La reforma tributaria preliminar

La reforma tributaria preliminar

.

La opinión de…

Gilberto Sucre

.

El proyecto de ley No. 33, presentado el 18 de agosto, “Por el cual se modifican algunas disposiciones del Código Fiscal y se adoptan otras medidas fiscales”, contiene la primera parte de las reformas tributarias concebidas por el ministro de Economía y Finanzas y avaladas el 11 de agosto, por el presidente y su Consejo de Gabinete; cuyo primer debate programa iniciar la Comisión de Hacienda Pública, Planificación y Política Económica de la Asamblea Nacional esta semana.

En su exposición de motivos se establece como propósito la captación de ingresos adicionales para obras de infraestructura, reorganización administrativa –particularmente el fortalecimiento de los gobiernos locales- y programas sociales; se justifica por tener Panamá la carga tributaria más baja de Latinoamérica (10% del PIB); y se apunta como objetivo introducir ajustes dirigidos –supuestamente- a los sectores más pujantes de nuestra economía, sectores exonerados –se dice- que no están pagando impuestos o tienen impuestos comparativamente bajos.

Buen comienzo es reconocer que el propósito es recaudar más, dejando de lado argumentos de dudoso valor, como son la justicia social o una mejor distribución de la riqueza. Hay poco que objetar a que con los fondos frescos se financien infraestructuras que siempre hacen falta o, por lo menos, nunca están de más y que el contribuyente puede apreciar con sus cinco sentidos.

Alguna inquietud despierta el extraerle más al contribuyente para programas sociales –indefinidos pero presumibles- que además de fuente de corrupción, como lo ha sido la Red de Oportunidades, terminan siendo subsidios de dudosa eficacia.   Preocupa, eso sí, que se dé más dinero para la reorganización administrativa cuando lo que se espera de esta reingeniería es la disminución del exceso injustificable de gastos de operación; peor aún si es para fortalecer a los gobiernos locales que hasta ahora solo han probado ser extractores de riqueza y productores de ineficiencia. ¡Nuestros municipios no son siquiera capaces de recoger su basura!

Se arguye como justificación de esta reforma, al igual que se hizo en las dos anteriores, la baja carga tributaria (supuestamente 10% del PIB, la más baja de Latinoamérica) como si fuera un pecado y olvidando que ello, y nuestro herido sistema tributario territorial, son razones primordiales para atraer inversiones.

Se aduce como objetivo incrementar la tributación sobre los sectores económicos más beneficiados, afirmación que no se compadece, en un todo, con los incrementos propuestos.

La reforma propuesta afecta la tasa única anual sobre sociedades, los impuestos de inmuebles, sobre la renta a la ganancia de capital en la enajenación de inmuebles, el de aviso de operación (antes de patente y luego de licencia comercial o industrial), el de licencia de financiera, el de dividendos, ITBMS y consumo de cigarrillos; juegos de suerte y azar y el FECI.

Con lo bueno y lo malo –feo, nada– esta apresurada reforma, que pretende recabar 225 millones, de alguna manera afectará la competitividad de algunos sectores y aumentará los costos en otros, sin resolver los problemas de fondo. Urge una reforma integral que empiece por separar, en un Código Tributario, los principios, normas y procedimientos técnicos aplicables a todo tributo y en una Ley Fiscal los distintos impuestos; siga por crear tribunales especiales para que el fisco deje de ser juez y parte; y termine imprimiendo coherencia y equilibrio en la carga tributaria.

Urge poner fin a los subsidios y exoneraciones directas e indirectas que poco o nada contribuyen al desarrollo del país, pero por igual, sin dejar en pie las de los sectores de mayor vociferación, sino subsistirá la distorsión. Razón le asiste al director de la DGI al señalar que no puede justificarse toda excepción con la peregrina tesis de la creación de empleos si los tributos dejados de percibir dan para sufragarlos y sobra.

Urge que todos entren al sistema y paguen impuestos. Es inconcebible ver gente con buenas casas, mejores autos y tarjeta de viajero frecuente que ni siquiera presentan declaración de renta.

Urge dejar de castigar a la clase media, siempre la más afectada y que sigue encogiéndose. Un buen inicio sería extender a todos los contribuyentes, y convertirla en verdadera renta exenta, los primeros 800 balboas mensuales, medida impulsada otrora por el actual ministro pero que hoy solo beneficia a los asalariados y está sujeta al salto impositivo.

Urge que nuestros gobiernos se aprieten el cinturón y dejen de gastar desaforadamente. Ninguna de las reformas tributarias a la fecha ha venido acompañada de la reducción del gasto público.

