Sistema acusatorio ‘versus’ Constitución

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La preservación de las garantías y derechos fundamentales.  La opinión de…

Julieta Ábrego Acosta

El próximo año empezará a regir el sistema acusatorio, en virtud de la implementación del Código Procesal Penal, aprobado mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, que obedece a los cambios que en el derecho penal se imponen en América Latina.   Ahora bien, se comenta que este sistema contraría el texto constitucional porque no lo contempla expresamente; pero, vale advertir que el actual sistema mixto (inquisitivo en la fase de investigación, y acusatorio en la fase plenaria) tampoco está inserto literalmente en este texto, así que mal puede pretenderse que este u otro sistema procesal sea inconstitucional.

En el artículo 215 de la Constitución hay un sólido fundamento para sostener que el sistema acusatorio es el más adecuado a lo establecido en nuestra Ley Fundamental,   pues en él se señala que las leyes procesales que se aprueben se basarán en la simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos; y que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial.

Cabe anotar que el sistema inquisitivo es aquel donde el agente instructor o el juez investiga, dirige el proceso y juzga al acusado de cometer un delito, predominando el ritualismo, escrituralidad, secretismo de la investigación, convirtiéndose las garantías procesales en un cero a la izquierda.   En tanto, el sistema acusatorio es cuando dos partes contrarias, actuando en igualdad de condiciones, acuden ante un juez imparcial, en el cual la publicidad, la contradicción, la inmediación y la oralidad son los ejes fundamentales.

Finalmente, el sistema mixto es una combinación de los anteriores, pero prevalecen las características del inquisitivo, convirtiendo a este “pseudo” sistema en obsoleto y violatorio de derechos humanos.

El artículo 32 del texto constitucional establece que toda persona tiene que ser juzgada conforme a los trámites legales, es decir, en el caso penal, al sistema procesal que esté vigente (inquisitivo, acusatorio o el híbrido, denominado mixto).   Este artículo se complementa, jurisprudencialmente, con el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que contiene parámetros sobre garantías judiciales en procesos de toda índole, siendo esto apuntalado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución, referente a los derechos mínimos contenidos en ella, y no excluyentes de otros que afecten a los derechos y dignidad de la persona.

En conclusión, el sistema procesal que se impone, conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, es aquel que preserve las garantías y derechos fundamentales.   No obstante, tal como lo explica el profesor argentino, Alberto Binder, mientras no se modifique integralmente la legislación inquisitiva no será posible transformar la justicia penal, quedando el Código Procesal convertido en una quimera; y como decía el maestro Couture, “los códigos procesales son los textos que reglamentan la garantía de justicia contenida en la Constitución”; por ende, nuestros legisladores tienen el compromiso de adecuar las demás excertas legales relacionadas a la justicia penal a este sistema procesal.

<> Este artículo se publicó el 6 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La anacrónica notificación judicial

La opinión de…

Eugenio L. Morice 

El nuevo Código Procesal Penal introduce una innovadora modalidad de notificación ajustada a la contemporaneidad, al dictar que las decisiones que no se adopten en audiencia se realizarán por telegrama, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier medio idóneo.

Pero, aparte de lo anterior, la Ley 15 de 7 de febrero de 2008 que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales, y que a la fecha ha sido letra muerta para las secretarías de nuestros juzgados, fiscalías y sus rectores, dicta en su artículo 20 que el sistema de gestión judicial podrá enviar aviso por cualquier medio electrónico, comunicando a la parte que se ha emitido una resolución que está pendiente de notificación.

Nuestros jueces toman el tiempo que les permita su agenda o voluntad para decidir las apelaciones o incidentes, sin dejar por fuera a nuestros fiscales; ello obliga a los abogados ir y venir a esos estrados o a contratar a un caro pasante para que se dedique a indagar y revisar, diaria o semanalmente, los murales para conocer si se formuló la decisión que únicamente se notifica a través del posteo por edicto.

