¿Es esta ciudad un destino deseado?

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La opinión de…

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Leandro Ferreira Béliz –

En los últimos años mucho se ha hablado de la buena ubicación que tiene la ciudad de Panamá en el denominado ranking de destinos turísticos que manejan algunas revistas internacionales especializadas en el tema. Tan bien ha calado esa noticia, que muchos, en estado casi eufórico, han llegado a pronosticar un inminente ingreso de nuestro país al conglomerado de naciones que integran el Primer Mundo.

A simple vista, pareciera que este entusiasmo contagioso tiene sólidas bases, porque resulta evidente que en algunos sectores el progreso no se ha hecho esperar.   Entre estos, está el de la construcción, que con sus majestuosos proyectos urbanísticos que incluyen modernas torres de apartamentos, hoteles de ensueño, espectaculares centros comerciales y residencias lujosas, no dejan de impresionar a locales y foráneos, aunque se hayan construido, en muchos casos, con total menosprecio de las más elementales normas de protección al entorno, y con una infraestructura de servicios públicos deficiente.

Pese a esa buena impresión que causa la transformación urbana, a algunos de los que vivimos aquí nos sorprende que a la ciudad internacionalmente se le reconozca como una urbe que reúne todos los requisitos para ofrecer gran confort, cuando evidentemente nuestra calidad de vida ha venido desmejorando, como si se tratara de un objeto en caída libre. Para muestra, sobran los botones.

Las dificultades para el desplazamiento vehicular cada vez son más. Los tranques han pasado de ser fastidiosos y de horas pico, a tortuosos y permanentes. Con el colapso reciente de las carreteras de acceso al Puente Centenario, el asunto se complicó.   Para colmo, nuestras calles y avenidas no están siendo vigiladas debidamente por policías y agentes de tránsito, cuya escasez es notoria y generadora de caos.

La basura abunda y su recolección hasta ahora no satisface los requerimientos mínimos. Esto como herencia del que alguna vez bailó por un sueño y hoy nos ha sumergido en una especie de pesadilla de la que queremos despertar a corto plazo.

Y encima, “tras que el ojo llora, le echamos sal”, el agua potable, otrora motivo de orgullo y etiqueta de presentación del país, ahora es escasa, turbia y no apta para el consumo humano. Esta crisis es inaceptable en un país donde abunda el recurso, tanto así, que tenemos un canal interoceánico donde cada barco que lo atraviesa ocasiona el gasto de 50 millones de galones de agua.

Ni hablar de la delincuencia que no cede y que mantiene los índices respectivos muy elevados, considerando el número de habitantes. Todo este panorama me hace dudar de las famosas clasificaciones de las “ciudades maravillosas”. Como dicen por allí, ¿será que en otros lados la cosa está peor?, y que en tierra de ciegos el tuerto es rey, y la ciudad de Panamá es la hermosa tuerta.

No quiero pensar que el marketing de los que promocionan el país en el exterior ha sido tan efectivo y engañoso, que le han metido un golazo a los expertos en destinos turísticos y residenciales. Pero, independientemente de las dudas en torno a las calificaciones otorgadas a nuestra querida capital, lo importante es lograr que se adopten medidas inmediatas para detener la caída en picada de nuestro estándar de vida.

Estas medidas deben contemplar, entre otras cosas, la construcción de calles, viaductos y similares; la adopción de normas que regulen la construcción de edificios; programas de educación ciudadana para la conservación del ornato; vigilancia permanente de nuestra red vial para no dejarla en manos de los conductores, muchos de ellos verdaderos delincuentes del volante; y la inversión en la rehabilitación y mejoramiento de potabilizadoras y acueductos para garantizar el suministro de agua a toda la población.

En conclusión, debemos ganarnos la alta calificación que se nos ha concedido, para entonces ostentar merecidamente el distintivo de ciudad ejemplar.

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Este artículo se publicó el 20  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Para que funcione el control posterior

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La opinión de…

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Leandro Ferreira Béliz

Con la eliminación del control previo que ejercía la Contraloría General de la República en algunas entidades, ha surgido preocupación en muchos sectores, porque consideran que con esta medida se incrementa significativamente el riesgo de malos manejos de fondos y bienes del Estado.

Pero el propio presidente ha salido al paso de las críticas, argumentando que lo importante para garantizar transparencia en la administración pública, no es el control previo o el posterior, sino contar con funcionarios honestos en las instituciones.

Aunque válido el planteamiento del Ejecutivo, hay que comprender que a la ciudadanía le cuesta depositar su plena confianza en aquellos que dirigen las instituciones públicas, debido a que la experiencia en este tema nunca ha sido del todo satisfactoria.

Pero, independientemente de las opiniones a favor o en contra de la eliminación del control previo, al cual básicamente se le ha estigmatizado como el responsable de la lentitud en la ejecución de los programas y proyectos, quiero referirme a las posibilidades que tiene el denominado control posterior, para asumir con éxito la enorme responsabilidad de garantizar la transparencia.

Al escuchar de control posterior, debemos entender que se trata del conjunto de procedimientos que se realizan para verificar que actos de manejo de fondos y bienes públicos ya ejecutados, se hayan efectuado cumpliendo con las disposiciones y normas aplicables. O sea, estamos hablando de auditoría propiamente, la revisión de hechos pasados. Estas auditorías pueden ser financieras, operativas, o especiales, según el objetivo trazado.

En el sector público, las auditorías son realizadas por la Contraloría General de la República, a través de su Dirección Nacional de Auditoría General; por las unidades de Auditoría Interna de cada entidad, y en algunos casos por firmas privadas contratadas con esa finalidad.

No obstante, y a pesar de que se realizan estas auditorías, hay que reconocer que hasta ahora su eficacia como medio para combatir la corrupción y el desgreño administrativo, es cuestionable, por múltiples razones que abordaré brevemente.

La mayoría de estos exámenes por razones prácticas y de costos, se basan en muestreos. Es decir, no se revisan todas las transacciones que involucran desembolsos de las arcas estatales, a diferencia del control previo, donde la fiscalización y el refrendo de la Contraloría General de la República está siempre presente.

A pesar de que las normas vigentes establecen que la aplicación de las recomendaciones formuladas en un informe de auditoría es obligatoria, en la práctica éstas son ignoradas en la mayoría de los casos. Esto impide el mejoramiento de los controles internos.

Las debilidades de nuestro sistema de justicia también obran en contra del control posterior, porque generalmente y a pesar que en las auditorías se descubren fraudes, despilfarro y otras anomalías, no hay certeza de castigo para los responsables.

Otro elemento que merma las esperanzas de la población en el control posterior es la calidad de los exámenes que se practican. Ya en el pasado, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República han protagonizado acalorados debates en torno a este punto, porque no hay que perder de vista que de esta calidad depende en gran parte que se pueda procesar judicialmente a los autores de las irregularidades que se descubren.

En conclusión, considero que para establecer un escenario propicio para el desarrollo de un control posterior realmente efectivo, será necesario que se corrijan cada una de las situaciones que hoy le restan confiabilidad.

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<> Este artículo se publicó el 12  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Caídos en el cumplimiento del deber

La opinión de…

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Leandro Ferreira Béliz  –

Con la muerte del cabo Lezcano, mientras frustraba un asalto en Arraiján, ya suman tres los policías asesinados durante las últimas semanas, mientras cumplían con su deber. Una alta cuota de sacrificio, difícil de asimilar.

Esta situación además de evidenciar que la delincuencia lejos de ceder, sigue siendo uno de los principales problemas que nos agobian, constituye un hecho que nos lleva a reflexionar sobre los peligros que enfrentan a diario nuestros uniformados, a quienes en muchas ocasiones negamos el apoyo requerido.

Considero justo y necesario destacar la actuación de esos humildes funcionarios que con su ejemplo renuevan las esperanzas de la ciudadanía en una institución muchas veces cuestionada por la mala actuación de algunos de sus miembros, que lamentablemente optan por deshonrar el uniforme y empañar la labor de la gran mayoría. También es propicia la ocasión para hacer un llamado a los responsables de tomar las decisiones en torno al tema de la dotación de apropiadas armas y equipos para los agentes.

Preocupa que los delincuentes porten armas automáticas de gran poder y eficacia, mientras que los agentes del orden público tengan que enfrentarlos con el tradicional y limitado revólver calibre 38, de únicamente seis tiros. En medio de una balacera, cuando se agotan estas municiones, me imagino que sólo le resta al oficial encomendarse a Dios.

Hace algunos años se habló de la necesidad de reemplazar el arma de reglamento de la policía, pero hasta allí llegó el asunto. Lo cierto es que hoy se libra en nuestras calles una desigual lucha contra el crimen, en la que la parte más vulnerable parece ser la que representa la Ley.

Paralelamente a la adecuada dotación de armas, es indispensable aplicar sin contemplación aquellas disposiciones penales que castigan con mayor severidad a los asesinatos de policías y funcionarios afines, mientras cumplían con sus funciones de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Castigando ejemplarmente esos homicidios con agravantes, se enviará un mensaje de cero tolerancia a los maleantes de este país, que siembran el terror en nuestros barrios. Si no lo hacemos así, la triste experiencia de algunas naciones vecinas, donde constantemente los elementos policiales caen abatidos por las balas de los delincuentes, podríamos vivirla nosotros.

