El diálogo es el camino

La opinión de…

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Magaly Janneth Castillo  —

En los primeros meses de Gobierno se realizó una reunión de la Comisión de Estado por la Justicia en la que el ministro de Gobierno hizo señalamientos difíciles de olvidar. Dijo: “Este es un Gobierno que no va a andar de diálogo en diálogo, ni de concertación en concertación. Este no será el estilo de gobernar de este Gobierno. Fuimos electos para gobernar y lo vamos a hacer. No vamos a cogobernar con la sociedad civil”.

Posteriormente, vimos cómo era su estilo de gobernar. La Comisión de Estado por la Justicia no volvió a ser convocada, la Concertación Nacional para el Desarrollo fue poco a poco desconocida y se inició una campaña contra las organizaciones de la sociedad civil más activas en temas de democracia, justicia y lucha anticorrupción; luego siguieron su ataque al movimiento sindical, gremios magisteriales y ambientalistas, entre otros.

Seguidamente se dijo que “cuatro gatos” tenían secuestrada a la sociedad civil y que el nuevo Gobierno quería una comunicación directa con el pueblo.   Para ello se organizó un cabildo abierto en el que se intentó opacar a las organizaciones de la sociedad civil que cuestionaban al Gobierno.

Las reformas legales, igualmente, daban una idea de los planes de gobierno: la ley que penaliza la protesta, la reciente “ley 9 en 1” que es un golpe al movimiento sindical y un retroceso en materia de derechos humanos, y finalmente el decreto ley que busca ejercer mayor control sobre el financiamiento de las ONG, todas aprobadas a pesar del rechazo de sectores importantes del país. Estas leyes tienen un fin: debilitar a las organizaciones sindicales y de la sociedad civil.

La forma como fueron aprobadas demostró el irrespeto a la consulta y al diálogo por parte de la Asamblea Nacional y del Consejo de Gabinete. Se trataba de medir fuerzas con el movimiento sindical, ambientalista y la sociedad civil. El discurso de los voceros del Gobierno ha sido de confrontación, con dosis de irrespeto contra toda la dirigencia social del país.

Durante la semana del 5 de julio se iniciaron las protestas en Changuinola y los preparativos de una huelga nacional. Con ello, se producen medidas represivas, entre ellas las órdenes de detención contra dirigentes de los grupos que llamaban a la huelga. Las detenciones arbitrarias ordenadas por los estamentos de seguridad del Estado pusieron en entredicho el sistema de justicia y levantaron aún más el descontento del sector obrero.

No estamos de acuerdo con las huelgas, con la suspensión de clases, ni con los cierres de calles, pero mucho menos podemos estar de acuerdo con gobiernos que, con sus actitudes radicales, crean el escenario propicio para la confrontación y las medidas de fuerza. Nuestro país necesita gobiernos democráticos que fortalezcan los espacios de diálogo, el respeto por la ley y que enseñen, con el ejemplo, la cultura de la legalidad. No puede ser que nuestros diputados y el Gobierno aprueben leyes o tomen medidas contrarias a la Constitución y acuerdos internacionales sobre derechos humanos. ¿Cómo pueden pedir respeto a la ley, si irrespetan la Constitución, si irrespetan al poder judicial, si irrespetan los derechos y garantías fundamentales?

Si no queremos anarquía; si no queremos que se fortalezcan los grupos radicales y si no queremos desorden, entonces dejemos los discursos prepotentes y autoritarios. Promovamos el diálogo, una Asamblea con capacidad para discutir de manera democrática las reformas que el país necesita y fortalezcamos la separación de poderes del Estado. La administración pública no sólo es responsabilidad de gobernantes o funcionarios. Los ciudadanos tienen el deber y el derecho de participar; de “formar parte” de las decisiones que afectan el manejo de los recursos estatales; esta es la clave del buen gobierno. Si nuestros gobernantes no lo entienden, están desubicados y demuestran una gran ignorancia.

