Declaración de Panamá

La opinión del Periodista…

DEMETRIO   OLACIREGUI Q.
d_olaciregui@hotmail.com

El PRD superó la cadena de obstáculos plantados por el gobierno de Ricardo Martinelli para impedir la reunión de su Directorio Nacional y la realización de su Congreso Extraordinario.   A las maniobras para que no contara con un local para realizar el encuentro, se sumó el trabajo abierto y encubierto de por lo menos dos de los llamados presidenciables vinculados a Martinelli. Fue evidente además la brutal campaña en los medios de comunicación que trataron de sembrar la versión de que lo menos que se produciría sería el hundimiento del Titanic.

Todo ese trabajo tenebroso acompañado de chantajes, intimidación y el terror propios del proceder de Martinelli fue derrotado por el Directorio Nacional y el Congreso Extraordinario del PRD. La dirección del PRD demostró que no tiene cartas escondidas, que cree en un Partido unido, combativo y fortalecido. Ya son historia las aspiraciones de Martinelli por destruir al PRD. En el camino quedaron enterrados sus caballos de Troya.

El Partido cuenta con nuevos estatutos y una hoja de ruta para los próximos 18 meses, en la que están representados sus 500 mil miembros. Ese ejemplo de democracia interna incluye las primarias presidenciales en febrero del 2012 y la elección de una nueva dirección seis meses después.   Identificar a ese candidato presidencial es estratégico.

El Directorio Nacional y el Congreso Extraordinario del PRD denunciaron el autoritarismo sin límites y el régimen de arbitrariedades que está generando en el país un microclima enfermizo que atiza venganzas y ajuste de cuentas como si Panamá estuviera en deuda con Martinelli. Es Martinelli quien está cada vez más en deuda con este país. Quiere convertir a Panamá en un país de piratas en el que se acaparan tesoros, dólares, minas de oro y cobre, tierras del Estado y negociados.

Ante ese escenario el PRD busca conformar un Frente Amplio de Oposición Nacional contra toda forma de lavado de dinero y narcotráfico. Se propone sumar con flexibilidad, madurez y responsabilidad las reservas de ética, moral y de decencia capaces de refundar un país plural e incluyente sin amos ni tiranos.

Ante la determinación de Martinelli por hacer cambios constitucionales y electorales para reelegirse, el PRD plantea una constituyente originaria con plenos poderes para poner fin al presidencialismo autoritario, frenar el clientelismo, construir el poder ciudadano y una democracia participativa.

El PRD rechazó la reforma al Código Minero como antinacional y entreguista, porque favorece los negocios de Martinelli y a empresas y Estados extranjeros. Un comunicado oficial del gobierno de Seúl reveló que Martinelli telefoneó al presidente Lee Myung—bak para informarle que había sancionado la reforma a la ley minera y que el líder coreano expresó su satisfacción por la rapidez con que actuó el gobierno panameño.   Se allanó el camino para que el Estado coreano obtenga concesiones mineras como la de Cerro Colorado, lo que anticipa prolongados enfrentamientos con las comunidades indígenas, grupos ambientalistas, sindicales y la sociedad civil.

Ante ese hecho cumplido el PRD propuso que la explotación minera sea sometida a un referéndum nacional que apruebe o rechace la legislación.

Un próximo gobierno del PRD derogará todas las leyes, decretos y resoluciones que hayan atentado contra las instituciones democráticas, contra los derechos humanos, contra la estabilidad en los servidores públicos, contra la seguridad jurídica de los inversionistas, contra la libertad de expresión y todo lo que signifique retrocesos en la búsqueda de una sociedad digna y justa.

Panamá no puede quedar reducido a un país de mafias y penetrado por el crimen organizado en el que Martinelli y su grupo de poder manifiestan una voraz rapiña por los recursos del Estado y la riqueza nacional. El PRD advirtió que todo lo actuado por Martinelli será revisado minuciosamente para que pague por sus desmanes contra el Tesoro Nacional. De las fortunas mal habidas saldrán los fondos para enfrentar las indemnizaciones, los subsidios y los programas para erradicar la pobreza. Así se recuperará el país para los pobres, los indígenas, los obreros, los empresarios, los agricultores y los profesionales.