También es necesario invertir en la capacitación continua de nuestros agentes, para garantizar que adquieran los conocimientos y puedan desempeñar su trabajo, minimizando los riesgos para sí mismos.

Envío mis sinceras condolencias a las familias de todos estos héroes que han ofrecido sus vidas para salvaguardar las nuestras.

Los ciudadanos que exigimos a nuestras autoridades mejor seguridad, también sabemos reconocer, valorar y agradecer ese sacrificio.

<> Este artículo se publicó el 21 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Una cuestión de calidad, no de cantidad

La opinión de…

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Leandro Ferreira   –

Recordar es vivir, y precisamente iniciaré este artículo rememorando aquellos años de estudiante de primaria y secundaria, cuando las clases se iniciaban pasada la Semana Santa (generalmente en el mes de abril), y antes del Día de la Madre ya habíamos concluido el año escolar. Pese a esto, siento que se alcanzaban los objetivos trazados y se asimilaban los conocimientos necesarios para avanzar al siguiente grado, sin mayores problemas.

La ventaja de ese calendario escolar era que permitía el disfrute pleno de la hermosa temporada del verano panameño, la cual se aprovechaba para practicar deportes, visitar y convivir con familiares en el interior, y sobre todo descansar y jugar.

Y que nadie se asuste por lo del juego, está comprobado que es vital para la formación del niño.

Pero los tiempos cambian y también las ideas, y a veces no para bien. Ahora resulta que los funcionarios encargados de dirigir el sistema educativo nacional han decidido unilateralmente que el problema de la mala calidad de la educación se resuelve extendiendo la duración del año escolar, medida además de innecesaria, inútil.

Creo que se está distorsionando el enfoque y, por consiguiente, se están dirigiendo los esfuerzos en una dirección equivocada.

Las deficiencias del proceso de enseñanza–aprendizaje de este país, más que un problema de cantidad de jornadas, es un problema de calidad de las mismas. Nada o poco se logrará con someter a los estudiantes a un fastidioso régimen de casi 10 meses ininterrumpidos de clases, si estas no son impartidas con métodos de probada efectividad pedagógica, que brinden especial atención a los que considero son las áreas donde nuestros educandos muestran las mayores debilidades, tales como: lectura y comprensión, expresión oral y escrita, y capacidad para el análisis lógico.

Si en realidad se aspira a mejorar el sistema, no se puede dejar a un lado la implementación de un adecuado proceso de selección de docentes.

El actual proceso de escogencia es sólo una competencia de quién presenta la mayor cantidad de certificados, y todos sabemos que con el relajamiento en la fiscalización de nuestras universidades, en muchas ocasiones esos documentos no garantizan que un aspirante a maestro o profesor tenga los conocimientos y destrezas para ejercer el cargo efectivamente.

En el proceso de selección de personal, urge la inclusión de exámenes o pruebas de psicoanálisis, redacción y ortografía, y personalidad, las cuales incrementarán las posibilidades de elección de los más calificados.

Ojalá se analice debidamente este tema antes de decidir. No quiero pensar que estamos frente a otra improvisación inconsulta, al estilo de ensayo y error.

Recordemos que en las ciudades que componen el área metropolitana, la calidad de vida está seriamente comprometida por la escasez y saturación de la red vial, por lo que desde a edades muy tempranas, a nuestros niños para ir a la escuela se les somete al auténtico calvario de tener que levantarse de la cama a las 4:00 a.m., cuando aún no canta el gallo.

Aumentar está pesada carga sin justificación alguna será una auténtica metida de pata, sin tomar en cuenta las repercusiones de tipo económicas que en las familias tendrá tan desacertada medida.

Con el actual año escolar con tres meses de vacaciones hay planteles públicos y privados de reconocido prestigio que logran preparar muy bien a sus estudiantes.

Entonces, parece más sensato copiar esos modelos para implementarlos en los planteles cuyos egresados reflejan la mala formación. La rueda ya está inventada.   No compliquen.

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Este artículo se publicó el 17 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Premiando la irresponsabilidad

La opinión de…..

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Leandro Ferreira Béliz

Nunca he comprendido por qué razón cuando las instituciones públicas desean cobrar saldos morosos correspondientes a usuarios irresponsables siempre recurren apresuradamente a la condonación o rebaja de esas cuentas, a cambio de abonos mínimos, cuando lo que procede es la adopción de medidas que garanticen que quienes reciben un servicio público que debe pagarse, efectivamente paguen por él.

