La reforma tributaria preliminar

La reforma tributaria preliminar

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La opinión de…

Gilberto Sucre

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El proyecto de ley No. 33, presentado el 18 de agosto, “Por el cual se modifican algunas disposiciones del Código Fiscal y se adoptan otras medidas fiscales”, contiene la primera parte de las reformas tributarias concebidas por el ministro de Economía y Finanzas y avaladas el 11 de agosto, por el presidente y su Consejo de Gabinete; cuyo primer debate programa iniciar la Comisión de Hacienda Pública, Planificación y Política Económica de la Asamblea Nacional esta semana.

En su exposición de motivos se establece como propósito la captación de ingresos adicionales para obras de infraestructura, reorganización administrativa –particularmente el fortalecimiento de los gobiernos locales- y programas sociales; se justifica por tener Panamá la carga tributaria más baja de Latinoamérica (10% del PIB); y se apunta como objetivo introducir ajustes dirigidos –supuestamente- a los sectores más pujantes de nuestra economía, sectores exonerados –se dice- que no están pagando impuestos o tienen impuestos comparativamente bajos.

Buen comienzo es reconocer que el propósito es recaudar más, dejando de lado argumentos de dudoso valor, como son la justicia social o una mejor distribución de la riqueza. Hay poco que objetar a que con los fondos frescos se financien infraestructuras que siempre hacen falta o, por lo menos, nunca están de más y que el contribuyente puede apreciar con sus cinco sentidos.

Alguna inquietud despierta el extraerle más al contribuyente para programas sociales –indefinidos pero presumibles- que además de fuente de corrupción, como lo ha sido la Red de Oportunidades, terminan siendo subsidios de dudosa eficacia.   Preocupa, eso sí, que se dé más dinero para la reorganización administrativa cuando lo que se espera de esta reingeniería es la disminución del exceso injustificable de gastos de operación; peor aún si es para fortalecer a los gobiernos locales que hasta ahora solo han probado ser extractores de riqueza y productores de ineficiencia. ¡Nuestros municipios no son siquiera capaces de recoger su basura!

Se arguye como justificación de esta reforma, al igual que se hizo en las dos anteriores, la baja carga tributaria (supuestamente 10% del PIB, la más baja de Latinoamérica) como si fuera un pecado y olvidando que ello, y nuestro herido sistema tributario territorial, son razones primordiales para atraer inversiones.

Se aduce como objetivo incrementar la tributación sobre los sectores económicos más beneficiados, afirmación que no se compadece, en un todo, con los incrementos propuestos.

La reforma propuesta afecta la tasa única anual sobre sociedades, los impuestos de inmuebles, sobre la renta a la ganancia de capital en la enajenación de inmuebles, el de aviso de operación (antes de patente y luego de licencia comercial o industrial), el de licencia de financiera, el de dividendos, ITBMS y consumo de cigarrillos; juegos de suerte y azar y el FECI.

Con lo bueno y lo malo –feo, nada– esta apresurada reforma, que pretende recabar 225 millones, de alguna manera afectará la competitividad de algunos sectores y aumentará los costos en otros, sin resolver los problemas de fondo. Urge una reforma integral que empiece por separar, en un Código Tributario, los principios, normas y procedimientos técnicos aplicables a todo tributo y en una Ley Fiscal los distintos impuestos; siga por crear tribunales especiales para que el fisco deje de ser juez y parte; y termine imprimiendo coherencia y equilibrio en la carga tributaria.

Urge poner fin a los subsidios y exoneraciones directas e indirectas que poco o nada contribuyen al desarrollo del país, pero por igual, sin dejar en pie las de los sectores de mayor vociferación, sino subsistirá la distorsión. Razón le asiste al director de la DGI al señalar que no puede justificarse toda excepción con la peregrina tesis de la creación de empleos si los tributos dejados de percibir dan para sufragarlos y sobra.

Urge que todos entren al sistema y paguen impuestos. Es inconcebible ver gente con buenas casas, mejores autos y tarjeta de viajero frecuente que ni siquiera presentan declaración de renta.

Urge dejar de castigar a la clase media, siempre la más afectada y que sigue encogiéndose. Un buen inicio sería extender a todos los contribuyentes, y convertirla en verdadera renta exenta, los primeros 800 balboas mensuales, medida impulsada otrora por el actual ministro pero que hoy solo beneficia a los asalariados y está sujeta al salto impositivo.

Urge que nuestros gobiernos se aprieten el cinturón y dejen de gastar desaforadamente. Ninguna de las reformas tributarias a la fecha ha venido acompañada de la reducción del gasto público.

A no dudarlo, el Presidente, quien está tratando de cumplir todas sus buenas promesas, en la segunda entrega, hará lo propio con la reforma tributaria.

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Publicado el 3 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

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