El PRD salió fortalecido de su ejercicio de democracia interna. Tiene ahora más certezas y renovadas esperanzas, porque la cordura retorne al país. Comenzó su tarea de restaurar la moral, la ética, el Estado de Derecho, la justicia y la democracia que este gobierno ha destrozado. El PRD se propone transformar los métodos y la forma de gobernar para enrumbar al país e impedir que siga desfigurándose.

Hay que tener en cuenta que todo este proceso ha despertado también nuevas apetencias y nuevos peligros dentro del PRD. Esos aspectos serán objeto de un próximo artículo.

Este artículo se publicó el 17 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Reformas o nueva constitución

La opinión de…

 

Braulio S. Carrera 

Etimológicamente, Constitución proviene de la voz latina constituere, que define la forma de establecer una cosa. Según el sabio griego Aristóteles, la Constitución debe ocuparse de distribuir los poderes, regular las magistraturas, en fin, de la organización política del grupo social. En Panamá hemos tenido cuatro constituciones: la de 1904 con el nacimiento de la República; la de 1941 proclamada por Arnulfo Arias; la de 1946 dictada por una constituyente en base al proyecto de los constitucionalistas José D. Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari; y la de 1972, vigente, que pretendió darle legitimidad al golpe de Estado que dieron los militares en 1968 al gobierno legítimo de Arnulfo Arias.

En su obra Evolución Constitucional de Panamá, César Quintero califica la Constitución de 1972 como el estatuto “más atípico y peculiar que haya regido en Hispanoamérica. No solo instituyó de manera formal y expresa un sistema militar de gobierno, sino que atribuyó poderes extraordinarios, a título personal, al general Omar Torrijos”. Y creó “el Órgano Legislativo más anómalo y más supeditado al Ejecutivo que pueda concebirse”, “transformó y desnaturalizó la universal doctrina de la separación de los poderes y le confirió a la fuerza militar categoría de súper órgano del Estado”.

Dicha Constitución fue reformada en 1978, 1983, 1993, 1994 y 2004. De estas reformas, la verdaderamente importante es la de 1983. Pese a lo profunda que fue la reforma de 1983, la misma aún olía a militarismo, ya que su preámbulo afirmaba consagrar “los principios sociales, políticos, económicos y morales inspiradores de la revolución panameña”. Preciso es reconocer que en la última reforma se suprimió esa evocación a la época militar.

El presidente Ricardo Martinelli ha propuesto nuevas reformas que tendrían por objeto reducir de 10 a 5 años el término para que un presidente en ejercicio pueda postularse nuevamente, someter a elección popular a los gobernadores, incorporar la segunda vuelta electoral, e incluir algunos programas sociales de su gobierno como son la beca universal y el programa 100 a los 70. Ante esta propuesta cabe preguntarse, ¿conviene dejar vigente el engendro de los golpistas de 1968? o, por el contrario, ¿se hace necesaria una nueva constitución? Las reformas introducidas a la Constitución por el pasado gobierno permiten escoger uno de dos caminos, reforma o nueva constitución.

En efecto, la Constitución puede ser reformada mediante dos procedimientos: 1. Un acto constitucional que sea aprobado por mayoría absoluta de dos asambleas consecutivas; y 2. Un acto constitucional aprobado por mayoría absoluta de la Asamblea en tres debates y luego sometido a referéndum. La última reforma introdujo un artículo nuevo, el 314, según el cual el pueblo panameño puede adoptar una nueva constitución mediante el mecanismo de la constituyente paralela. Este método contempla la convocatoria por el Ejecutivo ratificado por las dos terceras partes de la Asamblea, o por iniciativa ciudadana con la firma de por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

En el caso de la constituyente, corresponde al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y convocar a la elección de constituyentes en un término no menor de tres meses, ni mayor de seis. Cumplido este trámite, la constituyente se instalará e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales a sus integrantes.

La constituyente podrá reformar la constitución en forma parcial o total, pero en ningún caso sus decisiones tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los períodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo sus cargos al momento que entre a regir la nueva constitución. El acto constitucional aprobado conforme a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis, contado a partir de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral. La constitución así aprobada empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial.