Esta modalidad de populismo, que tradicionalmente ha sido ensayada por entidades como el Banco Hipotecario Nacional, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, ahora será aplicada por la Dirección Metropolitana de Aseo Urbano y Domiciliario (Dimaud), lo que constituye una burla para todos los que cumplen pagando a tiempo la facturación por servicios recibidos, y a quienes nunca se les toma en cuenta para otorgarle algún tipo de trato preferencial como premio a su conducta de cliente o usuario responsable.

El mensaje nocivo parece ser: “No seas tonto, no pagues esa cuenta que después el Gobierno te la va a perdonar”. Con esto, estamos promocionando toda una generación de hijos pródigos que siempre serán recibidos con las manos abiertas, sin importar qué tan irresponsables hayan sido.

Cuándo llegará el día en que los funcionarios que dirigen instituciones que deben generar ingresos propios para cumplir con sus funciones comprendan la importancia de disponer de una buena gestión de cobro.

Los métodos de cobranza para hacerlos más eficaces en una sociedad como la nuestra requieren de elementos coactivos. En este sentido, la inclusión de los morosos en las listas de “mala paga” que lleva la Asociación Panameña de Crédito, o la creación de juzgados ejecutores, presionarían a quienes piensan que no deben pagar por agua, recolección de basura, multas de tránsito e incluso viviendas.

Resulta indispensable que se eduque a la ciudadanía y se erradiquen prácticas que sólo sirven para motivar el establecimiento de sociedades parásitas, aquellas compuestas por individuos que exigen del Estado la satisfacción absoluta de todas sus necesidades sin costo alguno para ellos.

Un incentivo siempre debe otorgarse con justicia; es decir, a quien en realidad lo merece. Esa idea de que es preferible cobrar algo de la deuda a no cobrar nada debe abandonarse o reservarse para casos en los que realmente resulte imposible el cobro. Con los ajustes precisos a las disposiciones legales pertinentes las expectativas de recuperación de los saldos morosos crecen significativamente.

En el caso de la Dimaud, la recaudación de ingresos es vital para la adquisición y el mantenimiento de los equipos, y esto solo será posible en la medida que esta dependencia de la administración municipal, sufra una transformación integral que la convierta en una institución eficiente y sostenible en el tiempo.

Por otro lado, los ciudadanos debemos comprender que para lograr vivir en una ciudad limpia, tenemos que colaborar en varias vías, entre las que no pueden faltar nuestro pago a tiempo por los servicios recibidos, la correcta disposición de los desechos, uso del reciclaje y la vigilancia del uso de los camiones recolectores. Sobre este último punto, es necesario resaltar que a través de esta fiscalización ciudadana evitaremos o por lo menos reduciremos el riesgo que la flota de compactadores resulte maltratada por sus propias cuadrillas de operarios, acortando con ello la vida útil de estos costosos activos.

En definitiva hay mucho por hacer para asegurar la limpieza de la ciudad, pero dentro de este esfuerzo no debe haber cabida para la premiación de morosos. En todo caso, lo que podría implantarse es un plan que incentive el pago puntual.

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Este artículo se publicó el  1  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Conduciendo a discreción, sin vigilancia ni control

La opinión de…..

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Leandro Ferreira Béliz

Desde hace ya algún tiempo, es notoria la escasez de agentes de la Policía de Tránsito en las calles y avenidas de la ciudad, dando la sensación de que se ha dejado el tráfico de automóviles a discreción de sus respectivos conductores, situación que implica un gran riesgo, sobre todo porque vivimos en una sociedad donde cada vez se respetan menos las leyes e impera el vergonzoso “juega vivo”, que tristemente nos caracteriza.

Pensé que con el incentivo otorgado por el Gobierno a la Policía Nacional, consistente en un incremento de salario sin precedentes a todos sus miembros, la labor de esa entidad mejoraría para beneficio de la comunidad, pero en el caso del tránsito, esa idea rápidamente ha quedado descartada.

Desconozco las razones de la casi desaparición de los policías de tránsito, pero lo cierto es que ese vacío se nota, y no lo pueden llenar los inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que aún no son respetados como tales.

Lo que hay en las arterias capitalinas, es un verdadero caos. El panorama es variado, e incluye: conductores que criminalmente ignoran la luz roja de los semáforos, automóviles que circulan sin la respectiva placa, excesiva velocidad, ruidos innecesarios e insoportables, malas condiciones mecánicas, uso de los hombros para transitar, etc…

El otro día me tomé el trabajo de contar las infracciones graves que, lamentablemente y sin poder hacer algo, presencié en uno de mis largos y penosos recorridos que rutinariamente hago desde las afueras de la urbe hasta mi centro laboral, y la verdad quedé sorprendido.   Más de una veintena de descaradas transgresiones al reglamento de tránsito fueron cometidas con total impunidad para los infractores.  Algunas de ellas fueron verdaderos atentados contra la vida del prójimo, lo que refleja la crítica situación de pérdida de valores entre la población.

