Educación, un árbol sin sombra

La opinión de…

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Ela Urriola  –

Cada amanecer confirma nuestra condición de país de las improvisaciones. En esta ocasión no haremos referencia al caos de la vida cotidiana; a la ineficiencia del transporte ni a la falta de efectividad de la campaña contra la violencia; nuestro motivo es la improvisación materializada en algunas de las autoridades que nos representan.

La Real Academia define autoridad como: “Poder que gobierna o ejerce el mando. Potestad, facultad, legitimidad.   Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad y competencia en alguna materia…”.

De suerte que autoridad, legitimidad y competencia están ligadas a las figuras que ejercen el poder ya sea este político, religioso o académico. Lo cual valida la frase de Confucio, “el hombre superior no lo es por jerarquía sino por moral”.

Hace unas semanas la ministra de Educación declaró en un canal de televisión, refiriéndose a la reestructuración del sistema educativo, que “no serían reuniones donde se va a filosofar durante meses”.

La pregunta es ¿qué autoridad o competencia refleja la ministra de Educación si se expresa despectivamente de la más antigua de todas las disciplinas, denotando un desconocimiento no sólo de los vínculos históricos, sino también teóricos entre la educación y la filosofía?   Comprendemos que esto lo manifieste un humilde vendedor de bocadillos en la acera, debido a las limitaciones que han marcado su vida, pero que así lo exprese la máxima autoridad en materia educativa es inaudito, por no decir escandaloso.

El acto de “filosofar” está relacionado directamente con “el pensar”, es la reflexión lógica –no las pasiones, voliciones o impulsos– la que toma el papel protagónico en la conciencia y extrae de esa experiencia conclusiones racionales, válidas para todas las circunstancias posibles. En particular, cuando se trata de la educación de todo un pueblo las opciones deben ser producto de una reflexión metódica que analice todas las aristas y situaciones de manera que los correctivos entre la teoría y la acción sean mínimos y los efectos colaterales afecten la menor cantidad de actores.

La planificación educativa no es para hacer “cosas hermosas” que satisfagan el ego de una autoridad, como tampoco para proclamar que “hacemos historia” con una placa en una escuela; su finalidad es desarrollar un proceso de conocimiento integral que convierta a nuestros niños y jóvenes en ciudadanos, es decir, en hombres y mujeres morales, capaces, reflexivos, solidarios y, sobre todo, con una elevada dignidad personal como condición precedente a la formación profesional, que debe ser la otra instancia del componente educativo. Ignorar este contexto en el currículum educativo es suplantar la sana competencia por el conocimiento por la patética consiga “pelea por tu beca”.

Está de más señalar que desde sus orígenes la filosofía estuvo vinculada a la educación –Sócrates, Platón y Aristóteles– fueron los primeros filósofos de la educación al introducir objetivos, métodos y sistema a sus enseñanzas, básicamente moral. Que los forjadores de la educación en el medioevo fueron los más insignes filósofos del cristianismo –San Agustín y Tomás de Aquino–; la educación de la modernidad fue el producto de pensadores de la Ilustración como Diderot, Montesquieu y Rousseau; los conceptos doctrinales de la educación en la sociedad contemporánea fue concebida por filósofos destacados en otros campos como John Dewey, William James y Alfred North Whitehead.

Pero lo más importante es que la concepción educativa europea actual, estrechamente vinculada a los medios de comunicación, y esto debe ser del conocimiento de la Sra. ministra por su formación y experiencia profesional, se le debe a Jurgën Habermas, filósofo de la Escuela de Frankfurt y a su obra Teoría de la acción comunicativa en la que examina el papel de los medios en una educación dinámica y participativa dentro de la sociedad industrial avanzada y la globalización del conocimiento.

Toda esta trayectoria del pensamiento educativo y sus vínculos con la filosofía se imparten en la Universidad de Panamá en una cátedra llamada Filosofía de la Educación, instituida y dictada por el Dr. Octavio Méndez Pereira, quien comprendió los indisolubles vínculos entre ambos saberes.   Concebir una educación sin el marco teórico de la filosofía es pensar en la clásica imagen del árbol, que por su falta de follaje, no puede dar sombra.

