Inmigración y sociedad

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La opinión de…

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José A. Claus G. –

En una economía perfectamente capitalista se puede promover la liberalización de la inmigración, pero en el mundo real en el que vivimos la inmigración indiscriminada distorsiona el mercado laboral. La constante quejadera de los gremios empresariales de que hace falta mano de obra calificada no tiene sentido, cuando vemos que los ingresos familiares están muy por debajo de lo que cuesta la vida en Panamá. Los auges económicos tienen vidas cortas y son seguidos por recesiones, por esta razón se tiene que permitir que el ciudadano común también tenga la oportunidad de ofertar sus servicios, sin temor a que vayan a importar mano de obra extranjera. La única manera en que se verá un alza generalizada de los salarios en Panamá, será cuando verdaderamente se proteja al panameño de la competencia desleal de los inmigrantes.

Hay los que proponen la liberalización de las restricciones a la inmigración, basada en las teorías de mercado libre, pero no explican cómo es que el empleado común en Panamá sigue percibiendo salarios de pobre. Los países capitalistas desarrollados tienen restricciones fuertes a la inmigración, sin embargo, en Panamá estamos inundados de extranjeros. Me parece que cada país tiene, ante todo, que hacer todo lo posible para que sus ciudadanos logren tener salarios dignos, antes de abrirle las puertas a extranjeros de países fracasados.

Son contadas las empresas que necesitan personal tan especializado que tienen que importar mano de obra extranjera, y la legislación panameña prevé estos casos. El ejemplo más visible es el Canal de Panamá. En menos de 20 años se reemplazó a miles de trabajadores ultra-especializados norteamericanos con panameños. Hoy día, vemos que en el Canal siempre se está pidiendo que los panameños hagamos más con menos.

La Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá heredó una legislación que obliga a la administración a negociar con los empleados, cuando se le pide más productividad. Por lo que he observado, cuando por fin se logra hacer a un lado la naturaleza envidiosa del ser humano, llegamos a acuerdos que siempre benefician a la empresa, muchas veces más que a los empleados. Esto es lo que se tiene que practicar en Panamá, no tomar el camino más fácil de importar mano de obra de países fracasados.

Mucho cuidado, gremios empresariales, porque el costo de vida en Panamá se incrementa a pasos agigantados y los salarios no suben proporcionalmente. Hay que aprovechar estos auges para elevar el nivel de vida del panameño común, si no veremos que su frustración se puede convertir en represalia violenta izquierdista. La meta inmediata tiene que ser que el panameño común gane suficiente para no depender de subsidios sociales del que se aprovechan los políticos para aumentar la planilla estatal.

 

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<> Este artículo se publicó el  7  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Impuesto desalojador

La opinión de…

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José A. Claus G.  —

Se me hace difícil aceptar como constitucional una ley que impide que gran parte de los ciudadanos puedan vivir en su capital. El fracaso de y los conflictos que causa el impuesto de inmueble en los países que lo inventaron es conocido e insistir en esto implica violar el espíritu y las palabras de nuestra Constitución.

El impuesto de inmuebles sobre las mejoras es una aberración histórica inventada por los “países desarrollados”, cuyo cobro conlleva acciones propias de un gobierno totalitario. Este impuesto resultará en el desalojo de panameños de sus viviendas actuales hacia áreas de menor “valor”.

Es de temer que nuestro gobierno siga utilizando un impuesto que atenta directamente contra la vivienda de sus ciudadanos, cuando debería buscar la manera de desmantelar esta arma de confiscación. ¡Próximamente seremos víctimas de un ejército de “evaluadores” cuya función será establecer un valor que sea aceptable para el gobierno!   Encima de ser contradictorio, es un magno acto de arrogancia pensar que pueden fijar el valor de un bien cuando estos fluctúan y sin pensar que el mismo acto de variar el impuesto cambia el valor. Aún no sabemos cuántos de nuestros ciudadanos serán agredidos irremediablemente con esta medida ya que habrá muchos que no podrán costear un impuesto más alto.

Solo puedo pensar que muchos panameños todavía no entienden las consecuencias de la Ley 49 de 2009, a pesar de que viola el espíritu de la Constitución. El Gobierno es instituido para proteger la vida, honra y bienes de las personas bajo su jurisdicción. Muchos ciudadanos se sentirán deshonrados y despojados de sus bienes, cuando tengan que pagar impuestos sobre valores extraños a la realidad panameña.   Habrá otros cuya vida peligrará cuando tengan que ser desalojados de sus viviendas, porque no pueden pagar sus impuestos.

¿Qué pasó con la obligación constitucional del Gobierno de garantizar la propiedad privada y qué paso con el precepto de que el domicilio es inviolable? Toda persona que ejerza una profesión liberal u oficio de los artes desde su hogar, estará pagando un impuesto inconstitucional ya que necesita dónde ejercer su profesión u oficio y lo hace desde su hogar. La Constitución exige que el Estado vele por el mejoramiento social y económico de la familia, sin embargo el impuesto de inmueble desmejora social y económicamente a la familia.

Aparentemente, el Presidente no se da cuenta que la misma Constitución dice que el patrimonio familiar es inalienable e inembargable. ¿Qué bien es más patrimonio familiar que su vivienda? Esta protección constitucional hace que el impuesto de inmueble sea legalmente incobrable ya que el Estado no puede confiscar un patrimonio familiar.

Es prohibido que la Asamblea Nacional expida leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución.

La Constitución sabiamente establece un orden de prelación que indica que el interés privado deberá ceder al interés público o social. El impuesto de inmueble es de origen totalitario y tiende a convertir a sus ciudadanos en siervos de sus gobernantes.

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Este artículo se publico el 8 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Moneditas tentadoras

La opinión de…..