Definitivamente que urge desarrollar programas obligatorios de educación vial para toda la ciudadanía, sean peatones o conductores habituales.   Por ello, recibimos con agrado las iniciativas que se están estudiando para poner este proyecto en marcha a la mayor brevedad. Sin embargo, mientras se educa la población, es necesario detectar y sancionar a los que hoy hacen mal uso de nuestras vías, y qué mejor manera que a través de la adecuada vigilancia policial.

Con relación a la vigilancia, considero imprescindible variar los métodos correspondientes para hacerlos más efectivos. Al respecto, leí hace poco que en Suecia, ante el incremento de infracciones cometidas por los taxistas, se iniciaron operativos donde los agentes viajaban en autos particulares, sorprendiendo in fraganti a los delincuentes del volante. Creo que con los controles apropiados, una modalidad similar puede ensayarse en Panamá, con éxito asegurado. Esto ayudará a persuadir a muchos que creen que pueden hacer lo que les venga en ganas cuando conducen, porque no hay autoridad a la vista.

De igual forma, las autoridades deben continuar con el proyecto de instalación de las cámaras de vigilancia en los semáforos, las cuales deben tener la capacidad de tomar fotografías a quienes no respetan las señales.

Definitivamente que es muy cierto aquello de que observando el comportamiento de los habitantes de una ciudad cuando conducen o caminan por las vías, se puede llegar a ciertas conclusiones sobre el nivel cultural de esa población. Tristemente en el caso nuestro, este análisis apunta hacia una casi que absoluta ausencia de normas básicas de elemental convivencia, que opaca el desarrollo que en otras áreas ha alcanzado el país.

Si realmente deseamos que a la ciudad de Panamá se le reconozca internacionalmente como un lugar donde es posible vivir con calidad, empecemos por poner orden en cosas que son básicas y saltan a la vista, como lo es nuestra conducta al frente de un volante.

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Este artículo se publicó el  17  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

En defensa de las hidroeléctricas

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En defensa de las hidroeléctricas

Leandro Ferreira Béliz

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A pesar que es absolutamente reconocida la necesidad de energía para enfrentar la creciente demanda de un país que progresa a buen ritmo, un grupo relativamente minoritario está empeñado con sus acciones, en dilatar la llegada de las soluciones energéticas, hasta ahora, más viables. Me refiero a los compatriotas pertenecientes a grupos indígenas radicados en Bocas del Toro, apoyados por algunos ambientalistas, quienes se oponen a los nuevos proyectos hidroeléctricos.

La supuesta violación de derechos territoriales de los indígenas, y la amenaza al medio ambiente, son los argumentos preferidos por quienes se oponen rotundamente a la construcción de hidroeléctricas, pero ambas razones son refutables.

Panamá es rica en recursos hídricos. Tenemos un régimen de lluvias envidiable y muchos ríos caudalosos con gran potencial energético. Entonces, ¿por qué no hacer uso racional de estos recursos?

En la actualidad, la energía eléctrica la obtenemos principalmente de dos fuentes: las plantas termoeléctricas, y las hidroeléctricas. La generación termoeléctrica, ocasiona gran consumo de combustible derivado del petróleo altamente contaminante y costoso, mientras que las hidroeléctricas, a pesar que inicialmente provocan la alteración del paisaje natural y del ecosistema, debido a la tala de bosques y a la inundación de territorios destinados a los embalses, han demostrado ser compatibles con el medio ambiente, ya que bien manejadas, llegan a convertirse en áreas protegidas que albergan gran riqueza de flora y fauna a sus alrededores. Incluso, en las zonas donde se ubican, perfectamente pueden llegar a desarrollarse actividades de turismo ecológico y de aventura, con los consiguientes beneficios económicos para las comunidades aledañas. La Yeguada, Gatún y La Fortuna, son lugares hermosos que constituyen buenos ejemplos de lo que planteo.

Siendo una alternativa de producción de energía limpia, en esta ocasión me cuesta comprender las razones que exponen los ecologistas para rechazar las hidroeléctricas, como piezas fundamentales de un sistema de desarrollo sostenible y amigable para con el ambiente.

