son posible con un consenso social que se logra a través de la concertación política. Algunos de sus más importantes dirigentes realmente creen que perderán tiempo si consultan y que además, tienen tantas cosas que hacer y el tiempo es tan corto, que prefieren actuar sin consultar. El resultado es que el cambio que proponen pierde velocidad y genera confrontación.

Hay que estar claros en que el diálogo y el consenso son factores críticos para fortalecer la gobernabilidad y la democracia y que mientras más amplia sea la participación de actores públicos, privados y sociales, mejores serán sus resultados de impacto. La concertación política resulta un proceso particularmente útil para el diseño e implementación de reformas en la administración pública, que ocurren bajo un conjunto de complejas realidades sociopolíticas.

Nuestros dirigentes del gobierno deberían entender que el objetivo fundamental de un proceso de concertación política, es hacer viable el cambio que ellos ofrecieron en su campaña electoral. Durante la formulación de muchas reformas que se prometieron, al someterla a un proceso de concertación, se sacrifican algunos aspectos técnicos a favor de reincorporar elementos políticos que facilitan la aprobación y la implementación de los cambios.

La concertación política no está libre de obstáculos y esto hace que los enemigos de la democracia se apoyen en ello para negar la participación ciudadana. Las dificultades más graves se dan, incluso antes de iniciar los procesos de concertación, provocando con frecuencia que estos no se ejecuten. Estos problemas están generalmente asociados con las actitudes y percepciones de los participantes en dichos procesos.

Una dirección política siempre debe insistir en el diálogo, en buscar consensos con aquellos a quienes se quiere aplicar una reforma. Ese camino es más difícil, pero lleva a la certeza de que el cambio se producirá. Los cambios impuestos solo producen confrontaciones innecesarias y peligrosas. Nos encontramos en el marco de una situación política muy compleja y se hace necesario que todos actuemos con prudencia, sabiduría y visión de largo plazo.

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Este artículo fue publicado el  20 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Enseñando a gobernar

La opinión de la Doctora…

Amarillys Taylor Schwander

Los últimos e importantes acontecimientos en el país, las protestas de Changuinola que ocasionaron pérdidas de vidas, ciudadanos gravemente perjudicados en sus capacidades para continuar una vida útil, por una tanto brutal, irrazonada como exagerada represión, han traído como consecuencia que varios actores de la sociedad civil, ante los ataques y las reacciones desfasadas con los acontecimientos de los gobernantes se han rebelado y han exigido una revisión de la ley 30, cuya aprobación por el legislativo y el ejecutivo es considerada un atentado a las libertades individuales y a la democracia.

Si bien podemos constatar que los manifestantes no hicieron una manifestación no violenta sino que -por el contrario- destruyeron propiedades tanto particulares como gubernamentales; el exceso de estos, no puede de ninguna manera justificarse con una represión que elimina a conciudadanos y deja inválidos a otros es decir, respondiendo con aún más exceso.  Vienen a la mente los siniestros sucesos de la dictadura y la actual represión es aprovechada ahora por el brazo político de la dictadura, el partido PRD.

Los panameños tenemos muy claro que es lo que no queremos y que es lo que deseamos con respecto a esta ley. Los numerosos capítulos que se trataron en ella corresponden a temas que deben tratarse separadamente, el gobierno ha dado un paso en vías de una reconciliación, aceptando que se ha equivocado, que hay que discutir y que hay que cambiar. Estas buenas intenciones deben ser sancionadas por propuestas vinculantes que nos afirmen que las decisiones tomadas por la mesa de la concertación serán verdaderamente respetadas y que la ley va a ser subdividida en sus varios temas que serán tratados cada uno por separado.

Para discutir, llegar a un acuerdo, ninguna de las partes debe fijar metas inalcanzables a priori. Es decir: los sindicatos no pueden exigir antes de sentarse en la mesa que se anule completamente la ley, ni el gobierno imponer su manera de ver diciendo que sólo se tratarán ciertos temas.   Hay que llegar a esa mesa con las ideas claras, con propuestas razonables y con la certeza de que se va a escuchar, cambiar lo que se debe y tener una propuesta específica para todos los temas que se tratan en esta ley y que el pueblo con la malicia y la visión que lo caracteriza ha llamado: “Ley Chorizo”.

La lección es: si a pesar de tener buenas intenciones no has presentado tus proyectos, leyes, de manera clara, transparente, aceptable para la mayoría; el pueblo te enseñará como hacerlo y esto es lo que ha estado ocurriendo. ¿Podremos creer que se ha cambiado? Que los días de las innombrables concertaciones sin ningún resultado son cosas del pasado?   El tiempo nos lo dirá.