Sería favorable que los asesores de la Sra. ministra le explicaran que la construcción de un sistema educativo no es tema para “filosofar durante meses”, pues la adecuación de la educación al desarrollo de la sociedad y a la formación integral a veces tarda años y en muchas ocasiones ha rebasado generaciones enteras. Entendemos el interés de la titular en “hacer historia” y esas “ansías de inmortalidad” a la que se refiere Unamuno la padecemos todos y por lo visto también la comparten otros de sus compañeros de equipo.

Pero si hay algo que todos aprendimos en nuestros cursos de filosofía en el bachillerato y que debemos aplicar en nuestra vida personal y profesional, es la primera regla del método de Descartes:   “No aceptar por verdadero nada que no haya sido comprobado racionalmente y evitar en lo posible la prevención y la precipitación…” es decir, los prejuicios y los apasionamientos.

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<> Este artículo se publicó el 25  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Cogobierno, sociedad civil y democracia

La opinión de…..

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Ela Urriola

El Banco Mundial –organismo que por su cobertura no podemos calificar como sedicioso o antigubernamental– define la sociedad civil como: “… una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas”.

La finalidad de la misma, lejos de prohijar el paternalismo y la dependencia del Estado, es concebida como medio para que la persona crezca moralmente autónoma, independiente, autogobernada y responsable de su propia vida.

Según Habermas, la sociedad civil posee un núcleo constituido por asociaciones de voluntarios ajenas al Estado y a la economía y abarcan iglesias, agrupaciones productivas, culturales, deportivas, filantrópicas y de debates, medios de comunicación independientes, academias, grupos de ciudadanos, iniciativas populares, organizaciones de género, raza y sexualidad, hasta las asociaciones profesionales, estudiantiles, ambientalistas, al igual que partidos políticos y sindicatos.

Contrario a las opiniones de quienes consideran a la sociedad civil como una molesta creación contemporánea para contrariar las directrices gubernamentales, sus orígenes se remontan al antiguo Imperio Tebano (3000 a.C.), en donde luego de las masivas ceremonias religiosas se debatían problemas agrícolas, comerciales y del gobierno, a pesar de la rígida estratificación social.

El modelo fue perfeccionado en la Atenas del siglo V a.C, donde los ciudadanos reunidos en el Ágora discutían la política de la Ciudad–Estado, y dio origen a la democracia directa, precursora de nuestra democracia representativa.

Sin embargo, la acepción más próxima al concepto contemporáneo se le debe a uno de los padres de la democracia norteamericana, Alexis de Tocqueville, quien en su obra La democracia en América (1835) destaca el papel de la participación ciudadana como garantía en una democracia basada en la cooperación, solidaridad y correspondencia social.

Este planteamiento, que se sobrepone a la sociedad civil contractual (Rousseau, Hobbes, Locke), la sociedad jurídica (Monstesquieu, Kelsen), la sociedad clasista (Marx, Gramsci) sienta el principio de participación y gobierno de mayorías en la política norteamericana que, con altibajos y distorsiones cíclicas, ha regulado la experiencia democrática de aquel país.

Experiencia que algunos políticos y gobernantes nuestros invocan como modelo, pero de la cual solo perciben un destello ignorando la fuerza que la ilumina.

En una democracia participativa y pluralista la iniciativa de organizarse en asociaciones tiene como finalidad redefinir las relaciones entre la sociedad y el Estado, para garantizar la equidad social y la democratización de las instituciones, sin las cuales las actuaciones colectivas no tendrían repercusión y el Gobierno sería un núcleo absorbente de los derechos ciudadanos.

Los derechos de los más humildes, de los trabajadores agrícolas, billeteros, padres de familia y obreros; al igual que los intereses de los empresarios, profesionales y usuarios de los servicios públicos son las semillas que motiva las agrupaciones de la sociedad civil.

Los últimos 50 años han sido decisivos en la expansión de lo que Vaclav Havel, dramaturgo y ex presidente checo, denominó “la sociedad civil fuerte”, aquella que ha rebasado el ámbito de simple autosatisfacción, para convertirse en actora del cambio y rectificaciones de la vida política, tal es el caso de la revolución de terciopelo que se gestó en la plaza más importante de Praga y que acaparó la atención del mundo.