Con respecto a los indígenas, creo que deben redoblarse los esfuerzos para sumarlos al desarrollo, de forma tal que sus condiciones de vida resulten mejoradas como un reconocimiento a sus aportes a favor de proyectos de interés nacional, como el caso que nos ocupa. Sin embargo, ellos en su calidad de ciudadanos de la república, deben aceptar que el interés público prevalece sobre cualquier otro, y los recursos naturales pertenecen a todos los panameños.

Exigirle al gobierno la inmediata implementación de programas de generación de energía basados en métodos que aunque amistosos con el ambiente, son costosos y no viables para generar lo necesario para satisfacer la demanda a corto plazo, tales como el uso de paneles solares o molinos de viento, no es serio.

A los recién estrenados gobernantes le corresponde enfrentar el problema energético, situándolo en la agenda oficial como un tema de seguridad nacional. No nos podemos dar el lujo de claudicar ante las exigencias de quienes en materia energética prefieren el status quo, a la explotación inteligente de los recursos disponibles de manera abundante.

Tampoco se debe permitir que un tribunal extranjero (Corte Interamericana de Derechos Humanos) basándose en los equivocados enfoques de abogados oportunistas que persiguen millonarias indemnizaciones del Estado, ponga en peligro nuestro futuro energético.

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Publicado el 21 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde

Las malas y costosas decisiones

Las malas y costosas decisiones

Leandro Ferreira Béliz

Hace unos días, atrapado en un cotidiano tranque vehicular, me puse a pensar en la forma como resulta afectada nuestra calidad de vida a consecuencia de las malas decisiones de quienes dirigen el país.

En ese momento invadieron mi mente interrogantes, tales como: ¿por qué el ciudadano de una nación que genera tanta riqueza debe sufrir un calvario cada vez que intenta trasladarse de un punto a otro de la urbe capitalina?, ¿por qué no contamos con una infraestructura vial acorde con el crecimiento de la ciudad?, ¿por qué en la urbanización en la que resido las rondas policiales las veo, si acaso, tres veces al año debido a que no hay personal?, ¿por qué hay compatriotas que viven sin agua como auténticos gorgojos, cuando cada barco que atraviesa el Canal provoca el derroche de 50 millones de galones de agua dulce?, ¿por qué no se construyen cárceles seguras de donde no se escapen los antisociales?, ¿por qué nuestros abnegados bomberos no disponen del equipo necesario para sus faenas?, etc.

No tardé en hallar la respuesta común para todas esas preguntas: los recursos disponibles no se utilizan de forma eficiente. Frecuentemente los titulares de los principales medios revelan casos de mal uso de fondos públicos, a su vez originados en pésimas decisiones tomadas por quienes tienen el deber de administrar el erario. Para refrescar la memoria, me permito mencionar algunos de los más sonados en los últimos meses: la insensata y apresurada compra de computadoras portátiles para los graduandos de colegios públicos; la demolición de canchas de fútbol recién estrenadas porque recordaron tardíamente que por allí pasarían tuberías del proyecto de saneamiento de la bahía; la millonaria adquisición de bombillos de dudosa calidad para regalarlos y, supuestamente, ahorrar energía; los generosos bonos de productividad para los funcionarios públicos, la penalización que impuso la Unión Europea sobre nuestras exportaciones porque alguien no hizo bien su trabajo, etc. Todo esto representó centenares de millones de balboas arrojados al caño.

Lo más triste es que no pasa nada. Nunca son sancionados o, al menos, investigados, los autores de todo este despilfarro, a pesar de que la Constitución señala que los servidores públicos son responsables por la omisión en el ejercicio de sus funciones. No cuidar el dinero de todos los panameños constituye la peor de las omisiones. Pero como pregonan en los casinos, aquí la casa pierde y se ríe.

Ahora que el Contralor General de la República salió de su silencio, casi sepulcral, de los últimos años, sería interesante conocer su opinión en torno al tema de las malas y costosas decisiones de los que dirigen las entidades gubernamentales. Obviamente, nunca habrá dinero suficiente para atender las necesidades más apremiantes, si las arcas estatales continúan desangrándose de esta manera tan irresponsable. Entonces, urge establecer prioridades al momento de elaborar el presupuesto del Estado. Las erogaciones innecesarias no deben tener cabida, incluyendo aquellas de corte populista, pero de dudosa justificación y viabilidad financiera.

Si los futuros gobernantes adoptan los correctivos necesarios para enrumbar este país, seremos muchos los que volveremos a soñar con aquello de abandonar pronto el desprestigiado grupo de naciones tercermundistas, para sumarnos al selecto conglomerado de países que garantizan altos niveles de calidad de vida a sus habitantes.