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Este artículo se publicó el  19  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Cómo asegurar el cambio que favorecimos

La opinión de….

ENRIQUE ARTURO DE OBARRIO

Favorecimos el ‘cambio’, como la gran mayoría, y seguimos con la disposición de seguir apoyándolo. Lo hicimos públicamente al frente de ‘Fuerza Independiente’, movimiento integrado por personalidades verdaderamente independientes de la vida político—partidista;  conciudadanos de trayectoria propositiva, como Roberto Troncoso, Irving Hallman, Julia Suira, Bertilo Mejía, Geraldine Emiliani, Rafael Montes Gómez, Alexis Soto y varios más en todo el país.

Luego de un análisis sosegado, al principio optamos por la candidatura de Varela; después nos convencimos de que su candidatura no era del todo viable y que lo que más convenía a los intereses nacionales, dentro de la coyuntura política tal cual se presentaba entonces, era evitar la división del voto opositor y asegurar el triunfo del candidato Martinelli; por ello contribuimos al acercamiento entre Martinelli—Varela, que a la postre hizo fraguar la alianza por muchos considerada imposible, y como alianza se logró el respaldo electoral mayoritario.

Nuestra decisión se fundamentó en el anhelo de un cambio que permitiese, sobre todo a quienes se encuentran en la base de la pirámide, el presente y futuro al cual tienen derecho; en términos de mayores oportunidades para beneficiarse de un crecimiento económico con equidad social.   Para lograr lo anterior se hacía necesario eliminar las prácticas nefastas que han impedido el desarrollo de una Democracia Plena.

La Democracia Plena parte del sufragio popular y la elección de candidatos en forma transparente, a quienes por esa vía se confía un mandato; en el caso del presidente de la República, un mandato para gobernar, para administrar la Cosa Pública por un periodo determinado, pero no termina allí.

Esa confianza implica también que se actúe con sujeción al Estado de Derecho, respeto por la separación de los poderes; con un firme rechazo a la corrupción; favoreciendo los pesos y contrapesos; ejerciendo las funciones públicas con transparencia y rendición de cuentas; con énfasis en la consulta y los espacios de participación ciudadana, diálogo y concertación; asegurando la vigencia de los derechos humanos y libertades plenas; comprendiendo que todos somos panameños, y no caben rencores, revanchismos ni actitudes prepotentes sino, sobre todo, la vocación y determinación para resolver, entre todos, los principales apremios; sobre todo, con humildad, que no es sinónimo de debilidad.

Así entendimos y apostamos por el cambio; pero alumbrándolo con luces largas, en función de una visión de país compartida, construida por todos, no solo desde el sector público—político, porque es claro que el rol de los electores tampoco termina en las urnas.

El mandato presidencial no provino exclusivamente de las filas de CD y los partidos de la Alianza; fue posible también gracias a la confianza depositada por miles de independientes, de la sociedad civil, y de compatriotas sencillos que no están matriculados en ningún partido político. La gobernabilidad también habrá de encontrar su más fiel respaldo entre estos, quienes a final de cuentas inclinarán el péndulo de la confianza, factor tan crucial para cualquier mandatario.

Asimismo, es cuando más debemos tomarnos en serio el tema de la Concertación Nacional, y dar en consecuencia el mayor énfasis a la Ley 20 de 25 de febrero de 2008, que crea el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y establece su mecanismo de verificación y seguimiento. Se trata de abrazar ese espacio de diálogo social institucionalizado, en función de lo que más conviene al interés nacional, al bien común; es la máxima instancia que como panameños hemos logrado, no para cogobernar, sino para apoyar a cualquier presidente y su gobierno a construir consensos, en una forma organizada y edificante.

A los ciudadanos de buena fe lo que nos interesa es que la actual administración sea lo más exitosa posible; pero nos interesa que la del 2014 y periodos sucesivos también lo sean. Lo nuestro nunca debe ser coyuntural, asimilándonos a las mieles del poder, como lo hacen esos aduladores y sanguijuelas que aparecen en todos los gobiernos.

Sería deseable, oportuno, que el presidente haga un ajuste de su equipo de trabajo al nivel ministerial. Corresponde al presidente rodearse de aquellas personas capaces, que de verdad tienen la convicción y el compromiso de anteponer a la patria y a los pobres primero.

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Este artículo fue publicado el 29 de julio de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Concertar para el Desarrollo

La opinión de…..

