El reto del Metro Bus

La opinión del Abogado y Presidente de la Fundación La Voz de Arraiján….

Dagoberto Franco

dagobertofranco04@gmail.com

Pasadas las fiestas patrias y volviendo al día a día, los panameños nos desayunamos con la noticia de que los transportistas amenazan con avocarse a una huelga del transporte público si el consorcio Transporte Masivo de Panamá, que administrará el Metro Bus, no les paga 700 dólares mensuales por conducir el nuevo sistema de transporte.

Esta amenaza se convierte en el primer reto que tendrá que enfrentar el Metro Bus en su nueva relación con los transportistas, y es sin lugar a dudas el inicio de una gran batalla que tendrá que enfrentar el gobierno nacional para reciclar a estos conductores.

Los usuarios no han visto con muy buenos ojos el hecho de que estos conductores que por muchos años han actuado sin Dios ni ley y que han dejado a su paso llanto, luto y dolor, sean incorporados al nuevo sistema. Los panameños no están convencidos de que estos conductores puedan cambiar. No obstante, el Gobierno, de manera responsable les está dando una segunda oportunidad bajo de la premisa de que como cualquier panameño tienen derecho a un trabajo digno.

La pregunta es si estos conductores están verdaderamente dispuestos a cambiar y aprovechar esta oportunidad. Pareciera que no, por las señales que están mandando con las amenazas de huelga cuando ni siquiera se ha formalizado una relación de trabajo en la cual hayan demostrado que son merecedores de la remuneración que están exigiendo.

La actitud de los transportistas apoyada por los dirigentes de CANATRA es una prueba más del cinismo que los ha caracterizado por muchos años, y que convirtió el transporte público en un instrumento de poder que le permitió obligar a los gobernantes de turno a cumplirle todos sus caprichos.

A la dirigencia de CANATRA ahora le preocupa el bienestar de los conductores. Y según Dionel Broce, los transportistas están solicitando un mínimo de B/ 700.00, ya que actualmente devengan más de lo que propone la empresa. Pero curiosamente, Todos estos dirigentes, por muchos años han explotado a los conductores a los cuales no se les paga Seguro Social, vacaciones, décimo tercer, prima de antigüedad y ni siquiera un salario mínimo, lo que significa que si el conductor se enferma no devenga salario por los días que está incapacitado.

La posición de los conductores con el apoyo de CANATRA, es un signo de alarma ciudadana que le debe servir al gobierno para acabar de una vez por todas con el eterno chantaje de la dirigencia transportista.

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<>Artículo publicado el  17 de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Cárcel para los cocotudos

La oponión del Abogado y Presidente de la Fundación La Voz de Arraijan…

Dagoberto Franco 

El ideal de justicia al que aspiramos todos los panameños, es que la Ley sea aplicada por igual a ricos y pobres, y que no se aplique una excesiva laxitud a los cocotudos,   mientras que se ensañan con los hijos de la cocinera.
Aquí a los pobres primero los meten presos y después investigan, con lo cual se presume la culpabilidad del imputado, quien es el que tiene que probar su inocencia. Y esta aberración jurídica tiene su origen en la deformación de la mayoría de los Fiscales que interpretan que su función es buscar las pruebas para acusar al imputado, cuando su función debe ser buscar la verdad, lo que implica practicar las pruebas que le favorezcan.

A los cocotudos y políticos nunca les preocupó las injusticias del sistema hasta que les tocó vivirla en carne propia. Y este es el caso de Ernesto Pérez Balladares, quien dice que él no ha hecho nada, y que lastimosamente en este país hay que demostrar la inocencia, cuando el Ministerio Público debiera demostrar la culpabilidad.

Los abogados del ex Presidente Martín Torrijos ya se adelantaron a cuestionar que la detención preventiva, pese a que debe ser la última de las medidas cautelares, es la que más se emplea.   Sin embargo, a Torrijos nunca le preocupó estas injusticias.   Le preocupa ahora porque teme por su libertad.   Y es que, hace un año atrás, era impensable que Belgis Castro, Salvador Sánchez, Jaime Salaz y Jean Figali estuvieran detrás de los barrotes, aunque fuera por unas horas.

Es cierto que la detención preventiva debe ser la última de las medidas cautelares, pero a los hijos de la cocinera es la primera que le aplican, mientras que a los que tienen poder político y económico, en el peor de los casos le daban casa por cárcel.

Según Torrijos, la seguridad jurídica se acaba por la actuación de unos cuantos malos magistrados que están a la orden del poder político y económico.   Pero, qué moral tiene él para criticar el sistema, si durante su administración se engavetaron todas las denuncias de corrupción contra los cocotudos del PRD, y los que pagaron el pato como siempre, fueron los hijos de la cocinera. Justicia es que haya cárcel también para los cocotudos, aunque sea un ex presidente, así como la hay para los pobres.