Caso contrario, si la administración pública sigue en manos de personas que actúan totalmente desprendidas de los criterios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y economía, esa legítima aspiración de todos a vivir mejor, no dejará de ser un hermoso sueño de opio.

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Publicado el 21 de julio de 2009 en el diario La Prensa

A perpetuidad en la planilla estatal

A perpetuidad en la planilla estatal
Leandro Ferreira Béliz

El actual proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante ha permitido que salgan a la luz algunas “peculiaridades” de la administración pública que han causado asombro y rechazo. Entre éstas sobresalen las relacionadas con la forma en que se ha manejado lo concerniente a la Carrera Administrativa.

Si bien hay consenso en cuanto a la importancia de disponer de una ley que regule la relación laboral entre el Estado y quienes ejercen funciones dentro de este engranaje, protegiendo a los buenos servidores de aquellas prácticas nocivas como el clientelismo político, pienso que han habido desviaciones, y ese norte ha pasado a segundo plano, porque hasta ahora los gobiernos de turno han demostrado que es más importante recompensar a copartidarios y amigos dejándolos bien acomodados.

La idea era otorgar estabilidad a quienes en realidad la merecían, con base en méritos, cumplimiento de requisitos de educación de cada puesto y, sobre todo, buen desempeño. Pero, es precisamente en este último punto donde se han producido las mayores distorsiones. La evaluación del desempeño laboral en las instituciones públicas, lejos de ser aquel instrumento científico de medición objetiva, se ha convertido en un paso más dentro de un conjunto de trámites implementados para otorgar o mantener el estatus de carrera administrativa.

Los ciudadanos conocen y sufren las consecuencias de la mala calidad del servicio en la mayoría de las entidades del sector público, sin embargo, si se efectúa una revisión de las evaluaciones de desempeño del personal de esas instituciones (si es que la tienen), sorprenderá el elevado número de altas calificaciones. En algunas casos, la cantidad de excelentes podría llegar a despertar la envidia de la fuerza laboral de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), famosa por sus altos estándares de reclutamiento y selección.

Urge revisar los actuales métodos implantados para medir la forma en la que se realiza el trabajo. Debe darse mayor importancia a aspectos tales como: productividad, calidad del trabajo realizado y logro de objetivos previamente fijados. Atrás han quedado los días en que se consideraba casi una desgracia trabajar en una institución pública, porque aquello era sinónimo de bajo salario, inestabilidad, jubilación paupérrima, etc. Ahora, estamos palpando los efectos de ubicarse al otro extremo, el de los salarios altamente competitivos y en constante ascenso, permanencia garantizada en el puesto ofreciendo casi nada a cambio, y “la tapa del coco”, al llegar a las edades exigidas para recibir la pensión de retiro por vejez, quedarse en el puesto indefinidamente (hasta que la muerte lo separe) recibiendo ambos ingresos, la pensión y el sueldo. ¿cómo la ve, amigo lector? Como dicen por allí, pura vida.

Con relación a esto de “jubilarse” y quedarse laborando, me preocupa el futuro de decenas de miles de jóvenes que no tendrán la oportunidad de ingresar a las filas de profesionales al servicio del Estado, de continuar este absurdo. Es contraproducente otorgar a perpetuidad los puestos, esgrimiendo la excusa de que con ello respetamos aquél precepto constitucional que señala que todos los ciudadanos tenemos derecho al trabajo. El irse para la casa con su respectiva pensión y cuando toca, en nada contradice o violenta el derecho. Lo que ha habido es una hábil y mala interpretación de disposiciones relativas al tema.

A nuestro Presidente electo le espera un conjunto de difíciles situaciones que deben ser atendidas y corregidas, pero él ha dado muestras de tener lo más necesario para hacerlo, firmeza de carácter. Entonces, ánimo y agarremos al toro por los cuernos sin más dilación.

Publicado el 28 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

Auditoría Interna: herramienta contra la corrupción

Tal como reflejan publicaciones de la Contraloría General de la República, la situación actual del control interno en la mayoría de las instituciones públicas es preocupante
Leandro Ferreira Béliz

El tema de la corrupción en la administración pública ha logrado despertar el interés de la sociedad en su conjunto. Casi a diario aparecen en los principales medios informativos, sonados escándalos relacionados con el manejo de los fondos y bienes de la nación, y surgen múltiples opiniones sobre lo que debe hacerse para combatir uno de los males que amenaza nuestro futuro.

El tema ha cobrado tanta importancia, que incluso en la pasada contienda electoral el combate a la corrupción fue una de las promesas más destacadas en los planes de gobierno de los distintos aspirantes a cargos públicos, tanto es así, que el presidente electo, Martín Torrijos, llegó a comprometerse con darnos un gobierno de “cero corrupción”.