En Estados Unidos las organizaciones cívicas fueron decisivas para acelerar la ley de derechos civiles y ponerle fin a la guerra de Vietnam. En el caso de nuestro país, la Cruzada Civilista fue determinante en la lucha contra la dictadura militar.

El presente es alentador para el crecimiento de la sociedad civil, gracias a la incorporación masiva de los ciudadanos en agrupaciones representativas en todas partes del mundo, conscientes de su derecho y deber de cogobernar debido a que la representatividad no es garantía de equidad social ni democracia institucional.

La manipulación, la cooptación de la oposición política, el control de los órganos del Estado y la experiencia de los totalitarismos de izquierda y derecha que dominaron la escena política del siglo pasado y que rondan golosos en el presente, pesan demasiado en la memoria ciudadana de todos los países.

Actualmente, este cogobierno ejercido desde fuera mediante recursos tradicionales de crítica y reorientación, se expande con la incorporación de nuevas tecnologías y los medios de comunicación y logra alcances inusitados favoreciendo la inclusión de sectores tradicionalmente marginados de la vida política de la nación.

Rechazar el cogobierno con la sociedad civil es cercenar a la ciudadanía organizada –la misma que individualmente ejerció el derecho al sufragio y depositó su confianza en los gobernantes– el legítimo derecho a disentir, solicitar rectificaciones y proponer opciones alternas en las acciones políticas del gobierno.

Por medio de la sociedad civil la masa dispersa y serializada de los individuos en el colectivo social toma forma, se concentra y se convierte en la sustancia misma de la vida democrática, pues en ella –citando a Rousseau– “la voluntad de todos se convierte en la voluntad general”.

Desconocer este logro de las sociedades modernas es dejar abierto el camino a la autocracia y a la más rudimentaria forma de totalitarismo.

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Este artículo se publicó el  15  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Vuelve el debate sobre la minería

La opinión de…..

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Ela Urriola

“Sueños de oro, corrientes envenenadas”, con este título vio la luz la investigación de Jim Lyons y Carlos de Rosa, publicada por el Centro de Políticas Mineras (Washington, 1997) que ha servido como referente en numerosos debates sobre minería en el continente, obligando a tomar medidas preventivas sobre el tema.

Así, mientras la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sanciona una ley prohibiendo la minería –en especial la de cielo abierto, dominante hoy en día por el menor costo de operación– y en Ecuador y Chile los gobiernos hacen los ajustes para prohibir la actividad, el Sr. Ricardo Martinelli proclama a viva voz su disposición de permitirla para incentivar el desarrollo del país.

Lo que por allá no se puede, aquí “sí se puede”. De manera que su ministro de Comercio, por debida obediencia –como en tiempo de los militares– o, por simple “mala fe” –el acto de engañarse a sí mismo para engañar a los demás, (Sartre, 1943)– sale a la palestra televisada promoviendo las bondades del proyecto y la urgencia de modificar el Código de Minería.

Contrario a la minería subterránea, que aprovecha las vetas para extraer mineral de calidad, la de cielo abierto remueve grandes extensiones de la capa superficial para obtener mayor cantidad de material en el subsuelo, pero de inferior calidad.

El uso de grandes maquinarias, cintas transportadoras, tuberías de lavado y uso de explosivos permiten remover montañas enteras en cuestión de horas. El proceso requiere que el yacimiento abarque vastas extensiones y se encuentre cerca de la superficie; como consecuencia, se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y 500 metros de profundidad.

Pero el daño no se limita al epicentro de la explotación, lo más afectado es la periferia que puede abarcar miles de kilómetros a la redonda debido a la deforestación, contaminación de aguas, del subsuelo y la degradación general del ecosistema.

En los casos de las minas para extracción de oro, como Petaquilla, el uso de la lixiviación con cianuro –procedimiento para lograr la precipitación del oro rociándolo con cianuro (75 gls por pie cúbico de material)– se logra la extracción de un gramo de oro por tonelada de material, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, y eliminado toda forma de vida a su alrededor.