Con este artículo pretendo llamar la atención al Gobierno de que las reformas que se anuncian no ameritan gastar tanto tiempo y dinero para introducir figuras que no son bien comprendidas. Las relativas a programas sociales del actual gobierno son discutibles si las mismas deben ser materia constitucional.

Habría que ver si otras como la elección de gobernadores y la segunda vuelta electoral encajan dentro de nuestro sistema presidencialista. En virtud de lo anterior, considero que lo más conveniente para Panamá y los panameños es una nueva constitución que fortalezca nuestro sistema democrático.

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Este artículo se publicó el 7 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Por la puerta de la cocina!

La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

Literal y materialmente en eso consiste la propuesta para reintroducir la figura de los llamados “diputados nacionales”.

 

Anteriormente los hubo y fueron parte de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 9 diputados nacionales y 42 diputados elegidos por provincias, para un total de 51, que elaboró la Constitución de 1946.

En 1945, para solucionar la crisis institucional que vivía el país, los dirigentes de las principales fuerzas políticas acordaron convocar la “Segunda Asamblea Nacional Constituyente”, la primera fue la de 1904, para que produjera una “nueva Constitución”, que reemplazara la de 1941, creada a su medida por el doctor Arnulfo Arias y de acuerdo con la cual el período presidencial que completaba Ricardo Adolfo de la Guardia, que lo había sucedido por un “golpe de Estado”, se hubiera extendido hasta febrero de 1947.

A partir de 1948, excepto durante el régimen militar, en el que desapareció la asamblea del corte tradicional, ya se denominare ésta “Asamblea Nacional, Legislativa o nuevamente Asamblea Nacional” ha tenido una sola clase de diputados. Sus miembros han sido elegidos por provincia o por los actuales circuitos electorales; pero no ha existido diferencia entre ellos.

Durante la crisis de 1945, la introducción de la figura de los “diputados nacionales” fue resultado de las transacciones políticas circunstanciales acordadas entonces; pero, en el presente político, para nada se explica y menos justifica su resucitación, mediante una fórmula absurda para privilegiar a personas específicas, que se erigirían en “seudo senadores”, utilizando para acceder a esa condición “la puerta de la cocina.”

So pretexto de que serviría para “elevar su nivel”, en el proyecto de la “comisión de reformas electorales” se propone que las 71 curules de la Asamblea Nacional se dividan entre “10 diputados nacionales”, que se elegirían en un circuito que comprendería todo el territorio nacional y 61 que se elegirían por los actuales circuitos. Y como en nuestro país no estamos vacunados contra sorpresas o contra la aparición de los que en la Argentina, certeramente, han bautizado como “flor de vivos”, la propuesta dispone que las listas de los 10 candidatos a “diputados nacionales”, estén encabezadas, automáticamente, por los candidatos o candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República. El puesto de los que ganen lo ocuparían “sus suplentes”; los que pierdan se consolarían, gracias a esa “brillante idea”, con una curul de “diputados nacionales.”

Si en las pasadas elecciones hubiera existido el “ingenioso mecanismo”, la fórmula perdedora del PRD estaría “irradiando sabiduría y buen hacer” desde el palacio Justo Arosemena.    Algo parecido existió en el régimen “pre-Chávez” y por su virtud los candidatos presidenciales derrotados se convertían en “augustos senadores” y, supuestamente, todos quedaban contentos y felices.

Los “diputados nacionales” son como el espejismo de la “Constituyente”. Nada garantiza que los “constituyentes” sean mejores que los actuales diputados. Tampoco el “nuevo engendro” es fórmula mágica para acabar la mediocridad existente en la asamblea. Lo único que puede garantizar que exista una buena asamblea es que el pueblo se disponga a elegir buenos diputados, con formación y criterio; pero, sobre todo, con vocación independiente, no dispuestos a “saltar” o claudicar, antes de que se los hayan, siquiera, insinuado.

<>Artículo publicado el  1 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Constituyente en Panamá, una necesidad

 

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La opinión del Abogado y Profesor de la Universidad de Panamá…

Jorge A Chang Villarreal

Hace más de 10 años en las aulas de derecho de la Universidad de Panamá y en las clases del Doctor Miguel Antonio Bernal, se discutía sobre la necesidad de realizar una Constituyente en Panamá y se creaba un grupo de estudiantes llamado: Movimiento Universitario Pro Constituyente, “M.U.C” que de alguna forma se inspiraba en el grupo de estudiantes que dio inicio a la constituyente colombiana en el año de 1991.