El Banco Mundial planteó que la inclusión y participación efectiva de los ciudadanos en el proceso político democrático fortalece la gobernabilidad y permite un buen ejercicio del poder. Es así como surge la necesidad de buscar mecanismos y procesos que permitan el diálogo entre ciudadanos, sindicatos, partidos políticos, empresarios y el Gobierno, abriendo paso a las mesas, comisiones presidenciales, foros nacionales y pactos de gobernabilidad. Estos mecanismos promueven la cultura de rendición de cuentas y con ello un mejor ejercicio del poder. En definitiva, el diálogo siempre es importante y nunca puede ser considerado una muestra de debilidad. Dialogar no es cogobernar, es abrir caminos hacia el entendimiento, la tolerancia a las ideas distintas y a la paz.

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Este artículo se publicó el 22 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más de lo mismo en materia de seguridad ciudadana

La opinión de…

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Magaly Janneth Castillo  —

Ha pasado un año del gobierno de Ricardo Martinelli y el país sigue sin un plan de seguridad ciudadana y sin definir una política criminológica de Estado. Lo que sí hemos visto son más de tres reformas al procedimiento penal panameño y dos reformas a la legislación de menores en un periodo corto de un año.  Todas ellas sin sentido y contrariando normas constitucionales.

Hemos visto una agresiva acción policial focalizada en los barrios más pobres de la ciudad con alta incidencia delictiva y el uso del “pele police” como si todos fuésemos sospechosos,  pero no vemos con claridad una política de fortalecimiento de las instituciones del sistema de seguridad, ni vemos un plan con acciones a corto, mediano y largo plazo.   Toda esta improvisación ya la hemos vivido en los últimos tres gobiernos.   Las recomendaciones, planes y programas que se han discutido en comisiones presidenciales en los últimos ocho años quedan en nada.

En el año 2002 el Consejo de Gabinete de la presidenta Mireya Moscoso creó una Comisión Intersectorial de alto nivel para la elaboración de una política criminológica. Desde esa fecha existe una propuesta, como resultado del consenso entre actores públicos y de la sociedad civil, pero que no fue asumida como política de Estado por el Consejo de Gabinete de aquel momento.

Este documento fue discutido nuevamente en el año 2005, por la Comisión de Estado por la Justicia y presentado al Órgano Ejecutivo como una propuesta de Estado, que tampoco fue adoptado por el gobierno del presidente Martín Torrijos.

Finalmente, la Concertación Nacional para el Desarrollo enumeró una serie de medidas en materia de seguridad ciudadana que tomaban en cuenta los aportes de la Comisión de Estado por la Justicia. Es decir, el país cuenta con un listado largo de propuestas y proyectos de ley que nunca han sido asumidos como políticas de Estado.

Ahora, nuevamente el Gobierno, luego de una gran marcha por la seguridad ciudadana, ha solicitado que la sociedad civil le presente propuestas para enfrentar el problema de la inseguridad; pero al día siguiente de la marcha se reformó de nuevo la Ley 40 sobre justicia penal juvenil en la misma línea represiva de siempre. Días después se aprobó la ley 9 en 1 (Ley 30) en que le otorga a la Policía licencia para extralimitarse de funciones y hacer un uso abusivo de la fuerza.

La semana pasada se sancionó otra ley para mejorar la acción del Estado contra el delito, donde nuevamente se hacen reformas que contradicen las normas constitucionales y se retrocede en materia de derechos humanos. Seguimos con la misma práctica de todos los gobiernos.   Por una parte se distrae a la sociedad civil en comisiones de trabajo y al mismo tiempo se realizan reformas que contradicen cualquier política científica y coherente de seguridad ciudadana.   En días pasados se entregaron los proyectos de ley sobre agencias de seguridad privada y ley de uso de armas, que también se habían discutido en el gobierno pasado, pero que al final no se aprueban debido a las presiones de personas o empresas dedicadas a estos negocios.

Las propuestas sobre seguridad ciudadana existen, lo que hace falta es voluntad política y que el Gobierno con su equipo de expertos revise todos estos aportes y elabore un plan de seguridad ciudadana que debe ser sometido a consulta. Pedir a las organizaciones ciudadanas que presenten propuestas es seguir dándole largas a una responsabilidad que tiene el gobierno y que debió emprender desde el día primero de su mandato.

En ese plan de seguridad debe establecerse claramente un ente rector que coordine y lidere toda la política de seguridad ciudadana, que involucre claramente a todos los actores del sistema de justicia, a los municipios y a la sociedad civil.