<> Artículo publicado el 4 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

 

 

Abuso contra trabajadoras

La opinión del Abogado y Presidente de la Fundación La Voz de Arraijan….

Dagoberto Franco

Para nadie es un secreto, que en muchos almacenes, los dueños no han superado la etapa de la esclavitud, por la forma como tratan a las trabajadoras y las constantes violaciones de la normas de protección de estas trabajadoras, que en la mayoría de los casos se aguantan todas estas injusticias por la necesidad que tienen de trabajar.

A las vendedoras las obligan a trabajar más de diez horas diarias, las obligan a trabajar los domingos. Y la que se atreve a reclamar que quiere un domingo libre para estar con su familia, a parte de que se tiene que aguantar una insultada queda despedida por reclamar su derecho.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral haciéndose eco de las quejas de las vendedoras, realizó un operativo sorpresa durante el fin de semana en comercios del área, en el cual se detectó irregularidades cometidas contra vendedoras y trabajadores en estos centros.

La ministra Alma Cortés haciéndose pasar por una clienta, visitó almacenes ubicados en El Dorado, Los Pueblos y San Miguelito, y tras intercambiar opiniones con las vendedoras, le manifestaron el incumplimiento del decreto que fija el nuevo salario mínimo, así como el no pago de horas extras y jornadas extraordinarias.

Las vendedoras también se quejaron de que les están aplicando descuentos ilegales por supuesta pérdida de mercancía o faltante en la caja. Una de las trabajadoras se quejó de que le descontaron más de cien dólares de su quincena.

Una práctica detectada por la Ministra es que algunos comercios cierran la caja registradora, y no es hasta el día siguiente que realizan el arqueo contable correspondiente. Y, cuando se registra un faltante, entonces lo más fácil para la administración es descontárselo a las trabajadoras que laboran en las cajas. Lo correcto y legal es que este arqueo contable se haga en presencia de la cajera, para que en su presencia se pueda determinar si hay un faltante.

La Ministra advirtió que a quienes se están aprovechando de sus trabajadores les va a caer todo el peso de la Ley, ya que no se puede tolerar estas prácticas. Se hace necesario intensificar estos operativos en los almacenes, por cuanto que son los negocios que más abusan de sus trabajadoras, y hasta ahora nadie le había puesto el cascabel al gato.

<> Artículo publicado el 25  de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Política penitenciaria

La opinión del Abogado…

Dagoberto Franco 

En el tema de las cárceles, el ex ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, se enfocó en el “hardware”, es decir, en todo lo físico, como fue la construcción de una cerca perimetral, establecer las bases para la construcción de una nueva ciudad penitenciaria y nunca ocultó su incredulidad en cuanto a la resocialización de los detenidos.

La actual ministra de Gobierno, Roxana Méndez, por el contrario, se va a enfocar en el “software”, el factor humano dentro de las cárceles. La ministra hizo pública su decisión de administrar las cárceles a través de una política más participativa.   Por ello, convocó el Consejo de Política Penitenciaria por primera vez en lo que va de la actual administración. Y esto significa que le va a dar participación a la sociedad civil y a otras autoridades en cuanto a definir las políticas penitenciarias.

La ministra se comprometió a tener listo en tres meses un informe sobre el status de cada uno de los detenidos. Y dijo lo que es un secreto a voces, que hay muchos detenidos que ya cumplieron su condena pero siguen presos.   Las primeras señales que nos está dando la Licda. Méndez es su gran sensibilidad humana, aun con aquellos que le fallaron a la sociedad. Y es que no se pueden desconocer los Derechos Humanos de los privados de libertad.

Hay que reconocer que en la administración de la ex presidenta Mireya Moscoso se expidió la Ley 55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario y que fue producto de la importante labor desarrollada por todas las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. En este tema no hay que inventar nada, porque todo está en la Ley. Pero como decía el Jurista Ceniceros: “Tenemos legislaciones brillantes pero realizaciones muy pobres”.

La eterna realidad de los políticos nuestros es que parten de la tesis de que los detenidos al llegar a la cárcel pierden todos sus derechos, lo que ha hecho crisis desde hace muchos años atrás. Contamos con el instrumento legal que oriente la política penitenciaria. No es una tarea fácil, pero vemos en la ministra la voluntad de avocarse a una tarea impostergable y para ello se está apoyando en el Consejo de Política Penitenciaria, lo que significa dar el primer paso en el trillado camino para solucionar el problema de los privados de libertad.

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Este artículo se publicó el  14  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panameños tozudos

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La opinión del Abogado…..

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DAGOBERTO FRANCO

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El nicaragüense Jacinto Suárez, quien es parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen), llamó al presidente Ricardo Martinelli tozudo, por su firme posición de sacar a Panamá de ese organismo. Y reafirmó la posición de que Panamá no se puede retirar de forma unilateral de ese foro político regional.