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Isabel Saint Malo de Alvarado

“Concertación en su agonía final” anunciaba un titular de este diario el pasado 6 de mayo. Y yo pienso “increíble que dejemos pasar las oportunidades de esa manera”. Todavía no logramos el desarrollo que aspiramos y a pesar de ello nos damos el lujo de desechar una de las herramientas más poderosas para tal fin: la Concertación Nacional.

El desarrollo nos debe importar a todos. A los jóvenes que no consiguen empleo de calidad, a pesar de haberse educado. A quien se le muere un hijo, porque no lo atendieron a tiempo en el hospital. A quienes escuchamos estupefactos que en un país con uno de los ingresos per cápita más altos de la región, aún hay niños que mueren de hambre.

Si miramos los países más desarrollados del mundo constatamos que muy pocas naciones han alcanzado altos niveles de desarrollo en las últimas décadas, salvo Irlanda y Singapur. Estos, así como otros que lo lograron un tanto antes como España, con sus Pactos de la Moncloa, lo hicieron sobre la base de amplios acuerdos nacionales. Contar con una visión estratégica de mediano y largo plazo con metas ambiciosas y realistas ha sido un factor común a su éxito. Se trata de consensos formales que definan hacia dónde quiere caminar el país. En nuestro propio país hemos sido testigos de lo que es posible a partir de la construcción de grandes acuerdos. Recordemos como ejemplo la aprobación de toda la legislación que nos permitió recibir el Canal de Panamá.

Además de los acuerdos, se requiere de mecanismos para darles seguimiento.

Irlanda instaló un Consejo para tales efectos. El mismo cuenta con una secretaría pequeña, semiautónoma y financiada por el Estado.

Esto, además del apoyo de los sectores productivos, sin los cuáles no hay desarrollo, permite que las estrategias tengan sostenibilidad y no sean presa de los ciclos políticos. Por otro lado, los acuerdos fomentan la inclusión y la cohesión social.

Los panameños contamos con los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que fueron alcanzados participativamente y construidos sólidamente; cubren los ejes centrales del desarrollo: educación, salud, crecimiento, bienestar y equidad, institucionalidad. Fueron construidos a partir del esfuerzo desinteresado de muchísimas personas representantes de los sectores empresarial y laboral, partidos políticos, mujeres, indígenas, ambientalistas y Gobierno, entre otros, con el apoyo técnico del PNUD. Se requirieron 173 sesiones de trabajo en mesas temáticas, 51 reuniones en nueve provincias y tres comarcas indígenas para alcanzarlos.

La concertación, además, concluyó con la instalación de un Consejo, al igual que lo hizo Irlanda y España.

El mismo cuenta con recursos aprobados y hasta llegó a tener un secretario quien recién renuncia según él por razones personales, según los diarios porque la actual Administración no le permite trabajar, empezando por nombrar el equipo técnico mínimo que un esfuerzo de semejante tamaño requiere. Una pena.

A mi juicio, mientras en este país sigamos con una educación pública sin calidad, un sistema de salud público altamente ineficiente y grupos marginados que viven en extrema pobreza, esos acuerdos siguen siendo válidos y los debemos utilizar como un norte en las estrategias nacionales.

Al Gobierno lo elegimos para gobernar, sin duda. Sin embargo, los retos que enfrentamos son de todos y para superarlos necesitamos la participación de todos.

Si los acuerdos alcanzados en la Concertación contravienen las estrategias de este Gobierno, pues sentémonos como sociedad a conversarlo.

El desarrollo es dinámico y así deben ser los acuerdos y estrategias para alcanzarlos.

Lo que no es posible es lograr los cambios que requerimos, cualesquiera que estos sean, sin acuerdos nacionales mínimos. Ningún país, con excepción de algunos que lo han logrado por medio de dolorosas dictaduras, ha logrado hacerlo de otra manera. Comprometidos como estamos los panameños con la participación y los valores democráticos, este es el único camino en nuestro caso.

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Este artículo se publicó el 11 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Quebrar el país: mal negocio

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

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Silvio Guerra Morales

Me he atrevido, bajo qué licencia, confieso no saberlo, tal vez guiado por el sentido y deseo de querer un mejor país, a señalarle a un alto funcionario del Gobierno del Presidente Martinelli,  que ante las protestas que se están dando en el país y tras los últimos acontecimientos que han dejado réditos lamentables, tanto en lo que respecta a la libertad individual como a la paz colectiva y ello sin descontar los daños económicos y el distanciamiento de parte y parte, que si el Presidente, en días pasados, desde el extranjero, hizo un llamado a la concertación nacional expresando su deseo de que todos colaboremos con el cambio propuesto y anhelado en la institucionalidad de nuestra vida política y social, era menester que dicho llamado o desiderátum no se quedara tan solo en un simple deseo, sino que había que pasar a los hechos.