Una de las premisas que siempre se mencionó era que nuestra Constitución de 1972 fue creada bajo un régimen militar, que centralizaba demasiado los poderes en el Ejecutivo, y que las reformas que se le hicieron en los años de 1978, 1983, 1993-1994 y 2004, solamente eran parches que no solucionaban el problema de fondo.

Con la llegada de la democracia moderna en el año de 1990, era un momento oportuno para darle al país un nuevo Ordenamiento Jurídico, sin embargo no se realizó, han pasado ya cuatro gobiernos en democracia y todavía no se ha decidido sobre la necesidad de crear una nueva Constitución, para el año 2004, el escenario era distinto, muchos conocedores e intelectuales apoyaban la iniciativa de la Constituyente, pero el gobierno de turno solo realizó otra reforma más, incluyendo en el precepto constitucional en su título XIII de Reforma a la Constitución, el artículo 314, que menciona a tenor literal lo siguiente “podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativas ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el 20% de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud”.

Ese 20% que se le concedía a la ciudadanía para poder presentar como iniciativa la creación de una Constituyente, era cinco (5) veces más alta que el 4% que se le exigía a un partido político para permanecer vigente después del periodo electoral, en términos de firmas sería alrededor de más 300,000 firmas, porcentaje al que en su momento nos opusimos rotundamente, pero que el reformista de ese periodo consideró viable. Esta cifra básicamente descartaba la posibilidad de que por medio de una iniciativa de la ciudadanía, se lograría cambiar la Constitución y más cuando solo se le dio 6 meses para conseguir las firmas.

En los últimos días se ha escuchado la posibilidad de llamar a la quinta reforma de la Constitución de 1972, pareciera que no se entiende que nuestra Carta Magna no aguanta más, necesitamos una Constituyente que revise por completo la Constitución y que debata sobre los siguiente temas: la Creación de un Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura que se encargue de realizar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales, el reconocimiento en la Constitución de los Derechos Humanos, un artículo que no permita el nepotismo en las instituciones públicas, la participación de organizaciones civiles sobre decisiones del ambiente, los diputados nacionales, los topes a las campañas presidenciales, el 2% para la constitución de un partido político.

 

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<>Artículo publicado el  26  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

 

La Corte de los Milagros

La opinión de…

 

Vitelio De Gracia Perigault

En la novela Nuestra Señora de París, Víctor Hugo se mofa de los desalmados del hampa parisina que se hacían pasar por ciegos, tullidos, sordomudos y locos; que durante el día se comportaban como pordioseros lastimeros, cerca del famoso mercado de Les Halles, y que por la noche, “milagrosamente”, recuperaban la salud y la plenitud de los sentidos, para convertir en alcohol y favores sexuales lo ganado durante el día con la mendicidad.

Con su fino humor, Víctor Hugo llamó a este inmenso reino del timo La Corte de los Milagros” (extraído textualmente del “saco sin fondo”, internet).

Nos gustaría mucho que Víctor Hugo no hubiese muerto y que hoy nos describiera la situación política y el gobierno que improvisa diariamente en la administración del país, en la recolección de la basura, la falta de agua, la agricultura y la salud, entre muchos otros temas.

Creo que su escrito, más que comedia, sería un drama–tragedia que nos conduciría a una depresión colectiva.

La violación a la Constitución, al injustamente cesar en sus funciones a la procuradora, así como la conculcación de sus derechos humanos, al decretar la prohibición de que ocupe cargos públicos durante cuatro años, son ejemplos de lo que se puede esperar de un gobierno autoritario, que no mide las consecuencias de sus actos; prueba de esto lo tenemos con el desgreño y corrupción judicial, desatada durante la administración de Bonissi “el breve”.

Anterior a esto, vivimos la orden dada a la honorable Asamblea Nacional para devolverle la ciudadanía al alcalde y facilitar su toma de posesión, transgrediendo normas de ética, moral y legales, pobre ejemplo para generaciones presentes y futuras.