Llamar tozudo al presidente, aparte de un irrespeto, es desconocer la voluntad del pueblo panameño, que por mucho tiempo se ha venido manifestando en contra de la participación de Panamá en el Parlacen.  Eso es, que todos los panameños somos tozudos o tercos (según el decir de Jacinto Suárez), y ahora tenemos un presidente que comparte la terquedad de su pueblo, y se ha propuesto hacer que se respete esa voluntad de sacar a Panamá del Parlacen.

Los mandatarios anteriores se plegaron a la sinvergüencería de mantenernos en ese organismo, simple y llanamente para escudarse en una inmunidad parlamentaria y mantenerse junto con amigos y copartidarios, sangrando el Erario Público.

Hasta ahora, nadie ha podido convencernos de que los 60 millones de balboas que se han invertido en viáticos y salarios de los parlamentarios, ha representado algún beneficio para el país.

La realidad es que los únicos que se benefician con el Parlacen son los diputados que son embotellados cada cinco años, y los ex mandatarios, que, adicional a la botella, se aprovechan de la inmunidad para no ser llamados a responder por los delitos en que pudieron haber incurrido durante su gestión.

El Parlacen es una vergüenza institucionalizada, por cuanto que se ha convertido en el refugio de políticos que deberían estar enfrentando la justicia en sus respectivos países.  De ahí, que es un organismo inoperante y desprestigiado, cuyos parlamentarios nada más sirven para viajar y pasear con la plata del pueblo.

Si de lo que se trata es de que estos países formen un foro regional para buscarle solución a problemas comunes, no es necesario un organismo tan numeroso y mucho menos con políticos que se escudan en la inmunidad para evadir la justicia. No se concibe que los países que componen el Parlacen se gasten millones de dólares manteniendo una partida de bellacos, mientras que los pobres de estos países, sufren toda clase de necesidades.

Los eternos defensores del Parlacen han cuestionado en duros términos al presidente y a los diputados, por la decisión tomada de sacar a Panamá de ese organismo. No obstante, la suerte está echada, por lo que no hay marcha atrás. Y sólo queda esperar que en noviembre del 2010, nuestro país salga formalmente del Parlacen, a despecho de tirios y troyanos que se oponen a esta decisión soberana del pueblo panameño.

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Publicado el 5  de enero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Aumento del salario mínimo

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La opinión del Abogado….

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DAGOBERTO FRANCO

Como ya es tradicional, al Gobierno Nacional le tocó la difícil decisión de fijar los nuevos salarios mínimos que regirán por los próximos dos años.

Y esto se debió a que las propuestas presentadas, tanto por parte de los representantes de los trabajadores como de los empresarios, fueron tan abismales que se hizo imposible llegar a un consenso.

El hoy presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, en campaña, prometió hacerles justicia a los trabajadores panameños, lo que incluía eliminar la tercera región salarial del país.

Esta promesa de campaña se ha hecho realidad, lo que se traduce en que con el aumento del salario mínimo, los trabajadores de la tercera región van a ver doblemente beneficiados.

La promesa de hacerles justicia a los trabajadores es una realidad con este aumento, que sin lugar a dudas es el más alto en muchos años, porque todos los gobiernos anteriores siempre optaron por fijar el aumento del salario mínimo con base en la propuesta del sector empresarial.

El Gobierno Nacional ha tenido el valor de establecer aumentos de salarios mínimos muy por encima de la propuesta del sector empresarial, que ha reaccionado con amenazas veladas.

Y es que, algunos representantes del sector privado ya hablan de que algunas empresas se verán afectadas, al punto de que tendrán que optar por despedir trabajadores o transferirle el aumento a los consumidores o usuarios.

Estos aumentos en el salario mínimo se hicieron con base en la capacidad económica de las empresas. Por ello, es que dicho salario mínimo varía según la región, la actividad y el tamaño de la empresa.

El problema radica en que el sector empresarial, solo piensa en aumentar el margen de ganancia de sus empresas, sin importarle el bienestar de sus trabajadores, que son los que hacen posible sus riquezas.

Si se toma en cuenta el costo de la canasta básica y el alto costo de la vida en general, tendríamos que darle la razón a la clase trabajadora en el sentido de que el salario mínimo debería ser de B/.650.00 mensual.

No obstante, un aumento así tiene muchas implicaciones económicas y sociales que yo mismo no alcanzo a comprender. Pero lo que sí se puede ver a simple vista, es que un aumento de B/.650.00 mensual provocaría un infarto colectivo en la empresa privada. Y posiblemente el remedio sería peor que la enfermedad.

El cambio le llegó a los trabajadores con un aumento que les permite mejorar su poder adquisitivo. Pero hay que estar vigilantes de que los empresarios inescrupulosos no le trasladen este aumento a los consumidores.

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Publicado en 27 de diciembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.