Se supone que el ente rector de la política de seguridad ciudadana debe ser el Ministerio de Seguridad Pública, pero para ello se requiere tener al frente de ese Ministerio a una persona con valores democráticos que crea en la nueva visión de seguridad democrática y que crea en el rol de los ciudadanos y de los municipios. No estoy segura de que esta sea la realidad que hoy tenemos.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Yo no quiero ser magistrada

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La opinión de la Directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia…..

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Magaly J. Castillo

Señor presidente Ricardo Martinelli, las organizaciones agrupadas en la Alianza Ciudadana Pro Justicia iniciamos desde el año 2000 un movimiento por la reforma de la justicia en Panamá. Durante estos nueve años hemos participado activamente en las discusiones sobre los problemas de la justicia con la única finalidad de promover su reforma integral.

En mi caso, me integré como directora de la Alianza desde su creación en el año 2000 y durante todos estos años he tenido la oportunidad de conocer a personas comprometidas con un mejor país y que participan de manera desinteresada en las actividades cívicas de nuestra organización.  La mayoría de las actividades de la Alianza se realizan gracias al voluntariado de profesionales del derecho, juristas muy reconocidos y de ciudadanos que sin ser abogados participan activamente de nuestras actividades.

Una de las principales luchas de la Alianza ha sido la de impulsar un mecanismo participativo y transparente para la selección de magistrados de la Corte, como ya se ha logrado en otros países. Es por ello, que participamos en los años 2005, 2007 y ahora en 2009 en las comisiones ciudadanas para la revisión de las hojas de vida de los aspirantes. Hasta la fecha ningún miembro o directivo de la Alianza ha presentado sus hojas de vida para aspirar al cargo de magistrado de la Corte. Nuestra participación activa en estos temas se ha dado con la esperanza de que algún día en este país el nombramiento para magistrado de la Corte se realice no basándose en la vinculación política o de amistad con el Presidente sino en los méritos profesionales y su credibilidad ante la comunidad.

Presidente, yo no quiero ser magistrada, nunca he tenido esa meta en mi vida. Le aseguro que si esa hubiese sido una meta en mi vida, me hubiese especializado en una rama del derecho, hubiese escrito algunos libros sobre el tema y le hubiese dedicado parte de mi tiempo a la docencia universitaria o hubiese aceptado ser juez municipal cuando me ofrecieron este puesto en el año 1990. Mi vocación es el activismo ciudadano, la investigación y la educación ciudadana y a eso me he dedicado todos estos años.

Sin embargo, sí veo dentro y fuera del listado que revisó la Comisión Especial Evaluadora que usted creó, a funcionarios del sistema de justicia que sí han dedicado su vida a la administración de justicia o juristas que tienen un nivel sorprendente de ejecutorias profesionales, pero que no tienen la mínima posibilidad de ser nombrados magistrados de la Corte ya que se han mantenido al margen de la actividad política.

Es triste ver cómo los jueces y magistrados de los Tribunales Superiores pertenecientes a la carrera judicial solo pueden aspirar a ser suplentes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando se esfuercen y tengan una hoja de servicio intachable.

Es igualmente triste ver cómo abogados sobresalientes y estudiosos del derecho no pueden aspirar a ser magistrados de la Corte al menos que se decidan a apoyar la campaña de un candidato presidencial y tengan la suerte de que gane.

También es triste que más del 50% de los profesionales del derecho sean abogadas y que en la corte no vamos a tener ninguna magistrada. Es por todo esto que necesitamos un sistema de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deje a un lado el amiguismo y abra paso a la meritocracia.

Ningún miembro de la Alianza participa en la organización para conseguir favores o puestos en el sistema de justicia, lo que sí nos llenaría de mucha satisfacción es ver que algún día se nombre a funcionarios de carrera judicial con excelente evaluación del desempeño, o que se nombre a distinguidos juristas de la academia o a personas que aun sin ser conocidas por el Presidente gocen del respeto y credibilidad en la comunidad. Pero este ideal no solo lo tenemos los miembros de la Alianza sino muchas personas y organizaciones de este país.

Aunque usted y algunas personas no lo crean, en Panamá somos muchos los que queremos un mejor país con oportunidades para todos, donde los puestos públicos, incluyendo los del Órgano Judicial, no se repartan como si fuesen un botín político. Un país donde para ser magistrado no se necesite tener un padrino en algún partido político y que no se necesite ser persona de confianza del Presidente.