Según especialistas en la materia, (Vaughan, Salinas, Elizondo y Kussmaul) luego de investigaciones en Argentina, Chile y Costa Rica, los efectos colaterales más sensibles son: devastación y modificación de la morfología que deja al descubierto grandes cantidades de material estéril; afectación del entorno y pérdida de atracción escénica; contaminación del aire; afectación de las aguas superficiales y subterráneas; impacto sobre el microclima; afectación de flora y fauna y fauna; contaminación residual del entorno e impacto sobre poblaciones desplazadas por la extensión del proyecto.

El saldo negativo a largo plazo no compensa de ninguna manera los daños por una actividad con una duración estimada de 20 años.

El proyecto minero de Cerro Colorado, utilizado como distractor de opinión durante los debates de los Tratados del Canal, logró su objetivo y luego fue olvidado por razones que nadie pudo explicar. Los yacimientos cupríferos que supuestamente excedían las posibilidades de la mina El Teniente, en Chile, no fueron jamás mencionados y quedó en un limbo hasta el presente, cuando posiblemente sea utilizado real o hipotéticamente para una finalidad gubernamental.

El hecho es que la extracción de cobre, al igual que la de oro u otro mineral, a pesar de utilizar otros purificadores químicos, contaminan y afectan de la misma manera el entorno y la vida humana en todas sus facetas.

De manera que el “ahora le toca al pueblo” parece no incluir las comunidades indígenas o campesinas víctimas directas del proyecto, ancestralmente expuestas al exterminio por hambre y enfermedades y que ahora son amenazadas por una moderna forma de genocidio sin necesidad de cámaras de gas: la contaminación.

La premura y entusiasmo con el cual el Sr. Martinelli expresó: “Con mucho gusto la cambiamos (la ley).  Yo quiero que el gobierno coreano, junto con accionistas canadienses, norteamericanos y de la bolsa de valores, desarrollen esa mina (yacimiento de cobre de Cerro Colorado en la comarca Ngäbe-Buglé)”, nos trajo del inconsciente un oscuro pasaje de nuestra historia escenificado en una habitación del Waldorf Astoria hace poco más de una centuria y que costó 80 años de sufrimientos.

¿No será que la pandereta por los corredores es para acallar las cascadas de cianuro? Ojalá los inversionistas coreanos nos dejen suficiente cobre para el busto del Sr. Martinelli en alguna plaza de Tolé.

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Este artículo se publicó el  11  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

En el nombre del pobre

La opinión de……

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Ela Urriola

La moral del funcionario público tiene tres niveles de obligatoriedad que son abrumadores, pero imperativos.

En primer lugar, la moral (las costumbres) de la persona común que debe respetar y cumplir los principios fundamentales de convivencia social y los valores de la estructura familiar y social;

en segundo lugar, las normas que regulan el ejercicio de la profesión (el deber/ deontología) escogida como producto de una vocación,

y tercero, el cumplimiento coercitivo de los preceptos (la ley) que regulan el ejercicio del cargo público y el compromiso de servir a la sociedad a la que se debe.

Nuestros diputados, o gran parte de ellos, sin distinción de partido, han quemado de una sola llamarada –al igual que Hernán Cortés con sus naves– su moral personal, el deber profesional y el compromiso de servidores públicos; como prestidigitadores han convertido su ya dudosa imagen de “padres (o madres, según el caso) de la patria” en la muy tipificada de “delincuentes comunes”.

El deterioro del Órgano Legislativo es tal que ciudadanos de reconocida trayectoria cívica y profesional declinan postulaciones; o si han detentado el cargo, rechazan la reelección por autoestima y respeto a su imagen pública. Lo que en los años iniciales de la República era un foro para el debate de ideas y principios constitutivos de la Nación en mente y verbo de pensadores, educadores y preclaros ciudadanos, hoy es un circo para escarnio de los ciudadanos que costeamos su funcionamiento y para vergüenza del país ante la opinión internacional.

Discusiones insustanciales, desconocimiento de los temas, insultos y rivalidades partidistas son la tónica de los debates legislativos sin que se avizoren soluciones a los grandes problemas nacionales.  Aquello que no esté en la agenda de los intereses particulares, empresariales o partidistas carece de prioridad y los escasos proyectos que puedan ser de interés nacional son vistos con el cristal poliédrico del repartimiento. Dejando de lado su función legislativa, los diputados se han convertido en una especie de “trabajadores sociales” ocupados en la tarea de “obtener fondos” para obras comunitarias de bienestar social.