Para la mayoría de los ciudadanos la meta trazada por el próximo gobierno resulta utópica. No obstante, por el momento, prefiero incluirme en el grupo de optimistas que piensa que si se pueden minimizar los niveles de corrupción, siempre y cuando se adopten medidas para prevenir, detectar y castigar los actos que impliquen mal uso de bienes o fondos públicos, o que atenten contra los intereses de la nación.

Entre las medidas necesarias está el fortalecimiento de la auditoría interna en cada una de las dependencias estatales. Para comprender la importancia de esta función en el engranaje gubernamental, es necesario repasar brevemente algunos conceptos básicos, tales como el control interno, el cual podemos definir como el conjunto de normas y procedimientos establecidos por la alta dirección de una entidad para proteger los activos contra pérdidas o malos usos, promover la eficiencia en las operaciones, garantizar el cumplimiento de las políticas organizacionales, y garantizar la confiabilidad de la información financiera.

Corresponde a las unidades de auditoría interna revisar y evaluar constantemente la efectividad del control interno establecido en cada una de las áreas que conforman una institución, con la finalidad de garantizar su vigencia, o recomendar mejoras.

Tal como reflejan publicaciones de la Contraloría General de la República, la situación actual del control interno en la mayoría de las instituciones públicas es preocupante. La carencia de medidas apropiadas para salvaguardar fondos y bienes públicos, y garantizar su uso eficiente en pro del mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos, es la nota característica. Por esta razón, urge que se adopten medidas tendientes a lograr los siguientes objetivos: 1. La ubicación de las unidades de auditoría interna en un nivel dentro de la respectiva estructura organizacional, que le permita efectuar su función con independencia e imparcialidad (libre de presiones y limitaciones); 2. El mejoramiento de la calidad profesional del personal de auditoría; 3. El compromiso de las autoridades respectivas, de apoyar la gestión que se realice para mejorar la efectividad del control interno.

Llama poderosamente la atención el hecho de que en la mayoría de las entidades gubernamentales, auditoría interna responde jerárquicamente al ministro o director de turno, los cuales optan por nombrar directamente y sin concurso alguno al funcionario que ejercerá tan importante función. La realidad indica que en la mayoría de los casos estos funcionarios son allegados al que ejerce la máxima autoridad en la institución, y por consiguiente resulta afectada la independencia. La figura de los comités de auditoría o el reporte directo a las juntas directivas respectivas, sería lo ideal para garantizar la imparcialidad y libertad de acción del auditor. Sobre este último punto opino que podría incorporarse la participación ciudadana en estos comités de auditoría, mediante representantes de asociaciones cívicas o profesionales, de forma tal que se permita a la colectividad participar en el control y fiscalización de las finanzas públicas.

Otro de los factores que en mi opinión afecta la función de la auditoría interna gubernamental, es la calidad profesional de quienes ejercen este importante cargo. Los nombramientos que obedecen a compromisos políticos o al denominado “amiguismo”, constituyen la tendencia actual con contadas excepciones, y esta tendencia se ha mantenido invariable en los últimos gobiernos. Normalmente los cargos no son sometidos a procesos de selección basada en méritos, experiencia y habilidades especiales, tal como ameritan. Por consiguiente, un alto porcentaje de quienes se desempeñan como auditores no reúne los requisitos mínimos contemplados en las normas técnicas respectivas, tanto locales como internacionales. Esto resta prestigio y credibilidad a la profesión.

Finalmente, es importante mencionar que en la actualidad, a los informes de auditoría interna no se les presta la atención debida. Es lamentable ver cómo se invierten recursos sin lograr ningún objetivo. Recomendaciones no aplicadas y hallazgos recurrentes evidencian la poca importancia que tienen para los directivos de las entidades públicas los informes de auditoría interna, los cuales en su mayoría terminan en un olvidado archivo. La no aplicación de recomendaciones surgidas de una auditoría debiera ser objeto de sanciones para los funcionarios responsables de esta omisión, siempre y cuando se hayan determinado previamente las ventajas, la viabilidad y factibilidad de ellas.

No puedo ni pretendo en este corto espacio hacer un diagnóstico completo de la situación actual de la auditoría interna en el sector público. Sin embargo, y tal como señalé al principio, la intención es aportar ideas a los futuros gobernantes sobre algunas de las medidas que se pueden adoptar para alcanzar la meta que se identifica con una de las aspiraciones mayoritarias de la sociedad: “combatir la corrupción”.
El autor es auditor

Articulo publicado el 27 de agosto de 2004 en el diario La Prensa de Panamá.