La opinión de…
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Dayana M. Bernal Vásquez –
El derecho a la igualdad y participación política, establecido en la mayor parte de legislaciones en el mundo, es una construcción histórica, entretanto, supone reconocer y comprender el largo camino emprendido por hombres y mujeres para su consecución.
Si no hubiesen existido hombres y mujeres que lucharan por erradicar o abolir la esclavitud, la desigualdad o la subordinación genérica en todas sus expresiones, por solo mencionar algunas, no podríamos hablar tan siquiera de justicia y equidad social, igualdad de oportunidades y menos, de democracia.
En ese sentido, a las mujeres, en materia política (y en muchas otras) nos ha costado y nos cuesta más. Seguimos ocupando un lugar de subordinación con respecto al hombre. Hay quienes, todavía, consideran a la mujer una incapaz mental; un instrumento para la procreación; un mero producto de consumo y placer; un objeto inanimado que adorna el hogar; sin derecho a decidir, incidir o hablar por sí sola.
Todo ello se configura en la creciente violencia hacia la mujer en todas sus formas. A pesar, de los grandes avances legislativos que “reconocen” la igualdad la distancia entre el reconocimiento, la obligación y su cumplimiento, es lejano; ya que sin acciones y mecanismos que permitan la eficacia de las normas que garantizan tales derechos, no podremos cristalizar efectivamente la igualdad formal.
Nos cuesta más porque las mujeres, políticas o no, tienen que luchar por espacios en contra de los convencionalismos masculinos, socialmente establecidos, barreras discriminatorias y estereotipos sexistas. Superar esas imposiciones culturales, costumbres y conductas que nos colocan, única y exclusivamente, en la orbe de lo doméstico, es una lucha que aún continúa.
Ninguna habla o pretende acabar con el matrimonio o la familia, se trata de romper ataduras que limitan e imposibilitan la igualdad entre ambos, compartiendo, hombres y mujeres, iguales responsabilidades, obligaciones y derechos. No se trata de que las mujeres quieran ser hombres o suplantarlos, como erradamente se entiende y menos, ser oportunistas en base a nuestro sexo para obtener espacios.
Las cifras son claras, contundentes, innegables y muestran la limitada y escasa participación política de las mujeres y no precisamente porque el electorado así lo decide, es a lo interno de los colectivos donde se configura nuestra realidad. Entramos en una carrera con serias desventajas económicas, culturales y sociales; y en condiciones desfavorables que no contribuyen en nada al buen gobierno.
La representación igualitaria en política no se logra porque estemos en democracia. Hoy día, los postulados que fundamentan la igualdad de derechos políticos y aceptados universalmente han sido insuficientes cuando intentamos llevarlos a la práctica cotidiana si no se adecuan e insertan fórmulas y políticas públicas que así lo permitan.
Para consolidar y constituir Estados modernos, democráticos y de derecho es importante que todos los actores de la sociedad tengan iguales derechos de participación, representación y en condiciones que así lo permitan. Es a través de los mecanismos electorales y políticos que se puede acceder y ascender al poder para contribuir al desarrollo y progreso de nuestra sociedad.
En la política es necesario y se requiere que más mujeres se involucren y participen para que en la toma de decisiones y en la administración del Estado haya y exista una real, verdadera y efectiva convergencia igualitaria de hombres y mujeres que favorezcan la paz, convivencia y armonía social.
<> Este artículo se publicó el 20 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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