Aclaración sobre política universitaria

La opinión de…..

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José del Rosario Garrido N.


Para una gran parte de las fuerzas que se agitan en la Universidad de Panamá, la meta es muy clara y precisa: Lograr un cambio en la nueva ley que permita a los universitarios decidir por ellos mismos si optan o no por la reelección de sus autoridades.

La cruzada para alcanzar este propósito ha comenzado, y una tarea de fondo consiste en analizar y esclarecer conceptos con el ánimo de fortalecer continuamente la filosofía de este movimiento.

El principio de no reelección puede ser asumido o practicado por un individuo o por un conglomerado, escogiendo, en un proceso electoral, cualquier opción distinta a la que representa la reelección. Eso es democrático. Otra cosa es usar ese principio para oponerse a que participe como candidato un ciudadano que aspira a ser elegido nuevamente para el mismo cargo que ocupaba. O lo que es lo mismo, que en aras de este principio se le limiten al elector sus alternativas y no se le permita votar por quien bien podría ser su candidato predilecto. Eso no es democrático.

La reelección solamente puede darse como resultado de un proceso electoral, si la mayoría de los electores así lo decide.

Un principio de autenticidad democrática es el que respeta la posibilidad de que los electores propongan como candidatos a los que consideren con las mejores cualidades para ocupar el cargo y decidan, con su voto, la alternativa que prefieran.

Nuestra firme convicción de que la autenticidad democrática debe tener vigencia en la vida universitaria, nos exige apoyar la solicitud a la Asamblea Nacional para que este principio se cumpla en la Ley 24 del 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, mediante el correspondiente cambio en el artículo 34.

Los que propugnamos el cambio en la norma, podemos realizar actividades distintas, pero todas tienen que encaminarse a presentar la petición a la Asamblea Nacional por razones de competencia. Así, el proyecto de recabar las firmas de universitarios que suscriben la petición del cambio en la ley y el de solicitarle al Consejo General Universitario que organice un referéndum en el que la Universidad acepte o no dicho cambio, son actividades que, lejos de ser excluyentes, se complementan y se fortalecen mutuamente. Por eso apoyamos y promovemos ambas alternativas.

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Este artículo se publicó el  30  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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