Sabemos que ningún sistema es perfecto, pero este que tenemos es un desastre y es autodestructivo. Destructivo porque provoca desánimo a lo interno del sistema de justicia y porque debilita lentamente la confianza ciudadana en la administración de justicia. Usted puede hacer algo para cambiar todo este panorama.

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Publicado el  22  de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Seguridad y desarrollo humano

La opinión de la Directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y Paz…..

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MAGALY JANNETH CASTILLO C.

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Seguridad y desarrollo humano

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En días pasados, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó en nuestro país el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, cuyo tema fue la seguridad ciudadana y el desarrollo humano.

El informe analiza los problemas de inseguridad ciudadana en la región y nos presenta una hoja de ruta para avanzar en el camino hacia una Centroamérica más segura.

El mensaje más importante del informe es que los problemas de inseguridad ciudadana sí tienen soluciones efectivas y que los países con mejores sistemas institucionales y con adecuadas políticas de prevención logran brindar a sus habitantes una seguridad duradera.   No se trata de mano dura o mano blanda, sino de sistemas institucionales bien diseñados y estables que permitan el logro de consensos en torno a la búsqueda de seguridad para todos los ciudadanos.

Aunque el informe no hace una crítica a las políticas de Estado que se llevan en Centroamérica, lo cierto es que al leerlo se refleja claramente que el rumbo que llevamos no nos conducirá al logro de mayor seguridad. Los gobiernos actúan como si pudiesen solos con el problema, no incorporan a los ciudadanos en las estrategias contra la violencia y el crimen, se quedan en la respuesta legalista y de corto plazo ante un fenómeno tan complejo y multidimensional como lo es la criminalidad.

Como hoja de ruta, el informe nos plantea la necesidad de cambiar nuestro “estilo de vida poco saludable”, que se manifiesta en poco respeto por la ley, falta de civismo y de valores de solidaridad, que unido a la situación de exclusión y pobreza, nos convierte en países altamente propensos a la criminalidad.

En su lugar se sugiere reconstruir el tejido social, educar sobre el sentido de pertenencia a la sociedad en la que vivimos, pero sobre todo trabajar para que los ciudadanos no se sientan excluidos y recobren la confianza en sus instituciones y en los demás miembros de su comunidad. Si no hacemos esto de nada sirven las leyes o las medidas represivas que se adopten contra el crimen, el rumbo es más criminalidad y más inseguridad.

La seguridad ciudadana no se puede improvisar, por esto depende de un sistema coordinado que no descuide ninguno de los aspectos de la integralidad del problema, ni la diversidad de actores, entre ellos, la Policía, el Sistema Penitenciario, la administración de justicia, las instituciones encargadas de la prevención y de la atención de los problemas sociales, la escuela, las instituciones especializadas en el crimen organizado y pandillas juveniles, entre otras. La seguridad presupone planeación, definición adecuada de los roles y tareas asignadas a cada actor del sistema, además de controles adecuados.

El informe nos explica que se requiere un sistema de seguridad ciudadana y justicia, robusto, eficiente, integral y funcional que logre una adecuada coordinación de todos los actores del sistema, pero que incluya y le dé funciones a los municipios, al sector privado, a los medios de comunicación y a los ciudadanos. No basta con informarle al público sobre las políticas de seguridad que se adoptan sino de consultarle a los ciudadanos y comprometerlos en una estrategia de país.

En resumen, nuestros países necesitan sistemas inteligentes de seguridad ciudadana, que se concentren en identificar el problema, focalizar la atención y determinar la ruta a seguir y las estrategias para enfrentarlo. Debe existir una Dirección General del Sistema de Seguridad y Justicia, es decir, un ente que coordine todo el sistema.

Es importante crear instancias y procedimientos de coordinación entre las distintas etapas y niveles del sistema de seguridad y justicia. Los municipios tienen deberes en relación con la seguridad: Deben coordinar las acciones a nivel municipal; deben crearse consejos municipales de seguridad ciudadana y deben crearse observatorios de violencia a nivel municipal, pero para todo esto se debe otorgar presupuesto a los municipios.