Las improvisaciones, mentiras, engaños, medias verdades, demagogia, manipulación, amenazas, persecuciones, violaciones a la Constitución y las leyes de contratación pública, vía los 600 millones de balboas en contrataciones de “yo para ti”, promesas incumplidas (pregúntenle a Eladio), son la hojaldra de cada día.

Pero, las agresiones no terminan. Ahora nos quieren empujar un nuevo chorizo legislativo con las reformas constitucionales, parches para un cuerpo que no tiene espacio para más. Lo que necesitamos es una Constituyente, entendiendo que no es la panacea para los males que nos aquejan, pero sí un principio para remediarlos.

Una Constituyente que contemple y defina el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del procurador general de la Nación y del contralor general… Hay que sacar estos nombramientos del bolsillo del presidente de turno y devolverle la real independencia y honorabilidad que perdieron hace mucho.

La reelección presidencial es un tema de cuidado, cuando hay un presidente como el que tenemos hoy día, a quien no le importa un comino con la sociedad civil, quien nombra comisiones como la que nombró para investigar y aclarar el tema de Bocas del Toro y, luego, él mismo se encarga de demeritarla, porque el resultado no está de acuerdo con su voluntad; cuando despiden a la procuradora porque no sigue la línea; que nombra otra comisión para evaluar a los candidatos a magistrados de la Corte, pero luego la desautoriza, porque le dieron bola negra a su candidato; con un presidente así, la reelección pone en peligro de muerte a nuestra imperfecta democracia.

Gracias a Dios alguien entró en la sensatez y rechazaron la reelección inmediata.

Fíjense que mi percepción es que hoy día lo que mantiene al Presidente en su puesto es el Gobierno de Estados Unidos y Gustavo Pérez… Con el primero, los Wikileaks han puesto en evidencia lo delicado de las relaciones, pero sus intereses están por encima de esta revelaciones, con el segundo las relaciones son excelentes gracias a los continuos aumentos salariales.

Los aliados políticos ponen su barba en remojo, al sentirse amenazados con el tema de la reelección. Hacen bien en poner distancia; día a día se percatan de lo poco que tienen en común y del costo político que pagan por errores y locuras ajenas a su acción y pensamiento.

Nuestra profunda convicción democrática nos señala el camino… La salida (como principio de la solución) es la Constituyente. Así rectificamos nuestra imperfecta democracia y reorganizamos nuestro futuro político, por un Panamá, verdaderamente, para todos.

Así lo percibo, así lo escribo.

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Este artículo se publicó el 10  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un caramelo para endulzar al pueblo

La opinión de…

Rolando Caballero Navarrete

En los últimos días, y más concretamente en su discurso en la Asamblea Nacional, el excelentísimo señor Presidente ha dejado entrever sus aspiraciones a seguir mandando en el país por quién sabe cuántos quinquenios adicionales.

El caramelo para aprobar la reelección inmediata, como en todos los demás intentos, es impulsar reformas constitucionales que al “pueblo” le gustaría ver plasmadas en la Carta Magna, en este caso, el programa de 100 palos a los 70 o la beca universal, programas sociales con los que hace campaña desde hace ya largos 18 meses, y van por más.

El actual mandatario, al igual que sus antecesores que han intentado cambiar la Constitución, busca endulzar al votante con algunas reformas de corte socialista o social, dependiendo de quién las vea, para que le den un sí contundente y poder meter alguna langosta, camarón o madrugonazo legislativo para que Ricky pueda postularse en el año 2014 sin contratiempos, dejando de lado las aspiraciones del actual vicepresidente Juan Carlos Varela.

Desde ya me atrevo a vaticinar una andanada de propaganda televisiva por parte del Gobierno en relación al Metro Bus, el metro, la congelada cadena de frío o todas las licitaciones (debería decir contrataciones directas) que se han hecho en este Gobierno, a fin de comprar las conciencias de los votantes y endulzarlos para que den el sí.

Lo que no saben es que el país ya usa pantalones largos, no se deja comprar, sabe lo que le venden y no lo pagará, porque ya estamos pagando muy caro todos los antojos y promesas incumplidas hechas en la pasada campaña.