Por ello, somos del criterio, que el señor Presidente Martinelli bien podría convocar a todas las fuerzas vivas del país, sus dirigentes, sea en la Presidencia o en el lugar que a bien se tenga elegir, a efectos de escuchar sus planteamientos e intercambia con ellos pareceres.   Nada se pierde, pero mucho se gana.   De hecho sentarse a hablar ya es indicativo de querer tomar en cuenta la opinión de los dirigentes.   Gana el pueblo que es escuchado y gana el Presidente y su Gobierno que se verían fortalecidos en la vida democrática.

Estoy convencido que el Presidente Martinelli es un hombre de convicciones democráticas, por ello es necesario concertar hablando, concertar escuchando. Un dialogo es menester, siempre hay que dialogar.   Nadie, ninguno de esos dirigentes, desde luego, podrá imponer criterios y menos adoptar posiciones retrógradas o recalcitrantes, odiosas e intransigibles.

De otra suerte, la dirigencia de los diversos sectores que se agitan en la vida política, debe anteponer intereses políticos por el bienestar de la nación entera, de todo nuestro pueblo. No aplaudimos encierros pero tampoco tranques y olas de disturbios.   La beligerancia política nos indica que se puede protestar sin destruir bienes públicos, sin caer en la violencia o en los ataques injustificados o en los infundios y las diatribas que lastiman, ofenden y denigran la autoestima y la dignidad personal, sea de esos dirigentes o de las autoridades gubernamentales.

Panamá requiere y demanda con carácter inminente acuerdos. Nadie puede aspirar o pretender acordar desestabilizar al país; acordar destruir la paz y el sosiego domésticos; nadie puede pretender derrocar o tumbar a las autoridades legalmente elegidas e instituidas; nadie, que se llame cuerdo y prudente, puede acordar quebrar a la nación y con ello el advenimiento de aciagos días para nuestra pobre gente pobre. Se impone cordura, mesura en el discurso de parte y parte. Hay que anteponer orgullos y construir un discurso social sobre la base del respeto, primeramente, y luego sobre el bienestar de nuestra gente.   Al final de cuentas, los réditos sociales, sus beneficios, no hacen distingos entre ricos ni pobres, todos nos beneficiamos.

Dios bendiga a la Patria y a nuestra gente.

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Este artículo  fue publicado el 19 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Plan estratégico y concertación para el desarrollo

La opinión de…..

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Gina Latoni

A finales del 2009 la prestigiada revista The Economist publicó un amplio reportaje documentando como nuestro país se encaminaba hacia la prosperidad, a raíz de importantes decisiones, como la ampliación del Canal entre otras.

Este año se ha iniciado con una excelente noticia en la misma dirección. En cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que fue uno de los resultados más importantes de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2006-2007), el gobierno del presidente Martinelli ha presentado a la comunidad panameña e internacional el Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014.

Indica el documento que “conjuga las metas consensuadas en el marco del Diálogo para la Concertación Nacional con sus propios compromisos electorales”, al tenor de la señalado en la ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Muchas son las consecuencias positivas de este puntual cumplimiento de lo dictado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Primero, el documento es sometido al escrutinio y debate público lo cual, además de abonar a la transparencia y la rendición de cuentas, invita a observaciones y sugerencias que pueden mejorarlo y, en efecto, está previsto en la ley y en la referida estrategia, revisiones y ajustes periódicos.

El segundo aspecto a destacar es que el plan estratégico contribuye a instalar en la gestión gubernamental, y este fue uno de los propósitos de la Concertación Nacional, el diseño y gestión de políticas de Estado, que trasciendan de un gobierno a otro, sin que los cambios de gobierno, inevitables y deseables en una democracia, signifiquen redistribuciones radicales de los balances de poder y de las reglas del juego. En la medida que esta práctica se institucionalice, Panamá se incorporará al club de países exitosos que, desde el punto de vista de la gestión pública, se caracterizan por “feroz competencia política electoral, pero gran consenso en cuanto a la agenda de desarrollo de largo plazo”, según se atribuye al ex presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso.

En efecto, el documento en cuestión parte del reconocimiento del fuerte crecimiento económico de los 10 años anteriores y de los avances realizados en varios frentes, y arranca de esos avances, sin dejar de prestar atención a los déficits y tareas pendientes.