Pero, si aquella semana, por un sinfín de motivos, el jurista no asiste, sorpresivamente fijan y desfijan el edicto y se inicia el breve término de apelación y, por desconocimiento del abogado, se niega por extemporaneidad el derecho de apelación. Me atrevo a afirmar que son pocos los abogados que puedan decir que no han sido víctimas (por ende, sus representados) de la retrógrada notificación por edicto, posiblemente con la salvedad de los bufetes de alcurnia que pueden financiar el salario de un pasante idóneo y hasta costearle un vehículo.

Si el abogado llama telefónicamente para conocer el estado de una apelación o incidente, le suelen contestar que no dan información por esa vía; o sea, que nos lleva a preguntarnos: ¿para qué el Estado malgasta en suplirlos de ese medio, computadora y acceso a la internet? Colmando las pésimas consideraciones deparadas a los abogados en la obtención de copias del expediente, varios han establecido determinados días de la semana, lo cual significa pérdida de valioso tiempo frente al apremio que puede conllevar un proceso.

No pedimos que se elimine el edicto, lo que decimos es que la realidad tecnológica es muy distinta a las pretoriales de la antigua Roma, donde no existía teléfono ni correo electrónico. Hoy son contados los abogados que no disponen de correo electrónico; quien suscribe acostumbra a incluir todas mis generales, a fin de facilitar la notificación y, por supuesto, el e-mail. El abogado que es ajeno a las bondades de la informática se encontrará en larga desventaja en los procesos que representa.

Toma pocos minutos acceder a internet y transcribir un aviso al abogado, advirtiéndole que está disponible la decisión.   Sería bueno que la oficina de notificación judicial adoptara esa modalidad para mejorar su efectividad, puesto que se ahorraría tiempo, esfuerzos y recursos.

Debo elogiar a la Secretaría del Segundo Tribunal Penal de Adolescentes, que tuvo la iniciativa, nunca antes experimentada, de avisar a mi e-mail sobre la fecha de audiencia y requerido de notificación personal; al día siguiente me apersoné. La actuación de la secretaría contribuyó a la economía procesal que, definitivamente, adversa la imposición del edicto como exclusivo medio de advertencia o notificación en ciertas acciones o instancias.

Desde luego que las dilaciones de los jueces en el dictado de sus decisiones y notificación sorpresiva por edicto pueden dar el ineludible sabor de que se da cabida al inesperado posteo y desfije del edicto para favorecer a determinada parte en detrimento del debido proceso.

Hay muchos inocentes en nuestras atroces cárceles, y un número incontable de ciudadanos que han recurrido a la jurisdicción civil o de familia, donde se les ha negado justicia, debido a la anacrónica y exclusiva notificación por edicto.

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Este artículo se publicó el 24 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El nuevo Sistema Procesal Penal y el rol del Juez

La opinión de la Juez  de Menores…..

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Marianela García-Mayorca Bernal

La evolución de los sistemas procesales genera para el Estado y sus asociados un cambio de paradigmas en cuanto a las obligaciones que impone un Estado de derecho, las cuales se deben fundamentar en la efectiva protección, garantía y vigencia de los derechos del hombre; por tal motivo sus acciones deberán tender a salvaguardar el Estado Constitucional de Derecho y para ello resulta necesario establecer condiciones de razonabilidad y justicia que permitan resolver los conflictos sociales.

Frente a estos señalamientos surge la incógnita sobre la finalidad del proceso penal, en esta nueva visión procesalista y garantísta, la cual no se aparta de la premisa inicial de encontrar a los responsables de la infracción penal entendida esta como el delito, pero sobre la base de una nueva visión de derecho dirigida a exaltar la dignidad humana como principio rector de cualquier procedimiento justiciable, en este orden no se trata simplemente de reconstruir los hechos para establecer una sanción, tenemos la obligación de ir más allá, pues toca y guarda relación con el principio de presunción de inocencia el cual ha perdido vigencia en nuestros sistemas cuando convertimos al procesado en algo menos que importante, desvirtuando el hecho de que la criminalidad y el delito es un fenómeno biosicosocial que responde a múltiples factores y que exige el estudio de cada uno de esos factores, no para desvanecer la acción delictiva sino para restablecer el orden social en la medida de lo posible.