Es muy cierto que saldrán a defender la reelección, pero sí tanto creen en ella, por qué no hacen lo siguiente: preséntenla en un referéndum sola, sin caramelos, sin langostinos ni camarones, a ver qué reciben. El país hace más de una década habló alto y claro: “No a la reelección”.

No se trata de algo personal, al panameño le gusta el cambio, prueba de ello es el haber escogido a Ricardo como presidente, bueno, caro nos ha salido, pero ya no hay vuelta atrás.

Esperamos que tanto los liberales, los perredés, los verdes, los amarillos, los arnulfistas y los conservadores hagan sentir su voz y le den un rotundo no a las aspiraciones de un partido sin ningún arraigo, sin base ideológica, sin programa, que ha salido a cazar, pescar o comprar adherentes en todos los partidos del país, para poder convertirse en una fuerza política que desde el día uno tuvo las intenciones de no irse más nunca del poder y continuar haciendo de las suyas a costa de los bolsillos de todos los panameños.

Desde ahora digo no a la reelección inmediata, hagamos una Constituyente paralela.

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Este artículo se publicó el 5  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por una Asamblea Nacional Constituyente

La opinión de…

Olmedo Beluche

Las cartas están sobre la mesa: el actual bloque oficialista y el presidente, Ricardo Martinelli, aspiran a la reelección, para lo cual requieren una reforma a la Constitución Política. Pero al igual que los gobiernos de los últimos 20 años, el nuevo parche a la Constitución de 1972 pretenden hacerlo de manera controlada para que sus intereses sean preservados y, si algo cambia, sea para peor. Por ello el mecanismo elegido para las reformas es que lo haga la actual Asamblea Nacional, bien controlada desde el Ejecutivo, y que sus decisiones sean ratificadas por un plebiscito o referéndum.

Se trata de que el poder político siga en manos de la misma oligarquía y sus políticos de siempre. Además de la reelección presidencial, se avizoran en la agenda ataques puntuales a derechos sociales y a la soberanía nacional (como la extradición de nacionales o que Estados extranjeros posean propiedad territorial, como en las minas). El objetivo, liquidar los últimos vestigios del Estado desarrollista de los años 1970 con su concepto de soberanía nacional, suplantándolos por el Estado neoliberal que se ha venido construyendo durante tres décadas y su sometimiento al “libre mercado”.

La oligarquía que controla el país tiene claro su concepto de Estado, y no podemos culparle por ello. El problema es de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, que no han construido una concepción coherente sobre el Estado y el régimen político panameño. Por ello, o avanzamos unidos en levantar una concepción del Estado y el régimen desde la perspectiva de los intereses populares, alternativo al de la oligarquía, o seremos simples peones en el juego de intereses de la burguesía.

No debe volver a repetirse lo sucedido en la recién clausurada Comisión de Reformas Electorales (CNRE), en la que era imperativo para el movimiento obrero y popular ganar espacios democráticos de participación política, como la rebaja sustancial en la cuota de adherentes para partidos y candidatos por libre postulación, entre otras reformas, lo que fue desaprovechado sin pronunciamientos contundentes, ni movilización, por parte de la organizaciones sociales. El resultado fue una “curita” que no cambia nada sustancial.

En la CNRE, luego de que Frenadeso logró la importante conquista de acceder a un puesto en la mesa, no presentó propuestas de fondo y dejó la silla vacía la mayor parte del tiempo. Por su parte, Conato y Conusi optaron por no ir más allá de las propuestas muy moderadas del Foro Ciudadano, convenientemente controlado por la Apede y el Conep, incluso con derecho de veto. La única voz solitaria que se alzó con propuestas independientes fue la del Partido Alternativa Popular.

Urge que Frenadeso, Conato y la Unidad de Lucha Integral del Pueblo discutan un plan de acción común frente al proyecto de reforma constitucional que se nos viene encima. El primer punto de ese acuerdo tiene que anteponer a las reformas controladas de Martinelli, la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente con delegados elegidos por el pueblo de manera que no sólo la partidocracia actual pueda postular, sino que también el movimiento social pueda llevar sus voceros a la constituyente.

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Este artículo se publicó el  5  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.