Un sistema de vigilancia para Panamá

La opinión de…

 

Ernesto E. Cerrud Herrera

La reciente adquisición por parte del Estado panameño de recursos adicionales para la lucha contra el narcotráfico y la protección de los espacios jurisdiccionales del país, es una clara evidencia de que la presente administración gubernamental ha tomado la firme decisión de darle un alto valor tecnológico agregado a su política de seguridad nacional, incluyendo la seguridad pública y/o ciudadana.

Guardando las enormes proporciones, la decisión de comprar los costosos equipos y know how a la multinacional italiana de defensa Finmeccanica hace una reminiscencia del denominado “Sistema de Vigilancia Amazónica” (Sivam) o “Sistema de Protección Amazónica” (Sipam) del Brasil. Este es un “sistema de sistemas” de vigilancia del complejo utilizado para el control de la denominada “zona legal del Amazonas”; o sea, la selva amazónica brasileña, con el propósito declarado de frenar el narcotráfico, la tala ilegal o la quema de la selva.

El sistema utiliza una mezcla de radares fijos y móviles en tierra, así como la vigilancia aérea con el Embraer ERJ-145. En términos concretos, el Sivam tiene el propósito central de vigilar, controlar, proteger y defender el espacio jurisdiccional del territorio amazónico brasileño.

En el caso particular de Panamá, el desarrollo del sistema de seguridad y vigilancia costera del país incluye la adquisición de los seis helicópteros AW139 Agusta–Westland para el Servicio Nacional Aeronaval y el levantamiento de la cartografía digitalizada de todo el país para el Instituto Nacional Tommy Guardia.

Al contar con un “mapeo” preciso y actualizado de la geografía nacional, las autoridades podrán utilizar esta información con mayor efectividad operativa aplicada a los sistemas de control y vigilancia. En suma, será un sistema integrado (“sistema de sistemas”) de avanzada tecnología para combatir el crimen organizado y ejercer un mayor control de nuestras fronteras.

De esta manera, se espera mejorar el control de los espacios jurisdiccionales y ejercer la presencia soberana del Estado en los puntos más “débiles” de la geografía nacional.

En este contexto, es interesante resaltar que la inversión estatal en la compra de los equipos y know how complementario se constituye en un “modelo de referencia” en la integración de sistemas y plataformas de seguridad y defensa para Centroamérica y Suramérica.

Esto es relevante en el contexto de la integración sub-regional sustentada en el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y de su modelo de seguridad democrática, concepto al cual se adhiere Panamá como Estado miembro del Sica.

Como modelo de referencia, incluso, se puede deducir que la integración de sistemas y plataformas tecnológicas en materia de seguridad puede coadyuvar al funcionamiento y operación del propuesto Centro de Coordinación Regional en Seguridad Democrática, con sede en Panamá y sub-sede en Guatemala.

Esto, como parte de los esfuerzos de los países del Sica para contrarrestar el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, de personas, el contrabando de mercancías, robo de vehículos, terrorismo, etc. Asimismo, potencialmente puede convertirse en una eficaz herramienta de protección al ecosistema de nuestra pequeña amazonia istmeña, el tapón del Darién, visto desde la perspectiva estratégica del vínculo multidimensional entre cambio climático, seguridad nacional y desarrollo sostenible.

Esto abarcaría las áreas protegidas de la cuenca hidrográfica de la región interoceánica y la infraestructura crítica del Canal de Panamá y de sus instalaciones, incluyendo las potenciales amenazas asimétricas a su seguridad; tales como un ataque terrorista, entre otras.

Si queremos vivir con un mínimo aceptable (y esperamos incremental) de seguridad, así como salvaguardar la gobernabilidad democrática y que el país no se convierta en paraíso del crimen organizado, es consustancial entender por parte de los ciudadanos–contribuyentes, que los productos y recursos de la alta tecnología en materia de seguridad cuestan, ¡y mucho!

En este sentido, la inversión del erario público en la materia, bien administrada, más que un asunto de seguridad nacional, es parte de una política pública de Estado para la seguridad de todos. En esta perspectiva, creo que la adquisición se justifica en términos del alto valor tecnológico que agrega a nuestra seguridad.

<> Este artículo se publicó el 30  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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