Los grandes estudiosos de la crimonológia señalan que la composición de un sistema de justicia criminal de un Estado se encuentra compuesta por tres subsistemas que definen el crecimiento o deterioro criminogeno de ese Estado, en este orden se menciona al sub sistema normativo, (que guarda relación con las normas de orden sustancial y procedimental), un sistema administrativo (que guarda relación con los órganos responsables de la creación de las normas) y un sub sistema social o cultural (compuesto por los valores y aptitudes que mantiene la sociedad acerca del derecho).

En este sentido resulta oportuno anotar que los tribunales de justicia solo encuentran cabida en el sub sistema administrativo, por lo que no son los únicos responsables del éxito o fracaso de la gestión estatal en la lucha contra la delincuencia, ya que es algo que involucra más que solo impartir justicia. Existen múltiples herramientas para combatir la delincuencia y una de ellas radica en la prevención de los factores de riesgo, por tal razón la implementación del sistema acusatorio por si solo no es la solución al problema de la criminalidad, este es solo uno de los medios utilizados por el Estado para hacerle frente a la delincuencia pero que exige su utilización de forma razonada y armonizada con otros medios que paralelamente deberán implementarse para minimizar la problemática social delincuencial.

Es en este contexto que el rol del juez juega un papel preponderante como quiera que esta es la conducta que se espera de él en función de la posición que ocupa dentro del sistema.   Hay que tener presente que el juez forma parte de una comunidad, no es un ser aislado por lo que su trabajo no puede realizarse a espaldas de la comunidad, sino precisamente en ese entorno social.

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Este artículo  fue publicado el 15 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde

Encargado o suplente

La opinión del Jurista y Docente Universitario…..

CARLOS AUGUSTO HERRERA

Hay opiniones de toda clase en las que prevalecen las políticas, por la cantidad abrumadora, y abanicadas por personas con algunas nociones jurídicas.

Lo seguro es que los especialistas constitucionalistas ha opinado con criterios encontrados, en función del enfoque que le dan al problema en la mesa de discusión y en relación con la favoralidad que abanderen, porque nadie está exento de la emoción que producen los criterios que están entre quienes favorecen la salida, los que se oponen y aquellos eclécticos, que siempre buscan los amarres que dejan esos portillos legales en reformas en parches apresuradas y producto de la conmoción del momento político nacional.

Hay que reconocer que una norma de esta naturaleza es un pensamiento jurídico congelado, que se agita dentro de una sociedad dinámica, de allí que se diga que una pauta entra en desuso superada por los avances de la sociedad.

Las constituciones tienen como función primordial fijar los objetivos generales de lo que proyecta y que luego convierte tales objetivos en específicos al desarrollarlos en la Ley.

Otros llaman a las pautas de carácter general y especial, pero lo que pasa es que nosotros no ponemos atención legislativa y en muchos casos no desarrollamos las leyes constitucionales, las cuales están todas en el mismo rango superior, como es el ejemplo del Habeas Corpus, enunciado en el artículo 23 de la Carta Magna, dormido dentro del Código Procesal Penal, el cual debe entrar en vigencia algún día, pero mientras tanto, el recurso extraordinarios se resuelve como antes de la reforma.

Si lo vemos en razón de la tradición jurisprudente, tenemos que la tradición se fundamenta en tres decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia, para considerarla como doctrina probable y que los jueces pueden aplicar en casos análogos. Esto nos retrotrae a ese pensamiento congelado dentro de la norma, que en manos de especialistas revestidos del máximo cargo como juzgadores puede cambiar la historia jurídica.

