Eficiente y pertinente

La opinión de…..

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Gilberto Marulanda y Luis Acosta

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La primera década del siglo XXI nos legó un escenario socioeconómico en rojo; persiste un alto índice de pobreza, incremento desmesurado del costo de la vida, criminalidad y violencia generalizada.  Todo esto, como resultado de los estragos de la crisis del capitalismo mundial y la mala distribución de las riquezas. ¿Qué ha hecho la Universidad de Panamá frente a esta realidad?   ¿Cuál ha sido su aporte a la sociedad?  ¡El debate esta abierto!

Como “la mejor manera de decir es hacer”, parafraseando a José Martí, el inventario de las obras de esta institución durante la última década valida su pertinencia y brinda respuestas a las preguntas arriba formuladas.

En medio de la crisis global, la Universidad de Panamá amplió su oferta académica e infraestructura, con la apertura y ampliación de centros y extensiones universitarias en áreas marginadas como Kuna Yala, Madungandí, Kanquintú, Soná, La 24 de Diciembre, Arraiján, San Miguelito, entre otras.   Miles de jóvenes, igualmente, indígenas, campesinos, trabajadores y desempleados han sido beneficiados con la creación y fortalecimiento de carreras técnicas en edificaciones, gestión municipal, centros de llamadas, diseño de modas; además, licenciaturas en informática educativa y empresarial, guía de turismo histórico cultural y economía para la gestión ambiental, entre otras.

La oferta de estudios de posgrado se ha ampliado, por ende la generación de nuevos conocimientos y especialización de nuestros profesionales. Prueba de ello, es que para el año 2000 existían 75 programas de posgrados y maestrías, ascendiendo al 2009 a 213 programas, aproximadamente. De la mano de estos adelantos académicos, la institución ha dado respuestas a justas aspiraciones docentes y del estamento administrativo, con la apertura de concursos de cátedra, que implica la regularización de profesores y la permanencia de cientos de funcionarios, con base en evaluaciones de rendimiento.

Sin embargo, a estos avances, es necesario redoblar esfuerzos e impulsar, por ejemplo, programas de movilidad y pasantías docentes y de investigación en centros de estudios superiores de prestigio a nivel mundial; también editar y publicar las tesis e investigaciones más relevantes para la solución de problemas del país. Además, es prioridad contar con laboratorios modernos de ciencia, lenguas y tecnología, inversión que supera nuestro presupuesto y requiere del aporte de los mejores administradores y académicos de nuestra primera casa de estudios.

Estos y otros problemas deben ser los catalizadores del debate universitario preelectoral, no las diatribas, ofensas y ataques personales contra sus autoridades, gremios docentes, administrativos y estudiantes, acción que nada aporta y sólo descalifica a sus portavoces y medios de comunicación que los divulgan. Más tinta correrá. Bienvenida al intelecto, a la tolerancia y al rejuego de las ideas. El país nos mira y exige resultados.

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Este artículo se publicó el  18  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a los autores, todo el crédito que les corresponde.

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Batallas por la memoria…

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La opinión de….

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Gilberto Marulanda

Durante las últimas décadas, se ha desarrollado el interés por el estudio de la memoria y sus representaciones. Acercándonos, de esta forma, a las maneras como las colectividades entienden su pasado y los problemas derivados del uso de esas memorias colectivas por los distintos grupos sociales, ya sea en procesos identitarios, de cohesión, forma de dominación o de resistencia ante hegemonías.

Aunque no existe una definición universal, podemos entender el concepto de memoria como la manera en que se recuerda, significa y resignifica el pasado en el presente. En esta dirección, Elisabeth Jelin en su escrito: Historia, memoria social y testimonio o legitimidad de la palabra, plantea que “los acontecimientos del pasado tienen sentidos y significados diversos para distintos grupos sociales en las sociedades que están saliendo de periodos de violencia y sufrimiento, y que las memorias del pasado están sujetas a conflictos entre interpretaciones rivales”.

Ejemplos de estas rivalidades, las observamos con claridad en la “teorías de los dos demonios” en Argentina, la cual caracterizó el genocidio vivido en este país en la década de 1970 como resultado del enfrentamiento entre dos fuerzas extremistas –terroristas de izquierda y derecha– eximiendo al Estado de su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad. También en las evidencias presentadas por el historiador estadounidense Steve J. Stern sobre las memorias de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en donde quedó expuesta la hegemonía de las memorias de los vencedores y su declive tras la democratización del país a fines de la década de 1990.

