Reformas laborales: El país maquilador

La opinión del Comunicador Social….

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FERNANDO MARTÍNEZ G.

Omar Torrijos Herrera entregó al país en 1972 el Código de Trabajo más avanzado de su tiempo en nuestra región, con la intención de reivindicar décadas de lucha del movimiento social.   Antes de esa fecha las organizaciones populares (estudiantiles, obreras o campesinas) estaban proscritas, eran perseguidas y reprimidas con fuerza por la mayoría de los gobiernos de turno. Allí está el testimonio de sacrificio de mártires del movimiento popular como Ferdín Jaén, José Manuel Araúz, Rodolfo Aguilar Delgado, José del Carmen Tuñón y Juan Navas Pájaro.

El proceso de liquidación del proyecto torrijista, puesto por la derecha ultraconservadora de Estados Unidos y sus aliados internos tras la muerte de Torrijos, implicaba el desmantelamiento del movimiento social y revertir sus conquistas (incluido el Código del Trabajo).

Eran los años del resurgimiento del mundo unipolar (con el derrumbe de la URSS) y la llamada ofensiva neoliberal y muchos de los supuestos herederos de Torrijos abandonan el ideario torrijista para promover reformas antipopulares, incluidas las que se hicieron al Código del Trabajo.

La tesis de moda era que la fórmula del progreso consistía en atraer la inversión extranjera y convertir a Panamá en un país maquilador. Cualquiera que conozca algo la experiencia mexicana o que haya visitado los inframundos de San Pedro Sula en Honduras, sabrá las implicaciones de imponer un modelo basado en la superexplotación del trabajo sin otra regulación o derecho laboral que no sea el pago a destajo (la empresa no tiene otro compromiso que no sea el pago contra producto, es decir, ese ser humano que llamamos trabajador desaparece de la relación contractual).

Para el país maquilador había que hacer zonas especiales, que algún genio local bautizó como zonas procesadoras para la exportación, enclaves territoriales y económicos en los que no se pagan los mismos impuestos que pagan los empresarios panameños, en los que se prohíbe la formación de sindicatos y, desde luego, no se aplica el odioso Código del Trabajo.   A pesar de todas las ventajas, el proyecto fracasó estrepitosamente (a la antigua base militar de Davis llegaron una o dos empresas taiwanesas que abandonaron al poco tiempo de establecidas).

En la dirección equivocada el gobierno actual se ha propuesto llegar más lejos que sus antecesores. En un año se ha roto la base de la conciliación tripartita —gobierno—capital—trabajo—, una herramienta invaluable para la concertación y la elaboración y ejecución de políticas de Estado y parece empeñado en elegir a sus interlocutores tanto del sector sindical como empresarial (negociar exclusivamente con esquiroles a sueldo y empresarios de su entorno que comparten su sectaria visión de la economía). Peor aún, ha reprimido y castigado, violando las leyes del país, a manifestaciones organizadas contra su política económica. Sin mecanismos de participación, conciliación y sin libertad de organización y protesta, el gobierno está orillando el país a la confrontación social.

No es cierto que se busca modernizar al país, al contrario, sin justicia y compromiso social del Estado (y de las empresas), sin empleo de calidad y bien remunerado agrandamos las desigualdades, la marginación y, con ello, los flagelos de la violencia social y la delincuencia.

Lo que el país necesita es: una estrategia nacional de desarrollo amigable con el medio ambiente, que rompa los desequilibrios regionales para que las ciudades terminales de la zona de tránsito dejen de ser depósitos de mano de obra barata y de supervivientes de la economía informal; crear polos de desarrollo en el Panamá rural e indígena; hacer una reforma educativa integral y profunda (no cambios cosméticos y erráticos al currículo). Para ello es imprescindible una estrategia de desarrollo agropecuario (sector que —por cierto— el gobierno parece empeñado en destruir en favor de los comerciantes e importadores de víveres) y, de paso, garantizar nuestra seguridad alimentaria.

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Este artículo fue publicado el  23 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Reformas laborales: El engaño inicial

La opinión del Abogado….

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FERNANDO  MARTÍNEZ  G. —

El presidente ha propuesto reformar el Código del Trabajo haciendo alegaciones engañosas. Dice que es obsoleto y obstaculiza la inversión privada extranjera en el país. La economía panameña ha crecido y crece de forma vigorosa, sin que ello se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores pobres y marginados, como país seguimos disputándonos los primeros lugares con peor distribución de la riqueza en el mundo, en consecuencia, si fuera necesario reformar el Código, los cambios deberían dirigirse a resolver el problema de la inequidad de un sistema que concentra cada vez más el poder económico y político en cada vez menos manos.

