La opinión de…..
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CARMEN ANTONY
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Hacia la reinstalación de la pena de muerte
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Contra todas las recomendaciones emanadas de las más altas esferas de las Naciones Unidas, a través de sus órganos especializados, en relación con los principios básicos que deben presidir las políticas penales y los sistemas penitenciarios de sus estados miembro, hemos sido sorprendidos -una vez más- por nuevas propuestas para aumentar las penas privativas de libertad.
Y no se trata solo de estas recomendaciones sino de la aplicación de las modernas tendencias del derecho penal y de la criminología referentes a la aplicación del derecho penal mínimo, tal y cual lo refleja el mensaje de nuestro Código Penal actual, lo que está en abierta contradicción con el desmedido aumento de las penas.
Por lo demás, existen abundantes trabajos, investigaciones y literatura especializada sobre el particular, que han demostrado, en forma inequívoca, el fracaso de las penas privativas de libertad de larga duración, como asimismo de la pena de muerte; todas ellas no han logrado disminuir la criminalidad.
El abuso de las penas privativas de libertad se ha reflejado en la sobrepoblación carcelaria, crecimiento que excede con mucho a las recomendaciones y a la praxis que nos confirman que los fines de la pena han fracasado sean estos de prevención o represión.
Esto sin contar con lo que significa este hacinamiento: que no solo viola los derechos más fundamentales sino que además impide la reinserción social de las personas que han infringido la ley penal.
El último informe del PNUD, recientemente presentado sobre el Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, nos indica que en los países donde se ha aplicado la “mano dura” solo ha conseguido aumentar la población carcelaria, pero no ha logrado disminuir la criminalidad. El informe enfatiza que esta aplicación carece de argumentos sólidos que justifiquen el aumento de las penas privativas de libertad.
Señores y señoras legisladores: quienes conocemos, a través de muchos años de experiencia que -al contrario de vuestra proposición- la solución no pasa por ese espacio. Terminar con la delincuencia no es factible sino conseguir mantenerla en límites tolerables. Esto significa elaborar propuestas y acciones integrales que no se basen solamente en la represión.
No se dejen llevar honorables diputados por coyunturas políticas que responden a una alarma social que a veces es falsa o alimentada por información no verdadera o exagerada. De seguir por este camino no nos extrañaría una demanda por la restauración de la pena de muerte, rechazada por todos los países democráticos pertenecientes a la comunidad internacional.
Una buena política criminológica que logre controlar o disminuir los hechos delictivos, debe contener entre muchos otros componentes, una buena administración y organización de la judicatura, del Ministerio Público y la Defensoría, el reforzamiento y capacitación policial, poner en marcha las reformas procesales postergadas por ustedes, hacer cumplir la Ley 55 que reorganizó el Sistema Penitenciario, una eficiente preparación y remuneración del personal carcelario los que deben ser funcionarios de carrera, instalar la justicia restaurativa, todo esto sin menospreciar la represión cuando esta sea necesaria, privilegiando las acciones de prevención, preferentemente comunitaria y situacional.
Pero, por sobre todo, debemos procurar la justicia social tan necesaria en nuestro país donde hay tanta desigualdad y falta de oportunidades para sus ciudadanos.
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Publicado el 2 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.
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