Este hecho –denominado por Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar y otras autoras– como transición por ruptura, dio más fuerza a la memoria de salvación –liberación de la invasión, desplazada paulatinamente, por la memoria del olvido, convertida en política de la memoria por las élites políticas panameñas desde el Estado. La ausencia de actos oficiales, monumentos, conmemoraciones, la descalificación y desconocimiento de las víctimas, en fin, el ocultamiento de la verdad es piedra angular que valida esta afirmación. Las memorias, subalternas a las antes señaladas son: La memoria por la verdad y reivindicación de las víctimas y la memoria de añoranza del régimen anterior.

La primera es propiedad de las organizaciones sociales, intelectuales y sectores de víctimas. Exige que el 20 de diciembre sea declarado día de duelo nacional y una prolija investigación de lo acontecido. Se esfuerza por establecer “lugares de la memoria”, aunque no reivindican específicos héroes, sí hablan de los mártires de la invasión.

La memoria de añoranza del régimen anterior, es representada por medio de canciones, refranes e imágenes de Manuel Antonio Noriega.  No es extraño escuchar en las calles las virtudes de la “mano dura del general”, sinónimo, en este caso, de orden y disciplina frente a la criminalidad reinante y los abusos derivados de la liberalización de la economía post invasión. Los portadores de esta memoria son grupos sociales excluidos del goce de vivir en democracia e igualmente sectores de las víctimas marginalizadas.

El estudio de estas memorias se encuentra en su etapa inicial.   Lo cierto es que la batalla continúa.  Y tras 20 años de lo sucedido, vemos cómo la memoria de la verdad gana terreno en diversos espacios institucionales y de la sociedad civil; pero también la memoria de la añoranza del régimen anterior frente al evidente fracaso de las élites políticas y grupos de poder económicos en compartir los beneficios materiales de la democracia.

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Publicado en 1  de enero  de 2010  en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Panamá no tiene amigos, sino intereses

POLÍTICA EXTERIOR

Gilberto Marulanda
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Las incoherencias de la política exterior panameña nos han llevado a atender prioridades de potencias mundiales y dejar a un lado los intereses nacionales. Ejemplo de esta afirmación se encarna en el funesto proyecto PRD-Estados Unidos, de la instalación del Centro Multilateral Contra las Drogas, en 1997, y el establecimiento de 11 bases aeronavales para la supuesta lucha contra el narcotráfico por el gobierno actual. Proyectos con aroma y sabor a Washington. Mientras que la ciudadanía es presa cotidiana de la criminalidad.

Aunque incomode, le recuerdo a nuestro presidente y vicepresidente que aún hay miles de hectáreas contaminadas con municiones vivas y explosivos sin detonar, responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos. Igualmente, restos de armas químicas y radiactivas en isla San José y otros puntos del país. En esta dirección, el periodista Arnulfo Barroso reportó: “Estados Unidos efectuó durante 40 años un programa ‘activo’ de armas químicas, entre ellas, gas mostaza en al menos siete bases militares en Panamá, cuyo potencial letal pudiera estar vigente durante décadas”. Ver más en http://www.ambiente-ecologico.com/revist51/pastor51.htm.

Semejante realidad no puede seguir siendo ocultada e invisibilizada. Ningún gobierno de la “transición democrática”, entre 1989 y 2009, ha legislado a favor de los 30 panameños muertos a causa de estos explosivos durante las últimas décadas. Menos se ha hecho lo requerido en las instancias internacionales para obligar a los estadounidenses a resarcir a nuestros connacionales por los daños sufridos y para limpiar adecuadamente estos sitios, causantes de pérdidas millonarias al erario público, al ser excluidas de todo proyecto de desarrollo por su condición de áreas restringidas.

Es hora de hacer realidad los eslóganes de campañas electorales de las élites políticas: “El pueblo al poder”, “Por un cambio”, “Sí se puede” y “Con los zapatos del pueblo”; y reivindicar a los miles de afectados por la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989. Víctimas que ni siquiera han recibido reconocimiento del Estado, como una fórmula de mantener el velo sobre la verdad de lo acontecido y encubrir a los responsables.

Es el momento, presidente Ricardo Martinelli, de revertir a nuestro favor la célebre afirmación: “Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”, de John Foster Dulles, secretario de Estado de Dwight Eisenhower, en la década de 1950, y delinear una política exterior al servicio de los intereses nacionales y no a las políticas estratégicas globales y regionales del país de barras y estrellas. Pretensiones que pueden vulnerar la condición de neutralidad del Canal, nuestra paz y seguridad nacional. Panamá es un país pacífico. No permitamos que nos involucren en aventuras militaristas, enseñadas en la Escuela de las Américas, que tanto luto y dolor han dejado en toda América Latina.

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Publicado el  6 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA,
a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.