El profesor Edgardo Molino Mola se refiere a la Acción de Inconstitucionalidad, cuyo objeto es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie contra el acto o disposición legal contrario a la Constitución Nacional(1) y eso fue lo que hizo el alto tribunal, el 17 de julio de 2007, en el caso de Arquímedes Sáenz, bajo la ponencia de Winston Spadafora, fallo firmado por: José A. Troyano, Adán Arjona L. (con salvamento de voto), Esmeralda Arosemena de Troitiño (con salvamento de voto), Víctor L. Benavides P., Alberto Cigarruista Cortez, Graciela J. Dixon C., Harley J. Mitchell D., Aníbal Salas Céspedes.

En la decisión para separar a la procuradora Ana Matilde Gómez Ruiloba de Sousa Lenox, los magistrados Víctor L. Benavides P. y Harley J. Mitchell D. salvan ahora su voto, después de declarar inconstitucional la resolución aludida.

Estos dos magistrados fueron designados en periodos del PRD, al igual que Jerónimo Mejía y Oydén Ortega Durán, el otro magistrado que salvó el voto.

El derecho y los valores éticos están y no son en nuestra esencia humana y en la naturaleza. Lo que pasa es que en la imperfección en la que transcurrimos para las decisiones colegiadas se toma como cierto la mayoría absoluta, que corresponde a más de la mitad del total de magistrados. En otras nominaciones se exige la mayoría cualificada, la cual representa dos tercios o tres cuartos del total. Seguiremos.

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Artículo publicado el 10 de febrero de 2009 en el Diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Control judicial de la sanción penal

La opinión de….

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Hipólito Gill Suazo


La incorporación de la figura del juez de cumplimiento es una de las innovaciones de la legislación penal de 2008. No obstante, los jueces de ejecución, de aplicación de la pena o, como se denomina entre nosotros desde la Ley 40 de 1999, jueces de cumplimiento –legislación que regula la materia penal de adolescente– no es una institución nueva, pues desde hace mucho tiempo esta figura había sido adoptada en la legislación italiana con la denominación de jueces de vigilancia, y en la francesa, donde originalmente se conoció como jueces de ejecución y, más recientemente, como tribunales de aplicación de las penas.

En su momento, Luis Jiménez de Asúa puso de manifiesto la necesidad de crear, en materia penal, tribunales de ejecución de las sanciones, al considerar que los jueces de ejecución tenían una función distinta al juez de la sentencia, ya que al juez de la sanción le correspondía deliberar sobre el alcance o efectos que en una persona debía producir una determinada sanción penal.

Señalaba así que la mencionada actividad requería del juez una regia formación jurídica, además de un conocimiento especializado en diversas materias, como criminología, pedagogía, psicología, psicopatología, sociología y trabajo social, entre otras.

Este conocimiento especializado va a permitir que el juez de cumplimiento pueda determinar –aunque sea en grandes rasgos– un pronóstico de comportamiento en lo que a la sanción se refiere y así programar un tratamiento adecuado a la personalidad del condenado.

Es una institución que pretende que el proceso de adecuación de la pena sea más cónsono con el hecho y su autor, y pueda desdramatizarse muchos de los efectos perniciosos que ocasionan las sanciones penales –sobre todo las penas privativas de libertad– y que pueda recobrarse, aunque sea en parte, la efectividad del sistema penal, recargado muchas veces de mecanismos expiatorios que no logran el objetivo “supuestamente” perseguido por las sanciones penales.

La ley penal sustantiva le ha reconocido facultades al juez de cumplimiento, pero esta figura no ha sido desarrollada en la actualidad, pues recordemos que el artículo 19 de la Ley 27 de 2008 dispuso que los jueces de la causa o de la sentencia ejercerán la función de jueces de cumplimiento hasta la entrada en vigencia del código procesal penal, por lo que además de las funciones que tienen asignadas los jueces penales, quienes como es sabido deben resolver sobre la existencia del delito y la responsabilidad de los imputados, les corresponde también vigilar la ejecución de la pena impuesta.

El punto sería determinar si estos jueces pueden en la actualidad adelantar con éxito esta doble función: individualizar y vigilar la ejecución o el cumplimiento de la pena.

Los jueces de la sentencia han adquirido por mandato de esta ley la función de jueces de cumplimiento, por lo que deben imponer y vigilar la ejecución de la sanción de conformidad con la naturaleza de la nueva atribución, lo que implica además una suerte de garantía a favor del condenado, pues el juez debe vigilar que el cumplimiento se dé conforme con lo que disponga la Constitución, la ley y los convenios internacionales en materia de ejecución de la pena.

La materia relativa a la ejecución de las sanciones penales es, a nuestro entender, un asunto de la justicia ordinaria, es decir, de los jueces penales –sean de sentencia o de cumplimiento– a pesar de que ha habido intentos por otorgar esta función o “competencia” a las autoridades del sistema penitenciario.

Estamos a favor de la tesis de que la ejecución de la pena quede siempre bajo el control de una autoridad judicial, sin perjuicio de que se escuche la opinión especializada de la comisión correspondiente del sistema penitenciario.

La competencia está debidamente delimitada en el artículo 19 de la mencionada Ley 27 de 2008, que al hacer alusión al juez de la causa y a la Dirección del Sistema Penitenciario señala: “según corresponda al ámbito de sus competencias legales”, lo contrario implicaría otorgar funciones a autoridades que la misma ley no registra y que, cuando lo ha hecho en el pasado, ha procedido de manera inconsecuente con los principios que regulan la ejecución de las penas.

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Püblicado el 6 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Advertencia de los derechos Miranda

La opinión de……

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Flor María González Miranda

En marzo de 1963, en Arizona, Estados Unidos, una mujer fue raptada y violada; según la descripción del agresor, se trataba de Ernesto Miranda, quien vivía en el área y registraba condenas por violación. Detenido como sospechoso confesó durante el interrogatorio policial.

Posteriormente, su abogado defensor reclamó que se le había violado el derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a ser asistido por un abogado, emanados de la Quinta y Sexta enmiendas de la Constitución; aun así, fue condenado. El caso apelado llegó a la Suprema Corte de Justicia cuando se discutía la importancia entre los derechos individuales y la política de seguridad nacional.

En 1966 fue un escándalo la revocatoria de la condena en un fallo de 5 votos a 4. Explica que la autoinculpación requiere que la persona bajo custodia policial sea informada de sus derechos. Estableció como obligatorio, que la persona detenida, o que va a ser interrogada, se le comunique: que tiene derecho a guardar silencio; que todo lo que diga puede y será usado en su contra ante un tribunal de justicia; que tiene derecho a la presencia de un abogado antes de ser interrogada; que si no puede pagarlo, se le designará uno de oficio. Esto se conoce como las advertencias o reglas Miranda.

En Panamá, desde el Acto Constitucional de 1983, toda persona detenida debe ser informada de manera inmediata y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales; que desde ese momento tendrá derecho a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales; y se presume su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa.

Se dispuso que la ley reglamentara esta materia. (Art.22). Sin embargo, es el postergado Código Procesal Penal, que de manera amplia desarrolla la protección de tales derechos, al establecer requisitos e imponer limitaciones para neutralizar al máximo, cualquier vicio inquisitivo que pueda surgir durante la investigación policial y todo el proceso.

Dispone así: que al momento de la detención se comunique a la persona el motivo, la causa, el funcionario que la ordenó y mostrarle la orden; que de no designar un defensor idóneo desde el primer acto de investigación, el Estado le asignará un defensor público; que tiene derecho a una comunicación inmediata con su abogado defensor, en cualquier momento, de forma libre y privada, incluso telefónicamente; y si lo solicita, tiene derecho a declarar ante el juez, asistido por su abogado defensor; que tiene derecho a contar con traductor o intérprete, cuando no entienda el idioma español o tenga limitación para expresarse en forma oral o escrita.

Por mandato constitucional, ninguna persona está obligada a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí misma, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El citado código procesal establece que el derecho a guardar silencio, no puede ser considerado como una admisión de hechos ni valorado como un indicio de culpabilidad; y que no puede condenarse a una persona con el solo mérito de su declaración.

En conclusión, estos derechos protegen la libertad de la persona del abuso eventual de quienes detentan el poder. Volviendo al señor Miranda, enfrentó un nuevo juicio y, ante una acusación fiscal bien hecha, fue condenado. En 1976 fue asesinado. La persona imputada por su muerte, al ser detenida, le fueron leídos sus “Derechos Miranda”.

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Publicado  el   23  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Manifiesto a la Sociedad Civil

La opinión del Activista de Derechos Humanos…..

Miguel Antonio Bernal

Por considerarlo de interés ciudadano, cedo la palabra a la Sociedad Civil: “Nuestra constitución política es clara al definir en su artículo 2 que el poder público solo emana del pueblo, y lo ejerce el Estado por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

Dicho precepto, durante la campaña electoral, fue un compromiso del actual Presidente con todos los panameños.

El compromiso incluía que las organizaciones ciudadanas serían tomadas en cuenta en los asuntos públicos del país.

Para consternación de la ciudadanía, los hechos parecen ir en dirección opuesta a estos principios. La Sociedad Civil ha visto limitada sus funciones para la escogencia de magistrados, donde la meritocracia se supeditó al amiguismo. Conceptos fundamentales del derecho han sido olvidados durante la discusión de leyes como las escuchas telefónicas; postergación de la descentralización municipal; la prolongación de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio causa principal de la mora judicial y al desconocer los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo y del Pacto de Estado por la Justicia.

Hemos sido excluidos del Consejo Nacional de Transparencia y no vemos espacios de diálogo para evaluar los proyectos de desarrollo depredadores del ambiente, los temas de seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, la salud, la carrera administrativa, el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las víctimas de violencia.

Con respecto al juicio que se sigue contra la Procuradora General de la Nación, somos del criterio que todos los servidores públicos tienen que responder ante la ley por violaciones a la misma, sin embargo percibimos un ambiente totalmente politizado y una actitud de control por parte del Órgano Ejecutivo, que afectará el debido proceso en este caso. En lo referente al aspecto jurídico de este proceso revisaremos todos los detalles del mismo y emitiremos opinión en su momento. Si es necesario acudiremos a los organismos internacionales.

Definitivamente, uno de los grandes problemas de la democracia panameña es el exceso de poder presidencialista y esto es parte de la crisis institucional que hoy vivimos. Si a esta situación le unimos la intolerancia frente a las críticas ciudadanas y los pocos espacios de diálogo nacional, la situación se torna mucho más difícil para la democracia panameña.

Debemos recordar que los partidos políticos son instituciones que tienen como objetivo fundamental asumir democráticamente el poder del Estado para gobernar. La sociedad civil, por su parte, está formada por organizaciones que tienen como objetivo fundamental incidir en los gobernantes para que actúen conforme a la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y las exigencias del bien común. El derecho de asociarnos para opinar e incidir en la cosa pública es un derecho humano de todos los habitantes y esto es irrenunciable.

Hacemos un llamado al gobierno para que reactive los espacios de diálogo, entre ellos la Comisión de Estado por la Justicia y todos los espacios de diálogo que se requieran para discutir los temas que más angustian a la población panameña. Igualmente hacemos un llamado a los ciudadanos a opinar, exigir y ejercer su derecho a disentir.”

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Publicado el 15 de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.