Dos últimos comentarios sobre el contenido del documento, al hilo de lo anteriormente mencionado. Los objetivos del plan estratégico “de crecimiento económico, disminución de la pobreza y una mejor distribución de la riqueza generada en nuestro país” se corresponden con la unánime aspiración de la sociedad panameña y con los objetivos de la Concertación: “El fin último de la Concertación es contribuir a transformar a Panamá en una sociedad más democrática, equitativa, próspera, dinámica y regionalmente más equilibrada en su desarrollo, aprovechando, entre otras, la oportunidad histórica que ofrece la ampliación del Canal”.

En efecto, de una inicial revisión de los proyectos y programas que sustentan lo que en el plan estratégico se identifican como los motores del crecimiento -logística, turismo, servicios financieros y agricultura-, se puede concluir que los mismos apuntan en lograr el objetivo de un crecimiento fuerte con mejor equilibrio territorial y social.

Finalmente, y en la perspectiva de una sana continuidad de políticas entre gobiernos, el plan estratégico se apalanca en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que sin duda ha contribuido a que mejore la calificación de la deuda pública de nuestro país, “que pasó de BB (estable) en el 2005 a BB+ (perspectiva positiva) en la actualidad”, como lo anota el plan, para que pronto nuestro país adquiera el llamado grado de inversión, que le hará más atractivo para los inversionistas y la facilitará acceso a fuentes de financiamiento a menor costo.

No luce, entonces, imposible, el objetivo del plan estratégico, que en el 2020 Panamá haya duplicado su ingreso per cápita y se acerque al tramo inferior de los países desarrollados.

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Publicado  el   26  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Manifiesto a la Sociedad Civil

La opinión del Activista de Derechos Humanos…..

Miguel Antonio Bernal

Por considerarlo de interés ciudadano, cedo la palabra a la Sociedad Civil: “Nuestra constitución política es clara al definir en su artículo 2 que el poder público solo emana del pueblo, y lo ejerce el Estado por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

Dicho precepto, durante la campaña electoral, fue un compromiso del actual Presidente con todos los panameños.

El compromiso incluía que las organizaciones ciudadanas serían tomadas en cuenta en los asuntos públicos del país.

Para consternación de la ciudadanía, los hechos parecen ir en dirección opuesta a estos principios. La Sociedad Civil ha visto limitada sus funciones para la escogencia de magistrados, donde la meritocracia se supeditó al amiguismo. Conceptos fundamentales del derecho han sido olvidados durante la discusión de leyes como las escuchas telefónicas; postergación de la descentralización municipal; la prolongación de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio causa principal de la mora judicial y al desconocer los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo y del Pacto de Estado por la Justicia.

Hemos sido excluidos del Consejo Nacional de Transparencia y no vemos espacios de diálogo para evaluar los proyectos de desarrollo depredadores del ambiente, los temas de seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, la salud, la carrera administrativa, el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las víctimas de violencia.

Con respecto al juicio que se sigue contra la Procuradora General de la Nación, somos del criterio que todos los servidores públicos tienen que responder ante la ley por violaciones a la misma, sin embargo percibimos un ambiente totalmente politizado y una actitud de control por parte del Órgano Ejecutivo, que afectará el debido proceso en este caso. En lo referente al aspecto jurídico de este proceso revisaremos todos los detalles del mismo y emitiremos opinión en su momento. Si es necesario acudiremos a los organismos internacionales.

Definitivamente, uno de los grandes problemas de la democracia panameña es el exceso de poder presidencialista y esto es parte de la crisis institucional que hoy vivimos. Si a esta situación le unimos la intolerancia frente a las críticas ciudadanas y los pocos espacios de diálogo nacional, la situación se torna mucho más difícil para la democracia panameña.

Debemos recordar que los partidos políticos son instituciones que tienen como objetivo fundamental asumir democráticamente el poder del Estado para gobernar. La sociedad civil, por su parte, está formada por organizaciones que tienen como objetivo fundamental incidir en los gobernantes para que actúen conforme a la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y las exigencias del bien común. El derecho de asociarnos para opinar e incidir en la cosa pública es un derecho humano de todos los habitantes y esto es irrenunciable.

Hacemos un llamado al gobierno para que reactive los espacios de diálogo, entre ellos la Comisión de Estado por la Justicia y todos los espacios de diálogo que se requieran para discutir los temas que más angustian a la población panameña. Igualmente hacemos un llamado a los ciudadanos a opinar, exigir y ejercer su derecho a disentir.”

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Publicado el 15 de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.