Para contrarrestar los excesos del sistema

La opinión de….

Anel Flores

Los últimos movimientos efectuados por el Órgano Ejecutivo, principalmente en el que le arrebata al municipio más importante del país sus obligaciones en el servicio de aseo para asignarlo a otra entidad, aunado a pretendidas inversiones millonarias que no son prioritarias y que demanda el pueblo panameño en materia de salud, educación, seguridad y en una canasta básica más cónsona con la realidad del país, dejan en evidencia el exceso de un sistema presidencialista que atenta contra principios fundamentales de la democracia.

Ante este panorama sombrío no podemos pasar por alto la aparente intromisión del Ejecutivo en el Órgano Judicial, socavando sistemáticamente la institucionalidad democrática de la nación.

Cuando vemos niveles de ejecución presupuestaria por debajo del 50%, quedando al desnudo la incapacidad de los ministros en solucionar los problemas apremiantes de una población, que tiene que someterse a respuestas improvisadas, es que pensamos en la necesidad de proponer la descentralización de la administración pública.

Esta herramienta permitiría que las juntas comunales cuenten con sus propios recursos para hacerle frente a los problemas de sus comunidades.

La baja aceptación popular de la Asamblea Nacional en las últimas encuestas, sumado a la aprobación de leyes impopulares e inconsultas, demandan hoy que los representantes del poder popular creado por Omar Torrijos, asuman el reto de convertirse en una Cámara Baja.

Este reordenamiento del organigrama legislativo, permitiría que los 623 representantes de corregimiento actúen en calidad de garantes de los ciudadanos y pongan en práctica la democracia que soñó Omar. Sólo con la consulta popular podremos perfeccionar las leyes en beneficio de todo un pueblo, construyendo un nuevo Panamá.

Imaginemos por un segundo que el proyecto de presupuesto fuera sometido a discusión en primer debate a la Cámara Baja. Esto facultaría a los representantes del poder popular a negociar y destinar los recursos necesarios para darle solución a los ingentes problemas de sus respectivas comunidades.

Estos representantes de corregimiento serían los encargados de recoger la opinión de los ciudadanos acerca de sus problemas, sobre las leyes propuestas a su consideración y las prioridades en la agenda de los temas nacionales.

Esto sí sería un legítimo rescate de la doctrina torrijista.

El derecho que todos tenemos de opinar y de participar en la toma de decisiones se concreta con la consulta popular permanente con sus electores y que sean ellos quienes propongan y decidan.

Como decía nuestro líder máximo: “El que más consulta, menos se equivoca”.

*
<> Este artículo se publicó el 20  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Anuncios