Históricos casos como “los doce del patíbulo” cuando igual número se repartió los millones producto de la venta de los equipos de la Empresa Nacional de Maquinaria; las cabildeos y comisiones para aprobar las privatizaciones; “los salpicados del Cemis”, cuyos billetes abanican nuestra precaria memoria; la ratificación de los “magistrados de la Yeya”, que pringó a todas las bancadas; las absurdas leyes para la venta de islas y playas; las suicidas concesiones mineras; los recurrentes “madrugonazos”, las ventas de exoneraciones; el nepotismo; el control de becas del Ifarhu, el repartimiento de las partidas circuitales y un sinfín de vergonzosas actuaciones colectivas e individuales son las imágenes, no precisamente digitales, que han contemplado las últimas generaciones de panameños.

El escándalo del FIS es otro eslabón en la cadena de fechorías del Legislativo, cuyos actores salen a la luz pública sólo por la estrategia de control diseñada por el actual gobierno. Con empresas fantasmas, fundaciones familiares y toda clase de artimañas jurídico–empresariales han captado, traspasado y catapultado fondos estatales e internacionales para su provecho y sus campañas proselitistas. Sin rubor han disfrazado la rapiña con el ropaje de la solidaridad y con desparpajo etiquetan sus acciones con el eufemismo de “bienestar social”.

Lo lamentable es que, a diferencia de otros escándalos como Endema, Cemis, privatizaciones o las concesiones mineras, lo actuado se hizo en nombre de los pobres, arrebatando recursos destinados a los más humildes. La apropiación de los bienes del Estado es censurable porque se trata del dinero de los contribuyentes, es una mala acción, condenable hasta con la pena de muerte en otros lugares; pero robar el techo a los desamparados, los alimentos de las guarderías, las aulas escolares, la salud a los indígenas y la protección a las madres solteras es doblemente malo: ¡Es perverso!

Concebido para lograr el “clientelismo” de los diputados, el FIS reemplazó las “partidas circuitales” para un mejor control del Ejecutivo, y sus asignaciones están en función al grado de adscripción o favores a quienes apoyan las líneas presidenciales, sin menoscabo de pertenencia a un partido.

El modelo sucumbe por sus deformaciones congénitas y la corrupción fue el natural resultado. No esperamos que se elimine el FIS, a lo sumo cambiarán su diseño, pues no es pensable que el Ejecutivo estrangule su principal instrumento de manipulación de los diputados; mucho menos soñemos con que se disuelva el Legislativo para convocar una Constituyente, que es lo que necesita el país y que no es hacia donde parecen caminar las zapatillas del pueblo. A lo sumo buscarán chivos expiatorios y los reemplazarán con suplentes debidamente amaestrados mediante presiones o concesiones.

El verdadero cambio se dará cuando no tengamos que elegir entre el malo y el peor; cuando los funcionarios no sucumban ante las presiones y manipulaciones y estas se denuncien y castiguen; cuando eliminemos las limitaciones partidistas y se fortalezca la independencia electoral; cuando la escogencia de candidatos garantice los mejores y los ciudadanos sean verdaderos actores y no espectadores. Sólo entonces no sentiremos vergüenza por una clase política que rellena sus bolsillos en el nombre del pobre.

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Artículo publicado el 13 de febrero de 2009 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El guayacán tiene quien le escriba

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La opinión de….

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ELA   URRIOLA

En nuestro país, donde los actos públicos están revestidos de teatralidad, aunque la mayoría son histriónicos, es extraño que este género artístico no prospere.

Las actuaciones políticas, sociales, familiares y aun las íntimas se presentan de forma pomposa y a todo color.   De manera cotidiana los dramas de dolor y muerte de nuestros semejantes se convierten en festín para los medios, que se nutren del dolor ajeno y les permite impulsar irresponsables campañas que se calcan unas a las otras.

En el año 1981, el desprendimiento de vigas de un inmueble del Casco Viejo causó la muerte de un niño que jugaba en el patio de las ruinas.   De inmediato los medios desataron una campaña sobre la inestabilidad de esas construcciones coloniales y la necesidad de demolerlas por seguridad.

