Constituyente en Panamá, una necesidad

 

*

La opinión del Abogado y Profesor de la Universidad de Panamá…

–

Jorge A Chang Villarreal –

Hace más de 10 años en las aulas de derecho de la Universidad de Panamá y en las clases del Doctor Miguel Antonio Bernal, se discutía sobre la necesidad de realizar una Constituyente en Panamá y se creaba un grupo de estudiantes llamado: Movimiento Universitario Pro Constituyente, “M.U.C” que de alguna forma se inspiraba en el grupo de estudiantes que dio inicio a la constituyente colombiana en el año de 1991.

Una de las premisas que siempre se mencionó era que nuestra Constitución de 1972 fue creada bajo un régimen militar, que centralizaba demasiado los poderes en el Ejecutivo, y que las reformas que se le hicieron en los años de 1978, 1983, 1993-1994 y 2004, solamente eran parches que no solucionaban el problema de fondo.

Con la llegada de la democracia moderna en el año de 1990, era un momento oportuno para darle al país un nuevo Ordenamiento Jurídico, sin embargo no se realizó, han pasado ya cuatro gobiernos en democracia y todavía no se ha decidido sobre la necesidad de crear una nueva Constitución, para el año 2004, el escenario era distinto, muchos conocedores e intelectuales apoyaban la iniciativa de la Constituyente, pero el gobierno de turno solo realizó otra reforma más, incluyendo en el precepto constitucional en su título XIII de Reforma a la Constitución, el artículo 314, que menciona a tenor literal lo siguiente “podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativas ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el 20% de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud”.

Ese 20% que se le concedía a la ciudadanía para poder presentar como iniciativa la creación de una Constituyente, era cinco (5) veces más alta que el 4% que se le exigía a un partido político para permanecer vigente después del periodo electoral, en términos de firmas sería alrededor de más 300,000 firmas, porcentaje al que en su momento nos opusimos rotundamente, pero que el reformista de ese periodo consideró viable. Esta cifra básicamente descartaba la posibilidad de que por medio de una iniciativa de la ciudadanía, se lograría cambiar la Constitución y más cuando solo se le dio 6 meses para conseguir las firmas.

En los últimos días se ha escuchado la posibilidad de llamar a la quinta reforma de la Constitución de 1972, pareciera que no se entiende que nuestra Carta Magna no aguanta más, necesitamos una Constituyente que revise por completo la Constitución y que debata sobre los siguiente temas: la Creación de un Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura que se encargue de realizar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales, el reconocimiento en la Constitución de los Derechos Humanos, un artículo que no permita el nepotismo en las instituciones públicas, la participación de organizaciones civiles sobre decisiones del ambiente, los diputados nacionales, los topes a las campañas presidenciales, el 2% para la constitución de un partido político.

 

*

<>Artículo publicado el  26  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

 

Régimen Penitenciario y Derechos Humanos

–

La opinión del Abogado…

–

Jorge Chang-Villarreal –

–

Lo recientemente ocurrido en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen debe ser un punto de reflexión para lo sociedad panameña. Para nadie es un secreto que en Panamá el sistema Penitenciario ha colapsado, desde la desaparición de la cárcel modelo en nuestro país no se han creado cárceles para cumplir el cometido social, lo que existen son galeras para mantener a los reclusos detenidos, entiéndase por estas la Joya y la Joyita.

La Constitución Nacional en su Título III, Capítulo de las Garantías Fundamentales, artículo 28 menciona textualmente lo siguiente: el sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos. Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad.  Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación.

La capacitación en estos centros para guardar detenidos es mínima, la verdad es que se asemeja más a una universidad para aprender a delinquir que a un centro para la rehabilitación y posterior reinserción a la sociedad; esto es de mucha preocupación, cuando le sumamos custodios que no tienen la capacitación lo que sucede es una violación a la constitución y a los derechos humanos del detenido, claramente consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en su artículo 5, Derecho a la Integridad Personal el cual menciona que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, además nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Debemos dar el paso para cambiar el Régimen Penitenciario de una vez por toda, primero tenemos una mora judicial asfixiante que permite que personas que todavía no han sido condenados se mantengan en las cárceles en conjunto con los que ya han sido juzgados sin existir la clasificación de los detenidos; dos, la construcción de cárceles diseñadas y estructuras para este fin, programas de rehabilitación consecuentes para los detenidos y también para los custodios, el desarrollo de una escuela penitenciaria.