Priorizar por la prevención, la inclusión social, la reconstrucción de lo público, el control de armas de fuego, el tratamiento alternativo de conflictos, la atención a menores en riesgo de caer en la delincuencia, reforzar el servicio de atención a las víctimas y medidas especializadas para la atención de la violencia de género son algunas de las medidas sugeridas en el informe de desarrollo humano.

Aunque el informe termina diciendo que no existen recetas en materia de seguridad ciudadana, nos presenta una amplia gama de experiencias exitosas que son dignas de ser revisadas y analizadas, sobre todo por aquellos que tienen la responsabilidad de definir las políticas públicas en esta materia.

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Publicado el 13 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La Policía y la seguridad ciudadana

La Policía y la seguridad ciudadana

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Magaly Janneth Castillo C.

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En el año 1997 se aprobó la ley de la Policía Nacional que estableció el carácter civil de la institución, reforzó su rol preventivo y se dio inicio a un proceso de modernización acorde con la nueva era democrática que vivía el país. La institución policial se vio sometida a cambios en su organización, estructura de mando y programas de capacitación, que ha mejorado el nivel profesional y la imagen institucional.

No obstante, aún persisten algunas deficiencias institucionales. La policía no ha logrado desprenderse de su centralismo, no está vinculada a los municipios y los programas de policía comunitaria se encuentran en una fase incipiente. Seguimos sin adecuados mecanismos de control internos y externos, lo que afecta la investigación de los hechos de corrupción o violatorios de derechos humanos, en el que se vean involucrados miembros de la Policía.

Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la capacitación y entrenamiento para el combate al crimen, pero la realidad es que existen deficiencias en el manejo de la escena del crimen. Hace falta mejorar el entrenamiento a la policía preventiva y de la policía investigativa (DIJ) y que cada una asuma su rol de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley, sobre todo con la entrada en vigencia de un nuevo sistema de justicia penal, donde la policía es pieza clave en la investigación criminal.

Conocemos que desde hace varios meses los altos directivos de la Policía Nacional discuten un plan de mejoramiento institucional que se enfoca en un acercamiento a la comunidad, el reforzamiento de la policía comunitaria y los cambios a los procesos de gestión en la institución, entre otros aspectos que ayudarán a mejorar su funcionamiento y evaluación del desempeño, lo que muestra el compromiso de esta institución con el país.

Muchas veces esperamos de la Policía más de lo que la institución está llamada a brindar a los ciudadanos. La Policía no debe cargar con toda la responsabilidad de la seguridad ciudadana, ya que esta responsabilidad es del Estado panameño, en el que están incluidos los tres órganos del Estado, el sector privado, los ciudadanos, entres otros actores. El fracaso de las políticas de seguridad ciudadana en Panamá obedece precisamente a creer que la criminalidad se enfrenta solamente con policías mejor armados en las calles.

El país necesita una política de seguridad ciudadana que establezca de manera clara el rol de los actores del sistema y los mecanismos de coordinación interinstitucional. Una política que profundice el carácter democrático y respetuoso de los derechos humanos de nuestra Policía. El país no necesita un policía con disciplina militar, sino una policía profesional, cuya misión fundamental es la paz y la seguridad de todos los habitantes de la República. Creo que a lo interno de la Policía esto lo tienen claro, pero el problema son los que desde afuera proponen autoritarismo y militarización.

La Policía Nacional debe vincularse más a la comunidad y a los municipios para mejorar la capacidad de respuesta frente al fenómeno de la violencia y el crimen. Este proceso de democratización y descentralización de la policía debe ir de la mano del perfeccionamiento de estrategias especializadas, para atender el fenómeno de las pandillas juveniles y la criminalidad en general.

Los riesgos de una militarización de la seguridad y de un endurecimiento de la acción policial estarán presentes, mientras existan los niveles altos de inseguridad y mientras tengamos gobernantes con cierto sentido autoritario. Nos corresponde a los ciudadanos que amamos la paz y la democracia estar muy pendientes de que no se retroceda en la democratización de nuestra Policía Nacional, y participar con mayor nivel de liderazgo en la definición de esa nueva política de seguridad ciudadana, cuya discusión se inició en el año 2002 y que aún no se termina de definir.

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Publicado el 11 de junio de 2009 en el diario La Prensa a quien damos todo el crédito que le corresponde.