Mirada a la gestión ambiental

Mirada a la gestión ambiental
Gonzalo Menéndez G.

Tres asuntos de los muchos que se encuentran en la agenda ambiental nacional requerirán consensos y diálogos, más que de una aplicación excesiva de la norma legal vigente: la minería (metálica y no metálica), el desarrollo espacial (especialmente el urbano) y la generaciónhidroeléctrica.

La minería no metálica incluye arenas, arcillas, toscas, basaltos, calizas y una amplia gama de compuestos sólidos necesarios en las labores estructurales. Esta extracción de materiales de construcción es una necesidad, no creo que alguien pueda contrariarlo. Lo que sí podría ser motivo de discusión es de dónde se extraen y el cómo. Obviamente lo razonable es que se extraigan de lugares donde no se generen perjuicios ambientales o que estos puedan ser mitigados de manera sensible, o por último, compensados de manera justa.

La gestión ambiental en este caso requiere la planificación del uso del suelo. Hay zonas en nuestras costas, especialmente la pacífica, donde la extracción de arena continental es posible, sin causar perjuicios ambientales severos. Las condiciones son claras: lejanas de poblados, playas o cuerpos de agua, empleando tecnologías que minimicen los riesgos de derrames de hidrocarburos y por consiguiente, fiscalización constante (empresarial y gubernamental) a través de control de calidad ambiental, tecnologías recientes, con bajo impacto en ruidos y generación de partículas (polvo), entre otras.

La minería metálica es otro asunto. Son extracciones, en su mayoría, a cielo abierto, que deben procesar toneladas de material para tan solo obtener gramos de metal.

Nuestro país es muy pequeño y cuenta con población dispersa por todo su territorio, por lo cual, los recursos naturales (incluyendo agua, suelos y fauna) son fundamentales para el sano desarrollo de la gente. Esto supone que cualquier gran proyecto minero debe ser realizado sin perjuicios a la gente o al entorno. Existe una percepción de rechazo, fundamentada en los deterioros típicos de proyectos previos, destructores del ambiente.

Pensemos en un balance y la viabilidad ambiental de este tipo de proyectos. ¿Qué resulta más razonable para el país? ¿Cuánto recibe a cambio? ¿Qué hay de los costos no tangibles, como por ejemplo, un río o suelos contaminados, o personas afectadas en su salud? ¿Quién recupera los suelos o aguas, y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la tecnología y los procesos que minimicen la posibilidad de contaminación? Son sabidos los casos de minería mal llevada y los perjuicios generados. Pero, también hay casos exitosos. ¿Cómo lograr este tipo último en Panamá? La actividad bien ejecutada y fiscalizada es posible.

El desarrollo urbano, en especial en las ciudades más grandes del país, se hace de manera aleatoria, sin planificación alguna. Esto ha generado costosos problemas de infraestructura y pérdida de productividad. Sin mencionar la pérdida de valores históricos o patrimoniales.

Se requiere de un gran acuerdo de al menos tres partes: empresas de la construcción, sector gubernamental y grupos de la sociedad interesados o involucrados en el desarrollo (trabajadores, ONG, gremios de ingeniería y arquitectura, entre otros).

Lo ambiental aquí está presente en la medida en que el entorno es nuestro ambiente, y su deterioro nos afecta; en sentido contrario, un ambiente sano y de amplios espacios, promueve una población sana. Pero, ¿es lo que está ocurriendo? No. Hay un canibalismo urbano, que requiere de revisión. De un consenso. Un norte.

En cuanto a las hidroeléctricas, resulta obvio que el país debe emplear sus recursos. No contamos con petróleo ni carbón ni gas, contamos con ríos, aire y un cálido sol tropical. Esas fuentes energéticas renovables son garantía en cuanto a nuestro desarrollo. En la actualidad, por razones que escapan a este artículo, pagamos una energía eléctrica carísima. Otro asunto sería con la incorporación de nuevas hidroeléctricas, que empleen las aguas sin contaminarlas, que las comunidades en las cuencas sean beneficiadas, y por supuesto, no desplazadas o perjudicadas, incluso diría, sean aliados de éstas, que aprovechen las oportunidades de desarrollo asociadas a esos proyectos.

El eje común es la gestión ambiental. La habilidad política, la mediación y la convocatoria son los instrumentos necesarios. La aplicación de la normativa vigente que permita la garantía de ambiente y personas sanas, sin la interpretación inoportuna o la laxitud (pues, ha habido de ambos) de funcionarios incompetentes, es el marco de acción, mientras se alcanzan los consensos.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

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