A pesar del Código, muchos empresarios se las ingenian para cometer injusticias contra sus trabajadores. Por ejemplo, el 25% de las empresa no paga el salario mínimo (ver nota PA del 14 de junio).    Para ello también cuentan con el poder y el dinero (‘Si no estás de acuerdo con las condiciones y la paga, no te contrato, si te contrato y reclamas, te despido’), abogados expertos en burlar las normas (como nuestra ministra de trabajo) y un complicado, ineficiente y con frecuencia corrupto sistema de justicia laboral.

En realidad, el presidente pertenece al pequeño grupo de empresarios que no cree en nada que regule la relación capital—trabajo, y proteja, como se consagra universalmente, a la parte más débil de esa relación, al trabajador. ¿Por qué tendría que pensar de otra forma, si su propio desempeño como empresario —según testimonios y demandas de las víctimas que deben reposar en los juzgados de trabajo— indica que ha mantenido una conducta patronal abusiva y nunca permitió la organización de sindicatos en su cadena de supermercados o en el ingenio azucarero La Victoria, por citar los ejemplos mas conocidos?

Se nos pretende engañar afirmando que para que el país pueda ingresar al primer mundo se deben sacrificar los derechos de los trabajadores, desmejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Eliminar el pago de recargos (por horas extra o por el día descanso obligatorio), así como el derecho a convención colectiva o a sindical izarse, implica sacar dinero del bolsillo de trabajador y ponerlo en el del empresario. Es decir, el presidente que en campaña nos dijo ‘Ahora le toca al pueblo’, hoy sostiene que para hacer más rico al país hay que hacer más pobres a los pobres.

El absurdo de esta pretensión gubernamental contrasta con el hecho de que, justamente, el desarrollo alcanzado por los países del llamado primer mundo es el resultado del pacto social entre capital y trabajo y que este, a su vez, es la principal garantía de la convivencia y la paz social. El liderazgo político de esos países comprendió que sin ese pacto, y un Estado garante y regulador, la explotación salvaje de los trabajadores conduce irremediablemente a la confrontación social, a la lucha de clases.

Se nos trata de engañar cuando se omite que lo que vienen a buscar muchos de los empresarios de ese primer mundo a nuestros países es mano de obra barata y la posibilidad de explotarla violando derechos que en el mundo desarrollado son celosamente custodiados por un movimiento sindical poderoso y fuertemente institucionalizado. Es a esos empresarios sin compromiso social a los que el gobierno abre las puertas al promover cambios en las leyes laborales.

El derecho a la sindicalización, a huelga, estabilidad laboral, el recargo por horas extras hace tiempo que pasaron a convertirse en derechos humanos universales. La Humanidad avanzó con estas conquistas sociales. El presidente y su ministra de Trabajo, con una elaborada técnica de manipulación mediática, dicen exactamente lo contrario a lo que hacen: Afirman que hay que modernizar el Código y conducen al país a la ley de la selva (el más fuerte —rico— se come al más débil —pobre—), de regreso a una era de explotación y barbarie.

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Este artículo fue publicado el  17 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Civilismo de mentira

La opinión de….

Fernando Martínez G.

Civilismo de mentira

Cada vez se confirma más que un sector importante de la elites políticas han estado promoviendo un falso civilismo en nuestras instituciones de seguridad pública.   Se trata de un doble discurso de personas que llevan años satanizando el uniforme, la profesión militar, y profesan, al mismo tiempo, un militarismo rampante.   Ahora, en el gobierno de Ricardo Martinelli, esta conducta engañosa constituye una amenaza a la estabilidad del país.

El civilismo del gobierno es de mentira.   Y no se trata solo de nombrar al frente de la Policía a un sargento de la Uesat, promovido prematuramente a subteniente por Noriega o de un alcalde nombrando como jefe de la Policía Municipal a un militar condenado por narcotráfico o un mayor que, con el apoyo del jefe de la Policía, con pistola y uniforme, intenta resolver un problema personal abofeteando a otro.   No son ellos –los sargentos, cabos o tenientes–, son sus jefes civiles los que desde mucho antes del golpe de Estado de 1968 tocaban las puertas de los cuarteles para pedirle a los uniformados resolver sus diferendos políticos, reprimir los movimientos sociales o inclinar a su favor el fiel de la balanza en pleitos de tierras o de cualquier otra índole.

En campaña, Martinelli prometió borrar de un plumazo las leyes de seguridad que Martín Torrijos aprobó casi al final de su mandato; una de ellas eliminaba a la PTJ para convertirla en DIJ pasándola a manos de la Policía Nacional.    No lo ha hecho y ahora, como en los tiempos del Deni, los policías tienen facultades para investigar, recuperar (o plantar) pruebas, y peor aún, aplicar el principio de obediencia debida hacia su jefe policial (al fin y al cabo la persona que los dirige, supervisa o promueve) y no ante el funcionario del Ministerio Público que corresponda.

La ley que no prometió eliminar y, en cambio sí anuló su aplicación por dos años, fue el nuevo Código Procesal Penal, resultado de un amplio consenso, destinado a conducir a la administración de justicia poruna camino más moderno, eficaz y respetuoso de los derechos humanos.

Con un ministro de Gobierno y Justicia pidiendo a los policías disparar a prófugos, estrategias de mano dura y campañas mediáticas que criminalizan a quienes viven en los barrios marginales, los malos resultados se comienzan a ver por doquier con policías que hieren a personas desarmadas o inocentes y el irrespeto a un principio policial universal: disparar sólo ante la presencia de amenaza letal.

Otro principio policial universal y sagrado es que ante la presencia de civiles inocentes se busca contener, identificar y aislar las amenazas y recurrir primero a la negociación.   Este se violó en el caso de Gina García Eleta, en el de una familia de pescadores baleada en el golfo (en el que trataron de plantar un arma para justificar el crimen) y se viola cada vez que el autoritarismo le gana a la ley y el gatillo vence a las palabras y a la negociación.

Finalmente, de las cinco leyes del gobierno anterior, solo una fue eliminada, la que creaba una entidad de inteligencia para la seguridad pública, posiblemente, la que más justificación tenía.

Conscientemente o no, los civilistas del gobierno quieren un cuerpo policial que, como en los tiempos anteriores a 1968, sirva a sus intereses; un monstruo agresivo, obediente y sin cerebro.

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Publicado el 8 de octubre de 2009 en el diario La Prensa, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Civilismo de mentira

La opinión del periodista….

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Fernando Martínez G.

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Civilismo de mentira

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Cada vez se confirma más que un sector importante de las elites políticas han estado promoviendo un falso civilismo en nuestras instituciones de seguridad pública. Se trata de un doble discurso de personas que llevan años satanizando el uniforme y la profesión militar y profesan, al mismo tiempo, un militarismo rampante.   Ahora, en el gobierno de Ricardo Martinelli, esta conducta engañosa constituye una amenaza a la estabilidad del país.

El civilismo del Gobierno es de mentira.   Y no se trata solo de nombrar al frente de la Policía a un sargento de la UESAT, promovido prematuramente a subteniente por Noriega o de un alcalde nombrando como jefe de la policía municipal a un militar condenado por narcotráfico o un mayor que, con el apoyo del jefe de la policía, con pistola y uniforme, intenta resolver un problema personal abofeteando a otro.

No son ellos -los sargentos, cabos o tenientes-, son sus jefes civiles los que desde mucho antes del golpe de estado de 1968 tocaban las puertas de los cuarteles para pedirle a los uniformados resolver sus diferendos políticos, reprimir los movimientos sociales o inclinar a su favor el fiel de la balanza en pleitos de tierras o de cualquier otra índole.

En campaña Martinelli prometió borrar de un plumazo las leyes de seguridad que Martín Torrijos aprobó casi al final de su mandato, una de ellas eliminaba a la PTJ para convertirla en DIJ pasándola a manos de la Policía Nacional. No lo ha hecho y ahora, como en los tiempos del DENI, los policías tienen facultades para investigar, recuperar (o plantar) pruebas, y peor aún, aplicar el principio de obediencia debida hacia su jefe policial (al fin y al cabo la persona que lo dirige, supervisa o promueve) y no ante el funcionario del Ministerio Público que corresponda.

La ley que no prometió eliminar y en cambio si anuló su aplicación por dos años fue el nuevo código procesal penal, resultado de un amplio consenso, destinado a conducir a la administración de justicia por una camino más moderno, eficaz y respetuoso de los derechos humanos.

Con un ministro de Gobierno y Justicia pidiendo a los policías disparar a prófugos, estrategias de mano dura y campañas mediáticas que criminalizan a quienes viven en barrios marginales, los malos resultados se comienzan a ver por doquier, policías que hieren a personas desarmadas o inocentes y el irrespeto a un principio policial universal: disparar sólo ante la presencia de amenaza letal.

Otro principio policial universal y sagrado, que ante la presencia de civiles inocentes, se busca contener, identificar y aislar las amenazas y se recurre primero a la negociación, se violó en el caso de Gina García Eleta, en el de una familia de pescadores baleada en el golfo (en el que trataron de plantar un arma para justificar el crimen) y se viola cada vez que el autoritarismo le gana a la ley y el gatillo vence a las palabras y a la negociación.

Finalmente, de la cinco leyes del gobierno anterior, solo una fue eliminada, la que creaba una entidad de inteligencia para la seguridad pública, posiblemente la que más justificación tenía. Conscientemente o no, los civilistas del gobierno quieren un cuerpo policial que, como en los tiempos anteriores al 68, sirva a sus intereses, un monstruo agresivo, obediente y sin cerebro.

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Publicado el 4 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Elige tu vida

La opinión del comunicador social…. .

FERNANDO MARTÍNEZ G.

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Elige tu vida

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El nuevo gobierno ha lanzado una campaña publicitaria que describe con claridad su concepción del problema de la delincuencia juvenil.

Según esta concepción, la delincuencia, como deshojar una margarita, es una simple elección personal y, como se ve en la cuña de la tele, los jóvenes que de nuestros barrios pobres enfrentan una disyuntiva en la que, de un lado está el delinquir y del otro la opción de ser hombres de bien, asistir a la escuela, graduarse, tener una bien nutrida madre, amorosa y protectora. Es decir, el éxito es asunto de elección, los pobres son los principales culpables de su pobreza, si quisieran, como en el “sueño americano”, se convertirían en ricos y exitosos.

La realidad, mil veces estudiada y medida por las ciencias y las estadísticas sociales, es muy diferente. Las oportunidades están casi que exclusivamente concentradas en el sector de población con mayores ingresos, nuestros sistema educativo público expulsa al 50% de los que ingresan a la escuela, y si graduándose no adquieren los conocimientos y habilidades para insertarse en el mercado laboral, ¿qué suerte corren los que ni siquiera terminan la secundaria?

La mayoría de estos jóvenes malviven sin las condiciones más elementales de subsistencia y, como señala William Ospina, “ tener con qué comer no garantiza que alguien se porte bien, pero no tenerlo, francamente, exige que uno se porte mal ”.

A ese “ mal comportamiento ”, que algunos no comprenden, porque nunca han tenido la experiencia de acostarse a dormir sin comer nada en el día, debemos agregar que, en la mayoría de los casos, su padres, cuando existen, conforman una familia disfuncional o desintegrada y su propia crisis de subsistencia los inhabilita para proveer atención, protección y valores a sus hijos. Por eso, algunos ilusos se preguntan sorprendidos por qué estos “ padres de familia ” no reclaman a sus hijos capturados en las calles violando el toque de queda.

A su vez, estas “ familias ” viven en comunidades socialmente enfermas por una larga y dominante presencia de la carne de cañón del narcomenudeo, los tumbes y el sicariato, porque los también largos años de marginación han ido incubando en ellas una subcultura alimentada por el resentimiento hacia ese otro lado de la sociedad de los viven en la opulencia.

En una sociedad en la que la felicidad es una mercancía que se compra, el dinero rápido y fácil del narcotráfico es “ la oportunidad ” que el sistema les ofrece para salir de la desesperanza.

Por ello, son comunidades en las que prevalece la ley de la selva (hay que defenderse para conservar la vida) y si un niño crece en la violencia será violento.

Esta concepción medieval de nuestro gobierno aumenta la marginación y la criminaliza —recordemos que se llamaba villanos a los siervos que vivían en las villas de alrededor del palacio y que villano era y es todavía sinónimo de delincuente— se acompaña de medidas de mano dura complementarias: bajar de 14 a 12 años la edad de penalización de los menores (en un año, de 1,100 homicidios, 5 corresponden a menores de 12 a 14 años de edad), y posponer dos años la aplicación del sistema procesal penal reconocido universalmente como más moderno, expedito y humanista.

Habrá que llenar el país de cárceles, que son verdaderos infiernos, para mantener a decenas de miles de personas, que el sistema judicial (anticuado, a veces corrupto y con altos niveles de discrecionalidad de fiscales que abusan de la privación de la libertad) no ha sido capaz de procesar (la mayoría de los internos no tiene una condena en firme, mientras los delincuentes con dinero para pagar abogados se pasean impunes por nuestras avenidas).

Nuestra verdadera elección es acogernos a una solución que parta de una visión integral, que no ignore las profundas causas sociales del problema y que no individualice la prevención, para lo cual es indispensable que el Estado proporcione los recursos necesarios para prevenir, someter a la justicia y rehabilitar a los infractores. Por ejemplo, no hay en el país una sola institución estatal especializada, con recursos y personal apropiados para la desintoxicación/atención y tratamiento de jóvenes con problemas de consumo y adicción a las drogas.

La prevención se da creando oportunidades para que los ciudadanos puedan llevar una vida digna, se da en la familia, la escuela, en los medios de comunicación, en el entorno social, en el ejemplo y los valores que prevalecen en la sociedad, en todos los ámbitos. Lo demás es demagogia o resabios medievales.

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Publicado el 29 de septiembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.