Estado de derecho en crisis

La opinión de…..

TRANSGRESIONES

José Carlos Barría Vallarino

En el marco del principio del estado de derecho ningún funcionario del Gobierno, ningún ciudadano en particular y ningún grupo establecido de personas puede reclamar privilegios por encima de la ley; por el contrario, las reglas están establecidas de antemano, se conocen ampliamente y son aplicadas en forma imparcial a gobernantes y gobernados por igual (Abraham Lincoln).

Semejante declaración de principios contrasta con nuestra realidad. Y es que no puede hablarse de estado de derecho en una sociedad como la nuestra en donde no existen, entre otras cosas, independencia judicial ni respeto al debido proceso. Sobre todo cuando no existe voluntad política para tomar las medidas correctivas del caso, y menos aún cuando la sociedad no solo permite que esto suceda, sino que se ha acostumbrado, y hasta adaptado a ello.

Sorprende, por ejemplo, la naturalidad con que hemos aceptado el que se despida a miles de funcionarios cada vez que el asiento presidencial del Palacio de las Garzas cambia de dueño. Indiferentes ante la evidente discriminación que supone esto, hemos asumido como normal que exista un régimen jurídico formal para los trabajadores de la empresa privada y otro muy distinto, flexible y abominablemente discrecional, para los funcionarios. Esta injusta realidad, que constituye un inmenso incentivo a la corrupción, y de paso explica la ineficiencia con que funcionan muchas de nuestras instituciones, es clara evidencia de cómo algunas normas han sido adaptadas a intereses particulares, en este caso el de los políticos de turno.

El famoso pull, institucionalizado desde siempre en Panamá para conseguir favores en el gobierno, es otro ejemplo de esta terrible realidad.

Y es que en Panamá las transgresiones al estado de derecho sobran: ¿Que tal los habituales tipos que ofrecen certificaciones descaradamente afuera del Registro Civil en Plaza Porras; o del “bien cuidao” que, sin tener ninguna autoridad para ello, dispone de espacios públicos o municipales? ¿Qué hay de los “salves” que se pagan en estaciones de pesas y dimensiones a lo largo y ancho de nuestra red vial, o la “toalla” que se le “tira” al policía de tránsito para que voltee la mirada a otro lado cuando cometemos una infracción? ¿O del empresario que aporta en campaña y luego reclama cuotas de poder, o de los rábulas que en evidente confabulación con algún funcionario, ofrecen trámites rápidos de manera desvergonzada en la Dirección de Migración? ¿Se ha mencionado algo que alguien no sepa? No lo creo. Al contrario, nos hemos convertidos todos en testigos cómplices de esta distorsión.

John Adams decía que es la existencia del estado de derecho lo que distingue a la civilización de la barbarie. Y es que cuando los principios que lo conforman no están bien cimentados en la sociedad, el hombre se provee de leyes propias adaptadas a intereses propios, y esto es sumamente peligroso. Es hora de que todos tomemos esto un poco más en serio, porque ese “juega vivo” que alguna vez fue motivo de risa, se nos está convirtiendo, día tras día, en una inmensa y desgraciada mueca.

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Este artículo se publicó el 9 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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