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José A. Claus

Los instrumentos monetarios dejan de ser medios de retención y transferencia de valor y se convierten en medios de control social, cuando se abandona el respaldo objetivo.

La Ley 8 del 15 de marzo de 2010 que reforma el Código Fiscal permite acuñar monedas de denominaciones altas con el pretexto de “facilitar el comercio”.

Este dinero “barato” debilita la disciplina fiscal, es difícil de auditar y eventualmente el Gobierno nos tendrá que obligar, por fíat, a recibir sus moneditas de mentira.

Las monedas sin respaldo son el equivalente de aire que se inserta en un globo, y el diámetro de este globo representa la cantidad de dinero que persigue todas las alternativas: acciones, bonos, bienes raíces, inversiones, préstamos personales, artículos para los consumidores, etc.

Los bancos centrales tratan de mantener un diámetro estable, sin embargo, este mandato es tan difícil de cumplir que ellos prefieren errar en pro del globo más inflado.

Las monedas del ministro no tienen respaldo alguno más que la suposición de que el Gobierno de Panamá las intercambiaría por dólares.   Siendo este el supuesto, emitir estas monedas es en realidad un préstamo que los panameños les estaríamos dando al gobierno de turno, ya que eventualmente el Gobierno tendrá que devolver dólares por estas monedas. El real peligro es que pedir prestado al 0% de interés es peligrosamente tentador e incentivará al Gobierno a acuñar más de lo que debe.   Inicialmente causará inflación y, después, una catastrófica deflación por no poder pagar lo que se compró con estas monedas de mentira. El economista Murray Rothbard, de la Escuela Austríaca de Economía, le llamó a esto el crack-up-boom.

El cuentito de que facilitará el comercio no es más que una pantalla para encubrir el único propósito que puede tener acuñar monedas que nunca necesitamos en este país: poder aplicar medidas keynesianas. Durante recesiones y antes de las elecciones, el Gobierno sentirá el calor político y sucumbirá a la tentación de inyectar estas monedas al globo que se desinfla.

Nuevamente comenzará otro ciclo de fiesta, porque los gobernantes no quieren recesión. ¡Control social! Estas monedas son el equivalente del pan y circo que utilizaban los emperadores romanos para apaciguar a sus súbditos, mientras mezclaban plomo con sus monedas de oro y plata. La crisis comienza cuando nadie acepte cambiarlas por algo de valor y en ese momento el Gobierno no tendrá otra opción más que obligarnos a aceptarlas.

Acuñar monedas de alta denominación es el principio de una espiral inflacionaria ya que difícilmente se podrá verificar lo que hace el Gobierno a escondidas.

Ningún gobierno en la historia del mundo ha podido rechazar la tentación de poder crear dinero como por acto de magia.

Solamente rechazando estas monedas podremos salvarnos de la última estocada, que será cuando el evidente rechazo de las mismas sea la excusa para que el Gobierno nos la imponga y así nos confiscará nuestros ahorros.

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Este artículo se publicó el 6   de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

‘¡Viva el rey, larga vida al rey!’

La opinión de….

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José A Claus

El impuesto de inmueble viene de las épocas de los reyes donde los señores feudales cobraban alquileres por el uso de sus tierras. Los súbditos vivían y producían con estas tierras y la monarquía recibía impuestos de la producción. A ningún señor feudal de larga vida se le ocurriría cobrar impuestos sobre las mejoras. Un señor feudal que arbitrariamente estableciera valores y cobrara impuestos sobre la propiedad privada sería visto como un ladrón o un caníbal.

Comprendo que nos toca pagar las cuentas de décadas de corrupción gubernamental donde nos endeudaron y robaron, sin embargo, la Ley 49 del 2009 solo lo podría justificar un caníbal ya que extrae de los haberes del cuerpo ciudadano. Los autores de esta barbarie lo excusarán diciendo que es una práctica común en todos los países y son unos hipócritas, porque ellos saben que el impuesto de inmuebles sobre las mejoras está causando estragos en todos los países donde se aplica.

Los valores de las mejoras fluctúan según muchos factores y el gran dilema en todo el mundo hoy día es que los valores inflados por la locura especulativa han caído. Peor aún es que aquí se aplica el principio de la incertidumbre de Heisenberg ya que hacer un avalúo que cambia el valor de un activo productivo (el inmueble) causa un cambio de impuestos que a la vez devalúa el inmueble. Cualquiera sabe que cuando se acaban las exoneraciones de un inmueble los compradores le huyen.

No hay manera que un evaluador pueda determinar con certidumbre un valor cuando este valor nuevo va a cambiar el impuesto.

Para mí, el impuesto de inmueble en su forma actual es repugnante ya que grava lo que es de uno después de que el Gobierno ya sacó lo que por ley tenía que sacar.   Cuando uno recibe el pago por su producción el Gobierno saca sus impuestos sobre la renta. Me parece un robo que si yo construyo algo con lo que me sobró después de pagar los impuestos, el Gobierno cobre un impuesto anual sobre esto. El único que se puede escapar de esto es el que no hace nada con su dinero y vive en una tolda (cuidado que te hacen un avalúo de tu tolda). Los mandarines actuales vienen de la empresa privada y conocen el peligro de las arbitrariedades, sin embargo nos amenazan con hacer un avalúo ellos si no lo hacemos nosotros antes de junio de este año.

¡Viva el rey! ¡Larga vida al rey! Los reyes que duraron y fueron queridos por sus súbditos jamás hubiesen pensado en canibalizar a sus súbditos. Le pido a algún letrado en la jurisprudencia que dedique sus mejores esfuerzos en demandar la Ley 49 y terminar de una vez por toda con el impuesto de inmueble en su forma actual ya que es una expropiación de la propiedad privada.

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Publicado el 1 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.