Todo esto pareciera una panacea, pero ya en países latinoamericanos es una realidad el ejemplo más notorio es República Dominicana en donde la sociedad y las distintas instituciones del Estado se han puesto de acuerdo para la creación de un sistema penitenciario eficiente y digno, donde los detenidos de libertad tiene una clasificación, dependiendo si han sido juzgados o no, en donde existen programas de educación continua, que logran realizar un cambio profundo en la mentalidad del detenido, elevando su moral y la posibilidad de reinsertarse de manera eficiente a la sociedad, la capacitación constante de sus custodios en materias de derechos humanos y maestrías en sistemas penitenciarios, es la Escuela Nacional Penitenciaria adscrita a la Procuraduría de la Nación, la encargada de llevar esta ardua tarea que ha traído excelentes resultados para el hermano país, definitivamente que debemos proponer una nueva política penitenciaria y diseñar los procesos de selección, formación, capacitación y especialización del personal del sistema penitenciario nacional.

<>Artículo publicado el  17  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El 9 de enero y la nacionalidad panameña

 

–

La opinión de…

–

Jorge Chang-Villarreal –

–

Han transcurrido ya 47 años de aquel amargo día en el que jóvenes panameños del Instituto Nacional elevaron esa voz de protesta en contra de la ocupación militar en la Zona del Canal, la denominada quinta frontera, que por muchos años estuvo allí como indicativo de que nuestro país no era soberano; que existían dos jurisdicciones distintas.

Ya para el año de 1958 se comenzaron a realizar algunos movimientos y es así que se inicia la operación soberanía, con la que estudiantes de la Universidad de Panamá colocan banderas en el territorio de la antigua Zona del Canal. Para el 30 de diciembre de 1963, el gobernador Robert Fleming anunció que la bandera panameña sería izada junto con la estadounidense en ciertos sitios de la ex Zona del Canal, a partir del 1 de enero de 1964, sin embargo, la decisión fue ignorada.

Los estudiantes de la Escuela Superior de Balboa izaron la bandera de Estados Unidos frente al plantel, sin acompañarla con la bandera panameña, lo que motivó que un grupo de estudiantes del Instituto Nacional (entre 150 y 200) llevara la bandera nacional con la intención de izarla en el colegio de Balboa, pero solo lograron pasar seis de ellos, quienes al llegar al colegio se vieron asediados por una multitud que no los dejó izar la bandera y, en el forcejeo, rompieron nuestro emblema nacional, hecho que causó indignación entre toda la población, que se tiró a las calles en protesta por lo sucedido. Esto dio por resultado 21 mártires y más de 500 heridos.

Los mártires del 9 de enero son verdaderos héroes de la nacionalidad panameña, pero algo debe estar pasando en nuestra sociedad; cada día son más los panameños que olvidan el significado de la fecha, lo toman como un día libre o de paseo. ¿Será que nuestra juventud no siente el orgullo de ser panameño? Es un deber patriótico que el 9 de enero no pase inadvertido. Esto no solo sucede el Día de los Mártires, igual pasa en las fiestas patrias, porque los jóvenes no saben por qué desfilan; no saben el significado de los colores de la bandera, cuándo nos independizamos de España o cuándo nos separamos de Colombia.

La situación se complica más cuando vemos las recientes declaraciones de nuestro cónsul en Miami, quien desconoce por completo no solo los datos del Canal, sino de la historia panameña; también, cuando se imprimen alrededor de 60 mil pasaportes con un mazo en vez de una pica y con el sol naciente, cuando en el escudo verdadero el sol se oculta, debido a que toda la conspiración de la separación de Colombia ocurre de noche.

Definitivamente, debemos tratar de rescatar la nacionalidad panameña. Es un deber de todos entender que el amor a la patria es un amor incondicional, que debemos respetar nuestros símbolos patrios por ser la fiel muestra de nuestra identidad nacional.

<>

Este artículo se publicó el 10  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.