El alcalde de entonces, Dr. Roberto Velásquez, y el mayor Pedro Ayala, oficial de la Guardia Nacional,  se aprestaron al lugar con una inmensa grúa de demolición y una caravana de camiones dispuestos a arrasar lo que el tiempo no había podido.

A golpes de la inmensa bola se destruyó un edificio del siglo XVII contiguo a la Embajada de Francia, las ruinas del Hospital San Juan de Dios, edificación religiosa del mismo periodo, y se dirigían a tumbar el edificio de la Logia Masónica cuando funcionarios de Patrimonio Histórico y de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos intervinieron ante el presidente Aristides Royo, quien frenó la acción. Todo fue filmado y transmitido, paso a paso, para solaz de las cámaras de televisión.

La caída de un árbol que segó la vida de un joven profesional, hecho lamentable que conmueve a todos los panameños, es motivo para reflexionar sobre nuestra seguridad en las calles, ya sea como consecuencia de los fenómenos naturales o por la crisis que vive la sociedad en general.   Pero, sobre todo, para que las medidas que se tomen no sean una respuesta visceral para aplacar la presión o satisfacer el índice de sintonía de los medios de comunicación, sino opciones racionales, consecuencia de criterios científicos y claridad de objetivos.

Al igual que el incidente anterior, la solución ha sido destruir para que las escenas complazcan la voracidad de las cámaras y no estudiar las causas y hallar soluciones que protejan los pocos bienes arqueológicos o ecológicos que posee esta devastada ciudad.

Una trágica muerte causada por la caída de un árbol o el desprendimiento de un soporte colonial son hechos en extremo raros, tal vez por eso llaman más la atención morbosa que los cientos de asesinatos cometidos por los “diablos rojos”,   pero a los usuarios no se les ha ocurrido ir a las piqueras a incendiar estas chatarras, como ocurrió en Perú hace una década.

Hay más muertes causadas por violencia familiar, derrames, úlceras, cirrosis o cáncer a consecuencia del seco y ninguna autoridad de ayer o de hoy se ha pronunciado en contra de este veneno con patente de licor.

La incidencia del cigarrillo en el cáncer pulmonar no ha sido motivo para ordenar el cierre de las tabacaleras, y los cotidianos ajusticiamientos no han llevado ni a la promulgación de la pena capital ni a justificar los escuadrones de la muerte.  Y sencillamente no lo hacemos porque frente a estos hechos anteponemos la razón de la ley para evitar los apasionamientos que provocan el estupor o el miedo.

Lamentablemente, los árboles, animales, monumentos históricos y ecosistemas no hablan y no pueden defenderse.  Por eso es fácil arrasar una selva tropical para horadar una mina, demoler impunemente edificios simbólicos por el ego castrense, contaminar un río para evacuar desperdicios, cazar especies en extinción por el placer de matar o talar decenas de árboles para entretener la opinión.

Pan y circo, aquí todo es posible, porque voltear el rostro es más fácil que aprender. ¿Por qué los directivos de la Anam no aprenden de la Autoridad del Canal que tiene una dirección especializada para el control y mantenimiento de áreas verdes y que se ha mantenido como una prioridad?

¿O por qué el alcalde capitalino no abandona su ridícula actuación en episodios y se pone a trabajar para el puesto que fue, lamentablemente, elegido?   ¿Dónde está la Subgerencia de Ornato y Medio Ambiente de la Alcaldía, que “tiene como responsabilidad dirigir el plan de desarrollo y mantenimiento de los espacios abiertos del distrito de Panamá”…?

El silencio y el mirar a otro lado son actitudes de largo aprendizaje que permiten a los estudios de impacto ambiental devastar al país en nombre del desarrollo global. Con dolor hemos visto derribar esos señoriales ciudadanos de plazas, calles, patios y avenidas; hemos contemplado la ordalía del hacha y la motosierra ensañarse sobre los troncos centenarios de esos amigos de siempre y por eso tengo que escribir, para que los panameños sepan que el guayacán, el panamá, los corutúes, los caobos, cedros y espavés tienen quien les escriba.

Mientras tanto, miles de panameños se preguntan indignados: ¿hasta cuándo el circo?

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Publicado el  25 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que le corresponde.