A no dudarlo, el Presidente, quien está tratando de cumplir todas sus buenas promesas, en la segunda entrega, hará lo propio con la reforma tributaria.

.

<>
Publicado el 3 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Además en opinión

La reforma tributaria Martinelli

La reforma tributaria Martinelli
La opinión del abogado…

Gilberto Sucre

.

Casi todos nuestros gobiernos, desde el inicio de la República, han puesto en práctica su propia reforma tributaria, con el propósito, exceptuando al gobierno de Endara que hizo todo lo contrario, de incrementar la recaudación para poder gastar más. El gobierno Martinelli no será la excepción y, por lo que pregonan que van a invertir y a gastar y a endeudarnos, se pinta tremebunda. Solo pensar que el ministro Vallarino, mediante contratación directa, por la bicoca de dos y medio millones de dólares, le encarga el paquete a firma foránea, es suficiente para ponerle a cualquiera la carne de gallina.

Bien sé, por aprendizaje y experiencia como abogado aficionado a la economía y finanzas, ex viceministro de Hacienda y asiduo participante en el trabajo pertinente de la Apede y el Conep, que no se puede evitar el trauma, cuanto más paliar sus efectos, y que, a fin de cuentas, se sobrevive, aliviados porque pudo haber sido peor.

Las reformas suelen enmarcarse en principios ideológicos y técnicos de discutible veracidad: que si el deber ciudadano, que si la mala distribución de la riqueza, que si la equidad, etc.

En cualquier idioma la etimología del vocablo impuesto y sus sucedáneos es poner una carga lo cual, salvo al masoquista, rara vez resulta agradable, prefiriéndose no llevarla. Así, se le tributa pleitesía al dictador, se le impone un castigo al infractor, se diezman tropas en la guerra, etc. De manera que, sentimentalismos y eufemismos aparte, no hay impuesto agradable o bueno, solo impuesto menos desagradable o malo.

Todos están de acuerdo en redistribuir la riqueza, la ajena por supuesto, la propia no. De otra manera, santo remedio sería que quienes valen más de cierta cantidad, 50 millones por ejemplo, se despojaran voluntariamente del excedente en beneficio de los que valen menos. Tampoco funciona a la fuerza, la historia así lo demuestra. Está probado que no es función de los impuestos redistribuir riqueza sino acopiar recursos para que el Estado los use, bien o mal.

Todos concuerdan en que los subsidios (y su equivalente, las exoneraciones) son mala idea excepto, claro está, el que lo beneficia a uno. Eso sí, los subsidios acicatean el ingenio: comprar cuatro tanquecitos de gas en lugar de uno grande, exportar cajas con aire en lugar de productos, prestar -que no vender- autos lujosos exonerados, o simplemente apropiarse, mondo y lirondo, de varios millones de la red de oportunidades a ciencia y paciencia de las autoridades. En nada sorprendería, enhorabuena, el aumento exponencial de los mayores de 70 años.

En teoría macroeconómica, tal vez, pero en microeconomía no hay impuesto neutro, siempre afecta a quien termina pagándolo. Por ello, el simplismo no es prudente. Que los bancos paguen más impuestos parece justo, solo que, además de disminuir sus ganancias y las de sus dueños, también puede aumentar el costo de los servicios bancarios, afectando así a los ahorristas y prestamistas comunes.

La equidad tributaria y su corolario, la justicia distributiva, son metas –o mitos– inalcanzables, solo aproximaciones remotas. Resúltale equitativo a quien requiere un médico no pagar ITBS, no así a quien, gozando de excelente, salud necesita un abogado.

Excluidas teorías discutibles, lo importante termina siendo que los gobiernos convenzan por qué un balboa está mejor en sus manos que en el bolsillo del ciudadano, cosa nada fácil con lo difícil que resulta justificar lo que gastan, por más que a veces se disfrace como inversión.

La imaginación de los “tributaristas” no tiene límite pero al final solo pueden gravarse cuatro hechos económicos, no más: los ingresos (ej. impuesto sobre la renta), los gastos (ej. ITBMS), los ahorros (ej. Impuesto de licencia, antes patente) y los actos (ej. expedición de cheques). Los especialistas discrepan en cuál, cómo y cuánto es menos malo. Confiemos en que los reformistas tributarios de la administración Martinelli le atinen, sino a cambios que sean beneficiosos, por lo menos que no sean perjudiciales. Confiemos también en que se sabrá escuchar -que es más que oír- a quienes, con la misma buena fe, quieren lo mejor para Panamá.

<>

Publicado el 21 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde